Página 2112

Juan Andrés Lagos (PC), asesor del M. del Interior, imputa actos terroristas a Carabineros

El asesor del ministerio del Interior y dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, volvió a emitir declaraciones que derivaron a cuestionamientos a la cartera que encabeza la ministra Carolina Tohá.

En el programa «Sin Filtros», el cuadro histórico del PC mencionó los casos de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, afirmando que «esas son personas que fueron víctimas atroces de acciones de terrorismo, lamentablemente aplicadas por la policía».

Sus dichos se enmarcan en los cuestionamientos que ya enfrenta el Gobierno sobre su efectivo compromiso con la institución policial, que se encendieron con el triple homicidio a carabineros en Cañete.

Por lo demás, la recriminación de Lagos a los efectivos se da ad portas del debate del proyecto de Ley Antiterrorista en la Cámara de Diputados y Diputadas, que es una de las mociones que el Ejecutivo y el Congreso buscan acelerar debido al ataque a la policía en la Región del Bío Bío.

Es esta legislación la que se enreda, a juicio de la oposición, con los dichos del militante comunista, por el cual también emplazan al ministerio de Interior a evaluar la continuidad del mismo.

El diputado e integrante de la comisión de Seguridad de la Cámara, Henry Leal (UDI), relevó que «el señor Juan Andrés Lagos trabaja en el ministerio del Interior y esa cartera está llevando adelante la legislación en materia de seguridad, vamos a empezar a ver la ley Antiterrorista en la Cámara de Diputados que ya se aprobó en el Senado, entonces no sé si sus opiniones representan o no al Gobierno, sería bueno saber eso«.

«Que yo sepa, los casos que él anuncia no hay ninguna condena por derechos humanos, por lo que me parece absolutamente imprudente que este señor vaya a programas políticos y dé opiniones, porque él es asesor y forma parte del Gobierno», añadió. Por tanto, indicó que «yo llamaría a la ministra del Interior, Carolina Tohá y al subsecretario Monsalve, a que haga callar a su asesor. Parece que representa mucho más al Partido Comunista que al Gobierno y sería bueno que eso se aclarara».

Además, advirtió que «esto enreda la discusión parlamentaria. Este señor no puede seguir siendo parte del ministerio del Interior«.

En tanto, el diputado Jorge Durán (RN), destacó que esta «no es la primera vez que este asesor del Ministerio del Interior hace polémica por sus dichos. Él debe entender que es funcionario del Gobierno, por lo tanto no puede correr por colores propios al momento de emitir estas declaraciones, que además dejan ver nuevamente el sesgo ideológico que tiene el Partido Comunista en contra de Carabineros, institución a la que le han hecho tanto daño».

A su vez, la diputada Catalina Del Real (Rep) aseveró que «la continuidad de Juan Andrés Lagos en el Gobierno ya no da para más. Recordemos sus dichos en defensa de la dictadura de Maduro cuando ocurrió el caso de Ronald Ojeda, y ahora intenta nuevamente injuriar a Carabineros de Chile, con dichos que representan el espíritu del Partido Comunista, quienes a toda costa han buscado destruir la imagen y el prestigio de la institución».

Lo anterior ha conllevado «consecuencias negativas para el país, sobre todo en medio de una crisis de seguridad, donde todos los sectores políticos debemos respaldar el trabajo de nuestras policías», apuntó.

Por su parte, el jefe de bancada de diputados Evópoli, Jorge Guzmán, consideró, «muy grave que uno de los principales consejeros del Ministerio del Interior llame terroristas a Carabineros, en especial mientras tenemos a los verdaderos terroristas, que asesinan Carabineros, que incendian predios e infunden temor en la Macrozona Sur, gozando de impunidad, porque los encargados de darle respaldo a las policías, de tomar decisiones firmes y decididas, prefieren darse gustitos personales e ideológicos».

Dicho eso, el parlamentario llamo «al Presidente Boric y a la ministra Tohá a cuestionarse la contratación de personajes como Juan Andrés Lagos y de tantos otros, que con abultados sueldos relativizan la violencia, confunden a la opinión pública y no permiten que Chile combata con seriedad y responsabilidad al terrorismo y el crimen organizado«.

En esa línea, la diputada Camila Flores (RN), afirmó que es «importante que la Ministra Tohá o el subsecretario Monsalve salgan a explicar si las expresiones vertidas por Juan Lagos corresponden a una mirada de Estado, del Gobierno, respecto a efectivamente la situación que se generó y si es que efectivamente ellos, al igual que Lagos, consideran que esto fue una actuación terrorista«.

«Creo que es súper importante porque estamos hablando de un asesor del Ministerio con un cargo sumamente relevante y que por lo tanto cuando habla, no lo puede solamente hacer a título personal, él no se puede desdoblar de este cargo y por otro lado emitir opiniones personales», sumó.

Asimismo, la diputada Karen Medina (PD), advirtió que «cuando tenemos un problema con la seguridad, cuando tenemos un problema de ataque en la Macrozona Sur a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros carabineros, es imposible que una persona, un asesor como Juan Andrés Lagos, tenga la capacidad y la altura de mira de poder asesorar al Ministerio del Interior«.

