La mañana de este viernes, el ex ministro del Interior Andrés Chadwick atendió nuevamente a una citación del Ministerio Público, específicamente a una formulada por el fiscal de Alta Complejidad Oriente Miguel Ángel Orellana.
De acuerdo con fuentes conocedoras de la diligencia, el persecutor solicitó que el otrora secretario de Estado compareciera a entregar declaración por segunda vez en el marco del denominado caso Audio.
Anteriormente, el pasado lunes 18 de noviembre, Chadwick ya había entregado su testimonio respecto de la arista Parque Capital.
Quienes conocen de las pesquisas indicaron a La Tercera que tanto en esa ocasión como ahora, el ex ministro enfrenta el interrogatorio en calidad de imputado, por lo que acudió en compañía de su abogado Samuel Donoso.
La nueva diligencia, cabe hacer presente, se da a sólo tres días de que se confirmara que el fiscal Orellana había decidido formalizar la mencionada arista, comunicando que, por ahora, sólo imputaría cargos por tráfico de influencias al abogado Luis Hermosilla.
OJOS SOBRE CHADWICK
Conforme a los antecedentes conocidos hasta ahora, el ex ministro está bajo la lupa del Ministerio Público a raíz de eventuales gestiones que habría realizado a petición de Hermosilla para ir en ayuda de los hermanos Jalaff.
Esto se conoció luego de que Ciper hiciera públicos mensajes entre Hermosilla y su amigo Álvaro Jalaff, empresario también investigado en el caso Audio.
El mencionado empresario, según publicó el citado medio, habló con el otrora influyente penalista entre 2020 y 2021 sobre los permisos que requería el proyecto Parque Capital, propiedad del Grupo Patio, activando, presuntamente, una serie de acciones.
Según se puede leer en los mensajes, Álvaro Jalaff solicitó a Hermosilla que realizara gestiones para apresurar los permisos del megaproyecto industrial en Lampa. Así, el abogado se habría contactado con autoridades de la época, entre ellos Chadwick y el ministro de Vivienda de aquel entonces, Felipe Ward, quien también declaró ante la Fiscalía como imputado. (La Tercera)
El líder de la testera de la Cámara Alta, José García Ruminot (RN), afirmó este viernes que la reforma al sistema político es positiva para el país y que estaban al tanto de que los “partidos que se sientes amenazados” manifestarían su molestia por los dos grandes pilares que establece el proyecto impulsado transversalmente desde el Senado.
En particular, la propuesta apoyada por senadores del PS, PPD, RN, UDI y Evópoli, busca fijar un mínimo del 5% de los votos para la existencia de partidos y la perdida del cargo a los legisladores que renuncien a sus colectividades. Medidas que apuntan a contener la fragmentación política en el Congreso.
Ante esto, en conversación con Radio ADN, Ruminot señaló: “Sabíamos que los partidos que se sienten amenazados por esta fórmula, lo habían manifestado ya en privado muchas veces, para ellos esto es una complicación. Por lo tanto, hay que continuar conversando, construyendo los acuerdos”.
En esa línea, remarcó que “es bueno para Chile, es importante para el buen funcionamiento de nuestras instituciones democráticas, por supuesto que lo es. Por lo mismo, hay que hacer el esfuerzo por avanzar”.
“Se estimó modificaciones claves, porque aquí decimos reforma al sistema político y pareciera que es una gran reforma, y son aspectos puntuales de nuestro sistema político que ha quedado demostrado que no están contribuyendo a que los actores, particularmente el Congreso Nacional, pueda tener una discusión que esté con mucho contenido técnico y al mismo tiempo con mucha voluntad de acuerdo”, complementó.
DE URRESTI: «NO TENGO DUDAS QUE PRESIDENTE RESPALDA PROPUESTA»
En una nueva edición de Desde la Redacción de La Tercera, el senador socialista Alfonso de Urresti se refirió a la reforma al sistema político que ingresó este miércoles en compañía de un grupo transversal de legisladores.
La moción suscrita por representantes del PS, PPD, RN, UDI y Evópoli, consiste en una reforma constitucional que instala el umbral electoral del 5% y la pérdida de escaño para los parlamentarios que renuncien a sus partidos.
Al respecto, De Urresti comentó que llevan meses trabajando en dicha iniciativa, la cual no ha estado exenta de críticas. Una de ellas, apunta a que el proyecto buscaría volver al sistema binominal, punto que De Urresti descartó.
“Lo descarto, hay quienes dicen que ‘hoy queremos volver al binominal’. No, absolutamente”, dijo.
En ese sentido, señaló que si bien tenemos un sistema proporcional “corregido”, eso no quiere decir que deban existir muchos partidos.
26 NOVIEMBRE 2024 EL DIPUTADO GUILLERMO RAMIREZ Y LOS SENADORES LUCIANO CRUZ COKE, LUZ EBENSPERGER, ALFONSO DE URRESTI, RICARDO LAGOS Y RODRIGO GALILEA, DURANTE PUNTO DE PRENSA SOBRE PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE INTRODUCE MODIFICACIONES AL SISTEMA POLITICO Y ELECTORAL. FOTO: DEDVI MISSENE
Siguiendo esa dirección, marcó: “Entonces, la primera norma es un umbral de entrada. Tú tienes que tener una determinada cantidad de porcentaje electoral o una cantidad de parlamentarios, que puede sumar diputados y senadores”.
