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La muerte del soldado Vargas y las lecciones de Putre

El lamentable fallecimiento del soldado Vargas remueve la conciencia nacional. Vayan primero nuestras sinceras condolencias a su familia. Como es comprensible, el hecho impactó a gran parte de sus camaradas. Muchos de ellos han sido licenciados a la fecha de esta columna.

Esta situación, caracterizada por una lenta respuesta respecto a los hechos, dio pábulo para la emergencia de muchas versiones, varias de ellas encontradas, que se explican por la insuficiente entrega de información oportuna por parte de las autoridades.

Están en curso sumarios institucionales y querellas varias, entre ellas, del Consejo de Defensa del Estado y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, así como actuaciones de Fiscalía y requerimientos de la Contraloría, entre otros. La verdad respecto de las causas de la muerte será materia del examen médico forense, y las medidas legales, si corresponden, son tema de Justicia. Si hubo fallas en la aplicación de los protocolos, será tarea de los sumarios el determinarlo.

Mas, en mi humilde opinión, este lamentable y doloroso episodio debiera servir para realizar una revisión profunda de la realidad del servicio militar. En efecto, los 250 conscriptos que iniciaban su periodo de instrucción básica en Pacollo forman parte de los poco más de 5 mil jóvenes que se acuartelaron este año.

Chile fue el primer país que estableció el servicio militar obligatorio (SMO) a comienzos del siglo pasado, mediante una ley, parte de la gran reforma militar que dirigió la misión alemana contratada por Chile a fines del siglo XIX. Durante todo el siglo XX miles de jóvenes se enrolaron, generación tras generación, en los diferentes cantones a lo largo del país.

Dada nuestra geografía, las principales guarniciones se ubican en las zonas extremas, lo cual obligaba a desplazar a miles de conscriptos. Aclaremos que, si bien el SMO se puede cumplir en cualquiera de las tres ramas de las FF.AA., la gran mayoría lo hace en el Ejército. Para el proceso de selección de este año el requerimiento institucional era de 10.696 efectivos, de los cuales el Ejército requería poco más de 8.500 varones y cerca de1.500 mujeres. La Armada demandó 500 y la FACH 50. Aclaremos que el SMO por ley vigente establece una obligatoriedad para los varones y es plenamente voluntario para las mujeres, pero la cuota femenina ha crecido en los últimos años y eso ha paliado la disminución del contingente varonil.

Ojo, los chilenos estamos envejeciendo: la tasa de natalidad viene disminuyendo sostenidamente desde hace varias décadas. En 1990 era de 20.5% y el promedio de hijos por madre era de 2.43. El 2006 (año base de selección para el contingente 2024), las cifras disminuyeron a 14.1% y 18.1%. Lo más seguro –no lo he indagado– es que esas cifras hayan descendido más hoy en día.

Según datos del INE, los nacidos el 2006 fueron 231.383. Asumiendo que la población se divide proporcionalmente en ambos sexos, tendríamos que la base de selección para el contingente 2024 era de alrededor de 115 mil varones. En concreto, cada año tendremos menos jóvenes y el número de voluntarios va descendiendo. Si no fuera por el incremento de mujeres conscriptos, estaríamos ante un serio problema de contingente.

¿Es necesario el servicio militar?

Existen países que han optado por FF.AA. ciento por ciento profesionales. Recuerdo que el expresidente Lagos le preguntó al general Ricardo Izurieta si no habían pensado en ser un ejército profesional y la respuesta fue muy franca y directa: Chile no tiene las condiciones económicas para eso.

Los ejércitos profesionales son caros porque implican carrera miliar de décadas, previsión, salud, habitabilidad para el personal. Además, son Fuerzas Armadas que empezarán a envejecer, sin reservas. Y algo muy importante: el servicio militar permite una cotidiana conexión de las FF.AA. con la realidad de la sociedad, más allá de las burbujas sociales o de cuarteles.

La pregunta puede ser más amplia: ¿son necesarias las Fuerzas Armadas? Existen sectores que por diferentes motivos piensan que no, desde los llamados objetores de conciencia hasta las diferentes variantes de pacifismo, que presumen que vivimos en un mundo de cooperación y paz, con férreos mecanismos multilaterales que cuidan de los derechos de las naciones. Basta ver cualquier noticiario para darse cuenta de lo peligroso que puede ser enamorarse de las ideas.

Entonces, la pregunta es qué FF.AA. necesita Chile en la actualidad, asumiendo que la realidad es dinámica. La respuesta solo puede ser una: necesitamos unas Fuerzas Armadas capaces de neutralizar los riesgos y amenazas que pueden desafiar a nuestro país. Esa pregunta genérica requiere ser aterrizada de manera sostenida y ello se expresa en la Política de Defensa, a cargo del Ministerio de Defensa.En eso estamos atrasados, porque –según nuestra planificación– la Política de Defensa vigente debía haber sido actualizada hace tiempo. Tanto el entorno global como regional se han modificado sensiblemente en los últimos años y todo indica que esos cambios estratégicos se profundizaran en los años siguientes.

Nuestro retorno a la democracia coincidió con la caída del muro de Berlín. Por tanto, requeríamos elaborar una Política de Defensa post Guerra Fría y en democracia. Surgieron diálogos estratégicos múltiples (especialmente con ocasión de los primeros Libros de la Defensa) y una concepción estratégica que apostaba a unas Fuerzas Armadas más operativas, modernizadas en sus recursos humanos y en su tecnología. Ello disminuía sensiblemente el tamaño del contingente de servicio militar. Pasamos progresivamente de tener un ejército de instrucción a uno más operativo. Al mismo tiempo, definidos los objetivos, a lo largo de varios gobiernos, independientemente de su fórmula política, fuimos desarrollando capacidades estratégicas que nos han llevado a uno de los mejores niveles que ha tenido Chile en toda su historia. Todo eso transcurrió en esos treinta años en que, según algunos, “no se hizo nada”.

