A las 10.00 de hoy está contemplado que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se reúna con el fiscal nacional, Jorge Abbott, para abordar un posible protocolo para una idea que ayer fue planteada por el secretario de Estado:instalar trabajos voluntarios para quienes sean detenidos en medio de fiestas clandestinas.
La iniciativa generó diversas reacciones. Por ejemplo, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, valoró el planteamiento de Delgado: “Nos parece que es una medida interesante. Que los jóvenes que hoy día están participando en estas fiestas clandestinas tengan la oportunidad de empatizar con las situaciones sanitarias que estamos viendo en nuestro país”.
Sin embargo, también tuvo críticas. Jaime Couso, profesor de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, indicó que no le parecía una buena idea: “Si bien es deseable que el sistema penal ofrezca sanciones alternativas a la cárcel, y los servicios en beneficio de la comunidad son, en general, una buena opción en ese contexto, definir que esos servicios precisamente deban cumplirse con pacientes Covid puede tener varias consecuencias indeseadas”.
Hoy Delgado, al ser consultado, volvió a referirse a esto: “Lo que he propuesto y lo que estamos trabajando es algo que ya está en el Código Penal. El Código Penal permite estas penas sustitutivas. El tema es que no está el plan ni el protocolo para poder llevarlo a cabo. Lo que estamos trabajando y para eso nos vamos a reunir con el fiscal nacional a las 10 de la mañana es poder bajar esto a un plan específico, para que las personas que son sorprendidas en fiestas clandestinas tengan la opción, porque así lo dice la ley, por eso es el carácter de voluntario, de poder sustituir el pago por un trabajo voluntario”.
En esa línea, entregó algunas ideas de cuáles podrían ser estas labores: “Los trabajos que se pueden realizar van a ser complementarios, incluso en zonas donde pueden haber pacientes Covid. Por ejemplo, residencias sanitarias, perímetros de limpieza, asistencias a familiares o limpieza de lugares en donde podamos evitar que los contagios fluyan. Por ejemplo, ser parte de cuadrillas sanitarias. Lo trabajos pueden ser múltiples, pero no vamos a exponer a nadie a un contagio ni poner en riesgo, más allá de que en una fiesta clandestina se están poniendo en riesgo ellos”.
“En ningún caso se va a poner en riesgo la salud de las personas por muy infractoras que sean”, agregó.
Por otro lado, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, al ser consultado por esto en una entrevista en radio Universo, se mostró favorable a la idea. “Los jóvenes debiesen ser los primeros en tener absoluta consciencia en los efectos que tienen sus comportamientos. Todo lo que el país espera es que salgamos de esto (la pandemia) lo antes posible y de la mejor manera posible. Estas fiestas clandestinas son absolutamente condenables. Creo que es una buena idea, me parece positivo buscar distintos mecanismos que permitan enrielar ciertas conductas y comprometer a los jóvenes”. (La Tercera)
Uno de los debates que ha generado más tensión en la derecha durante esta segunda administración del Presidente, Sebastián Piñera, ha sido la discusión sobre hacia dónde debía apuntar el sector en una serie de hitos que han cambiado el escenario político: el estallido social, el acuerdo por la paz, el retiro del 10% de fondos de las AFP y ubicarse en la vereda del Apruebo o Rechazo a una nueva Constitución en el plebiscito del 25 de octubre. Todas, definiciones que no solo implicaron una coyuntura puntual, sino que también dejaron en evidencia que en Chile Vamos conviven –de manera muy tensa– varias derechas, varias visiones, desde la social hasta la más conservadora, de lo que debe ser el sector a futuro.
Una pugna que está reflejada en las distintas candidaturas presidenciales de Chile Vamos, pese a que, como parte de su estrategia, hoy todos sin excepción miran hacia el centro. Algo que para el antropólogo social y analista del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Pablo Ortúzar, “tiene que ver con el desfonde del discurso Chicago-gremialista, debido a su poca renovación intelectual y a su captura oligárquica. Hoy las ideas más elaboradas y más sintonizadas con la realidad chilena no están a ese lado de la cancha. ¿Quién se imaginaba al presidente de la Sofofa planteando un ingreso universal garantizado en Enade?”.
-¿Qué es lo que realmente se está jugando la derecha en esta carrera presidencial?
-Esa es siempre una buena pregunta. En política el triunfo más sustantivo no es hacer lo que uno quiere desde el Gobierno, sino que tus adversarios lo hagan. La gran pregunta para la derecha es cuáles son esas ideas, esa visión de futuro. Eso es lo que está realmente en juego. Es un momento ideológicamente crítico para el sector.
-¿Qué reflejan las distintas candidaturas presidenciales de la derecha? ¿Una pugna de poder? ¿Cuál sería?
-Las últimas elecciones se ganaron con eslóganes de la derecha social, pero se gobernó con el Chicago-gremialismo de siempre. Hoy ellos están más malheridos que nunca, pero la pregunta es si la derecha social tiene realmente un programa sustentable de transformación social o no. Y en mi opinión, eso depende de alianzas pragmáticas entre los distintos sectores con agendas sociales fuertes, pero que discrepan en otros ámbitos.
-Dado que Sebastián Sichel es un «cercano» y «favorito» del Presidente Piñera, ¿Qué papel crees que está jugando el Mandatario en la carrera presidencial de Chile Vamos?
-Creo que bastante poco. El piñerismo hace rato apagó las luces. Obviamente hay un margen de influencia directa, porque sigue en el Gobierno, pero es un sector golpeadísimo. Merecidamente.
-¿Por qué crees que Sichel incomoda tanto en el sector? ¿Por ser independiente? ¿El tipo de gente que está detrás de él?
