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Reforma de pensiones: 52% pide que 6% extra vaya a cuenta individual

Este mes se cumplieron dos años desde que el gobierno ingresó al Congreso la reforma previsional. Actualmente la tramitación está radicada en el Senado, y según ha acordado el gobierno con la oposición, el proyecto debería despacharse en enero de la Cámara Alta.

Sin bien recientemente han existido acercamientos entre Chile Vamos y el Ejecutivo en los dos principales nudos del proyecto, esto es, el destino del 6% de cotización adicional y la reorganización industrial, lo cierto es que todavía no hay claridad respecto de si se alcanzará o no un acuerdo que logre destrabar la tramitación.

Con este telón de fondo, se registró un alza en la demanda de la ciudadanía por un acuerdo y la concreción de la reforma previsional en el periodo del actual Congreso, pasando de un 86% en 2023, a un 89,6% en 2024.

Eso es lo que revela un sondeo que hicieron Espacio Público, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en conjunto con Ipsos, donde consultaron a la ciudadanía “¿Qué́ tan importante es para usted que el actual Congreso logre concretar una reforma que mejore el sistema de pensiones?”.

Al desagregar esa cifra, se obtiene que un 69,4% cree que es “muy importante” que el actual Congreso logre concretar una reforma, y un 20,2% dice que es “bastante importante”, mientras que un 5,8% lo califica como “poco importante”, y un 3,9% asegura que es “nada importante”.

Paula Benavides, directora de Espacio Público, indica que “la ciudadanía expresa una altísima demanda por que se concrete la reforma de pensiones en el actual Congreso. También identifican los principales motivos para que esto no haya sucedido, los que incluyen la falta de liderazgos políticos que empujen los acuerdos y los intereses de grupos específicos como las AFP. Estos meses serán una gran oportunidad para que emerjan esos liderazgos políticos en distintos sectores y se cristalicen los acuerdos pendientes, en beneficio de las personas que así lo esperan”.

Frente a la pregunta: “La reforma al sistema de pensiones lleva años de discusión política y legislativa. En su opinión, ¿cuáles son las dos principales razones por las que no se ha concretado la reforma de pensiones actual?”, el 52% de las menciones se refiere a actores políticos, apuntando a que “no hay liderazgos políticos que empujen los acuerdos necesarios” (22%), que “la oposición ha frenado la discusión” (16%), y que “el gobierno no cede respecto a su propuesta” (14%).

Asimismo, un 29% de las menciones señalaron que “las AFP buscan mantener las cosas tal como están”. En tanto, un 13% de las menciones aseguran que ocurre “porque la ciudadanía no ha incidido lo suficiente para promover una reforma”.

Esta encuesta, “Anhelos y preocupaciones ciudadanas ante una reforma inminente”, es el segundo sondeo que realizan estas organizaciones en esta materia, luego de la encuesta “Anhelos y preocupaciones de la ciudadanía frente a la reforma previsional”, presentada en enero de 2023. El estudio cuantitativo fue aplicado telefónicamente entre el 14 y el 28 de octubre de 2024 a hombres y mujeres de 18 años o más residentes en el territorio nacional, con una muestra compuesta por 810 casos.

Pensiones
El 50% de encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo en que “una parte de la cotización de los trabajadores activos debería ayudar a financiar la pensión de los jubilados actuales”.

6% DE COTIZACIÓN ADICIONAL

El sondeo también consultó sobre el principal nudo político que existe hoy en la reforma, esto es, la distribución del 6% de cotización adicional que será pagada por el empleador. La mayoría de los encuestados (52%) cree que debe ir en su totalidad a la cuenta personal del trabajador, esto significa un alza de 8 puntos porcentuales respecto al 44% que prefería esta opción en 2023.

En tanto, un 26% se inclinó porque una parte vaya a la cuenta personal del trabajador y otra parte a un fondo colectivo solidario, esto significa una baja respecto al 40% que prefería esta opción en 2023. Adicionalmente, un 17% prefiere que la totalidad se destine a un fondo colectivo que ayude a financiar pensiones en forma solidaria, lo que significa un alza con respecto al 14% de 2023.

En total, significa que un 43% de los encuestados está de acuerdo en que la cotización adicional se destine ya sea total o parcialmente a un fondo colectivo. Esto se compara con el 54% que se inclinaba por ello en 2023.

“Al analizar los resultados por grupos socioeconómicos, se observa que hay diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos: mientras que sólo un 29% de las y los encuestados pertenecientes al segmento ABC1 creen que la totalidad de la cotización adicional debe destinarse a la cuenta personal, los segmentos C2, C3 y D/E presentan niveles sobre el 45% (48%, 57% y 57%, respectivamente)”, dice el estudio.