“En segundo lugar, una norma que los españoles la llaman, de una manera bien brutal, que es la norma anti tránsfuga, que tú no puedes ingresar por un partido, vas por una determinada sigla, te elige esa sigla, te elige ese partido o independiente dentro de esa lista, y luego te declaras independiente y te declaras absolutamente con libertad de acción, incluso a veces cambiando de coalición. Si tú haces eso, pierdes el escaño y te reemplaza el partido del cual te propuso”, agregó.
Por último, el senador aseguró que no le cabe duda “que el Presidente respalda la iniciativa”.
“Él es un conocedor, un impulsor de este tipo de iniciativas, de tener mejor política. También el Presidente, hoy día, en su gobierno y el futuro gobierno de quien venga izquierda o derecha, enfrenta un parlamento muy atomizado. Y por lo mismo hablaba con el ministro Elizalde, ahora en la mañana, esperamos que nos puedan invitar, que puedan abrir también un debate de discusión con los distintos senadores, senadoras, y también con los partidos políticos”, cerró el PS.
EYZAGUIRRE: «FUSIONAR»
El exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) hizo ver la necesidad de que la propuesta de reforma al sistema político, que un grupo transversal de senadores levantó esta semana, impulse la fusión entre partidos pequeños.
A modo de ejemplo, planteó que «soy del PPD, y creo que no hay ninguna razón por la cual tiene que seguir solo: tiene que hacer un único partido con los socialistas, con liberales, eventualmente radicales, para constituir una gran socialdemocracia moderna. De lo contrario, estás destinado a desaparecer«.
«Si eres un partido pequeño que tiene dificultades, pero tienes partidos hermanos, muy parecidos, fusiónate y así vas a poder continuar», precisó.
Un mecanismo que Eyzaguirre sugiere para conseguir ese objetivo es que, «si en la primera vuelta (presidencial) un candidato tiene 40%, y el siguiente está al menos a 10 puntos de distancia, esa persona sea elegida directamente Presidente«, dado que «incentiva a que se agrupen muchos partidos para lograr ese 40%, y en cambio, la segunda vuelta fomenta la dispersión, porque todos apuntan a llegar segundos para poder pasar a segunda vuelta».
El exministro José Antonio Gómez (Partido Radical) matizó que «es importante buscar fórmulas de fortalecer la democracia, que se evite la dispersión, la atomización; el punto, en mi opinión, es que no es un tema que deba enfrentarse sólo respecto de cómo logro partidos más grandes. Eso no determina ni va a cumplir el propósito de lograr mejorar la política, que yo creo que es mucho más importante».
«En el caso de la dispersión de votos, me preocuparía -por ejemplo- de permitir que haya federaciones antes o después, que los partidos chicos se puedan juntar si es que no lograron el total de la votación, pero si tienen el 5% (de umbral electoral) que están planteando» los senadores en su propuesta.
EL FINANCIAMIENTO: UN TEMA SIN PLANTEAR
A su turno, la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, reconoció que «la propuesta de reforma al sistema electoral no me convence, y creo que no soluciona los temas de fondo», al tiempo que observó que «hay un tema que no se ha planteado, que es el financiamiento» de las campañas políticas.
«Así como comulgo con la idea de poner un porcentaje mínimo para acceder a escaños en el Parlamento -que puede ser en cinco o diez años más, para el próximo ciclo-, también (debería haber) un porcentaje mínimo de votos para recibir aportes estatales«, considerando que en el último tiempo «se ha acuñado el concepto de ‘partidos tipo pyme’, que con muy poca votación reciben importantes recursos y meten mucho ruido, más allá de contribuir a la democracia».
Finalmente, si bien el exministro Cristián Monckeberg (RN) cree que «el esfuerzo de haberla presentado está bien», advirtió que «esta reforma parte mal si es que no se conversa con todo el mundo, y no se palabrea», pues varios parlamentarios y actores políticos dicen haberse enterado de ella por la prensa, incluyéndolo.
«Una reforma de este calibre tiene que llevar un componente de sociabilización previa, y al parecer eso no ocurrió. Por eso creo que partió complicada, enredada»; esto sumado a que «el Gobierno la calificó como un ‘insumo’, y eso también me parece sospechoso, porque quiere decir que ‘este es un dato más, sigamos conversando'», apuntó. (La Tercera-Cooperativa)
El diputado Gonzalo Winter (FA) se refirió la mañana de este viernes a la denuncia por presunta difusión de imágenes privadas -luego de que fiscalía precisara que no se investiga acoso sexual- ingresada contra el Presidente Gabriel Boric.
Al respecto, y considerando las críticas que han surgido al gobierno -a propósito de que la ministra vocera señaló que la denuncia no tiene sustento-Winter dijo: “Gracias al feminismo, entendí que la presunción de inocencia podía aplicarse con una perspectiva de género, pero jamás no aplicarse”.
En esa línea, marcó que “esta acusación contra el Presidente, yo creo que no tiene fundamento, no tiene ni pies ni cabeza”.
“Y la forma en que la oposición ha intentado utilizarla para enlodar al gobierno, y no solo para enlodar al gobierno, porque ahí el perjudicado podría ser el gobierno, sino que también para embarrar el debate público, donde el perjudicado es usted, que está esperando que el debate público hable de cómo subir la pensión, ha sido vergonzosa”, reprochó en conversación con CNN Radio.