-No veo que incomode a nadie, realmente. De hecho, a muchos nos parece un gran aporte. Otra cosa es que no lo reciban con aplausos, alfombra roja, ostras y champaña. Los liberales, a los que les gusta tanto el mérito, tienen que acostumbrarse a competir. Y en política eso incluye, incluso dentro del propio pacto, dar y recibir algunos golpes. La política, en cierto plano, es un deporte de contacto. Otra cosa es enojarse por golpes debajo de la cintura o maleteros, que está bien. Pero la lucha honesta en la interna es clave para llegar fuerte a cualquier elección. Tanto Sichel como Sylvia Eyzaguirre deberían tenerlo claro. Blumel también: nunca debió decir que en política hay que tragarse sapos. Se tragan no más. De eso se trata. Y se da la pelea hasta el final. Quizás la única y mayor virtud política del Presidente Piñera está en ese plano, recibir golpes, nunca quejarse, no guardar rencor e insistir hasta ganar.
-Hay quienes creen que lo de Sichel es más una apuesta para ganar musculatura política y apostar luego por llegar al Senado. ¿Tiene posibilidades reales de ganar una primaria, donde todos los demás tienen a sus partidos de respaldo?
-Obviamente la tiene difícil. Pero, incluso si no gana acumula tonelaje político, influye eventualmente con ideas y queda bien posicionado para la ronda siguiente. La carrera presidencial, en muchos casos, dura décadas.
-¿Cuál de los candidatos que hay crees tú que le hace más sentido al electorado tradicional de la derecha?
-No es obvio. Depende del diagnóstico que se instale. Algunos en la derecha creen que el problema del Gobierno actual fue no ser “más de derecha”. Otros creemos que no, que el problema fue enfrentar un escenario muy transformado con la misma caja de herramientas de siempre. Hoy el campo ideológico y del diagnóstico está muy abierto. Por lo mismo, las ideas y la claridad de diagnóstico sociopolítico jugarán un rol central en las elecciones.
-¿Queda espacio aún para pensar que alguno puede mejor perfilarse, dependiendo del resultado de la elección de los constituyentes?
-Ciertamente el perfil de los constituyentes que ganen resultará una buena aproximación al tipo de candidatura presidencial que conformará la derecha. Y yo creo, honestamente, que será un perfil más del Apruebo que del Rechazo. La derecha que a mí me gustaría que ganara se relaciona a candidatos con el perfil de Tomás Mandiola (distrito 24), Alejandro Fernández (13), José Luis Ossa (26) o Magdalena Barriga (16).
-¿Cuál es el peor escenario para Piñera o quién es el candidato que menos le convendría que lidere la carrera de Chile Vamos?
-El peor escenario para el Presidente es no llegar a entregar la banda presidencial a quien sea y retirarse tranquilo de una vez a descansar un poco. En verdad, lo que pase en la presidencial será más a pesar de su Gobierno que gracias a él. No saldrá de La Moneda como un jugador político relevante. Aunque, claro, en política nada está escrito en piedra. (Por Hernàn Leighton. El Mostrador)
Entre los miles de candidatos a convencionales los peores son quienes dicen que ojalá la futura carta constitucional recoja sueños, despierte la emoción de quienes la lean y sea un ámbito en el que todos, sin exclusión, se vean reconocidos.
Son lo que pudiera llamarse convencionales naif.
Si la constitución satisficiera los ocultos anhelos de las personas, los conmoviera y les brindara reconocimiento a todos, sería una buena pieza literaria, pero estaría lejos de ser una buena constitución. Porque lo que una constitución está llamada a hacer es a establecer las bases de la convivencia y del proceso político.
Basta reflexionar sobre esta sencilla fórmula -establecer las bases de la convivencia- para advertir la entidad del problema, los desafíos que plantea y la necesidad de moderar las expectativas a su respecto.
Convivir o coexistir unos individuos con otros es de las cosas más complicadas del mundo. Del hecho que los seres humanos estén condenados a vivir en sociedad no se sigue, en modo alguno, que sea fácil hacerlo, menos en condiciones modernas.
Los individuos suelen estar divididos en torno a los fines de la vida y los límites últimos de la realidad y cada uno tiene la tendencia a erigir su propia subjetividad como el criterio último de validez de las propias pretensiones (en «A puerta cerrada», Sartre hace decir a uno de sus personajes que “el infierno son los otros”: la frase podría inscribirse en la puerta del Palacio Pereira. Y Kant sugiere redactar instituciones para “un pueblo de demonios”).
Establecer las bases de la convivencia, que es el primer propósito de un texto constitucional, consiste entonces en establecer límites a lo que cada sujeto puede, legítimamente, aspirar o anhelar de los demás. La constitución debe ser la casa de todos; pero a condición de que al entrar a ella cada uno, además de limpiarse los pies, deje en el lado de afuera su personalidad más íntima. Y es que regular la convivencia no consiste en hacer lo que las personas quieren, sino poner límites a lo que puedan querer.
Un ejemplo permite aclararlo.
Por estos días se ha comenzado a discutir si acaso habrá o no de permitirse el aborto. Lo que allí se discute (y el diálogo constitucional no escapará de esto) es si la auto comprensión de las mujeres como soberanas de su cuerpo o si, en cambio, la idea de la vida humana como un evento incondicional desde la concepción, habrá de primar. Como es obvio, no será posible satisfacer allí ni todos los anhelos, ni brindar reconocimiento a todos los puntos de vista. Y lo que se dice del aborto vale también para la educación (¿será la familia o el estado la máxima autoridad educativa?); para el agua (¿todos la podrán usar o habrá derechos excluyentes?); para las pensiones (¿atenderán predominantemente al esfuerzo de ahorro o a las necesidades de la vejez? ); la propiedad (¿será irrestricta o podrá privarse a alguien de ella sin sustituir su valor?) y así.