Y también destaca que son más las mujeres que los hombres los que prefieren la solidaridad. “Existe una diferencia estadísticamente significativa en el nivel de apoyo a la opción por destinarla a un fondo colectivo entre hombres y mujeres encuestados (14% y 20%, respectivamente). El apoyo a esta opción también es mayor en personas de 60 años o más (22% versus 10% para el segmento 18-29; 18% para el segmento 30-44; y 16% para el segmento 45-59) y en aquellos que reciben una pensión (24% versus 15% para aquellos que no reciben pensión)”, afirma el documento.

SOLIDARIDAD

Por otro lado, el estudio también consultó qué tan de acuerdo se encuentran las personas respecto a cuatro afirmaciones que contemplan elementos de solidaridad en el sistema de pensiones, y se obtiene que un 57% está de acuerdo o muy de acuerdo con que “los cuidadores o cuidadoras no remunerados debiesen recibir un aporte de los demás trabajadores”, mientras que el 41% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con ello.

La mitad (50%) está de acuerdo o muy de acuerdo en que “una parte de la cotización de los trabajadores activos debería ayudar a financiar la pensión de los jubilados actuales”, y la otra mitad está en desacuerdo o muy en desacuerdo con esa afirmación.

Por otro lado, un 52% está es desacuerdo o muy en desacuerdo en que “una parte de la cotización de los trabajadores con ingresos mayores a $1 millón debería ayudar a financiar la pensión de los trabajadores con ingresos menores a ese monto”, mostrándose un 48% a favor de esa idea. Finalmente, un 54% señaló estar en desacuerdo o muy en desacuerdo en que “los trabajadores deberían financiar sus pensiones únicamente a partir de su ahorro individual”; mientras que un 43% está de acuerdo o muy de acuerdo.

LICITACIÓN DE AFILIADOS Y COMISIONES

Sobre la posible licitación de la cartera de afiliados que plantea la reforma, el sondeo consultó: “¿Estaría de acuerdo en que lo cambien a una administradora de pensiones que cobre una comisión menor, conservando la libertad de elegir otra administradora en cualquier momento?”. Acá, la mayoría de los encuestados señaló estar de acuerdo con esto (67%), mientras que un 28% estuvo en desacuerdo.

Al preguntar sobre la principal razón de las personas para elegir su AFP, solo un 6% dijo que su elección se debe a la comisión que cobra su AFP. En cambio, un 28% indicó que fue “por obligación o recomendación de la empresa”, el 17% respondió que fue “por su rentabilidad”, el 12% por recomendación de conocidos y el 11% por asignación de licitación de nuevos afiliados.

El sondeo también realizó una pregunta para medir el nivel de conocimiento de la ciudadanía en cuanto a las comisiones cobradas por las AFP. Ante la consulta: “¿Sabe usted si la comisión de administración que cobra su AFP está́ entre las más bajas?”, un 65% señaló no saber, mientras que un 35% indicó saber. “Este nivel de respuesta es consistente entre los diferentes subgrupos por género, tramo etario y nivel socioeconómico”, afirma el estudio.

TASAS DE REEMPLAZO

Al preguntar sobre las tasas de reemplazo, “la ciudadanía en general espera una con la que pueda mantener una cierta calidad de vida; el 45% de las y los encuestados considera que esta debe representar la totalidad del último sueldo, mientras que el 31% considera que la tasa de reemplazo debe representar tres cuartos o más de su último sueldo, totalizando un 76% de las preferencias entre ambas”, según el sondeo.

Además, asegura que los encuestados consideran “que la tasa de reemplazo debe ser más alta para personas con menores ingresos: mientras que las personas señalan que una persona que cotizó toda la vida por un monto cercano al tope imponible ($2.800.000) debería tener una tasa de reemplazo cercana al 51%, para las personas que lo hicieron toda su vida por $400.000 se espera una tasa de reemplazo del 120%”. (La Tercera)

Opinión: Diez preguntas y respuestas en pensiones

 

Uso del Ejército de Chile en Ley de Control de Armas-Richard Kouyoumdjian

Felicito a Francisca Castillo de El Mostrador por su artículo relacionado con esta materia. El tema del control de armas no solo es una de las principales preocupaciones de la opinión pública, sino que además, recientemente, pasó también a ser una preocupación el cómo pretende manejarlo el Gobierno en la RM y, más aún, la forma legal en que pretende realizarlo.

Hace menos de 2 semanas se publicó el Decreto 282 de 2024, en el cual se designa a las autoridades fiscalizadoras de la Ley de Control de Armas 17.798, de 1972. En ese decreto se designan básicamente a unidades de Carabineros de Chile distribuidas a lo largo de Chile y a la Comandancia General de Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana como las autoridades fiscalizadoras. En el caso de la RM, se designó tanto a Carabineros como a la unidad militar recién mencionada.