Dicho eso, el diputado oficialista arremetió contra el Ministerio Público a propósito de la filtración de la declaración del Mandatario en el caso Monsalve.
En ese sentido, aseguró que dicha institución tiene “un problema gravísimo con las filtraciones (…), hace dos semanas se filtró la declaración del Presidente en una causa secreta, y el fiscal nacional no dijo nada. Eso es gravísimo”.
“El Ministerio Público cuando tiene un documento secreto, eso está secreto por el artículo 182 del Código Procesal Penal y significa que, en representación de todos los chilenos, ellos son custodios de algo que la ley designa como secreto. Pero al día siguiente de una filtración, el fiscal nacional no dice: ‘¿Sabe qué? Mi institución tenía que custodiar este secreto y alguien de la Fiscalía lo sacó, cometiendo un delito.O somos tan ineptos que alguien nos robó la información.Por lo tanto, tengo que investigarlo’”, añadió.
CRÍTICA UDI
Diputados de oposición, específicamente de la UDI, cuestionaron al diputado Gonzalo Winter (FA) tras emitir una dura crítica al Ministerio Público -y al fiscal Ángel Valencia- ante las filtraciones.
El parlamentario oficialista cuestionó que el jefe de la Fiscalía “no diga, sabe que… mi institución tenía que custodiar este secreto y, o alguien de la Fiscalía lo sacó cometiendo un delito o somos tan ineptos que alguien nos robó la información, por lo tanto, tengo que investigarlo”.
“¿Y sabe que otra cosa nunca se filtra, pero nunca se filtra? Ninguna actuación que tenga que ver con el señor Andrés Chadwick”, fue parte de lo que dijo Winter en conversación con CNN Chile Radio.
Los diputados gremialistas Felipe Donoso, Sergio Bobadilla y Henry Leal rechazaron los dichos del diputado y lo acusaron de -entre otros- ser “inconsistente” al momento de hablar de filtraciones.
Para Donoso y Bobadilla “no es tolerable” que Winter “se enoje y reclame porque le afectan a su líder espiritual, el Presidente Boric, toda vez que no le conocemos ninguna declaración en este tenor cuando se producen con personajes de otro sector político, demostrando una vez más demostrando su inconstancia política”.
De esta manera, invitaron a Winter a “oficiar al Ministerio Público para que nos informe de cuántas causas se ha iniciado por este delito, cuál es su avance y qué se está haciendo para parar esta mala práctica de la Fiscalía”.
“Ahí le vamos a creer que su espíritu de justicia es real o simplemente partisano, como ya nos tiene acostumbrado”, agregaron los diputados Donoso y Bobadilla.
En la misma línea, el diputado Henry Leal dijo que las declaraciones de Winter “son absolutamente inaceptables e intolerables. Calificar al Ministerio Público como ineptos es un insulto gratuito a una institución relevante del Estado”.
“Parece que al señor Winter no le gusta que el Ministerio Público esté investigando y tenga preso al hombre fuerte de su gobierno, al zar de la seguridad, a hombre de confianza del Presidente de la República, como era Monsalve”, indicó Leal.
Acto seguido, dijo que “parece que no le gusta que haya una causa en la que el Presidente Boric esté como imputado. Tiene un doble estándar inaceptable el señor Winter, yo lo invito a que sea respetuoso con las instituciones autónomas como es el Ministerio Público”. (La Tercera-Bio Bio)
El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) respondió al oficio que realizaron las ministras Camila Vallejo y Antonia Orellana por la cobertura en los medios del caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el del exfutbolista Jorge Valdivia, ambos procesados por delitos de violación.
El oficio de las secretarias de Estado solicitaban al presidente del CNTV, Mauricio Muñoz, “adoptar los procedimientos que resulten menester conforme la normativa legal teniendo presente también la dignidad y protección de las mujeres”.
Esto por la posible revictimización que las víctimas, específicamente en los casos de Monsalve y Valdivia, pudieran pasar por la cobertura de los medios.
Al respecto, desde el CNTV comenzaron su respuesta asegurando a las ministras que “compartimos su preocupación por las situaciones de revictimización que pueden provocar los tratamientos de delitos de connotación pública” y señalando que se están adoptando los procedimientos conforme a la normativa vigente.
Junto con ello, indicaron que desde el 17 de octubre hasta el 22 de noviembre, recibieron 67 denuncias referidas a los dos casos, las cuales ya han sido revisadas y analizadas en el marco de la normativa del Consejo.
“Como es comprensible, atendida la naturaleza del procedimiento correspondiente no es posible informar respecto de ellas hasta que no sean sometidas a conocimiento y decisión del Cuerpo Colegiado del CNTV”, explicaron.
Asimismo, desde la entidad destacaron los avances en la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de fiscalización “entendiendo la relevancia de este enfoque en la prevención erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres”.
Respecto a ello, reportaron que durante el presente año se han recibido 10.969 denuncias en el marco de la cobertura de los medios de comunicación.
“Cabe señalar que basta con una denuncia para que nuestro equipo de supervisión y fiscalización comience el estudio de casos. También lo hace por oficio, sin necesidad de denuncia. Cada denuncia es analizada por un equipo de profesionales que luego de elaborar un detallado informe, lo eleva al Consejo para la eventual formulación de cargos y sanciones”, sostuvieron.