La constitución entonces no satisfará los anhelos. Inevitablemente los moderará.
Y para eso es fundamental que en vez de emocionar a quienes la lean, incendie su racionalidad.
Es verdad que los seres humanos no son solo racionalidad y que en ellos se atesora una reserva de emociones; pero también es cierto que lo que los seres humanos tienen en común es su racionalidad. Ella les permite dialogar, ponerse de acuerdo, atender los argumentos que parecen buenos y desechar los malos.
Las emociones, en cambio, arriesgan el peligro, al menos en política (porque de eso se trata ¿verdad?) de exacerbar los ánimos, rasgar la delgada capa de civilidad y alcoholizar a las personas con una sensación de omnipotencia. Es cierto que las emociones nos constituyen; pero no hay convivencia política posible que se pueda erigir sobre ellas.
Cuando ello se intenta o llega a ocurrir el individuo es manipulado, sus facultades de escrutinio quedan reducidas al mínimo y emboscado en la masa (cuya amalgama son las emociones) suele hacer cosas o llevar adelante conductas que en los momentos de sosiego lo avergonzarían. Por eso la escritura de una constitución debe ser una rebelión contra las emociones, no una manera de servirlas.
Hay pues que rechazar el constitucionalismo naif que inunda a tantos.
Alguna vez Carlos Fuentes expresó su deseo que los latinoamericanos pusieran su imaginación política a la altura de su imaginación verbal. En lo que a Chile respecta hay que corregirlo: ojalá la imaginación verbal no contamine a la racionalidad política.
Asomaba como opción, pero finalmente se concretó. Los controladores de Nuevo Pudahuel, integrado por los franceses Aeroports de Paris, con un 45% de la propiedad; Vinci Airports, con 40%, y la italiana Astaldi, con 15%, se verán las caras con el Estado chileno ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). Los principales accionistas del consorcio que en 2015 se adjudicó por 20 años la concesión del aeropuerto de Santiago, Arturo Merino Benítez (AMB), comunicaron la intención de iniciar un reclamo bajo el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Francia sobre la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones.
Nuevo Pudahuel había solicitado al Ministerio de Obras Públicas (MOP) extender el plazo del contrato de concesión producto de la pandemia, que en 2020 les generó pérdidas netas por US$37 millones, en un escenario donde además, dicen, Chile perdió a diciembre del año pasado 19 rutas y 630 frecuencias semanales, hoy sólo operan 173. Pero el MOP se cerró a cambios en el contrato, argumentando que se debían respetar los términos firmados y resguardar los intereses del Estado. Esto activó un conflicto -incluso los controladores franceses informaron de la situación al Canciller Andrés Allamand, por tratarse de una inversión extranjera- que ahora escala a un arbitraje internacional. Esto, pese a que Ministerio de Obras Públicas, liderado por Alfredo Moreno, conformó una mesa de trabajo, pero que de acuerdo a la concesionaria sólo se han tratado temas operativos, pero nunca para buscar soluciones al desequilibrio económico.}
El CEO de Groupe Aeroports de Paris Internacional, Fernando Echegaray, relata a Pulso las razones que los lleva a recurrir al Ciadi. Dice que la autoridad rechazó sus solicitudes en cuanto a dar una solución a la situación planteada, como el riesgo de que la concesión deje de ser viable y el grave impacto económico para la sociedad concesionaria, y restablecer el equilibrio económico financiero de la concesión.
¿Qué acciones piensan tomar como controladores del aeropuerto?
Las acciones comenzaron a principios de 2020, cuando alertamos al Estado chileno de las negativas consecuencias que tendrían la pandemia y las medidas sanitarias que han debido aplicar las autoridades para con la conectividad del país. Lamentablemente, la autoridad rechazó nuestras solicitudes en cuanto a dar una solución a la situación planteada y restablecer el equilibrio económico financiero de la concesión, lo que nos ha obligado a comunicar al Presidente de la República la intención de Groupe ADP y Vinci Airports de acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) a fin de iniciar un reclamo bajo el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Francia sobre la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones. En este contexto, Groupe ADP y Vinci Airports han dado inicio a los 6 meses de negociación amigable que impone dicho Convenio previamente a iniciar el reclamo arbitral.
¿Por qué finalmente toman la decisión de recurrir al Ciadi? ¿bajo qué argumentos?
Operamos más de 70 aeropuertos en el mundo y sus Estados han comprendido que esta crisis y sus consecuencias no tienen predentes. En el caso de Austria, Bélgica, Japón, Brasil, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumania, Rusia y España ya han, proactivamente, trabajado con sus aeropuertos para restablecer el equilibrio económico de los contratos y garantizar la viabilidad de las concesiones, de forma que, cuando se supere la pandemia, sus concesionarios trabajen activamente en recuperar la conectividad y mantener los bajos precios que han permitido democratizar los cielos.
Los efectos de la pandemia y la negativa del Estado en restablecer el equilibrio económico-financiero de la concesión, sin embargo, han causado estragos inesperados que no solo no permitirán mayores inversiones, sino que ponen en riesgo la operación del aeropuerto. Es nuestro parecer que Chile no ha cumplido con sus obligaciones de protección de la inversión extranjera bajo el convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Francia sobre la promoción y protección recíprocas de inversiones.
¿Qué posibilidades ven ustedes de que les vaya bien?
No vemos esta disputa como ganancia o pérdida, esperamos que ambos aliados salgan fortalecidos y el servicio público brindado a los pasajeros, protegido. Creemos que el derecho, un sentido elemental de justicia e incluso el verdadero interés de los chilenos, están a nuestro favor.