«Esta persona está totalmente sesgada, ideologizada y debería dar un paso al costado en este proceso«, apuntó.

Desde la vereda del oficialismo, el jefe de bancada de diputados PPD, Jaime Araya, apuntó que «sería importante que el representante del Partido Comunista o del ministerio del Interior, pueda reflexionar en orden a la confusión que puede generar en la opinión publica sus opiniones«.

«Él tiene que pensar que cuando uno lo ve en televisión puede pensar que habla en representación de sí mismo, que habla en representación de su partido o que habla en representación del Gobierno, en particular el ministerio del Interior, que tiene temas muy sensibles en materia de seguridad«.

De tal manera, recalcó que «él debiera definir si el espacio que ocupa es un espacio que permite que la gente con nitidez vea que el habla por sí mismo o eventualmente induce a una conversación en torno a quién habla». (Emol)

Orrego discrepa con Gobierno en cantidad de homicidios: «En Santiago aumentaron»

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, discrepó la tarde de hoy martes con las cifras entregas por el Gobierno en el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile 2023.

En la estadística, que fue presentada el pasado 22 de abril y elaborada por el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, se destaca «el descenso o no aumento de la tasa de víctimas de homicidios en 12 regiones en relación con el año 2022: (…) Metropolitana (con 0%)».

En conversación con Radio Infinita, al ser consultado respecto del homicidio de una menor de 13 años en la comuna de Quilicura, la autoridad regional sostuvo que «a mí me llega un reporte todos los días de los distintos homicidios o delitos con armas de fuego, y eso solo va aumentando. Es cierto que el Gobierno sacó un informe de que el año pasado habrían disminuido los homicidios en general, pero en Santiago aumentaron».

En ese sentido, acotó que «hay comunas que ya están a nivel pandémico de homicidios», apuntando a «Santiago, Recoleta, La Pintana, Lo Espejo, Lampa». «No nos podemos acostumbrar a este tipo de cosas, y todos los esfuerzos que se están realizando por todas las instituciones (…), no solamente no puede cesar, sino que tiene que fortalecerse para enfrentar a este crimen organizado y a este creciente uso de armas de fuego que termina con niñas inocentes», agregó.

En el informe señala que hubo un «quiebre en la tendencia al alza» de los homicidios que se venía registrando desde 2016, con excepción del periodo de pandemia.

La tasa registrada en 2023 fue 6,3 víctimas de homicidios consumados cada 100 mil habitantes. Mientas en 2022 la tasa fue de 6,7 víctimas cada 100 mil habitantes. Esto significa una disminución de 82 víctimas (de 1.330 registradas en 2022 a 1.248 víctimas registradas en 2023).(Emol)

Héctor Llaitul condenado a 23 años de cárcel por delitos contra Seguridad del Estado

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco entregó este martes la sentencia para Héctor Llaitul, quien fue condenado por delitos de usurpación violenta de predio, hurto simple y atentado contra la autoridad, que están contemplados en la Ley de Seguridad del Estado.

En total, el tribunal otorgó 23 años de cárcel para el comunero, además del pago de 26 UTM por los diversos delitos por los cuales fue condenado. La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía había solicitado penas que sumaban los 25 años de presidio.

El juez relator Jorge González detalló los años de cárcel dictados para el comunero: 15 años como autor delito consumado y reiterado contra el orden público, contemplado en la Ley de Seguridad del Estado, 5 años como autor del delito consumado de hurto (más el pago de 11 UTM) y 3 años como autor del delito consumado de atentado en contra de la autoridad.

En específico, el hurto por el cual fue condenado se produjo en la Forestal Arauco, lo mismo que la usurpación violenta. Por esto último se le sentenció a pagar 15 UTM.

Llaitul se encontraba cumpliendo la medida de prisión preventiva desde agosto de 2022. Cuatro meses después, el Ministerio Público presentó su acusación. En el juicio, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, acusó que el comunero mapuche hizo llamados a la violencia. “Luego de una serie de declaraciones vertidas por usted, se registraron aproximadamente 54 hechos de violencia, consistentes en ataques incendiarios que se extienden desde enero de 2020 hasta mayo de 2022 y abarca las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y los Lagos, en cuyos sitios del suceso se han encontrado evidencia documental y de carácter adjudicatario alusiva a la Coordinadora Arauco Malleco”, se señaló en la acusación.

La sentencia se dio en medio de fuertes medidas de seguridad desplegadas en la Macrozona sur ante la posibilidad de atentados en la zona. En ese marco, ayer se realizó una reunión del comité policial regional, donde declararon mantenerse en “alerta roja”.

La delegada presidencial (s) de La Araucanía, Andrea Parra, señaló que habrá un “despliegue máximo de las fuerzas militares”. Por su parte, el jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía, general Ricardo Duarte, señaló que que la alerta “implica un incremento de fuerzas, de patrullaje y de controles”.

Antes de conocer el veredicto, Llaitul había solicitado la “absolución y la justicia”. “Si me condenan, va a seguir existiendo el conflicto mapuche”, dijo ese día.