“Las leyes de los últimos años enfocadas en prevenir y erradicar la violencia de género, como la ley N°21.675, que instituye medidas para erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género, y la ley N°21.523, que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales, y evitar su revictimización, han sido una herramienta fundamental para fortalecer la labor del CNTV”, aseguraron desde la entidad. (La Tercera)
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, propuso utilizar parte de los recursos provenientes del royalty minero para fortalecer la seguridad en las comunas de Chile, como parte de un esfuerzo nacional contra la delincuencia.
En entrevista con Radio Universo, el líder del gran empresariado -cuyo padre de 91 años fue golpeado violentamente tras una encerrona en Vitacura esta semana- planteó que estos fondos se destinen a implementar mecanismos tecnológicos interconectados entre los distintos gobiernos regionales, creando una red de seguridad a nivel nacional.
«¿Por qué los gobernadores o las gobernadoras, ahora que tienen que asumir los nuevos, no destinan parte de los recursos del royalty minero al tema de seguridad en cada una de las comunas del país con mecanismos tecnológicos, pero que además estén interconectados entre los distintos gobiernos regionales? Así tenemos a todo un país conectado tal cual pasa, por ejemplo, en España», indicó Mewes.
El presidente de la CPC también destacó la necesidad de un acuerdo nacional para enfrentar la creciente ola de delincuencia. A juicio de Mewes, el Gobierno, el Congreso y el sector privado deben trabajar juntos para abordar esta problemática. «Creo que nos falta avanzar a todas las fuerzas políticas para que realmente avancemos contra la delincuencia», aseguró.
En ese sentido, subrayó que «esto no pasa solo, esto el Gobierno no lo puede hacer solo, el Poder Legislativo no lo puede hacer solo, el sector privado por más que invierta por sobre los US$2 mil millones anuales tampoco lo puede hacer solo. Tenemos que necesariamente actuar en conjunto para que efectivamente le ganemos a la delincuencia, si no, no va a pasar nada».
Mewes insistió en la importancia de utilizar tecnología avanzada para mejorar la seguridad en todo el país. «En todas las comunas del país tiene que haber mecanismos tecnológicos», señaló, destacando que la implementación de sistemas de vigilancia y monitoreo podría ser una solución efectiva para combatir el crimen. El dirigente gremial también se refirió a la situación en regiones, particularmente en Iquique, donde las personas se sienten inseguras incluso durante el día.
«Nosotros hemos estado estos dos años saliendo a regiones con la iniciativa ‘Gremios x Chile’, y en Iquique no puede ser que la gente a las 7 de la tarde esté encerrada en sus casas. Uno no puede caminar libremente por la calle», expresó, subrayando la necesidad urgente de soluciones para frenar la delincuencia.
Mewes también hizo un llamado a mirar experiencias internacionales, especialmente en países como España, Italia e Israel, que han implementado exitosas estrategias de seguridad. «Hay experiencias en otros países. No tengamos temor a utilizar la experiencia que hay en España, en Italia, en Israel, para que efectivamente nosotros podamos combatir esto», señaló.
Debate sobre el rol de las fuerzas armadas
En cuanto al debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la protección de infraestructura crítica, Mewes planteó preguntas cruciales sobre el uso de la fuerza en situaciones de confrontación con delincuentes.
«Tanto se habla de que las fuerzas armadas controlen o vigilen la infraestructura crítica, pero yo les hago una pregunta: llegado el minuto, cuando estén cuidando infraestructura crítica y se enfrentan a un delincuente, la pregunta que yo me hago es ¿quién dispara primero? ¿El funcionario de las fuerzas armadas o el delincuente? Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse», cuestionó.
Si bien aclaró que no propone una violencia indiscriminada, instó a debatir estos temas con franqueza. «Aquí también creo que tenemos que hablar las cosas como son. Pongamos esos temas en la discusión, porque al final del día nos vamos por la tangente y no discutimos cuál es realmente el problema en eso», agregó.
Finalmente, Mewes subrayó que la inseguridad es la principal preocupación de los ciudadanos, y debe ser tratada como una «urgencia de hoy». «Es lo que sufren las personas», afirmó.(Emol)
El subsecretario de Defensa, Ricardo Montero (PS), abordó la conmemoración de los 40 años del tratado de paz y amistad con Argentina, y los roces que han habido con respecto al tema.
Y es que este lunes se conmemoró en el Vaticano, con la presencia del Papa Francisco, dicho acuerdo entre ambos países. El conflicto llegó cuando el canciller trasandino, Gerardo Werthein, se ausentó en el evento.
Para justificar su inasistencia, Werthein aseguró que se debía al impasse “por motivos ideológicos” entre el Presidente Gabriel Boric y su par Javier Milei en la última Cumbre del G20, que se hizo en Río de Janeiro, Brasil.
Bajo este marco, en conversación con T13 Radio, el subsecretario de Defensa partió señalando que esta jornada “es muy importante porque en tiempos tan difíciles a nivel mundial, este puede ser el tiempo más complejo en materia de conflictividad y de guerra, tal vez desde la Segunda Guerra. Entonces hay que poner en perspectiva la historia y decir que nos pudimos sentar a conversar, y una guerra que era inminente se evitó con las conversaciones”.
“Eso no es sólo importante para Chile y Argentina, es un ejemplo mundial de cómo se puede resolver conversando problemas tan graves. Entonces yo creo que hoy día es un día de conmemoración, es un día para mí también de celebración. Y creo que los vínculos tan intensos que tenemos entre ambos pueblos, tiene que ser un motivo de conmemoración hoy día”, agregó.