¿Qué posibilidad real existe de que la concesionaria se declare en insolvencia? ¿Se están preparando para esa posibilidad?
Es una posibilidad real, sin duda, por eso estamos acudiendo a todas las instancias posibles para llegar a un acuerdo amistoso con el Estado de Chile, y por eso llevamos 10 meses explicando en detalle al Ministerio de Obras Públicas las graves consecuencias que esto implicará para el transporte aéreo, la economía y la conectividad del país.
La quiebra de una concesión y, más aún, del aeropuerto más importante de Chile, nunca ha sucedido. El proceso sería lamentable y de una duración de años, provocando profundos daños al país, a los usuarios y a los inversionistas.
Como controladores de la concesionaria, ¿Planean inyectar recursos para salvar la concesión y para terminar con las obras que aún están pendientes?
Hemos comenzado la inyección de US$61 millones, adicionales a la inversión de US$1.000 millones de la obra, para cumplir nuestro acuerdo financiero, entregar un nuevo terminal internacional a Chile, y evitar una quiebra. Sin embargo, sin intervención externa, al 2022 Nuevo Pudahuel no podrá cumplir sus compromisos financieros.
¿A cuánto ascienden los perjuicios económicos que les ha dejado la pandemia hasta ahora?
Sólo en 2020 hemos perdido US$37 millones, que aumentará exponencialmente en el futuro, pero lo grave es que, de no llegar a una resolución de la disputa con el Estado de Chile, según nuestras estimaciones actuales el país dejará de recibir a 220 millones de pasajeros. Es por esto que nos asombra la posición del MOP que prefiere judicializar esta crisis, con todas las consecuencias que ello conlleva: un largo juicio, postergación de inversiones, y grandes costos para ambas partes.
A la oferta que presentó Nueva Pudahuel en la licitación se la ha calificado de temeraria, ¿se arrepienten?
Es fundamental desmitificar esto. Quienes la definen de temeraria se equivocan. Los ingresos y las utilidades de los 5 primeros años demuestran que no nos equivocamos en nuestro modelo. Sin embargo, el riesgo de la pandemia no es un riesgo del concesionario. De ser así, ningún aeropuerto en el mundo habría sido concesionado, porque considerando ese riesgo ningún modelo habría resistido la crisis que se está produciendo, independiente de la oferta o compartición que se hubiese ofrecido.
¿Qué les parece la posición que ha tomado el ministro de Obras Pública, Alfredo Moreno, y la respuesta que les ha dado respecto a que se debe respetar el contrato firmado y resguardar los intereses del Estado?
La respuesta del Ministro Moreno sugiere que para el MOP lo más importante no es la finalidad misma del contrato, que es el cuidado y desarrollo de una infraestructura esencial para el país, proteger la conectividad, la inversión extranjera, el mantener e incrementar la democratización de los cielos y la diversidad de operadores, sino que el tecnicismo. El contrato de concesión requiere como principio el mantenimiento del equilibrio y recalcar que el contrato no asigna el riesgo de la pandemia al concesionario como pretende el Estado. En realidad, la posición del MOP no resguarda, el que a nuestro juicio es el real interés del país; por el contrario, congela y hace retroceder todos los avances que habíamos realizado.
¿A qué atribuyen la respuesta que les ha dado el ministro Alfredo Moreno, respecto de que vayan a tribunales si es el caso?
Nosotros preferimos no suponer intenciones, esa pregunta tendría que responderla el MOP, pero debiera considerar que estamos hablando del principal aeropuerto del país, de carga, de turistas y de personas que invierten en Chile. Los costos de un juicio, la energía que requiere y recursos, debieran ser utilizados para avanzar como socios estratégicos. Pensar que esto se resuelve re-licitando es no tomar en consideración el costo país que este escenario conlleva, incluyendo respecto del mensaje que se envía a los inversores extranjeros que quieren invertir en el país. Por lo demás, los inversionistas en la negociaciones no estamos pidiendo dinero, sino que tiempo para reconstruir lo que la pandemia destruyó, con evidente beneficio económico también para el Estado, pero el Ministerio de Obras Públicas no sólo no nos está dando esa posibilidad, sino que nos dice, “gracias por invertir, hicieron un mal negocio por la pandemia y será lamentable que no obtendrán el retorno de su inversión”.
¿Cómo ha sido la acogida en otros países en los que ustedes operan?
Ha sido proactiva por los mismos Estados con los que trabajamos. En Japón, Orlando (EE.UU.), Dublín (Irlanda) y Salvador de Bahía (Brasil) ya se han encontrado soluciones para restablecer el equilibrio de las concesiones, que van desde inyección de capital directo o indirecto, mientras que en otros se han extendido los tiempos de concesión u otros acuerdos.
¿Cuántos años de extensión de contrato calculan ustedes que son necesarios?
Ni siquiera hemos tenido la oportunidad de conversarlo con la autoridad de Obras Públicas, porque ha rechazado cualquier posibilidad de reequilibrar la economía de la concesión. Estamos siendo ignorados por el Estado de Chile, luego de haber invertido US$1.000 millones y de ser buenos aliados, cuando en los primeros 5 años aportamos a las arcas fiscales más de US$1.050 millones. Hemos sido buenos socios y hemos construido de acuerdo a lo comprometido, y continuamos haciéndolo incluso durante la pandemia, con costos superiores a los originales para salvaguardar los 3.800 empleos creados por la obra.
El MOP ha dicho que la continuidad del terminal no está amenazada, porque si el concesionario no puede seguir, se tendrá que reemplazar por otro ¿Ustedes comparten esa declaración? ¿Estará listo el nuevo terminal este año?