Sorprende lo del Ejército de Chile, ya que en administraciones anteriores se había buscado traspasar las responsabilidades que tenía en esta materia la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) a Carabineros de Chile. La DGMN es una repartición dependiente del Ministerio de Defensa y no reporta al comandante en Jefe del Ejército de Chile.

La preocupación creció más aún cuando se publicó en fechas más recientes el Decreto 269, de 2024, en que se establecen las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) a ser empleadas por Carabineros de Chile y la guarnición militar de Santiago, algo que el Gobierno indica como necesario, debido a que en el Decreto 282 se había incluido a los militares como autoridades fiscalizadoras y, por ende, requerían tener claridad en materias de uso de la fuerza, debido a su naturaleza militar.

Las RUF publicadas son muy similares a las que se discuten en el Congreso. Son poco prácticas, de difícil aplicación y claramente fueron redactadas por personas sin experiencia militar, pero lo que más llama la atención es la necesidad de emplear militares en labores de fiscalización de armas, algo que me recuerda a octubre de 1972, fecha en que se publicó la Ley de Control de Armas.

Llama la atención, porque el Gobierno declara que es para fiscalizar a los propietarios de armas registradas en la DGMN, y no las que están en manos de delincuentes. Si ese fuera el caso, ¿para qué necesitan del Ejército y de las RUF? Los decretos 269 y 282, así como están, no son específicos respecto del público objetivo que será fiscalizado, por lo que el Ejecutivo podría –sin otro decreto mediante– disponer el uso de tropas militares para la fiscalización, más allá de la de los supuestos dueños registrados en el DGMN.

Uno queda con la impresión de que estarían logrando usar a las Fuerzas Armadas en labores policiales por secretaría, algo que la Contraloría General de la República observa en su aprobación administrativa, indicando que el uso de militares debe ser como soporte y apoyo, y no como reemplazo de policías, y exige claridad respecto de la autoridad competente que estaría disponiendo su uso para esos fines.

El uso de las Fuerzas Armadas para labores no militares es algo que debe ser sociabilizado y aprobado en el Congreso, el que no puede permitir que por la vía de decretos administrativos el Ejecutivo resuelva temas que requieren de aprobación parlamentaria. El uso y fin de las FF.AA. es tan importante y crítico, que está regulado en la Constitución y en las Leyes Orgánicas Constitucionales respectivas.

No sirve que el Ejecutivo diga que el Decreto 269 dice lo mismo que está en el proyecto de ley, ya que solo es un proyecto que aún no es ley y que, después de más de un año, no ha logrado ser aprobado en el Parlamento, debido a que muchos no están de acuerdo con su contenido.

También preocupa que, después de casi dos años, aún no tengamos la ley que regula el uso de las Fuerzas Armadas para protección de infraestructura crítica, algo que se incluyó en la Constitución, por la premura de querer usar a las FF.AA. en las fronteras norte y noreste.

Cuando se aprobó la modificación constitucional, el compromiso del actual Gobierno era enviar el proyecto de ley en el corto plazo, dentro de seis meses, lo que efectivamente ocurrió, y que en el intertanto el tema se manejaría vía decretos. El problema es que la ley aún no se aprueba y seguimos con decretos que firman el Presidente, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el de Defensa. (El Mostrador)

Richard Kouyoumdjian

No pierdan el ímpetu-César Barros

Cuando se empieza por primera vez a trabajar un esfuerzo serio por mejorar nuestro sistema político, es bueno hacer algo de historia. En primer lugar, recordar que las dos democracias más exitosas (Inglaterra y los EE.UU.) tienen sistemas, básicamente binominales, que les han dado siglos de estabilidad política. El milagro alemán (o sea Alemania Occidental) se construyó sobre la base de dos grandes conglomerados: la alianza CDU/CSU o democracia cristiana de centroderecha, y el SPD o partido socialista. El auge francés, sobre la base del Gaullismo (de centroderecha) y la izquierda socialista. El milagro italiano, misma cosa: una DC de centro y una izquierda socialista/euro comunista. Después de Franco, España se pegó un salto enorme de desarrollo: de nuevo, un PP de centroderecha, y un PSOE de centroizquierda. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania de Weimar con sus múltiples partidos, llevó al nazismo. En Italia, al fascismo, y en España, a una guerra civil sangrienta.