TOHÁ: «CERRAR LA PUERTA A LA VIOLENCIA»

La ministra del Interior, Carolina Tohá, celebró la sentencia contra Héctor Llaitul y aseguró que es «una señal de que el Estado de Chile está cerrando la puerta por todas las vías a la violencia como forma de procesar conflictos».

El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) fue condenado a 23 años de cárcel tras ser declarado culpable de dos delitos consumados y contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, además de usurpación violenta de un predio, hurto simple y atentado contra la autoridad.

La secretaria de Estado sostuvo que es un logro importante y que «es una confirmación de que todas las capacidades se han desplegado para poner freno a la impunidad y se están logrando resultados en esa dirección».

«El Gobierno del Presidente Boric está combatiendo la violencia en la Macrozona Sur, pero con la misma fuerza está buscando caminos para provocar respuestas a los conflictos que dolorosamente ha arrastrado por décadas, por siglos esa zona. Ambas cosas no solo son compatibles, sino que ambas son necesarias», añadió.

Además, advirtió que este no es el único golpe policial que se ha tenido contra las orgánicas que desarrollan acciones violentas, «va a seguir sucediendo en los otros ataques que se detectan en la zona, particularmente en el horrible homicidio que tuvimos hace pocos días atrás de tres funcionarios de carabineros en la comuna de Cañete. Hemos mostrado que como Estado tenemos hoy mayores capacidades de perseguir estos delitos, de llevar ante la justicia a quienes están acusados de ellos y de obtener condenas por ese camino».

En esa línea felicitó el trabajo de las policías, la Fiscalía y los equipos jurídicos del Ministerio del Interior, «aquí que tenemos muchos desafíos como este para lograr definitivamente dejar atrás las expresiones de violencia», cerró.

DEFENSA PEDIRÁ NULIDAD DEL JUICIO

La abogada defensora de Héctor Llaitul, Josefa Ainardi, confirmó que presentará un recurso de nulidad para revertir la pena de 23 años de cárcel determinada contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), luego de que la Justicia lo declarara culpable de diversos delitos en la Macrozona Sur.

Además de establecer el pago de una serie de multas, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a Llaitul a 15 años de presidio efectivo por el delito consumado y reiterado contra el orden público, bajo la Ley de Seguridad del Estado, a otros cinco años de reclusión como autor del delito consumado de hurto, y a tres años más como autor del delito consumado de atentado en contra de la autoridad.

Horas después de que se dictara sentencia, la abogada planteó que «nos llama la atención que el grueso de esta condena de prisión efectiva, 15 de 23 años, refieren a ilícitos que están contenidos en la Ley de Seguridad Interior del Estado«, por cuanto «es una ley de persecución política».

Ainardi apuntó que los delitos consignados en esa norma que son parte del fallo «fueron creados en 1975, en plena dictadura militar», y que desde el retorno a la democracia, «no ha habido ninguna persona en nuestro país que ha sido condenada por estos delitos, justamente porque son cuestionados tanto a nivel internacional como a nivel doctrinario y jurisprudencial, respecto del carácter restrictivo de garantías como la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y también, en el particular, el derecho a ejercer la libre autonomía y autodeterminación de miembros integrantes de pueblos indígenas».

«Creemos que hay un error en la interpretación que hace esta sentencia y el tribunal en general, con desconocimiento de normas internacionales sobre derechos humanos tan importantes como el Convenio 169 de la OIT, y otros como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto San José de Costa Rica, entre otros», añadió.

En ese sentido, «lo que nos toca como defensa es intentar anular la condena a través de un recurso de nulidad que presentaremos en los próximos días, y tampoco descartamos la interposición de denuncias o recursos en sede internacional, puesto que creemos que allí ha habido una mejor recepción de este debate en cuanto al respeto de los derechos de los pueblos indígenas y de garantías fundamentales (…), cuestión que creemos que en este Estado chileno -que a juicio de nosotros refiere evidentemente un carácter racista y colonialista- no ha tenido asidero».

Al cierre, la jurista insistió en que la sentencia es el resultado de una «persecución política en base a dichos de un vocero histórico de la CAM, que refiere a una postura de resistencia y también de reivindicación de derechos políticos, territoriales, culturales y espirituales del pueblo mapuche».

«LA CAM NO ES PARTE DE LA CAUSA MAPUCHE», SEGÚN VÍCTIMAS

Entre quienes celebran lo resuelto por la Justicia está Alejo Apraiz, presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, que salió a reconocer «el gran trabajo que realizó la Fiscalía para permitir, con su investigación, la sentencia condenatoria contra Héctor Llaitul».

Apraiz subrayó que el condenado es «líder de una organización criminal y delictiva que tanto daño psicológico y patrimonial ha causado en la Macrozona Sur; una organización de carácter terrorista, también vinculada al robo de madera y al tráfico de drogas y armamento».

«Por ello, no nos queda más que felicitar el trabajo prolijo y planificado llevado a cabo por la Fiscalía (…), se ha demostrado que esta asociación ilícita no es parte del movimiento mapuche, y sólo utiliza su causa para fines personales y delictuales», remató el dirigente.