No estamos de acuerdo. Como accionistas de Nuevo Pudahuel somos socios estratégicos del Estado de Chile. Es equivocado e injusto decir que el concesionario sólo construye, es ignorar una parte esencial del trabajo que hemos realizado en Chile y en el mundo. Reemplazar al concesionario con otro operador tomará tiempo, no es un proceso que ocurra de un día para otro, tomará años y no desliga al Estado de sus obligaciones para con Groupe ADP y Vinci Airports. Y ese tiempo, en vez de trabajarlo en conjunto para promover Chile y recuperar lo perdido, lo usaremos en litigios que tendrán altos costos, tanto para el país como para los inversionistas. Si ese es el camino a seguir, lo haremos, pero creemos que hay mejores formas de resolver un conflicto que pagarán todos los usuarios. (Pulso)
Tras la convicción de que la pandemia duraría más de lo previsto, se llegó a un marco de entendimiento para enfrentar la emergencia y reactivar la economía. Las previsiones quedaron estrechas. Es necesario ajustar esas medidas.
Para ello, en primer término, es prioritario evaluar. Debe transparentarse el real impacto de lo realizado. El promedio por hogar del IFE es bajo. El 10% terminó siendo fundamental. El apoyo a las pymes se demostró poco realista. La inversión pública estuvo muy por debajo de lo esperable. No está claro lo ocurrido globalmente con las finanzas públicas.
Con miras a una revisión, debemos unificar y automatizar las ayudas a las familias. Tener diversos programas es una complicación innecesaria. En materia de empresas, no encontramos autocrítica ni voluntad de revisión. No basta con un Fogape 2.0.
Hay mypes (micro y pequeñas empresas) que no resisten más pasivos y necesitan subsidios directos. El plan de apoyo al empleo no está dando los frutos esperados ni los dará, en tanto la incertidumbre permanezca.
El marco de entendimiento contemplaba una preocupación real por el cambio climático y las nuevas energías. El Gobierno no ha honrado los compromisos al respecto, ni en el presupuesto 2021 ni en la opaca adjudicación del Instituto de Energías Limpias. La energía solar, el hidrógeno verde, la movilidad eléctrica, entre otros temas, junto con un potente plan de obras públicas, pueden mejorar nuestro camino de salida.
Adicionalmente, es importante darles estabilidad y coherencia a las medidas sanitarias. Se requiere flexibilidad, para ajustar los objetivos a las condiciones, pero también un grado de objetividad y certeza, concordante con el nivel de riesgo que vemos en Europa.
Respecto del financiamiento, la vía fundamental debería ser la revisión de franquicias y, muy especialmente, combatir decididamente la elusión y la evasión. Urge mejorar la fiscalización, permitiendo el acceso a los saldos de las cuentas bancarias. (El Mostrador)
El desarrollo integral del país requiere como condición necesaria, aunque ciertamente no suficiente, la creación de valor. Solo así el Estado contará con los recursos requeridos para enfrentar el simultáneo desafío de otorgar derechos ciudadanos, atender las necesidades de los más vulnerables y crear bienes públicos que colaboren a satisfacer los proyectos de vida de sus habitantes.
En el siglo XXI la creación de valor se sustenta en el conocimiento. Para ello, es necesario crear conocimiento por medio de la ciencia, aplicarlo mediante la tecnología, generar valor innovando a partir de ambas, e implementar productivamente todo lo anterior con emprendimiento, impulsando un ecosistema que contemple esas actividades mediante una multitud de nodos profusamente interconectados.
Los esfuerzos que el Estado haga para promover ese ecosistema, aportando recursos al desarrollo científico-tecnológico e incentivando la innovación y el emprendimiento, apoyan y estimulan al sector privado a “empaquetar” ese conocimiento produciendo bienes y servicios crecientemente más sofisticados y valiosos. Como resultado de ello, se profundiza la base tecnológica del aparato productivo privado, el que comienza a requerir más conocimiento para introducir más innovaciones que generen más valor, en un proceso que se autoalimenta. Así, la conexión público-privada se hace más estrecha y se transforma en virtuosa.
En los países desarrollados es el sector privado el que aporta la mayor parte de los recursos invertidos en investigación y desarrollo; en cambio, en el nuestro es al revés. Las relaciones entre el sector público y el privado en estas materias son aún incipientes y queda todavía un amplio espacio para crecer y profundizarlas. Ello requiere expandir los ámbitos de cooperación público-privada y, simultáneamente, reducir los espacios de desconfianza que aún subsisten.
El reciente convenio de colaboración celebrado entre la ANID (Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo) y la Fundación Angloamerican es un interesante esfuerzo en esa dirección. Se generó a partir de la valiosa convocatoria hecha por la Fundación Encuentros de Futuro (organizadora del Congreso del Futuro) y Angloamerican a investigadores en ciencias naturales y sociales para identificar brechas de conocimiento en los ecosistemas de montaña y el impacto del cambio climático en ellos. De esa búsqueda temática surgió la necesidad de profundizar el conocimiento en Agua y Glaciares, Resiliencia frente a Eventos Naturales, Conservación de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, y Clima.
Ello dio lugar a un posterior memorándum de entendimiento entre la ANID y la Fundación Angloamerican. Ambas aportarían 3,5 millones de dólares a un fondo operado por ANID, y en el que se establece expresamente que “ANID tendrá total potestad” sobre dichos fondos, y que la Fundación donante “no podrá participar en los procesos de elaboración de bases, postulación, evaluación o seguimiento de los proyectos que se adjudiquen”.