Hoy los países europeos, antes ejemplos de desarrollo, y crecimiento con equidad, se han vuelto inmanejables políticamente. En un momento en que la OTAN está en duda, y que tienen desafíos geopolíticos no menores, en Alemania surge con fuerza una extrema derecha (la AfD, Alternativa para Alemania) con creciente éxito, y partidos “bisagra” como verdes, liberales, y populistas (el movimiento de Sahra Wagenknecht). En Francia se divide el Gaullismo en varios bloques, surge con fuerza Le Pen, y su multipartidismo le complica gobernar a su Presidente. En Italia, la misma cosa: con cambios de gobierno tan seguidos como los del Perú. En España, surge a la extrema izquierda Podemos, y a la derecha Vox, más una multitud de partidos regionalistas “bisagra”, que hacen dificilísimo gobernar un país, donde además cada español lleva en su bolsillo una constitución propia, que dice: “a mí no me manda nadie”.

En Chile, desde que un grupúsculo de derecha derribó el binomial, han florecido decenas de partidos, han decrecido algunos históricos (radicales y DC) y sobreviven colgados de las uñas Humanistas (ex miembros de Silo), los Verdes de Navarro, y para qué seguir contando.

El acuerdo de los partidos de centroderecha y centroizquierda para darle fuerza al sistema de partidos es loable. Un mínimo de votantes del 5% no es alto. Castigar a los “filibusteros” notable. Achicar los distritos, más que deseable. Y dejar afuera a los parlamentarios que no logren en forma personal un piso mínimo de votación también. El binomial tuvo injusticias, pero permitió avanzar en temas tremendamente importantes, que en la actualidad se encuentran empantanados en el Congreso (sobre todo en diputados) y que son un freno para nuestro desarrollo, porque ponerlos de acuerdo es como arrear un “rebaño de gatos”. Sin duda, muchos no van a querer soltar su parcelita. Pero debieran mirar el paisaje con más generosidad, y seguro que los partidos más grandes les darán la bienvenida, y serán -como en Inglaterra y en los EE.UU.- sectores, tendencias, o eventualmente mayorías dentro de un partido grande.

Esto que estamos viendo es un acuerdo que no divisábamos desde hace demasiado tiempo: no perdamos el ímpetu. (La Tercera)

César Barros

40 años del Tratado de Paz: misiones de Chile y Argentina surcan el Beagle

A bordo de los buques «Marinero Fuentealba», de la Armada de Chile, y «Bouchard», de la Armada de Argentina, delegaciones de ambos países se encontraron este viernes en el canal Beagle para conmemorar los 40 años del Tratado de Paz y Amistad (TPA) que puso fin, gracias a la mediación vaticana, al conflicto entre las dos naciones.

El encuentro de las dos representaciones, compuestas por miembros de los respectivos ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa, se sostuvo en un punto equidistante del canal, entre Puerto Williams y Ushuaia.

Con los buques posicionados en forma paralela, se entonaron los himnos nacionalesse rindieron honores y se realizó un saludo entre ambas delegaciones.

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, quien presidió la delegación chilena, sostuvo que «el TPA es una promesa que debe ser cumplida y un programa para trabajar por la confluencia estratégica de ambos países».

«Las buenas relaciones que se han ido formando en los más diversos campos, son un factor de estabilidad y progreso para nuestros pueblos y para toda la región», comentó el diplomático.

Y agregó: «Sirva este aniversario para honrar los compromisos suscritos más allá de los avatares de la vida política. Unidos podemos enfrentar mejor los desafíos del presente y el futuro». (Cooperativa)

Polarización en pausa: ¿cambio de ciclo?

La polarización política y social en Chile ha dejado de ser una mera discrepancia ideológica para convertirse en una brecha emocional entre quienes piensan distinto. Este fenómeno no solo paraliza el diálogo político, sino que fractura relaciones personales, laborales e incluso familiares, debilitando el tejido social.

Por eso, las recientes señales de moderación expresadas en las urnas son una bocanada de aire fresco. Las elecciones de alcaldes y gobernadores, tanto en primera como en segunda vuelta, sorprendieron con triunfos de candidatos menos extremos de lo esperado. Lo mismo refleja el Segundo Estudio Nacional de Polarizaciones, realizado por la Corporación 3xi y Criteria, que muestra una ciudadanía menos polarizada y más dispuesta a dialogar en comparación con 2023.

Aunque es pronto para hablar de un cambio de ciclo, algo parece moverse en la dirección correcta. Sin embargo, con las elecciones presidenciales y parlamentarias en el horizonte, ¿logrará este ánimo moderador sobrevivir al clima tóxico de las campañas? ¿Resistirá la ciudadanía la tentación polarizadora exacerbada por las malas prácticas de la clase política?