Dicho esto, llamó a continuar investigando a todas las agrupaciones que se adjudican ataques incendiarios en La Araucanía. (La Tercera-Emol-Cooperativa)

Maximiliano Luksic sincera interés en ser candidato en próximas elecciones municipales

De forma silenciosa y reservada durante las últimas semanas el exejecutivo de Canal 13, Maximiliano Luksic, se ha reunido con los distintos partidos de la oposición. El también hijo del empresario y controlador de Quiñenco, Andrónico Luksic, tuvo reuniones con la UDI, RN, Evópoli, Demócratas, republicanos y Amarillos a quienes les transmitió su interés de incursionar en la política, a través de una candidatura.

Las citas, de hecho, ocurrieron antes de que anunciara ayer su renuncia de la dirección ejecutiva de Canal 13. Una decisión que les anticipó a las colectividades.

Así, según al menos cuatro fuentes del sector, se reunió con el presidente de la UDI, Javier Macaya; con el timonel de Amarillos, Andrés Jouannet; y también con la líder de Evópoli, Gloria Hutt. También conversó con el timonel de RN, Rodrigo Galilea; el líder de los republicanos, Arturo Squella; y la presidenta de Demócratas, la senadora Ximena Rincón.

Según conocedores de los diálogos, Luksic les transmitió que quería dejar lo privado y aportar desde lo público, para ayudar a Chile a salir de la “crisis” en la que se encuentra, con problemas de crecimiento económico y orden público. A algunos les comentó que quería “salir de la zona de confort” y que se sentía con necesidad de aportar desde otra vereda.

Maximiliano Luksic es hijo de Andrónico Luksic. Foto: Andres Perez

En las citas, según las mismas fuentes, se conversó la posibilidad de que pudiera asumir una candidatura a alcalde para las elecciones municipales y de gobernadores que son en octubre de este año, y en las que los partidos se encuentran buscando candidatos.

Ahí, según algunas versiones, los partidos le ofrecieron abiertamente algunas comunas, mientras que otros recalcan que fue más bien un diálogo general. Lo cierto es que Luksic les adelantó a los partidos que comunicaría este lunes su decisión de abandonar su puesto en Canal 13.

Cercanos al empresario, en todo caso, dicen que en las reuniones él efectivamente transmitió su disponibilidad para ser candidato, pero recalcó su interés en partir “desde abajo”. Así, de acuerdo a las mismas versiones, planteó la opción de una candidatura a concejal.

De todas formas, en las colectividades sostienen que una posibilidad que ha sonado durante el último tiempo es que Luksic pueda asumir una candidatura a alcalde por Ñuñoa, comuna que es dominada por el Frente Amplio con Emilia Ríos (RD). Desde la semana pasada, en esa zona comenzó a figurar el nombre del exministro Sebastián Sichel, sin embargo, en el entorno del exministro descartan que él tenga interés, sobre todo luego de que Chile Vamos optara por Mario Desbordes para ser el candidato de Chile Vamos en Santiago, desechando su alternativa.

Otras comunas que mencionan en el sector, donde creen que Luksic podría ser un aporte, son Estación Central, Recoleta, Huechuraba y Maipú. De todas formas, en la derecha recalcan que el empresario no ha tomado una definición y que él también transmitió su interés en dedicarse a trabajar desde fundaciones, por lo que finalmente su futuro podría decantar en esta última opción.

Quienes conocen a Luksic sostienen que a él le interesa lo que ocurre en las comunas del norte del país, donde su familia tiene participación en el rubro minero a través de Antofagasta Minerals y conocen la realidad de esa zona.

Los dirigentes de Chile Vamos. Marcelo Hernandez/Aton Chile

El presidente de Amarillos, el diputado Andrés Jouannet, dijo a La Tercera que “valoro mucho que personas que están en el mundo privado y están en una zona de confort dejen ese espacio y se preocupen de sacar al país en el hoyo en que estamos. Muchas personas más podrían incursionar en lo público para que todos saquemos al país en el hoyo en que está en materia de seguridad, en materia económica. Estamos en un hoy muy grande y lo que él hace me parece muy legítimo y valorable”.

En todo caso, no es primera vez que un empresario se acerca a Chile Vamos con fines políticos. Así lo hizo también el exlíder de la Confederación de Producción y Comercio (CPC) Juan Sutil, quien decidió ser candidato al Consejo Constitucional, donde terminó quedando fuera por paridad. (La Tercera)

La Moneda define estricto apego a prescindencia del Ejecutivo hasta las primarias

De cara al inicio de campaña de este viernes para las elecciones primarias del próximo 9 de junio -donde se definirán a las cartas finales para las municipales del 27 de octubre-, los precandidatos ya comenzaron a delinear el diseño de su estrategia electoral, siendo la seguridad uno de los focos principales dentro de sus estrategias electorales.

En este escenario, no son pocos los aspirantes a jefes comunales que han pensado incluir fotografías y presencia de ministros de Estado en sus campañas, en búsqueda de aumentar la visibilidad de sus candidaturas. Pero esto no podrá ocurrir, al menos, eventualmente, hasta después de las primarias.