A pesar de esa explícita redacción, la desconfianza aludida llevó a los científicos convocados a restarse de firmar las conclusiones de la convocatoria inicial y, posteriormente, a la Comisión de Medio Ambiente del Senado a manifestar cuestionamientos al Convenio por considerar que subsistían conflictos de interés tras la donación. Ello, a pesar de que las recomendaciones de la OCDE y la experiencia internacional apoyan el que las empresas aporten a la investigación y formación de conocimiento público en materias de su incumbencia, porque, de esa manera, el sector productivo en el que están insertas y el país como un todo se benefician de un conocimiento que pasa a ser un bien público. Naturalmente, esas investigaciones deben ser hechas evitando los conflictos de interés, que es lo que ANID buscó en el mencionado memorándum.
Para que el país se incorpore a la sociedad del conocimiento es indispensable que esa desconfianza se corrija. Ello requiere de protocolos adecuados y de conductas consecuentes de los actores públicos y privados que tengan consistencia en el tiempo. Este convenio fue un esfuerzo diseñado en esa dirección, aunque siempre pueda ser perfectible. Si el esquema de confrontación basado en la desconfianza continúa, se desincentivará al sector privado a que aporte más al desarrollo de la ciencia. En ese caso, la oportunidad de impulsar la cooperación público-privada en investigación sufrirá un nuevo retroceso, retrasando aún más la incorporación del país a la sociedad del conocimiento y, como consecuencia de ello, a su desarrollo. (El Mercurio)
Álvaro Fischer Presidente del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo
«Me honra, me sorprende, pero yo hoy día estoy 100% abocado a ser ministro de Hacienda. El Presidente puede contar conmigo». Así respondió ayer el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a la nominación de Evópoli para que sea la próxima carta presidencial del partido.
Y si bien, por ahora, no ha acogido esta invitación para aventurarse en una carrera hacia La Moneda, tampoco la ha descartado, ni ha deslizado más pistas sobre su futuro político.
Lo cierto es que Evópoli anunciará oficialmente a su carta presidencial el próximo 30 de enero y, en caso de que Briones se apunte para asumir el desafío, debiera abandonar el Ministerio de Hacienda para enfocarse en su campaña, y la idea del partido es que aquello lo concrete a finales de febrero o inicios de marzo.
En ese contexto, si bien economistas valoran el nombre del jefe de la billetera fiscal como una opción presidencial, también coinciden en que sería una baja sensible en estos tiempos, en donde resta poco más de un año para el fin del Gobierno y el país está en medio de un proceso de reactivación económica, en el que Briones lidera un abanico de proyectos clave para el Ejecutivo, por lo que algunas voces advierten que esto podría traer una importante inyección adicional de incertidumbre en los mercados.
«Sin duda que el actual ministro de Hacienda deje su cargo para poder postular a esta carrera política por la presencia inyectaría un porcentaje importante de incertidumbre en los mercados, dado el manejo que ha tenido bastante responsable y creíble», comentó a Emol Francisco Aravena, director del Centro de Economía Aplicada de la U. San Sebastián.
En esa línea, agregó que «la prudencia y la moderación, sobre todo en una época donde muchos personeros públicos fueron víctimas del populismo«, han sido un «sello» que ha tenido el ministro durante su gestión, que inició en 2019 en plena crisis social, cuando entró en reemplazo de Felipe Larraín.
Por eso, subrayó que «sin duda», en caso de que Briones vaya por la presidencia, «con esto los mercados van a reaccionar, quizás no de la mejor manera».
Asimismo, aseguró no es una buena señal «la salida de un ministro de Hacienda en una época tan inestable donde la política fiscal ha sido clave en la recuperación del país, y donde las esperanzas están principalmente en manos del manejo de la política fiscal«.
A la vez, afirmó que «existen nombres» para poder reemplazarlo, «sin embargo, el sello y estilo del ministro Briones es difícil de igualar (…), sus características no han sido comunes en los últimos ministros de Hacienda», sumado a que «la responsabilidad de levantar el país este año es bien grande, por lo que sería un desafío titánico para quien tome las riendas de la política fiscal durante el 2021, si es que el ministro Briones asume este desafío de la carrera presidencial«.
En tanto, la economista de Dominus Capital, Michelle Labbé, tiene una visión distinta sobre la eventual apuesta presidencial de Briones. «Creo que es mucho más importante para el escenario político que para el escenario económico», sostuvo, añadiendo que «para el escenario económico, los fundamentos ya están bastante claros y cualquier nuevo ministro probablemente seguirá los mismos pasos de Briones».
«Creo que Briones ha sido muy buen político negociando con la oposición las medidas económicas, pero los ministros de Hacienda en Chile siguen las órdenes del Presidente, por tanto, a mí juicio, no genera grados de incertidumbre», resaltó.
Además, comentó que «existen muy buenas opciones de nombres para reemplazar al Ministro actual y en ese sentido, el mercado no debería verse afectado. Creo que las variables hoy son políticas y no económicas».
Mientras que el economista y académico de la U. de Chile, Alejandro Alarcón, expuso a este mismo medio que «claramente si se ha calificado al Gobierno de Piñera como un pato cojo, con esto quedaría peor, ya que es el único ministro que le queda que puede articular todavía algunas cosas importantes, por lo que provocaría una interrupción no menor en el transcurso del periodo que le queda como gobernante a Piñera, así que tiene efectos».
«Creo que va a haber una repercusión si sale, por el corto tiempo que queda para que termine el Gobierno, pero al final es el derecho que tiene Briones para decidir», agregó. Por último, manifestó que la posible salida del titular de Hacienda sí provocaría incertidumbre en los mercados, ya que además del corto tiempo que le queda al actual Gobierno, «Briones está tratando de empujar iniciativas muy importantes y, ciertamente, más allá de que haya un reemplazante, hay un liderazgo que ha tomado en diversas situaciones, por lo tanto, creo que será malo y añadiría más incertidumbre«. (Emol)
El 28 de octubre de 2019 será una fecha que Natalia Aravena (26) difícilmente podrá olvidar. Ese día, en el marco de las manifestaciones del estallido social, la joven enfermera se dirigía a una protesta cuando fue golpeada en su globo ocular derecho con una bomba lacrimógena, lo que la llevó a perder completamente la visión de ese ojo.