En esa dirección, sostuvo: “Y podemos pasar contingencias, pueden haber gobiernos de un signo político o de otro, pero la relación con Argentina es y tiene que ser más fuerte”.
Consultado sobre si desde el punto de vista de la defensa es para preocuparse el nuevo roce entre Chile y el país trasandino, Montero respondió: “Nosotros siempre hemos podido conducir desde especialmente las 90 medidas de confianza mutua y es lo que me ha tocado a mí. Yo tengo una fluida relación con el que es mi par, (que es el viceministro de Defensa, Claudio Pasqualini (…) la relación es fluida, es de conversación permanente y es de trabajo constante. Ese diálogo no se rompe, se mantiene”. (La Tercera)
En un breve contacto con los medios de comunicación en La Moneda, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, abordó la mañana de este viernes la aparente tensión que se produjo entre el Ejecutivo y la Fiscalía a raíz de la denuncia contra el Presidente Gabriel Boric.
Luego que el abogado del Mandatario, Jonatan Valenzuela, dio a conocer la acusación a través de un comunicado difundido por Presidencia, fue la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, quien mediante una vocería entregó mayores detalles del caso.
En esa intervención, la más compleja desde que asumió el cargo, la portavoz del Ejecutivo transparentó que el lunes por la noche “se decidió comunicar esto porque pasó ya un mes desde el último contacto con la Fiscalía de este caso, y consideramos que, bajo recomendación del abogado, era importante comunicarlo y así también lo decidió el Presidente, dado que era importante para avanzar y esclarecer los hechos”.
Vallejo destacó que “son casos especiales y específicos que, evidentemente, requieren cierto resguardo”, para luego hacer un emplazamiento que no pasó desapercibido: “Dado la demora y la falta de contacto o comunicación por parte de la Fiscalía, la recomendación y la sugerencia del propio abogado, que fue atendida por el Presidente y su equipo, fue el de poder comunicar públicamente esta situación”.
Luego de dicha vocería del día martes, en que Vallejo además dijo que en Palacio la denuncia se “pesquisó” el 9 de septiembre, en esa misma jornada por la tarde la Fiscalía Regional de Magallanes anunció que había abierto una investigación para determinar si existió algún tipo de filtración de la denuncia o si se llegó a ésta de manera irregular, ya que es reservada y está desformalizada.
Consultada en esta jornada por esa aparente tensión entre ambas instituciones, Tohá respondió: “La Fiscalía sabe que nosotros no somos de las personas que andamos mandando recados por los medios de comunicación, ni interferimos con su trabajo”.
Así mismo, evitando más consultas sobre la denuncia, señaló que “el Presidente tiene un abogado que se ha referido a este caso y a través de él, vamos a decir cualquier cosa que sea necesario”.
Más tarde, desde Interior optaron por precisar que “en sus declaraciones de esta mañana, al ser consultada sobre el caso que indaga la Fiscalía, la ministra Tohá señaló que quien entrega antecedentes es el abogado del Presidente Boric y no se ha referido ni menos contradecido (sic) declaraciones previas de la ministra Vallejo”. (La Tercera)
En investigación se encuentra la denuncia presentada contra el Presidente Gabriel Boric, por eventual difusión de imágenes íntimas y acoso sexual, presentada por quien habría sido su compañera de práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial en Punta Arenas el 2013.
Y si bien la indagatoria se caratuló por la primera acusación, una segunda línea se deriva de la causa: la eventual filtración a La Moneda de la denuncia. Ante ello, no se descarta una triangulación de información entre organismos estatales.
De acuerdo con El Mercurio, desde la Fiscalía dan relevancia al conocimiento que tenían los abogados de la causa, antes que se notificara y pese a su trámite reservado. Fue este martes comunicó la apertura de la indagatoria.
«La Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica Chilena ha decidido abrir una investigación penal por el eventual acceso ilegal o indebido a los antecedentes de la causa relacionada con el Presidente Gabriel Boric», se indicó.
«El colega (Miguel) Schürmann ayer explicó en concreto cómo, de manera totalmente transparente, legítima, realiza búsquedas de información que pueda ser de relevancia. Y además (…) también es totalmente conocido cómo fue la entrega concreta de la denuncia en este caso». Eso dijo ayer el abogado representante del Presidente Gabriel Boric, Jonatan Valenzuela.
En tanto, Schürmann había explicado a La Segunda que «accedí al RUC (número identificador) de la causa mediante un procedimiento de búsqueda diario que hago del RUT del Presidente en el sistema SIAU (de tramitación de causas de la fiscalía). Esto consiste en ingresar su RUT en el sistema desde una cuenta que no tiene causas del Presidente asociadas, se busca su RUT y el sistema arroja el RUC más reciente. Luego de eso solicité la acreditación desde mi cuenta a ese RUC, dado que es la única forma de obtener información de la causa», comentó.
Por ello, la indagatoria es amplia, según consignó el medio ya mencionado, y la misma no se limita a la declaración de los abogados sobre el acceso por el sistema digital. Lo anterior, debido a que apuntan a determinar si hubo un ingreso indebido a través de terceros que pudieron entregar «el dato» de la causa penal.