Hoy tenemos una oportunidad única. La ciudadanía está mostrando un creciente rechazo a la confrontación sin sentido y una mayor inclinación hacia propuestas constructivas. La estrategia de convertir al adversario en enemigo, la disrupción sin propuestas y la violencia verbal parecen perder efectividad electoral. En cambio, se premian el diálogo, la transversalidad y la buena gestión. Este giro no solo es un llamado de atención para los políticos, sino también una invitación a cambiar el tono de las futuras campañas.

Al mismo tiempo, esta moderación nos recuerda que se requieren reformas estructurales en el sistema político para que este mejor clima perdure. Una señal positiva en esta línea es la propuesta presentada esta semana por un grupo transversal de parlamentarios para reducir la fragmentación política. Este avance es significativo, pero requiere medidas adicionales, como la prohibición de pactos electorales, para consolidar partidos más robustos y poner los incentivos en el diálogo y los acuerdos, por sobre la polarización.

Pero el problema no se resuelve solo con buenas intenciones. Esto debe traducirse en resultados concretos porque de lo contrario este positivo aire de moderación se diluirá, reforzando la desconfianza hacia la política y perpetuando el ciclo de aislamiento tribal.

En un contexto global marcado por la polarización, las recientes elecciones y el segundo estudio de polarización en Chile realizado por la Corporación 3xi junto a Criteria ofrecen una ventana de oportunidad. Sin embargo, esta calma relativa podría ser solo una pausa antes de un nuevo ciclo polarizador si no actuamos rápido. Partamos por lo esencial, les duela a quienes les duela: reformar el sistema electoral desincentivando la proliferación de las ya más de 25 “pymes políticas” que el sistema actual ha permitido florecer.

Cristián Valdivieso

Director de Criteria

Algo digno de ser conmemorado

En tiempos en que no abundan las buenas noticias en el plano internacional, es gratificante recurrir, en nuestras memorias, a la solución satisfactoria de la más grave crisis vecinal que tuvimos que enfrentar durante el siglo pasado.

Digo en nuestras memorias debido a que, oficialmente, tanto la conmemoración de los 25 como de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad con Argentina, actualmente vigente, pareciera haber tenido un perfil más bien discreto, en particular la más reciente, en la sede de la Santa Sede en Roma.

Puede haber diversas explicaciones para ello, más o menos aceptables, pero creo advertir que en ambos casos ha existido un ánimo de no reconocer debidamente a los artífices de la solución que evitó una guerra fratricida.

Naturalmente que me referiré a nuestros compatriotas, toda vez que sigue siendo materia de debate si existió la verdadera disposición de nuestros vecinos de llegar a un arreglo mutuamente aceptable o todo fue producto de las circunstancias, como lo fue la caída de su gobierno, a consecuencia de la guerra de las Falkland-Malvinas.

Reconocer, hoy en día, en tiempos de desinformación, la prudencia demostrada por el presidente Augusto Pinochet al dejarse asesorar en el manejo de la delicada crisis por un conjunto de destacados profesionales de las relaciones internacionales, encabezados por distinguidos cancilleres y dirigidos por un brillante camarada, el Brigadier General Ernesto Videla Cifuentes, no es fácil.

Experiencia, inteligencia, patriotismo, sabiduría y prudencia no son virtudes que se exhiban habitualmente, menos en estos días.

Si bien sería de justicia reconocer que evitar la guerra fue quizás la hora más gloriosa para nuestro gobernante, también lo fue para todos los que tuvieron alguna participación en ello, por modesta que fuese, desde los altos mandos hasta los grados más subalternos que estuvieron dispuestos a resistir la inminente agresión, otorgando así el necesario respaldo a nuestra diplomacia.

Una feliz coincidencia me ha hecho leer, justo en estos días que nos recuerdan lo sucedido tanto en 1978 como en 1984, la exhaustiva investigación del señor Iván Siminic Ossio, editada por la Academia de Guerra Aérea, con el significativo título, ”ROJO 1”.[1]

Al leer el testimonio de los pilotos que en esa condición de alerta máxima, sentados en sus aviones, cargados con su armamento para cumplir sus primeras misiones, esperaban la orden ¡Despegue, despegue, despegue!, sentí una mezcla de profunda emoción y agradecimiento a tantos compatriotas, militares y civiles que sin estridencias se prepararon para cumplir con su deber o que voluntariamente cooperaron al inmenso esfuerzo que significó redistribuir los escasos medios materiales para enfrentar una agresión que podía evolucionar hacia la hipótesis máxima.

Dicha posibilidad fue prevista oportunamente por los altos mandos institucionales, pero no encontró comprensión ni respaldo financiero de parte de las autoridades políticas de sucesivos gobiernos, pese a la experiencia de la crisis del islote Snipe (1958) que fue la campanada de alarma respecto a la debilidad de la defensa nacional, en el extremo austral en particular.