Aravena relata a EL DÍNAMO que con esta acción que la marcó para siempre no sólo fueron violentados sus derechos humanos, sino que además la llevó a querer formar parte de la Convención Constitucional.
Por ello, inscribió su candidatura independiente apoyada por Convergencia Social (CS) al distrito 13, que componen las comunas de El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón.
Sin embargo, Aravena asegura que no lleva su candidatura en paz, porque mientras espera la ratificación por parte del Servicio Electoral (Servel) ve con preocupación que en su misma lista esté inscrita la modelo Adriana Barrientos, quien es apoyada por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), partido miembro del pacto Apruebo Dignidad, al igual que Convergencia Social.
¿El problema? La ex participante del programa Morandé con Compañía durante el último tiempo defendió el actuar de las fuerzas de orden público durante el estallido social.
“Barrientos ha tenido muchas salidas controversiales en torno a las violaciones de los derechos humanos: ha demostrado su apoyo a las Fuerzas Armadas, manifestó su interés de hacerle una entrevista a Lucía Hiriart y también tuiteó pidiendo a sus seguidores sacarle fotos a los manifestantes para que las policías pudieran tomar acciones”, asegura la candidata constituyente.
“Mi crítica no apunta a que ella quiera postularse como constituyente, porque cualquier persona está en su derecho de participar. Mi crítica apunta a la acción de la Federación Regionalista Verde Social que lleva esta candidatura en la lista de Apruebo Dignidad. Una lista pactada por partidos de izquierda”, agregó Aravena.
En esta línea, la candidata independiente por Convergencia Social calificó como una “falta de respeto” la inclusión de Barrientos por parte del FRVS, sobre todo considerando que “yo soy una víctima de la represión y ella avala el funcionamiento de estas fuerzas”.
La irrupción de Adriana Barrientos no solo molestó a su compañera de lista, sino que además es un tema que sigue tensionando la relación entre Convergencia Social y la Federación Regionalista Verde Social, desde donde su presidente, Jaime Mulet, defendió a la ex rostro de televisión.
Según la versión de Mulet, Adriana Barrientos fue presentada como candidata constituyente de la FRVS en octubre del año pasado con “una amplia difusión”. Sin embargo, ninguno de los dirigentes de Apruebo Dignidad “objetó o vetó su nombre”.
Una versión que, en conversación con EL DÍNAMO, la timonel de CS, Alondra Arellano, desmintió y afirmó que durante todo el proceso de gestación del pacto Apruebo Dignidad “la Federación ha sido tajante en imponer la candidatura y cerrarse a bajarla“.
“Firmamos el pacto con la Federación porque para este momento histórico el país nos exige una unidad de las fuerzas anti neoliberales y transformadoras, pero durante el proceso de negociación hicimos todo lo posible para que Adriana (Barrientos) no fuera candidata. Sin embargo, no pudimos vetar una candidata que la Federación consideraba prioridad, si vetábamos esto rompíamos el pacto. De todas formas, estoy convencida que el resto de las candidaturas va a defender nuestras ideas”, explicó la líder de Convergencia.
La insistencia del partido dirigido por Jaime Mulet incluso llevó a CS, según Alondra Arellano, a “seguir evaluando nuestras herramientas políticas con otros partidos, según los antecedentes. Lo tomaremos en cuenta para los futuros pactos electorales que hagamos”.
“Queremos dejar en claro que la alianza y el pacto electoral Apruebo Dignidad es solamente para la Convención y no tiene ninguna otra repercusión”, detalló la representante del Frente Amplio.
MIGUEL BRUNA: EL OTRO FRVS POLÉMICO
La polémica desatada por la candidatura de Adriana Barrientos no es la única que existe entre Convergencia Social y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), porque además ambos partidos se enfrentarán por la alcaldía de la comuna de Lo Espejo, donde no se llegó a ningún tipo de pacto electoral.
Por parte de Convergencia Social, el candidato inscrito ante el Servicio Electoral fue Osman Yeomans -quien no es pariente directo de la diputada del partido Gael Yeomans-, profesor de Historia y vecino de Lo Espejo. Mientras que desde la FRVS, irá por la reelección el actual alcalde Miguel Bruna.
Bruna estuvo en el ojo del huracán luego que la Contraloría General de la República reportó en 2018 una decena de “trabajadores fantasmas” al interior del Departamento de Salud del municipio, lo que llevó al jefe comunal a ser acusado por presunto fraude al fisco.
Al respecto, Osman Yeomans afirmó a EL DÍNAMO que ve con preocupación la mera posibilidad de que Bruna sea reelecto, ya que “no tiene un perfil transparente y ha estado envuelto en casos de corrupción, de ‘funcionarios fantasmas’ y ha mostrado poca claridad respecto a dónde se invierten los recursos de Lo Espejo”.
“Hay una responsabilidad por parte de la FRVS al no verificar cuáles son los perfiles de las candidaturas que se están instalando a nivel municipal y constituyente, por llevar candidatos de forma irracional”, agregó.
Yeomans también contó que uno de los funcionarios de Lo Espejo acusado de haber colaborado con Bruna en las irregularidades investigadas, Claudio Jerez, “acompañó a Barrientos en actividades al interior de la comuna. Estuvieron operativizando ollas comunes, lo que nos habla de la cercanía entre Bruna y Barrientos”.