¿Qué hacer?

La triste y lamentable muerte del soldado Vargas debiera servirnos para una reflexión sobre la actualidad y los desafíos del servicio militar, como parte integrante de la Política de Defensa Nacional. La reforma del 2004/2005, que en lo fundamental promovió la voluntariedad sobre la obligatoriedad, evidencia fuertes limitaciones. No dispongo de las cifras exactas del contingente que se acuarteló este marzo, pero todo indica que está muy por debajo del requerimiento institucional. A la baja de la voluntariedad se suma la amplitud de las exenciones, especialmente las referidas a escolaridad. También existen eximiciones por razones económico-familiares y por ser descendiente de víctimas de violaciones de los DD.HH.

Sumemos que el sueldo de los conscriptos bordea los 80 mil pesos. Es lo que autoriza el Ministerio de Hacienda y es lo que aprueba el Congreso en la Ley de Presupuesto. En mi opinión, lo básico es que a un ciudadano que prestará servicios en la frontera por un año debería, a lo menos, pagársele un salario mínimo. No es una cifra que desestabilice los equilibrios macroeconómicos del país y es considerablemente menor a otros gastos, como los sueldos de altos asesores, las renovaciones de automóviles y qué decir de los lamentables casos de malversación que el país conoce.

Las lecciones de Putre nos obligan a evaluar la marcha del SMO. Como lo hiciéramos el 2003, cuando convocamos a un Foro Nacional donde participaron más de 80 organizaciones e instituciones, desde ONGs pacifistas hasta las juventudes de los partidos políticos, así como las Fuerzas Armadas y los centros de estudio abocados a la Defensa. En un plazo acotado todos opinaron, todo se debatió y fruto de ello surgió la reforma del 2005, que en sus inicios dio muy buenos resultados. Examinar con amplitud y rigurosidad por qué se frenó ese proceso es indispensable.

Dos consideraciones finales

Vivimos desde hace años un fracaso en la seguridad interior del país. Traspasa a este Gobierno, es un tema país. Las familias chilenas viven atemorizadas ante la proliferación de la violencia, que en diferentes formas asola a distintas regiones. Hemos escrito sobre ello, constatando que, si bien existen diversos orígenes, lo común de los focos de violencia es que el Estado ha perdido el control del territorio en regiones del país. Lo recupera a ratos con sendos operativos, pero sus efectos se dispersan cuando los agentes del Estado se marchan.

Es otro gran tema, pero recordemos que uno de los principales focos de inseguridad es la porosidad de la frontera norte, del altiplano en especial, zona que requiere presencia estatal, la que, entre otros, proporciona el Ejército y, en especial, la Brigada Huamachuco. La cotidiana presencia militar en una región dura en condiciones y a menudo olvidada por el resto del país, le pone un freno –parcial– a la infiltración de todo tipo de ilegalidades.

En las grandes ciudades la población demanda legítimamente que el Estado garantice su seguridad. Uno de los reclamos que más se escucha es que para recuperar el territorio no sirve crear más ministerios, o enfrascarse en un pantano de proyectos de ley en el Congreso. Muchas voces reclaman a veces casi con desesperación: “Traigan a los milicos”. Lo mismo ocurre en los terremotos, incendios o tsunamis. Para ello, requerimos tener contingente, soldados, bien entrenados y disciplinados. Por cierto, eso requiere cuidarlos, entrenarlos y protegerlos. Cuidar a los que nos cuidan. Los recursos humanos son lo más valioso que tiene Chile, son lo más valioso de las FF.AA.

Finalmente, una última consideración. Es un lugar común pregonar el liderazgo civil de la Defensa, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político. Ello exige tener un mando político estratégico que esté a la altura, especialmente en momentos de crisis. Por muy difíciles que estas sean, nuestra doctrina es que en la adversidad se prueba el mando. No se lidera con comunicados, no se puede conducir si el mando no conoce ni se hace presente en el terreno, si no conoce como vive la tropa.

El mejor homenaje que le podemos rendir al soldado Vargas es que su sacrificio permitió que Chile diera un salto corrector en su Defensa y, en especial, en el servicio militar, adonde acudió voluntariamente con prontitud, entusiasmo y patriotismo. (El Mostrador)

Gabriel Gaspar

GORE Bío Bío asignó $720 millones a «centro espacial» ligado a Ricardo Rincón

Casi 720 millones de pesos asignó el Gobierno Regional del Bío Bío a una fundación vinculada a Ricardo Rincón. Se trata de una nueva trenza política que esta vez involucra al gobernador Rodrigo Díaz Wörner, con el personero cercano al partido Demócratas. Mismo conglomerado —presidido por Ximena Rincón— con el que Díaz estaba en conversaciones para repostular al cargo antes de que anunciara su abrupta bajada de la competencia.

Según información recopilada por BBCL Investiga, los millonarios traspasos a Leitat Chile se concretaron a inicios de 2023, en un sólo pago, a fin de instaurar un “centro de innovación espacial” para la región del Bío Bío.