Viene al caso señalar que dicha debilidad se acentuó al estimarse que la HV3 había perdido vigencia y que los problemas limítrofes con Argentina pasarían a ser responsabilidad exclusiva del frente diplomático.

Lo sucedido en 1978 vino a dar la razón a quienes estiman, entre los que me cuento, que la hipótesis más probable y quizás única, sigue siendo la máxima y que para ella hay que estar preparados. Disuadir o rechazar al agresor que tome la iniciativa puede reducirla, pero no asumirla puede justamente aumentar la probabilidad de ocurrencia, como pudo haber ocurrido en ese año de haber sido exitosas las primeras operaciones argentinas.

Debe aprenderse de la historia, es mucho más barato que tener que improvisar ante una situación no prevista y asumir el costo descomunal de una guerra.

Para finalizar y no abusar del paciente lector, quisiera señalar que cuatro guerras se evitaron durante el Gobierno Militar:

  • La inevitable guerra civil que se produciría en 1973 si el Ejército no se sumaba al planteamiento de la Armada. Habría sido la repetición de 1891, pero mucho peor.
  • En 1975, al disuadir exitosamente la inminente agresión peruana.
  • En 1978, al respaldar a la diplomacia con claras señales y permitir el acuerdo que dio inicio a la Mediación Papal.
  • En 1982, al no tentarse a tomar partido contra una Argentina que, junto con dilatar la aceptación de la propuesta del Papa, había evidenciado su propósito de agredirnos si resultaba triunfante en su conflicto con Gran Bretaña.

Cuatro razones adicionales que no deben olvidarse y que debemos agradecer.

Humberto Julio Reyes

1 Primera edición septiembre 2021.

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[1] Primera edición septiembre 2021.

La clave está en la integración de tecnologías

El Crimen Organizado y la delincuencia son un virus difícil de controlar. Sus tentáculos suelen enraizarse rápidamente para sembrar el miedo y, a partir de allí, destruir, de a poco, sociedades e instituciones. Este fenómeno lo estamos presenciando, vertiginosamente, en nuestro país desde hace un par de años y lo que más asusta es que las soluciones quedan, sólo, en grandes titulares de prensa.

Ante esa situación, la sensación que como ciudadanos nos queda no es agradable, porque cuando no vemos soluciones viables, eficaces y eficientes nos sentimos indefensos y desprotegidos, y es ahí cuando el “virus” toma fuerza y emprende su arremetida.

Pero, resulta que sí hay “vacunas” para combatirlos, sobre todo gracias a los avances tecnológicos y de vanguardia que hoy día existen y que bien implementados, pueden perfectamente sacarles ventaja a estos criminales y así, obstaculizar tanto sus operaciones, que su neutralización sea un hecho.

¿Parece utopía, cierto?, pero no lo es porque la clave está en la capacidad de integrar las distintas tecnologías y recursos de seguridad en plataformas o software que permitan maximizar su utilidad: Reaccionar en tiempo real, coordinar de mejor manera estrategias y desarrollar parámetros de predictibilidad. Ciertamente, los adelantos por sí solos funcionan, pero si se fusionan en un mismo sistema, se convierten en una herramienta verdaderamente potente para luchar contra este flagelo que nos asola.

Con la integración de tecnologías aumenta la capacidad de reducir la criminalidad porque a través de la fusión de cámaras de vigilancia, pórticos lectores de patentes, drones, botones de pánico, llamadas y videollamadas de emergencias, aplicaciones y sensores específicos se logra georreferenciar el problema y así atacarlo de una forma más eficaz y eficiente. Pero, también, estas herramientas permiten a las fuerzas de seguridad identificar patrones de comportamiento sospechoso y prevenir delitos antes de que ocurran. Además, el acceso a redes de comunicación en tiempo real facilita una respuesta más rápida y coordinada ante incidentes. Y, por si fuera poco, la integración de tecnologías, mediante el uso de Inteligencia Artificial y Redes Neuronales aporta cantidad, calidad y correlación de indicios que pueden ser entregados a las autoridades para sus investigaciones y estrategias de prevención.

Efectivamente, la integración de plataformas digitales puede permitir: a las autoridades gestionar de manera más eficaz, no sólo la seguridad, sino también el tráfico, la energía y otros servicios esenciales, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Un ejemplo de esto es lo que ocurre en Múnich, allí, las plataformas de integración tecnológica permiten no sólo manejar los elementos propios de la seguridad, que por cierto incluyen el área de emergencia como Bomberos, ambulancias y servicios médicos de urgencias, sino también coordinar la distribución de servicios esenciales como el agua, el gas, la energía eléctrica, entre otros.