En el gobierno decidieron restarse de las cruzadas municipales considerando que, en las elecciones primarias, compiten candidatos de distintos partidos, pero todos pertenecen al mismo sector, por lo que se podría generar ruido si una autoridad posa junto a un precandidato y no con otro.

En total, el pacto “Contigo Chile Mejor” –10 partidos del oficialismo más la Democracia Cristiana– inscribió en el Servicio Electoral (Servel) un total de 162 candidaturas en 48 comunas. Así, la gama de cartas es amplia, por lo que La Moneda quiere evitar abrir un flanco.

De igual forma, aún no está contemplada la presencia de las autoridades en las campañas de cara a las elecciones de octubre, ya que también se considera que se puede abrir una disputa con la oposición, pese a que un instructivo del Ministerio del Interior -citando un dictamen de Contraloría-, daba cuenta el pasado 10 de abril que podrían participar de estos procesos.

“Al margen del desempeño del cargo, las autoridades, jefaturas y funcionarios -con las salvedades precisadas en el citado oficio-, en su calidad de ciudadanos, se encuentran habilitados para ejercer los derechos políticos consagrados en el artículo 13 de la Carta Fundamental, pudiendo emitir libremente sus opiniones en materias políticas y realizar actividades de esa naturaleza, siempre que las desarrollen fuera de la jornada de trabajo y con recursos propios”, dice el documento de 38 páginas.

Pese a ello, desde el gabinete ministerial del Presidente Gabriel Boric no son pocas las voces que entienden que lo mejor, en esta ocasión, sería no participar. De hecho, algunos jefes de cartera, como la ministra del Interior, Carolina Tohá, o la vocera del gobierno, Camila Vallejo, ya han evitado figurar en actividades de precandidatos oficialistas.

Con esto, La Moneda optaría por replicar la prescindencia estricta por la que apostaron en el último proceso constitucional, ya que en el primer proceso marcaron preferencia por el Apruebo, y el Presidente Gabriel Boric recibió críticas por el rol que asumió el Ejecutivo durante la campaña del primer referéndum de septiembre de 2022.

La idea de aprovechar a las figuras ministeriales, e incluso presidenciables del oficialismo, generaba cierto consenso en el pacto de gobierno. Por ejemplo, consultada por la participación de los ministros en las campañas municipales, Tatiana Urrutia (RD) -quien se ha configurado como coordinadora de la precampaña oficialista pensando en los comicios- planteó en entrevista con La Tercera que “sin duda en sus fines de semana les vamos a pedir que puedan hacerlo, pero entendemos también que el trabajo de gobierno es súper demandante”.

Lo cierto es que desde el pacto “Contigo Chile Mejor” aún no se ha levantado ninguna solicitud particular al respecto. (La Tercera)

El 2° Piso e Interior realizan ronda de reuniones con expertos en seguridad

Una serie de reuniones reservadas comenzó a tener en abril el Segundo Piso -que lidera el jefe de asesores de Presidencia, Miguel Crispi (RD)- en coordinación con el Ministerio del Interior y la Segpres. El objetivo de las citas fue conocer de primera fuente el análisis de expertos en seguridad sobre la contingencia y la crisis de violencia en el país.

Una de esos encuentros fue amplio. Participaron asesores del Segundo Piso, el jefe de asesores de de la ministra Carolina Tohá, Claudio Castillo; la jefa de Estudios de la Segpres, Javiera Ascencio; y también integrantes de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), que lidera Pablo Paredes.

Los expertos invitados fueron Pablo Carvacho, abogado y director de investigación y desarrollo del Centro de Estudios de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, quien trabajó en el gobierno de Michelle Bachelet como jefe de gabinete de SENDA y como jefe de la división territorial de la Subsecretaría de Prevención del Delito; Catalina Droppelman, doctora en criminología y también directora del Cetro de Estudios de Justicia y Sociedad de la PUC; y Alejandra Luneke, académica de la Universidad Alberto Hurtado, investigadora adjunta del Centro de Estudios de Conflictos y Cohesión Social (COES), e investigadora principal del Instituto Milenio para la Investigación de Violencia y Democracia.

En la instancia, en la que no participó Crispi, no hubo preguntas específicas sobre soluciones o políticas concretas, sino que fue una evaluación general para entender la percepción que tenían los académicos respecto de la crisis de seguridad en Chile.

Esa, en todo caso, no fue la única instancia con expertos en seguridad y otras materias. Pese a que prefieren mantener los invitados en reserva, desde el equipo de Comunicaciones de Presidencia respondieron a La Tercera que “en el Segundo Piso se realizan de manera recurrente encuentros con centros de estudio y académicos que abordan diversos temas de carácter político y social. En abril, por ejemplo, se realizó el de seguridad por el que se consulta”.

Y agregaron que también “se han organizado otros encuentros que abordan políticas públicas o informes de resultados sobre investigaciones longitudinales. Algunos de los invitados han sido Imagen País, Tenemos que Hablar de Chile, PNUD y CEP”.

Entre académicos que han asistido a las citas transmiten que les llamó la atención que esperaban una conversación más profunda y con mayores claridades de qué quería obtener el Ejecutivo.