También, por ejemplo, si se trata de información triangulada en los sistemas informáticos o con apoyo de personal al Interior del Ministerio Público, las policías u otro organismo estatal. Además, un conocedor del caso comentó que si es real la versión del hallazgo de «una ruta», sería muy «grave». Esto, ya que implicaría que el «sistema es vulnerable», y que no se puede proteger la reserva asociada a investigaciones.El abogado del Presidente señaló que la ruta fue deshabilitada.
TENSIÓN ENTRE FISCALÍA Y GOBIERNO
Una derivada que surgió de la revelación de la denuncia por difusión de imágenes privadas contra el Presidente Gabriel Boric, es la tensión que se ha abierto entre el Gobierno y la Fiscalía.
La trama fue dada a conocer por Presidencia, desde donde difundieron un comunicado del abogado defensor del Mandatario, Jonatan Valenzuela, que daba a conocer la existencia de la denuncia contra Boric y que citaba una supuesta «difusión de registros de imágenes privadas y una falta de acoso sexual del artículo 494 del Código Penal».
La declaración apuntó que la denunciante es una mujer mayor de edad que coincidió con el Mandatario cuando este realizó su práctica profesional en Punta Arenas. El jurista sostuvo que la acusadora ejerció «acoso sistemático vía correo electrónico», contra el entonces candidato a diputado y que en uno de estos mensajes hizo «el envío no solicitado ni consentido de imágenes de carácter explícito».
En Palacio, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, explicó que el motivo de la develación del caso, era una estrategia judicial del abogado para propiciar la actuación del Ministerio Público. «Ayer se decidió comunicar esto porque pasó ya un mes desde el último contacto con la Fiscalía de este caso, y consideramos que, bajo recomendación del abogado, era importante comunicarlo y así también lo decidió el Presidente, dado que era importante que para avanzar y esclarecer los hechos», sostuvo.
Si bien señaló que «son casos especiales y específicos que, evidentemente, requieren cierto resguardo», reparó que «dado la demora y la falta de contacto o comunicación por parte de la Fiscalía, la recomendación y la sugerencia del propio abogado, que fue atendida por el Presidente y su equipo, fue el de poder comunicar públicamente esta situación».
La crítica hacia la institución llamó la atención, siendo que el Gobierno ha dicho ser un promotor del respeto por la separación de poderes y de la importancia de que la justicia actúe sin presiones.
CONTROVERSIA
Pero hay otro elemento para considerar. La Fiscalía abrió una investigación penal por el acceso ilegal o indebido de la denuncia del Mandatario, que estaba en calidad de desformalizada y reservada.
Miguel Schürmann, ex abogado de Boric que realizó la operación, explicó que dio con ella «mediante un procedimiento de búsqueda diario que hago del RUT del Presidente en el sistema SIAU (Sistema de Información y Atención de Usuarios)».
«Esto consiste en ingresar su RUT en el sistema desde una cuenta que no tiene causas del Presidente asociadas, se busca su RUT y el sistema arroja el RUC más reciente. Luego de eso solicité la acreditación desde mi cuenta a ese RUC, dado que es la única forma de obtener más información de la causa», agregó.
Pero en el Ministerio Público rebaten la viabilidad el proceso del que da cuenta el jurista y comentan que es posible para los abogados entrar al SIAU y acceder a procesos en curso, pero que para ello se requiere estar acreditado en la causa. También señalan que se requiere tener el RUC, presentar el patrocinio y luego acceder y no al revés, como dice el representante de Boric. Por lo demás, descartan que se pueda identificar una denuncia mediante el RUT.
Con todo, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, defendió que la operación de los abogados. «Tal como ha señalado el día de ayer el abogado Schürmann y esta mañana el abogado Jonatan Valenzuela, la ejecución de la misma se desarrolló de acuerdo a los mecanismos de búsqueda que ellos habitualmente desempeñan en el ejercicio de la profesión».
«Sobre las discrepancias que puedan existir entre especialistas, esto le quiero decir que no tiene nada que ver con el portal del Poder Judicial, pero las discrepancias técnicas o no que puedan existir entre distintas personas, fiscales o exfiscales, con el abogado Schürmann y el abogado Valenzuela, es un asunto que al Gobierno no le corresponde pronunciarse. Simplemente hacer fe del correcto desempeño de la profesión legal que el abogado Schürmann y el abogado Valenzuela tienen reconocidamente en nuestro país», añadió.
Asimismo, advirtió que «no hay que confundir ese mecanismo de consulta con un mecanismo de consulta pública. Creo que los abogados del Presidente ya han explicado en detalle la forma técnica en que lo han realizado y por lo tanto es la manera en que el Ejecutivo tuvo conocimiento de esto».
POSTURA DE LA FISCALÍA
Bajo reserva, voces del Ministerio Público indican que la postura de la institución es mantener cautela ante la controversia, ya que cercanos al caso, estiman que el Ejecutivo optó por ventilar la denuncia. Incluso, algunos sostienen que lo más probable es que el fiscal de Magallanes considerara cerrar la investigación ante la supuesta falta de fundamentos de la denuncia, pero que ello no ocurrió ante la precipitación del Gobierno.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, hoy está en Uruguay, participando de un encuentro de Ministerios Públicos de Mercosur. En la semana expresó que todo es parte de una investigación y que hay que dejar que la indagatoria siga su curso. Cercanos a la autoridad, dicen que está Valencia está llano a reunirse con autoridades de La Moneda, en caso que se le requiera una audiencia.