En el caso de nuestro país, tenemos el ejemplo de la Comuna de Providencia donde se comenzó a utilizar, desde hace aproximadamente ocho años, una plataforma de integración y gestión en seguridad muy eficiente, en la que, incluso, las cámaras de los celulares sirven para registrar irregularidades en tiempo real, quedando el video grabado en la central y no en el teléfono del ciudadano, protegiendo así la identidad del informante.

Y es así como la tecnología también fomenta la participación ciudadana en la seguridad de sus comunidades. Aplicaciones móviles y plataformas digitales permiten a los ciudadanos reportar incidentes, acceder a información sobre riesgos y colaborar con las autoridades. Este enfoque inclusivo no sólo mejora la eficacia de las estrategias de seguridad, sino que también fortalece la confianza entre los ciudadanos y las instituciones.

¡En definitiva, la clave está en la integración de las tecnologías! (Red NP)

Gonzalo Cornejo

CEO de Insight Security

$380 mills. sin licitación logró firma del abogado de Boric con el Ejecutivo

14 tratos directos con organismos dependientes del Poder Ejecutivo ha obtenido desde 2012 el estudio Bascuñán, Barra, Awad, Contreras y Schürmann (BACS), del que es socio el abogado Miguel Schürmann, representante del presidente Gabriel Boric. Se trata de siete contratos establecidos antes de que asumiera el mandatario y otros siete durante la presente administración, por un total de $380 millones.

El estudio ha asesorado a la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), a la Subsecretaría del Interior, a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y a la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, tanto durante el Gobierno de Gabriel Boric como en las pasadas administraciones de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, de acuerdo a documentación pública revisada por BBCL Investiga.

Así, por ejemplo, en noviembre del año pasado, sin mediar concurso público alguno, la Superintendencia de Pensiones pagó $60 millones a BACS para que la asesorara en el proceso sancionatorio y eventual reclamación jurisdiccional de las sanciones por el caso Aridum.

Además, destacan cinco contratos con la FNE por $145 millones, la mayor parte de ellos antes de la asunción del mandatario.

DE LA POLAR AL ESTADO

Fue en 2021, una semana y media antes de la primera vuelta presidencial, que Gabriel Boric le entregó un poder de representación a los abogados Jaime Winter y Miguel Schürmann, abogado de la Universidad de Chile y máster en Derecho Penal de la Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms de Bonn, Alemania.

Antes de representar al mandatario, Schürmann había participado en casos de revuelo mediático, como el de la muerte de 20 personas en la Autopista del Sol en 2010, que terminó con un acuerdo reparatorio para su representado, Gonzalo Marambio, jefe de operaciones de la empresa; y en el caso La Polar, en el que fue parte de la defensa del exgerente de Servicios Financieros, Miguel Chaves.

Pero más allá de su actividad litigando para personas privadas, Schürmann también tenía ya convenios de asesoría para organismos públicos a través del estudio del que es socio, BACS.

La primera asesoría de la empresa fue prestada en 2012 a la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera por 50 UF, algo así como 2 millones de pesos hoy en día.

Cinco años después, la firma comenzó a prestar servicios a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), mediante dos contratos de trato directo de $56 millones en 2017 y 2018, y otros dos por $18 millones y $15 millones en 2019 y 2020.

Posteriormente, en 2021, se registraron dos pagos de la Dirección General de Concesiones del MOP por $15 millones cada uno.

Durante el Gobierno del presidente Boric, BACS siguió en relaciones con organismos dependientes del Poder Ejecutivo. Así, el 11 de marzo de 2022 —mismo día en que asumió el mandatario—, se emitió una resolución exenta de la Fiscalía Nacional Económica determinando las condiciones de un trato directo con BACS por alrededor de $11 millones.

Además, durante 2022 la consultora fue contratada por la Subsecretaría del Interior por un monto cercano a los $5 millones y por la Dirección General de Concesiones del MOP, en dos tratos directos de cerca de $35 millones cada uno.

Sin embargo, los contratos más importantes durante este periodo han sido los de la Superintendencia de Pensiones.

EL CASO ARIDUM

En sólo seis años, el fundador de Aridum Asesorías e Inversiones SpA aseguraba que había convertido $10 millones en $1.686 millones. Hacia octubre de 2023, la empresa se había posicionado como una suerte de Felices y Forrados 2.0.

Su negocio consistía en prestar asesorías masivas en relación a la Cuenta 2 de las AFP —que es voluntaria—, sugiriendo cambios de corta duración del fondo E, de menor riesgo, al fondo A, de mayor riesgo. Estos movimientos generaban ganancias, según la asesora, por el desfase entre la fluctuación de los valores del mercado y el momento en que estos se veían reflejados en los fondos de las aseguradoras.