Del total del dinero —y según los registros tenidos a la vista por este medio—, al menos unos $15 millones, por cinco boletas, fueron a parar a la billetera personal de Ricardo Rincón, por conceptos de “asesorías” y un “plan de gobernanza”.

“CENTRO DE INNOVACIÓN ESPACIAL”

De acuerdo a documentación tenida a la vista por esta Unidad de Investigación, el proyecto comenzó a ser tramitado el segundo semestre de 2022. ¿Su objetivo? “Impulsar un ecosistema que permita sustentar la investigación, innovación, conocimiento, emprendimiento y desarrollo espacial” en la región.

Según aseguran fuentes conocedoras de la materia, fue el propio Ricardo Rincón quien realizó gestiones para acercar las intenciones de la fundación al organismo público. Todo ello, afirman, dado los vínculos del exparlamentario democratacristiano con su otrora compañero de bancada, Marcelo Chávez. Se trata de uno de los hombres de confianza del gobernador, quien actualmente funge como gerente general de Desarrolla Bío Bío. Una corporación público-privada, creada por el propio Gobierno Regional para gestionar la entrega de fondos públicos a entidades de la zona y cuya cúpula ha sido fuertemente cuestionada por sus nexos con otros actores políticos.

Tanto Rincón como Chávez niegan haber tenido injerencia en la aprobación de los dineros. Si bien el primero reconoce su cercanía con Chávez, sostiene que él no tuvo influencia alguna en el traspaso desde las arcas públicas.

“Marcelo es un colega abogado, excolega en la Cámara de Diputados, un profesional a quien aprecio y valoro mucho, y que no está ni ha estado en ninguna de las áreas del GORE y/o CORE que analizan, evalúan y sancionan este tipo de iniciativas, ni ha tenido en ella ninguna participación”, asegura Rincón.

Chávez, por su parte, confirma el tipo de vínculo que tiene con Rincón: “Fuimos colegas en el Congreso, nos conocimos y trabajamos en conjunto alguna iniciativa en esa época, pero no tengo un vínculo más allá”.

En esa línea, descarta haber intervenido en favor del hermano de la senadora.

“Yo supe de este proyecto cuando ya estaba ingresado y aprobado por el GORE (…) No tengo yo una intervención directa, ni de evaluación, ni nada por el estilo”, acota.

Sea como sea, para septiembre de 2022 la División de Presupuesto e Inversión Regional del GORE ya había dado su visto bueno al proyecto. Y menos de una semana más tarde, los consejeros regionales lo aprobarían de manera unánime. Apenas un mes después, en octubre, los fondos estaban listos para ser entregados.

Todo quedaría oleado y sacramentado con la firma del convenio entre Díaz y Leitat el 29 de diciembre de 2022 y los $720 millones fueron a parar a las arcas de la fundación en una sola cuota.

PARTICIPACIÓN DE RINCÓN

De acuerdo a las rendiciones de gastos analizadas por este medio, durante el primer año de ejecución, se gastaron apenas $100 millones de los casi $720 que les entregó el Gobierno Regional. Es decir, menos de un 15% del presupuesto total.

Y si bien no está clara la profundidad del vínculo entre Leitat y Ricardo Rincón, lo concreto es que este último se ha visto beneficiado con el proyecto financiado con los dineros públicos del GORE.

Las rendiciones a las que accedió este medio evidencian al menos cuatro pagos en favor del ex demócrata cristiano: boleteó en julio, agosto, septiembre y octubre de 2023.

Primero por una “asesoría”; luego por una “propuesta de gobernanza”; y las últimas dos, por el “avance de una estrategia” para el centro espacial, según se lee en las glosas de los honorarios.

Cada documento tributario fue emitido por $3 millones brutos.

Consultado el Gobierno Regional, transparentaron un quinto pago en favor de Rincón. Así, la suma total asciende a más de 15 millones de pesos. Rincón, en tanto, detalla que emitió una sexta boleta pero que hasta ahora no ha sido cancelada. Con ello, el monto se elevaría a unos $18 millones.

“Para Leitat Chile realizo una consultoría externa profesional como abogado con experiencia en el área de la Defensa y el desarrollo de política pública espacial, trabajo que aporta a la generación de un ecosistema espacial para la región”, se justifica Rincón.

“A la fecha he realizado 10 informes con cerca de 300 páginas, siete de ellos entregados y tres en etapa de cierre. He emitido seis boletas de las que Leitat ha pagado cinco, pues los procesos internos no son automáticos”, añade.

De la documentación tenida a la vista por BBCL Investiga, se desprende que los únicos personeros de la fundación que han percibido remuneraciones mensuales más altas que Rincón, corresponden al director de la misma, Fernando Amago Martínez, y al director de proyectos estratégicos, Álvaro Gómez Moffat.

El primero con un sueldo de $5,4 millones y el segundo con $3,4 millones.

VINCULOS POLÍTICOS

Gastos y proyecto aparte, los desembolsos en favor de Rincón levantan suspicacias. Especialmente por la cercanía que ha mostrado Demócratas con Rodrigo Díaz. Sin ir más lejos, la propia presidenta de la tienda, Ximena Rincón, se ha erigido como una de las principales aliadas políticas de Díaz, incluso luego del escándalo que significó el caso Convenios para su administración, destapado por BBCL Investiga.

“Nadie duda de la capacidad del gobernador, de lo que ha sido su trabajo, del desarrollo que ha tenido esta región”, dijo Ximena Rincón durante su última visita a Concepción. El periplo también derivó en una reunión entre ambos fechada el 15 de marzo de este año (ver imagen).