Como sea, a la interna insisten en que no es posible acceder a la denuncia de la manera en que lo relató Schürmann, y se presume que algo de ello puede estar relacionado con el hecho que el jurista haya claudicado en su rol como abogado del Presidente, y luego haya sido remplazado por Valenzuela. (Emol)
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó esta mañana que la tasa de desempleo en Chile se ubicó en 8,6% durante el período agosto-octubre de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), acumulando tres trimestres consecutivos con la tasa sobre 8,5%.
De todas formas, la cifra significó un descenso de 0,3 pp. en doce meses, debido a que el alza de la fuerza de trabajo (1,8%) fue menor a la presentada por las personas ocupadas (2,2%). Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron 1,7%, incididas únicamente por quienes se encontraban cesantes (-2,4%).
Respecto al mismo periodo del año anterior, las tasas de participación y de ocupación se situaron en 61,6% y 56,3%, creciendo 0,5 pp. y 0,7 pp., respectivamente. En ese sentido, en un año, se crearon 195.995 nuevos puestos de trabajo, pero de esos 54.202 son informales, es decir, el 27,6% del total de los nuevos puestos de trabajo fueron informales.
La tasa de informalidad volvió a subir, pero levemente durante el trimestre agosto-octubre. Se ubicó en 27,1%, con un alza de 0,1 pp. en un año. Las personas ocupadas informales aumentaron 2,2%, incididas tanto por los hombres (2,9%) como por las mujeres (1,4%); y según sector económico, principalmente, debido a construcción (6,5%) y enseñanza (18,3%), mientras que por categoría ocupacional incidieron asalariadas privadas (5,1%) y trabajadoras por cuenta propia (2,4%).
En tanto, la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 0,5%, influida por personas inactivas habituales (-1,4%) e iniciadoras (-26,2%)
REGIÓN METROPOLITANA
En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación del trimestre agosto – octubre de 2024, alcanzó un 8,9%, con un descenso de 0,9 pp. en doce meses. En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció 1,4%, incidida, según sector económico, por enseñanza (9,5%), comunicaciones (22,3%) y actividades de salud (7,3%).
POR SEXO
En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,3%, aumentando 0,2 pp. en el período, a raíz del ascenso de 1,8% en la fuerza de trabajo, mayor al alza de las ocupadas 1,7%. Las desocupadas crecieron 3,2%; mientras que las tasas de participación y ocupación se situaron en 52,3% y 47,5%, incrementándose 0,4 pp., en ambos casos.
Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo, por su parte, descendieron 0,1%. En los hombres, la tasa de desocupación fue 8,1%, disminuyendo 0,6 pp. en doce meses, a raíz del incremento de 1,8% de la fuerza de trabajo, menor al 2,5% registrado por los hombres ocupados. Los desocupados, en tanto, descendieron 5,6%.
La tasa de participación llegó a 71,3% y la tasa de ocupación se situó en 65,5%, con variaciones de 0,6 pp. y 1 pp., respectivamente. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo se redujeron 1,2%.
ALZA DE PERSONAS OCUPADAS
En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas experimentó un alza de 2,2%, incidida tanto por los hombres (2,5%) como por las mujeres (1,7%). Los sectores que contribuyeron al aumento de la población ocupada fueron enseñanza (3,9%), actividades de salud (4,1%), comunicaciones (14,5%) y construcción (2,3%); mientras que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas formales (3,5%) y personas asalariadas informales (3%).
INFORMALIDAD
La tasa de ocupación informal se ubicó en 27,1%, con un alza de 0,1 pp. en un año. Las personas ocupadas informales aumentaron 2,2%, incididas tanto por los hombres (2,9%) como por las mujeres (1,4%); y según sector económico, principalmente, debido a construcción (6,5%) y enseñanza (18,3%), mientras que por categoría ocupacional incidieron asalariadas privadas (5,1%) y trabajadoras por cuenta propia (2,4%).
ESTACIONALIDAD
La tasa de desocupación ajustada estacionalmente (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural) se situó en 8,5%, disminuyendo 0,1 pp. con respecto al trimestre móvil anterior.
HORAS DE TRABAJO
En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, descendió 0,2%; mientras el promedio de horas trabajadas decreció 2,3%, llegando a 36,3 horas. Según sexo, el promedio de horas para los hombres fue 38,5 y para las mujeres, 33,3 horas. La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó 16,7%, sin mostrar variación en doce meses. En los hombres se situó en 14,4% y en las mujeres, en 19,5%. La brecha de género fue 5,1 pp. (Emol)
El Juzgado de Garantía de Antofagasta comenzará la audiencia a las 8:30 y en ella se determinará el cierre o continuación de la investigación de la arista Democracia Viva del Caso Convenios.
La indagatoria, conducida por el fiscal Cristián Aguilar, lleva casi un año y cinco meses en curso y mantiene con principales imputados aCarlos Contreras, exseremi de Vivienda de la región, Daniel Andrade, exrepresentante legal de la fundación, y la concejala Paz Fuica, quienes están imputados por traspaso irregular de fondos públicos desde el Gobierno Regional a la disuelta fundación.
En este marco es que la defensa de Andrade, los abogados José Figueroa y Diego Sporman solicitaron una cautela de garantías a su favor: buscan que el tribunal ordene al Ministerio Público copiarles el informe policial (sobre el cual se decretó el secreto) del vaciado del celular de Andrade, el que fue entregado voluntariamente.