Por otro lado, en Interior, desde la Subsecretaría que encabeza Manuel Monsalve (PS), durante las últimas semanas han realizado consultas sobre la “Política Nacional de Seguridad” y han presentado un borrador a diferentes especialistas, como el abogado Mauricio Duce, director del Programa de Reformas Procesales y Litigación de la Universidad Diego Portales.

Otros expertos -que no solo pertenecen al oficialismo- que han visto el plan de Interior transmiten que “le falta mucho” y que sintieron el apremio del gobierno por tenerlo listo antes de la cuenta pública del 1 de junio. (La Tercera)

Villa Alemana: hombre que mató a sujeto por robar en su casa actuó en legítima defensa

Legítima defensa privilegiada. Ese fue el veredicto Tribunal Oral en Lo Penal de Viña del Mar para el hombre a quien la fiscalía acusaba de homicidio simple por dar muerte a un delincuente que entró a robar a su casa, durante la madrugada de Año Nuevo del 1 de enero de 2022, en Villa Alemana.

Esa noche, Benjamín Pizarro Aros (25) ingresó en dos ocasiones al domicilio robando especies, como un balón de gas, un Ipad, una tablet y una botella de vino. Al percatarse de lo sucedido, Mario Soto Cordones salió con su arma debidamente inscrita y dio cinco disparos al sujeto.

El fiscal Sergio Morales señaló durante el juicio que Mario Soto Cordones tenía “otras posibilidades para resguardar sus bienes” y que “no era necesario enfrentar a esta persona y no era necesario darle cinco disparos por la espalada”. Para argumentar sus planteamientos, la fiscalía había llevado como testigos a la madre y a la pareja del sujeto fallecido. Incluso presentaron una querella contra el imputado.

Por su parte, el abogado defensor Cristian Canifrou, apelando de la legítima defensa, había pedido la absolución de su representado.

El juez Manuel Muñoz Chamorro leyó el veredicto, señalando que el tribunal descartó todos los planteamientos de la fiscalía. “Quedó demostrado con holgura en el juicio oral que el sujeto ingresó en dos oportunidades” al domicilio.

Para el tribunal es “irrelevante el exceso de la acción defensiva” que había planteado la fiscalía por los cinco disparos. Asimismo, se consideró que al interior de la casa había dos menores de edad durmiendo.

En el juicio, el hombre relató el hecho: “(El sujeto) se abalanza y hace el intento de agredirme. Levanta la mano y hace un ademán de agredirme, al retroceder estuve apunto de caerme. En ese momento no sé si percuto un disparo. Y después sale corriendo y sale corriendo a la parte de atrás de la casa. Lo salgo persiguiendo y disparo. Sé que disparé, no sé cuántos tiros. Sé que disparé, no lo voy a negar”.

Con todo, Mario Soto Cordones quedó absuelto de la causa. Hasta ahora se encontraba con la medida cautelar de arraigo, lo que será levantado a partir de hoy.

Directorio de Canal 13 nombra a Cristián Núñez como director ejecutivo interino

Canal 13 informó este martes que el Directorio de la estación determinó en una sesión ordinaria que Cristián Núñez Pacheco asumirá de manera interina el cargo de director ejecutivo de la señal privada en reemplazo de Maximiliano Luksic (36).

El hijo de Andrónico Luksic presentó ayer su renuncia al directorio «para emprender nuevos desafíos profesionales fuera del mundo privado».

Luksic asumió el cargo de director ejecutivo el año 2019 y su designación dio pie a críticas ante lo que para algunos fue un «meteórico ascenso» dado el poco tiempo que llevaba en la estación, comentarios que fueron respondidos por su propio padre.

«Mi hijo Max tendrá las mismas exigencias o más que cualquier Director Ejecutivo del Canal. Desde luego es alguien de mi total confianza», expresó entonces el dueño de la señala. Y añadió: «Pero si no creyera que cuenta con las capacidades para ejercer este cargo, tenga por seguro que no habría sido nombrado!!».

Según señaló Canal 13 el día de ayer, «en los 5 años que estuvo en el cargo de Canal 13, (Maximiliano Luksic) logró junto a su equipo múltiples hitos que han llevado a la estación televisiva a alcanzar la posición competitiva en la que se encuentra hoy».

En ese sentido destacaron su «plan de sostenibilidad que logró frenar las pérdidas acumuladas y nivelar la situación económica de la estación. Luego encabezó la implementación de una estrategia diseñada para elevar ingresos, con una parrilla masiva y transversal, con contenidos de interés para la ciudadanía»

«Esta estrategia logró atraer nuevas audiencias y llevó a que Canal 13 volviera a liderar el prime después de 10 años, además de instalar nuevamente un matinal que compite actualmente por el primer lugar», agregó el documento.

El nuevo director ejecutivo interino Cristián Núñez es ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María, y posee un Master of Science en Ingeniería Industrial y un Master’s level certificate en Políticas y Análisis Energético, ambos de la Universidad de Wisconsin-Madison.

Fue jefe del Área Regulación de Tarifas de Chilectra y Jefe de la División Política Regulatoria y Estudios de SUBTEL.