Los apoyos públicos pudieron traducirse en un apoyo formal del partido a la repostulación de Díaz. Fuentes de BBCL Investiga confidencian que hubo numerosos acercamientos entre ambas partes y hasta horas antes de que Díaz finalmente decidiera bajar su candidatura, aún existían conversaciones para apoyarlo.

Y aunque en la interna del conglomerado aún rondaba el fantasma de una posible formalización por el Caso Polizzi, la cúpula de Demócratas no descartaba llevarlo como su candidato a gobernador, en desmedro de otras figuras del Bío Bío. Finalmente, la consejera regional Ana Araneda será la apuesta de la tienda política en las elecciones de este año.

MARGINACIÓN DE RODRIGO DÍAZ

“No voy a repostular al trabajo de gobernador”.

Con esas palabras Rodrigo Díaz anunció el pasado 22 de abril su decisión de no intentar quedarse con el sillón de Avenida Prat 525.

Y si bien adujo razones familiares (“mi familia está sufriendo”, dijo), lo cierto es que su sorpresiva auto-marginación se dio justo después de que el Gobierno Regional se enterara de la futura publicación de este reportaje.

Consultado el GORE respecto de si evidencian un conflicto de interés, explican que “a la fecha de inicio del proyecto dicho conflicto no existiría”.

“En la fecha que se inició la gestión del proyecto, el partido Demócratas aún no existía, este recién fue legalizado el 28 de julio del año 2023”, espetan.

—¿Cómo surge la idea de invertir dinero estatal en un proyecto para crear un “centro de innovación espacial” en el Bío Bío y por qué se decide dárselo a Leitat?

“La ley de presupuestos del año 2022 permitía la postulación de iniciativas que provenían tanto con el sector público como con el privado, pudiendo este último abarcar temáticas que están fuera de la institucionalidad pública tradicional. La propuesta de fundación Leitat de promover el conocimiento y desarrollo de tecnologías aeroespaciales con el objeto de impulsar a los principales sectores económicos de la región del Bío Bío, se vislumbra como una oportunidad de crecimiento económico y refuerza el compromiso con la ciencia, tecnología e innovación”, dicen desde el GORE, a través de una declaración enviada tras los requerimientos de BBCL Investiga.

¿POSTULACIÓN DE RINCÓN?

Ricardo Rincón, por su parte, se espera que compita, por el mismo partido, a la Gobernación Regional de O’Higgins. Una carrera que ya corrió en 2021, cuando salió en último lugar con el 14,06% de los votos. Su postulación se vio empañada mediáticamente tras su detención por infringir medidas sanitarias y luego de que reflotaran las acusaciones por violencia intrafamiliar en su contra.

—¿Los pagos recibidos por usted de Leitat forman parte del financiamiento de su próxima campaña a gobernador regional de O’Higgins?

“Los honorarios profesionales recibidos de Leitat en el marco del trabajo profesional que realizo para ellos, forman parte de mis legítimos ingresos por el ejercicio libre de mi profesión de abogado y son destinados al sustento de mi familia. No he decidido ser candidato a gobernador en O’Higgins, pues no me han logrado convencer de que en ese espacio pueda aportar y mi familia no lo desea”, dice Rincón.

LEA SU DECLARACIÓN COMPLETA:

Pese a las consultas de BBCL Investiga, Leitat no estuvo disponible para este reportaje. El “centro espacial”, de acuerdo a los informes presentados por la propia fundación analizados por este medio, se reduce a la creación de redes sociales para el proyecto y el impulso de “torneos espaciales”, talleres escolares y un programa de “levantamiento de retos con la industria”.

HAY MÁS

A toda esta trenza política se suman otros casos que incluso han puesto a Rodrigo Díaz en calidad de imputado en investigaciones del Ministerio Público. La más notoria, probablemente, además del Caso Polizzi, corresponde a los traspasos por casi $380 millones en favor de la fundación de Michelle Bachelet, Horizonte Ciudadano.

Tal como develó BBCL Investiga en julio de 2023, el organismo se hizo de los dineros públicos para un proyecto de María Estela Ortiz, amiga personal de la exmandataria. Esta última percibió remuneraciones mensuales por $2,5 millones. Pero no es la única. El hijo de Ortiz, el guionista Juan José Parada, también recibió honorarios brutos por $1,8 millones, de acuerdo a las rendiciones de gastos revisados por este medio.

Los cuestionamientos no tardaron en llegar.

Primero, porque el propio Díaz fue el hombre de confianza de Bachelet durante ambos periodos de la exmandataria. Y segundo, porque una ex funcionaria del GORE Bío Bío, en su declaración ante fiscalía, denunció presiones para apurar el financiamiento del proyecto.

La causa aún es investigada en reserva por la fiscal de alta complejidad, María José Aguayo. (Bio Bio)

Ejército releva del cargo a seis oficiales que participaron en ejercicios en que falleció soldado

El Ejército de Chile comunicó esta tarde la suspensión del cargo de seis oficiales que estuvieron a cargo de la planificación y ejecución de la marcha en Putre donde falleció el soldado conscripto Franco Vargas de 19 años.

En un comunicado, la institución castrense señaló: «Conforme a los nuevos antecedentes recabados en relación con los lamentables hechos en que resultara fallecido un soldado conscripto y otros dos en estado de gravedad (…) el comandante en jefe del Ejército ha resuelto relevar del mando a un oficial comandante de sección, a tres suboficiales comandantes de escuadra y dos suboficiales que participaron en la ejecución de la marcha».