La especulación promovida por Aridum, con potencial de desestabilizar los fondos, fue frenada en seco en octubre de 2023 por la Superintendencia de Pensiones, que instruyó el cese inmediato de las operaciones de la firma.

Mediante trato directo, la superintendencia pagó $60 millones a BACS para que asesorara a la institución en el proceso sancionatorio y eventual reclamación jurisdiccional de las sanciones contra Aridum.

Además de este caso, el organismo ha pagado a la firma durante este periodo $20 millones y $38 millones para defender al superintendente por una sanción del Consejo Para La Transparencia y para evaluar si se debía presentar una denuncia contra administradoras por hechos que había develado la División Financiera.

¿VÍA LEGAL?

El nombre de Schürmann volvió a estar en la palestra esta semana, luego de que La Moneda detallara que fue él quien pesquisó la denuncia por difusión de imágenes íntimas ingresada contra el presidente Boric.

Las diligencias desplegadas por el abogado del mandatario levantaron una serie de sospechas respecto de cómo obtuvo acceso a los antecedentes de esa causa. Y aunque desde el Palacio de Gobierno han insistido en que todo se hizo por la vía legal, la Fiscalía anunció una investigación por un eventual “acceso ilegal o indebido” a la información que resguardaba el Ministerio Público.

Aparte de los órganos que dependen de la administración central, BACS ha realizado asesorías a las municipalidades de Maipú, Lampa, Mostazal, La Florida, Renca y Estación Central.

La Unidad de Investigación de BioBioChile intentó hablar con Miguel Schürmann para conocer sobre su experiencia prestando servicios a organismos del Poder Ejecutivo, sin obtener respuesta hasta el momento. De igual manera, la Superintendencia tampoco ha entregado detalles de su relación con BACS. (La Tercera)

“Pepe” Mujica lanza dura reprimenda a C. Kirchner, Maduro y Ortega

“En la vida hay un tiempo para llegar y otro tiempo para irse”, dijo el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica al lanzar duras críticas hacia varios líderes y gobiernos de América Latina, entre los que incluyó a Cristina Kirchner, Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Evo Morales.

En una entrevista con la agencia AFP, el veterano dirigente (89), que celebró hace unos días del triunfo del frenteamplista Yamandú Orsi, realizó un descarnado análisis de la región, en su retroceso democrático, el avance del autoritarismo y en la falta de renovación generacional en la política.

En ese contexto, Mujica señaló: “Ahí está la vieja (Cristina) Kirchner en la Argentina, al frente del peronismo. En lugar de ponerse de vieja consejera y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¡Cómo les cuesta largar el pastel!”.

Su crítica a la exmandataria argentina surgió luego de que Mujica cuestionara al expresidente boliviano Evo Morales, enfrentado con su exaliado, el mandatario Luis Arce, a quien acusa de querer “proscribirlo” de la carrera electoral utilizando el sistema de justicia del país altiplánico. “En la vida hay un tiempo para llegar y otro tiempo para irse (…) Lo de Evo es inconcebible”, aseveró el exgobernante charrúa.

Luego, también expresó su preocupación por la falta de sucesión en el futuro liderazgo de Brasil, lamentando que no haya un reemplazo a la vista para el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. “Lula está cerca de los 80 años y no tiene repuesto. Esa es la desgracia de Brasil”, opinó.

VENEZUELA: “CAMBIO LLEGARÁ DESDE ADENTRO”

Mujica también hizo una reflexión sobre el autoritarismo en América Latina, especificamente sobre los casos de Venezuela y Nicaragua. “Es un paso atrás. Lo vivimos históricamente cuando Estados Unidos se metía en todos lados”, recordó, aunque reconoció que ahora son las propias naciones de la región las que están cometiendo errores preocupantes.

Sobre el régimen chavista de Nicolás Maduro afirmó que el cambio llegará “de adentro en algún momento”.

“Tengo íntima discrepancia con los regímenes autoritarios. Lo que no avalo es la intervención de afuera. Los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos. Y en todo caso hay que ayudarlos. Pero no meterse”, señaló.

Mujica negó que el régimen de Maduro sea de izquierda o comparable al de su antecesor, el fallecido Hugo Chávez. “Algunos de los chavistas están afuera de eso y muchísimos están perseguidos en el mundo”.

Y sobre Nicaragua aseguró que “no tiene gollete (sentido) (…) Es increíble la revolución sandinista en qué desemboca, en la vieja esa llena de piedras y de cosas (en referencia a Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega). Es monstruoso. (…) Era una revolución soñadora contra Somoza”.