Núñez ingresó a Canal 13 en el año 2011 donde asumió cargos como gerente de Tecnología, director de Tecnología y Nuevos Negocios y director de Gestión y Tecnología, según informó la señal por medio de un comunicado.

«Le hemos encargado a Cristián que continúe la senda del proceso de crecimiento de Canal 13. Estamos seguros que dará continuidad a la estrategia diseñada y ejecutada por el Directorio y la anterior administración», dijo Carolina Altschwager, la presidenta del Directorio de Canal 13 sobre este nombramiento. (Emol)

SEC aplica multas por más de $2.300 millones a CGE y Enel por cobros erróneos

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) cursó millonarias multas por incumplir con la normativa que regula los procesos de facturación de consumos, es decir, por cobros erróneos de las boletas que reciben los hogares.

En concreto, se trata de la empresa CGE, con 30.000 UTM ($1.963 millones) y con 6.000 UTM ($393 millones) a Enel Distribución. Así, entre ambas sanciones, suman unos $2.356 millones.

Ambos casos se iniciaron luego que la SEC recibiera una serie de denuncias de vecinos de diferentes zonas del país, quienes argumentaban que las boletas que recibían no se ajustaban a sus consumos habituales de energía eléctrica.

Los reclamos señalaban que les aparecía en sus boletas una glosa de «Consumos No Registrados (CNR)», con montos que no tenían justificación.

Al respecto, la SEC dijo que «es necesario señalar que la normativa vigente contempla la operación de los CNR, pero solo sobre casos debidamente justificados y siempre informando, primero a la autoridad fiscalizadora, antes de proceder con estos cobros».

En el caso de la empresa CGE, se indicó que fueron 12.731 los clientes afectados por estos CNR, donde la compañía no se ajustó al procedimiento, afectando la calidad del servicio comercial, ya que, en primer lugar, no fueron informados previamente a la SEC, tal como lo establece la normativa.

Segundo, los CNR tienen que tener un promedio de Índice Medio por cliente, y en estos casos, se aplicó un índice medio por comuna, por lo que, al aplicar este indicador, los CNR eran equivalentes para todos los clientes, independiente de su consumo.

Y tercero, no había medios de prueba suficiente para justificar los CNR. Una vez analizados los descargos de la compañía, se concluyó que esta había incumplido con la normativa que regula esta materia, perjudicando a sus clientes, con cobros que no correspondían a sus consumos reales.

En tanto, la investigación sobre la empresa Enel fue el resultado de la fiscalización que la SEC realiza del mercado, y permitió confirmar que fueron 7.252 los clientes afectados, por cobros que no se ajustaban a la energía consumida.

En este caso, la compañía reconoció problemas de facturación, los que derivaron en que se cobraran CNR por 12 meses, siendo que lo máximo permitido, por normativa, es 3 meses.

Por esta razón, se les formuló cargos por la entrega de información manifiestamente errónea y se les aplicó la multa señalada.

La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, sostuvo que «valoramos las denuncias de la ciudadanía, las que permitieron detectar estas infracciones a la normativa, las que, además, fueron descubiertas a través del monitoreo que realizamos, constantemente, de los servicios que la industria energética entrega a las y los ciudadanos. Por lo mismo, es importante revisar las boletas, preguntar a la empresa a que se refiere cada cobro y denunciar, ante la compañía o en www.sec.cl, si es que tienen dudas con respecto a los ítems que aparecen en sus boletas, mensualmente».

Desde el organismo fiscalizador indicaron que la empresa Enel ya ha realizado la devolución de todos los montos cobrados erróneamente a sus clientes, cifra que en total llegó a los $250 millones, mientras que en el caso de CGE, ya se han realizado algunas devoluciones, pero faltan otras, razón por la cual se deberá esperar hasta que finalice el proceso para tener el monto final que devolvió esta compañía a sus usuarios.

GRAU: QUE OCURRIERA EN PANDEMIA AGRAVA FALTA ÉTICA

El ministro de Economía, Nicolás Grau, valoró el trabajo de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que acaba de denunciar a las empresas Indura y Linde, y tres de sus ejecutivos, por colusión en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales, que tuvo lugar, al menos, entre noviembre de 2019 y enero de 2021, es decir, en plena época de la pandemia del Covid-19.

Este último punto «agrava en términos éticos, pero la colusión es un acto grave en cualquier contexto y debe ser perseguido con toda la rigurosidad de la ley, y debe además tener los instrumentos adecuados para poder probarlo», afirmó en entrevista con Lo Que Queda del Día.

Según el requerimiento presentado por la FNE ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ambas empresas mantuvieron un «pacto de no agresión», una relación de «paz y amor» que se gestó en un café de Las Condes en los días del estallido social, por parte de los gerentes generales de Indura, Marcelo Torres; y de Linde, Sergio Novelli; también intervino otro ejecutivo de la segunda, David Lori.

Asimismo, acusó que el cartel afectó directamente al Hospital Félix Bulnes, que el 12 de mayo de 2020, en plena pandemia, había convocado a una licitación pública para el suministro de oxígeno y otros gases, dado el inminente término del contrato que mantenía con Indura desde 2018, y en una descoordinación del pacto, Linde postuló y el 11 de junio del 2020 se adjudicó el proceso al presentar la «oferta económica más conveniente».