Por su parte, la candidata constituyente de Convergencia Social, Natalia Aravena, agregó que “el apoyo a la candidatura de Miguel Bruna es otro gran error cometido por la FRVS“.
“Durante el estallido social quedó claro que estamos cansados de la élite política chilena actual, que nos ha mantenido precarizados durante años. Ese es el caso de Miguel Bruna que, con múltiples acusaciones por corrupción, ha mantenido una mala gestión, dejando en abandono a vecinos y vecinas de Lo Espejo”, explicó.
Por último, la timonel de Convergencia Social, Alondra Arellano, precisó que en el caso de la elección municipal no existe un acuerdo con la FRVS porque “creemos que nuevamente cometen un tremendo error al apoyar la reelección de personas como Bruna, un ex PPD que está acusado por corrupción, nepotismo e irregularidades en el uso de fondos públicos en un municipio donde además la Contraloría confirma el desfalco de $100 millones al 18 de marzo del 2020”. (El Dínamo)
Durante la tarde del martes, la Policía de Investigaciones (PDI), detectó una fiesta clandestina en la zona centro de Villa Alemana, en la Región de Valparaíso, por lo que detuvo a 16 personas.
Así lo confirmó el seremi de Salud de la región, Francisco Álvarez, quien relató que «en el día de hoy hemos identificado otra fiesta clandestina, esta vez durante la tarde en la comuna de Villa Alemana, que tras una denuncia la PDI concurrió a una vivienda en el centro de la ciudad sorprendiendo a personas que estaban celebrando».
«Es por eso que se procedió a detener a 16 mayores de edad y en ese sentido como autoridad sanitaria hemos cursado un sumario a cada una de ellas, por exceder el aforo máximo en una comuna en fase 2 y por no respetar las medidas de auto cuidado básicas como el distanciamiento físico», añadió la autoridad.
En ese sentido, el subprefecto de la PDI, Marco Quiñones, detalló que «logramos establecer que (al interior de la vivienda) se encontraban dos chilenos, una colombiana y 13 venezolanos, quienes se habían trasladado desde la comuna de Santiago arrendando un transporte privado, al igual que el inmueble donde se encontraban», según consigna Cooperativa.
«Los hechos fueron informados al Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía Local de Villa Alemana, que dispuso la detención de las 16 personas por la infracción al artículo 318 del Código Penal», añadió el detective. Con lo anterior, el seremi condenó el hecho e hizo un llamado a los habitantes de la zona a ser «hacerse responsables» de este tipo de hechos.
«Parece increíble e insólito que prácticamente todos los días tengamos fiestas clandestinas en nuestra región», criticó, añadiendo que «es por eso que quiero hacer un llamado a las persona que participan de estas fiestas a que por favor se hagan responsables». (Emol)
Despreciando la vida, eutanasia y aborto libre son los proyectos legales acariciados largamente por algunos grupos activistas, que han vuelto a subirlos a la palestra. El principio fundamental esgrimido en ambas propuestas es el mismo: la autonomía de la voluntad individual. La madre dueña de su cuerpo, incluyendo a quien lleva en su vientre; el enfermo sufriente, señor de su existencia, que busca poner fin a su trayectoria vital.
Las situaciones aducidas para invocar que se legisle también poseen evidentes semejanzas: el bebé no deseado, en una situación; la biografía que se hace indeseable de llevar, en la otra. Además, la casuística en ambos casos puede ser, de hecho, compleja y dolorosa, muchas veces rodeada de miserias materiales o espirituales. Y, la conclusión planteada también resulta similar: en sede de cuidado de la salud y bajo exigencia de derecho, se aboga la eliminación premeditada con participación de terceros del no nacido o del paciente.
No se trata de un debate fácil. En la discusión pública se ventilan por igual argumentaciones y emociones, razones y sentimientos. Más aún, se los entremezcla. Dentro de este contexto, en el fondo se halla una idea de brutales consecuencias: la vida humana es descartable. Basta, en última instancia, con quererlo. Prima una concepción individualista y desacralizada de la existencia. Esta última pasa a ser materia desechable, si alguien así lo dispone.
¿Es esto legítimo desde un punto de vista ético? Si lo fuese, ¿tiene algún límite? (hasta hace poco, por ejemplo, se sostuvo que únicamente se buscaba abrir las puertas al aborto en tres causales), ¿se trata de una decisión estrictamente individual y que atañe exclusivamente a quién (teóricamente) adoptaría la decisión? ¿Qué hay de los terceros involucrados: el nasciturus, el personal sanitario, los médicos, los familiares del enfermo o del anciano sujeto de la muerte procurada?
Lejos de ser “progresista”, como hay quienes arguyen, avanzar en estas materias parece ser un clamoroso retroceso, al cohonestar prácticas sociales abiertamente contrarias a la dignidad de la persona humana.
Asociada a estas iniciativas se oculta una cosificación del ser humano. ¿Por qué no pensar en otras posibles “excepciones” al respeto irrestricto a la vida cuando la voluntad individual lo apele?, ¿o en aquellas oportunidades en que la suma de las voluntades individuales circunstanciales así lo requiera? Definitivamente este parece no ser el camino para abordar las dificultades personales ni sociales.
Ante una creciente cultura de la muerte se precisa hacer valer la afirmación vigorosa de la vida. El acompañamiento cercano e integral a aquella mujer que sobrelleva un embarazo no apetecido (cabe una tarea social previa para intentar reducirlos) y para ella y el bebé, una vez éste haya nacido, y los tratamientos paliativos para quién padece quebrantamientos físicos o sicológicos fruto de la enfermedad o la vejez son, por contraste, vías de apoyo concordantes con el inalienable valor de la vida humana. ¿No será mejor explorar estas rutas? (La Tercera)
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