«Lo anterior, en beneficio directo del desarrollo de las investigaciones en curso», subrayó el Ejército.

Ayer, el general Iturriaga relevó del cargo a dos mandos directos del soldado fallecido: un comandante en compañía y un comandante del batallón de instrucción en Pacollo.

Esto significa que «seguirán en el Ejército mientras la investigación siga en curso. Se asume la presunción de inocencia mientras no se comprueben sus responsabilidades efectivas», como explicó Iturriaga.

Actualmente, el Ejército lleva a cabo una investigación para esclarecer las causas que provocó la muerte del joven de 19 años y dos en estado grave. Iturriaga adelantó que el primer informe sobre lo sucedido será presentado los próximos días.

También solicitaron a la Corte Marcial la designación de un ministro en visita para que realice la indagatoria.(Emol)

EE.UU. revoca licencias de exportación de chips Intel y Qualcomm a Huawei

Financial Times trae en exclusiva el último esfuerzo de Washington para arremeter contra el sector tecnológico chino.

La administración Biden revocó las licencias de exportación que permitían a Intel y Qualcomm suministrar semiconductores a Huawei. La medida se da en medio de las alertas de Estados Unidos por la capacidad del grupo tecnológico chino para desarrollar chips avanzados, a pesar de los controles de exportación impuestos anteriormente.

La última acción del Departamento de Comercio de EEUU afecta al suministro de chips para los computadores portátiles y teléfonos móviles de Huawei, según personas familiarizadas con la situación.

«Se trata de una medida significativa que indica la seriedad con la que el gobierno estadounidense está abordando -sin dar marcha atrás- lo que considera amenazas a la seguridad nacional por parte de la tecnología china», dijo la experta en control de exportaciones de la consultora Beacon Global Strategies, Meghan Harris. (FT-DF)

Boric inicia gira por la Región de O’Higgins la tarde de este martes y hasta el jueves

La tarde de este martes, el Presidente Gabriel Boric inició lo que será su gira por la Región de O’Higgins, que se extenderá hasta este jueves.

En el inicio de su visita, el Mandatario se trasladó en esta jornada hasta la comuna de Peralillo, donde encabeza una reunión con alcaldes y alcaldesas de la Provincia de Colchagua y Cardenal Caro.

El miércoles, el Jefe de Estado visitará una escuela de la localidad de Pailimo, comuna de Marchigüe, donde se ha implementado el programa “Mejor Escuela”.

En el marco de dicha iniciativa del Ministerio de Energía, se realizaron obras de reposición y remodelación en establecimiento, con una inversión en torno a los 330 millones de pesos.

En la misma jornada, además, participará junto a autoridades de gobierno en la entrega de subsidios a agricultores de la región. Se trata de incentivos del Fondo de Operación Anual (FOA) -que beneficia a 6.500 agricultores- y del programa Praderas Suplementarias.

De acuerdo a lo programado, por la tarde también encabezará una entrega de viviendas en la comuna de San Vicente.

La visita de la máxima autoridad del país por O’Higgins continúa el jueves, con pautas por confirmar. (La Tercera)

Gbno. pide al Senado dejar fuera del proyecto RUF indicación sobre rol de justicia militar

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió este martes a la polémica norma que pretende dar atribuciones a los tribunales militares, y que fue declarada inadmisible por la Cámara de Diputados el viernes pasado, en el marco de la votación de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).

Pese a ser desechada por los diputados, algunos senadores de Chile Vamos anunciaron que buscarán reponer dicha enmienda.

En la misma línea de lo planteado por su par de la Segpres, Álvaro Elizalde, la secretaria de Estado señaló que “la postura del gobierno es que ese planteamiento en el seno del proyecto de ley de Reglas de Uso de la Fuerza no tiene asidero, porque está fuera de las ideas matrices, es una materia distinta”.

“Entonces, si alguien desea discutir eso, tendría que ser en un proyecto distinto. Ya la Cámara de Diputados se pronunció y lo que uno esperaría es que ese mismo criterio se ratifique en el Senado”, planteó Tohá.

La ministra enfatizó en que la postura del Ejecutivo “no es un tema de que uno confíe que no estén los votos”, sino que -sostuvo- “cuando algo es inconstitucional, todos deberíamos respetar la Constitución, hasta que uno no la cambie”.

“Si hubo el criterio de hacer valer la Constitución en la Cámara, uno supone que ese mismo criterio va a estar en el Senado”, zanjó. (La Tercera)

Tohá responde observaciones de Contraloría a auditoría por proceso de expulsiones

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, asistió la tarde de este martes a la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, para referirse a las observaciones y sumarios instruidos por la Contraloría respecto a los procesos de expulsiones.

La asistencia de la secretaria de Estado a la instancia se dio luego de que hace dos semanas -el 23 de abril- los parlamentarios acordaron en votación enviar una nota de molestia por su ausencia y la del subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, en el debate por control migratorio.

La instancia de la Cámara Baja, que cuenta con mayoría de parlamentarios de oposición, aprobó enviar la nota por 7 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención.

Los votos a favor fueron de los parlamentarios UDI Fernando Bórquez y Juan Fuenzalida, el RN Miguel Ángel Becker y el independiente de esa bancada, Bernardo Berger, José Meza (Partido Republicano), Joanna Pérez (Demócratas) y Rubén Oyarzo (ex PDG).

De hecho, previo a la intervención de la titular de Interior en esta jornada, la diputada Pérez -que preside la instancia- recordó dichas ausencias.