Sin embargo, Torres llamó a Novelli para corregir el «desvío» de la colusión y, luego, este último instruyó a Lori que sacara a Linde del contrato. Así las cosas, el 24 de junio de 2020 Linde envió al hospital una carta justificando que, «debido a la situación de pandemia en Chile», debían desistir de entregar el suministro, tras lo cual la licitación fue readjudicada a Indura.

«En esta primera etapa, se tiene que discutir si existió o no esta colusión», apuntó Grau.

Y en caso de que se compruebe, «a posterior puede haber otros procedimientos, por ejemplo, acciones en el ámbito penal a las personas que participaron en ese proceso, (y) también podría ocurrir que el Fisco eventualmente pida compensaciones por el hospital que estuvo involucrado (dentro de los afectados)», planteó.

El ministro analizó que «siempre cualquier empresa o persona tienen derecho a la presunción de inocencia, y tendrá que demostrarse en la Corte, pero lo que podemos anticipar, lo que ha dicho la Fiscalía (Económica), es que la prueba es muy sólida«.

«No es sólo una prueba que tiene que ver con los efectos indirectos, que uno muchas veces observa, sino que acá hay mucho más que eso: hay intercepción de llamadas, hay allanamientos que han permitido ver computadores, y además hay un proceso de delación compensada de una de las partes, que reconoció que esto había ocurrido y cooperó», detalló.

«La calidad de la prueba es muy alta, y por ende vemos con alta probabilidad que termine existiendo una sanción«, vaticinó.

Además, destacó que «la Fiscalía tiene una buena fama ganada en nuestro país, es un organismo muy sólido en términos técnicos, y cuando se involucra de esta manera en un procedimiento suele tener muy buenos antecedentes».

En su requerimiento (ver achivo adjunto), la FNE pide que el TDLC aplique multas a beneficio fiscal por un total de 37.999 Unidades Tributarias Anuales (UTA), que equivalen a 31,3 millones de dólares: unos 29 mil 841 millones de pesos.

De este total, 31,2 millones de dólares (29 mil 732 millones de pesos) corresponderían a la multa de Indura, y 114 mil 392 dólares (109 millones de pesos) a Torres.

En cuanto a Linde y Novelli y Lori, «la FNE solicitó al TDLC que los exima de la aplicación de multas por haber cumplido con los requisitos establecidos en la ley para acceder a los beneficios del programa de delación compensada»; y también «que declare la exención de responsabilidad penal por los hechos ilícitos» respecto de ambos ejecutivos. que en diciembre del 2021 fueron desvinculados de la empresa. (Emol-Cooperativa)

Republicanos denuncian abandono en la agenda de seguridad por parte del Gbno.

Tras el asesinato de tres carabineros en Cañete, el Congreso acordó interrumpir su semana distrital para acelerar la agenda de seguridad. Sin embargo, desde el Partido Republicano denuncian falta de compromiso por parte del Gobierno e incapacidad de utilizar sus atribuciones como Poder Ejecutivo para sacar adelante y concretar el fast-track legislativo que contempla una batería de proyectos relacionados con materias de seguridad.

Según explicó el diputado Juan Irarrázaval, “tras la brutal masacre de los carabineros en Cañete, se veía venir que ni el Presidente ni su gobierno iban a responder como corresponde. Por el contrario, el gobierno aprovechó la oportunidad de avanzar en un mal proyecto, como es del ministerio de Seguridad que es simplemente una farsa que sólo busca vender una ilusión a la ciudadanía, porque ya han dejado claro que no les interesa la seguridad de los chilenos, pero sí les interesa en particular el aumento de la burocracia y plazas dentro del Estado, como es la creación de este ministerio”

Además, Irarrázaval agregó “estamos frente a un gobierno indolente, que le hace el quite a la seguridad. Prueba de esto fue la reciente suspensión de la tramitación legislativa de estas materias en la comisión de Defensa de la Cámara por la ausencia de ministros para su discusión. Claramente no hay un compromiso sostenido con la seguridad, solo voladores de luces para aparentar ser proactivos frente a los medios de comunicación. Si les interesara realmente establecerían al menos un día de la semana para sacar los proyectos de seguridad que vienen de las distintas comisiones, para que haya perseverancia concreta en esto”.

En este sentido, el parlamentario republicano afirmó que “gobierno está tan descolocado respecto de la urgencia de seguridad de los chilenos, que ahora pretende levantar como carta presidencial a la ministra encargada de la seguridad cuya gestión que ha sido criminal. Es realmente de no creer. Por respeto a nuestros carabineros y a los chilenos, nosotros seremos majaderos en que todas las energías de las autoridades y el Estado de Derecho se concentren en este tema ya que hoy constituye una flagrante violación a los Derechos Humanos de nuestros compatriotas por la omisión deliberada, ideológica y criminal de quienes nos gobiernan”. (Comunicaciones PR)

1...2.1112.1122.113...13.488Página 2.112 de 13.488
©