Argumenta la defensa que dicho informe contendría información sobre actuaciones en la que participó voluntariamente el imputado. “El secreto no puede decretarse sobre actuaciones en que el imputado haya intervenido directamente, como es el caso del vaciado de su celular”, acusó su defensa en el texto ingresado.
La negativa a entregarles dicho informe, acusan los abogados, “lesiona gravemente el derecho de defensa de nuestro representado“.
PERICIAS DE FISCALÍA
En línea paralela el exseremi de Atacama acusó que “se ha omitido información e ignorado pruebas en lo que parece un blindaje hacia ciertas personas, tanto a nivel regional como a nivel nacional“.
La Tercera publicó una carta escrita por el imputado (actualmente en prisión preventiva), en donde acusó a Fiscalía de no buscar con verdadero brío el informe que señaló haber entregado a Tatiana Rojas, exsubsecretaria de Vivienda, a autoridades de La Moneda, y que no se ha despejado sobre si ella advirtió de irregularidades al jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi.
Asimismo, el imputado señaló que no se ha probado el tráfico de influencias en que habrían incurrido, ni tampoco el vínculo irregular con la diputada Catalina Pérez (expareja de Andrade, y hasta la semana pasada militante del Frente Amplio): “el fiscal no ha logrado establecer la supuesta implicancia de Catalina Pérez, y a cambio está sumando fraudes inexistentes”.
“La responsabilidad administrativa respecto de requisitos y condiciones contractuales me la atribuyen a mí con una intención dolosa que sirve para configurar el fraude, haciendo caso omiso a los informes de Contraloría que expresan claramente que acá había criterios nacionales del programa de Asentamientos Precarios y pareciera que hubiese blindaje sobre esos funcionarios”, señala también en la misiva, en la que agrega que las fundaciones hicieron las rendiciones que correspondían mientras se mantuvo en su cargo.
Andrés Bustos, su abogado, confirmó el punto de que no estaba en manos de Contreras la elección de las fundaciones con las que se realizaban los convenios. “A las Seremis de Vivienda les compete la celebración de convenios para materializar las transferencias a las entidades que ya han sido asignadas por el secretario ejecutivo del Programa de Campamentos y los directores de los Serviu regionales”, explicó.
“No es posible para el seremi celebrar estos convenios sin la autorización e intervención de los organismos responsables establecidos para cada etapa, es decir, el director de Serviu regional, el equipo técnico de Serviu regional, la comisión multidisciplinaria del nivel central, y el secretario ejecutivo del Programa Campamentos, quienes conforme a sus potestades autorizan las propuestas iniciales de inversión”.
JUZGADO AMPLÍA INVESTIGACIÓN
El Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió este viernes la solicitud de Fiscalía y ordenó ampliar por 45 días la investigación del caso convenios, que agrupa las causas de las fundaciones Democracia Viva, Fibra, Superación de la Pobreza (Fusupo) y TomArte, en las cuales se encuentra formalizado el exseremi Carlos Contreras.
La decisión del tribunal se dio en el marco de la audiencia de cierre de dicha indagatoria, por lo que su conclusión quedó programada para el 21 de enero de 2025 a las 08:30 de la mañana, instancia en que también se va a reformalizar a todos los imputados.
El tribunal también rechazó la cautela de garantía que solicitó la defensa de Daniel Andrade respecto a lo referido sobre el vaciado de teléfonos y también a la revisión de otras conversaciones existentes en dicho aparato, las que podrían involucrar a otras personas.
El abogado querellante en la causa, Pablo Toloza, manifestó que «nos parecía absolutamente pertinente que se aumentara el plazo de investigación por 45 días. Hay diligencias que fueron solicitadas tanto por el Consejo de defensa del Estado, esta parte querellante y las defensas, por tanto, era procedente este aumento 45 días, sobre todo respecto a algunas diligencias de vaciados de teléfonos celulares».
«En relación a la cautela de garantía solicitada por la parte querellada de Daniel Andrade, el tribunal rechazó esta petición,creemos que es acertada, toda vez que se refiere a el vaciado del teléfono y las conversaciones existentes en dicho aparato, las cuales podrían involucrar, como tuvimos conocimiento hace un par de días a la actual diputada Catalina Pérez. Por tanto, estimamos que era procedente que se mantuviera el secreto respecto de esa diligencia», complementó el jurista.
Por su parte, la concejala imputada en la arista Democracia Viva, Paz Fuica, señaló que «siempre hemos dicho que dejemos que las instituciones operen, que confiamos en las actuaciones de las instituciones. Como siempre he dicho, es lamentable. Nuestra defensa se ha opuesto, en reiteradas veces, a la ampliación de plazo, teniendo entendido que las diligencias pendientes no son sobre mi persona, sino son sobre el otro imputado y espero que esto se resuelva pronto».
«Quiero retomar mi vida, mis actividades y, la verdad, poder esclarecer estos hechos, porque son imputaciones graves. Yo reitero mi convicción absoluta y que no participé en ningún delito, no me concerté con nadie. Espero que eso podamos demostrarlo pronto en la instancia que corresponde. Mientras esté en investigación y no hay una acusación, soy inocente», agregó. (El Mostrador-La Tercera-Cooperativa)