Una vez que Tohá tomó la palabra, apuntó que respecto a las auditorias realizadas por Contraloría, la Policía de Investigaciones hizo correcciones y en los casos que ameritaba se instruyeron sumarios.

Comisión de Gobierno Interior.

En primer lugar, sostuvo que “había una observación respecto a los protocolos con los que se desarrollan las expulsiones”, agregando que “en el caso de las expulsiones judiciales, ya está terminado. Y están en camino las administrativas, están en elaboración todavía los nuevos protocolos”.

Una segunda observación del órgano contralor, se refería a los registros de los sistemas de gestión policial, que en ocasiones contaba con información incompleta y duplicada. “A veces pasaba que hay campos, por ejemplo, de ciertos registros que no estaba llenado, y otras veces estaba duplicado. O sea, una información estaba dos veces respecto a otra. Y, en realidad, no estaba en contacto con la misma situación. Estos son, típicamente, errores humanos en la administración de estos sistemas de registro, que hay que corregir y mejorar con procesos más expeditos y capacitación”, dijo.

La secretaria de Estado dijo que la tercera observación fue relativa a que “había algunos casos de personas que figuraban como entrando y saliendo al mismo tiempo”. “Una persona entraba al país y, cuando entraba, se le decía que estaba con una orden de expulsión pendiente, y la persona decidía salir por sus propios medios. Entonces, figuraba entrando y saliendo al mismo tiempo, pero no era un error, sino que el tipo de procedimiento, cuando esto pasa, el sistema no tiene una buena manera de registrarlo. Cuando eso sucede queda como una información incongruente”, explicó.

La ministra del Interior, Carolina Tohá. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile.

Una cuarta observación de la Contraloría dice relación con el caso de 143 personas “que estaban con expulsión, que se las expulsó y que no quedó registrado adecuadamente su salida del país”.

El entre contralor hizo una quinta observación por ocho extranjeros que fueron expulsados del país, pero que figuraban reingresando. “De esos ocho casos, tres eran casos repetidos, o sea, no eran verdaderos, eran los mismos que los otros cinco. Y los cinco eran casos en que no era realmente que hubieran sido expulsados y habían vuelto a entrar, sino que había problemas de registro en que personas que tienen otra identidad fueron registrados de tal manera que se confundían con esta persona expulsada y no se identificaba adecuadamente”,

La ministra dijo que por este último caso se instruyó un sumario, “porque cuando se trata de personas expulsadas, si hay un error de registro, aunque es un error humano, en el sentido de que cualquiera se puede equivocar, en el caso de una expulsión es particularmente complejo”.

“Entonces un error podría ser también un fraude, o podría ser también una información interesada en dar la impresión de que se estaba expulsado alguien que no lo estaba. Por esa razón se consideró que esto tenía una gravedad distinta y dio lugar a un sumario que está en proceso, así que todavía no puedo dar cuenta de su resultado”, cerró. (La Tercera)

Juan Andrés Lagos (PC), asesor del M. del Interior, imputa actos terroristas a Carabineros

El asesor del ministerio del Interior y dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, volvió a emitir declaraciones que derivaron a cuestionamientos a la cartera que encabeza la ministra Carolina Tohá.

En el programa «Sin Filtros», el cuadro histórico del PC mencionó los casos de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, afirmando que «esas son personas que fueron víctimas atroces de acciones de terrorismo, lamentablemente aplicadas por la policía».

Sus dichos se enmarcan en los cuestionamientos que ya enfrenta el Gobierno sobre su efectivo compromiso con la institución policial, que se encendieron con el triple homicidio a carabineros en Cañete.

Por lo demás, la recriminación de Lagos a los efectivos se da ad portas del debate del proyecto de Ley Antiterrorista en la Cámara de Diputados y Diputadas, que es una de las mociones que el Ejecutivo y el Congreso buscan acelerar debido al ataque a la policía en la Región del Bío Bío.

Es esta legislación la que se enreda, a juicio de la oposición, con los dichos del militante comunista, por el cual también emplazan al ministerio de Interior a evaluar la continuidad del mismo.

El diputado e integrante de la comisión de Seguridad de la Cámara, Henry Leal (UDI), relevó que «el señor Juan Andrés Lagos trabaja en el ministerio del Interior y esa cartera está llevando adelante la legislación en materia de seguridad, vamos a empezar a ver la ley Antiterrorista en la Cámara de Diputados que ya se aprobó en el Senado, entonces no sé si sus opiniones representan o no al Gobierno, sería bueno saber eso«.

«Que yo sepa, los casos que él anuncia no hay ninguna condena por derechos humanos, por lo que me parece absolutamente imprudente que este señor vaya a programas políticos y dé opiniones, porque él es asesor y forma parte del Gobierno», añadió. Por tanto, indicó que «yo llamaría a la ministra del Interior, Carolina Tohá y al subsecretario Monsalve, a que haga callar a su asesor. Parece que representa mucho más al Partido Comunista que al Gobierno y sería bueno que eso se aclarara».

Además, advirtió que «esto enreda la discusión parlamentaria. Este señor no puede seguir siendo parte del ministerio del Interior«.

En tanto, el diputado Jorge Durán (RN), destacó que esta «no es la primera vez que este asesor del Ministerio del Interior hace polémica por sus dichos. Él debe entender que es funcionario del Gobierno, por lo tanto no puede correr por colores propios al momento de emitir estas declaraciones, que además dejan ver nuevamente el sesgo ideológico que tiene el Partido Comunista en contra de Carabineros, institución a la que le han hecho tanto daño».

A su vez, la diputada Catalina Del Real (Rep) aseveró que «la continuidad de Juan Andrés Lagos en el Gobierno ya no da para más. Recordemos sus dichos en defensa de la dictadura de Maduro cuando ocurrió el caso de Ronald Ojeda, y ahora intenta nuevamente injuriar a Carabineros de Chile, con dichos que representan el espíritu del Partido Comunista, quienes a toda costa han buscado destruir la imagen y el prestigio de la institución».

Lo anterior ha conllevado «consecuencias negativas para el país, sobre todo en medio de una crisis de seguridad, donde todos los sectores políticos debemos respaldar el trabajo de nuestras policías», apuntó.

Por su parte, el jefe de bancada de diputados Evópoli, Jorge Guzmán, consideró, «muy grave que uno de los principales consejeros del Ministerio del Interior llame terroristas a Carabineros, en especial mientras tenemos a los verdaderos terroristas, que asesinan Carabineros, que incendian predios e infunden temor en la Macrozona Sur, gozando de impunidad, porque los encargados de darle respaldo a las policías, de tomar decisiones firmes y decididas, prefieren darse gustitos personales e ideológicos».

Dicho eso, el parlamentario llamo «al Presidente Boric y a la ministra Tohá a cuestionarse la contratación de personajes como Juan Andrés Lagos y de tantos otros, que con abultados sueldos relativizan la violencia, confunden a la opinión pública y no permiten que Chile combata con seriedad y responsabilidad al terrorismo y el crimen organizado«.

En esa línea, la diputada Camila Flores (RN), afirmó que es «importante que la Ministra Tohá o el subsecretario Monsalve salgan a explicar si las expresiones vertidas por Juan Lagos corresponden a una mirada de Estado, del Gobierno, respecto a efectivamente la situación que se generó y si es que efectivamente ellos, al igual que Lagos, consideran que esto fue una actuación terrorista«.

«Creo que es súper importante porque estamos hablando de un asesor del Ministerio con un cargo sumamente relevante y que por lo tanto cuando habla, no lo puede solamente hacer a título personal, él no se puede desdoblar de este cargo y por otro lado emitir opiniones personales», sumó.

Asimismo, la diputada Karen Medina (PD), advirtió que «cuando tenemos un problema con la seguridad, cuando tenemos un problema de ataque en la Macrozona Sur a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros carabineros, es imposible que una persona, un asesor como Juan Andrés Lagos, tenga la capacidad y la altura de mira de poder asesorar al Ministerio del Interior«.

«Esta persona está totalmente sesgada, ideologizada y debería dar un paso al costado en este proceso«, apuntó.

Desde la vereda del oficialismo, el jefe de bancada de diputados PPD, Jaime Araya, apuntó que «sería importante que el representante del Partido Comunista o del ministerio del Interior, pueda reflexionar en orden a la confusión que puede generar en la opinión publica sus opiniones«.

«Él tiene que pensar que cuando uno lo ve en televisión puede pensar que habla en representación de sí mismo, que habla en representación de su partido o que habla en representación del Gobierno, en particular el ministerio del Interior, que tiene temas muy sensibles en materia de seguridad«.

De tal manera, recalcó que «él debiera definir si el espacio que ocupa es un espacio que permite que la gente con nitidez vea que el habla por sí mismo o eventualmente induce a una conversación en torno a quién habla». (Emol)

Orrego discrepa con Gobierno en cantidad de homicidios: «En Santiago aumentaron»

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, discrepó la tarde de hoy martes con las cifras entregas por el Gobierno en el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile 2023.

En la estadística, que fue presentada el pasado 22 de abril y elaborada por el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, se destaca «el descenso o no aumento de la tasa de víctimas de homicidios en 12 regiones en relación con el año 2022: (…) Metropolitana (con 0%)».

En conversación con Radio Infinita, al ser consultado respecto del homicidio de una menor de 13 años en la comuna de Quilicura, la autoridad regional sostuvo que «a mí me llega un reporte todos los días de los distintos homicidios o delitos con armas de fuego, y eso solo va aumentando. Es cierto que el Gobierno sacó un informe de que el año pasado habrían disminuido los homicidios en general, pero en Santiago aumentaron».

En ese sentido, acotó que «hay comunas que ya están a nivel pandémico de homicidios», apuntando a «Santiago, Recoleta, La Pintana, Lo Espejo, Lampa». «No nos podemos acostumbrar a este tipo de cosas, y todos los esfuerzos que se están realizando por todas las instituciones (…), no solamente no puede cesar, sino que tiene que fortalecerse para enfrentar a este crimen organizado y a este creciente uso de armas de fuego que termina con niñas inocentes», agregó.

En el informe señala que hubo un «quiebre en la tendencia al alza» de los homicidios que se venía registrando desde 2016, con excepción del periodo de pandemia.

La tasa registrada en 2023 fue 6,3 víctimas de homicidios consumados cada 100 mil habitantes. Mientas en 2022 la tasa fue de 6,7 víctimas cada 100 mil habitantes. Esto significa una disminución de 82 víctimas (de 1.330 registradas en 2022 a 1.248 víctimas registradas en 2023).(Emol)

Héctor Llaitul condenado a 23 años de cárcel por delitos contra Seguridad del Estado

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco entregó este martes la sentencia para Héctor Llaitul, quien fue condenado por delitos de usurpación violenta de predio, hurto simple y atentado contra la autoridad, que están contemplados en la Ley de Seguridad del Estado.

En total, el tribunal otorgó 23 años de cárcel para el comunero, además del pago de 26 UTM por los diversos delitos por los cuales fue condenado. La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía había solicitado penas que sumaban los 25 años de presidio.

El juez relator Jorge González detalló los años de cárcel dictados para el comunero: 15 años como autor delito consumado y reiterado contra el orden público, contemplado en la Ley de Seguridad del Estado, 5 años como autor del delito consumado de hurto (más el pago de 11 UTM) y 3 años como autor del delito consumado de atentado en contra de la autoridad.

En específico, el hurto por el cual fue condenado se produjo en la Forestal Arauco, lo mismo que la usurpación violenta. Por esto último se le sentenció a pagar 15 UTM.

Llaitul se encontraba cumpliendo la medida de prisión preventiva desde agosto de 2022. Cuatro meses después, el Ministerio Público presentó su acusación. En el juicio, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, acusó que el comunero mapuche hizo llamados a la violencia. “Luego de una serie de declaraciones vertidas por usted, se registraron aproximadamente 54 hechos de violencia, consistentes en ataques incendiarios que se extienden desde enero de 2020 hasta mayo de 2022 y abarca las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y los Lagos, en cuyos sitios del suceso se han encontrado evidencia documental y de carácter adjudicatario alusiva a la Coordinadora Arauco Malleco”, se señaló en la acusación.

La sentencia se dio en medio de fuertes medidas de seguridad desplegadas en la Macrozona sur ante la posibilidad de atentados en la zona. En ese marco, ayer se realizó una reunión del comité policial regional, donde declararon mantenerse en “alerta roja”.

La delegada presidencial (s) de La Araucanía, Andrea Parra, señaló que habrá un “despliegue máximo de las fuerzas militares”. Por su parte, el jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía, general Ricardo Duarte, señaló que que la alerta “implica un incremento de fuerzas, de patrullaje y de controles”.

Antes de conocer el veredicto, Llaitul había solicitado la “absolución y la justicia”. “Si me condenan, va a seguir existiendo el conflicto mapuche”, dijo ese día.

TOHÁ: «CERRAR LA PUERTA A LA VIOLENCIA»

La ministra del Interior, Carolina Tohá, celebró la sentencia contra Héctor Llaitul y aseguró que es «una señal de que el Estado de Chile está cerrando la puerta por todas las vías a la violencia como forma de procesar conflictos».

El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) fue condenado a 23 años de cárcel tras ser declarado culpable de dos delitos consumados y contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, además de usurpación violenta de un predio, hurto simple y atentado contra la autoridad.

La secretaria de Estado sostuvo que es un logro importante y que «es una confirmación de que todas las capacidades se han desplegado para poner freno a la impunidad y se están logrando resultados en esa dirección».

«El Gobierno del Presidente Boric está combatiendo la violencia en la Macrozona Sur, pero con la misma fuerza está buscando caminos para provocar respuestas a los conflictos que dolorosamente ha arrastrado por décadas, por siglos esa zona. Ambas cosas no solo son compatibles, sino que ambas son necesarias», añadió.

Además, advirtió que este no es el único golpe policial que se ha tenido contra las orgánicas que desarrollan acciones violentas, «va a seguir sucediendo en los otros ataques que se detectan en la zona, particularmente en el horrible homicidio que tuvimos hace pocos días atrás de tres funcionarios de carabineros en la comuna de Cañete. Hemos mostrado que como Estado tenemos hoy mayores capacidades de perseguir estos delitos, de llevar ante la justicia a quienes están acusados de ellos y de obtener condenas por ese camino».

En esa línea felicitó el trabajo de las policías, la Fiscalía y los equipos jurídicos del Ministerio del Interior, «aquí que tenemos muchos desafíos como este para lograr definitivamente dejar atrás las expresiones de violencia», cerró.

DEFENSA PEDIRÁ NULIDAD DEL JUICIO

La abogada defensora de Héctor Llaitul, Josefa Ainardi, confirmó que presentará un recurso de nulidad para revertir la pena de 23 años de cárcel determinada contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), luego de que la Justicia lo declarara culpable de diversos delitos en la Macrozona Sur.

Además de establecer el pago de una serie de multas, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a Llaitul a 15 años de presidio efectivo por el delito consumado y reiterado contra el orden público, bajo la Ley de Seguridad del Estado, a otros cinco años de reclusión como autor del delito consumado de hurto, y a tres años más como autor del delito consumado de atentado en contra de la autoridad.

Horas después de que se dictara sentencia, la abogada planteó que «nos llama la atención que el grueso de esta condena de prisión efectiva, 15 de 23 años, refieren a ilícitos que están contenidos en la Ley de Seguridad Interior del Estado«, por cuanto «es una ley de persecución política».

Ainardi apuntó que los delitos consignados en esa norma que son parte del fallo «fueron creados en 1975, en plena dictadura militar», y que desde el retorno a la democracia, «no ha habido ninguna persona en nuestro país que ha sido condenada por estos delitos, justamente porque son cuestionados tanto a nivel internacional como a nivel doctrinario y jurisprudencial, respecto del carácter restrictivo de garantías como la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y también, en el particular, el derecho a ejercer la libre autonomía y autodeterminación de miembros integrantes de pueblos indígenas».

«Creemos que hay un error en la interpretación que hace esta sentencia y el tribunal en general, con desconocimiento de normas internacionales sobre derechos humanos tan importantes como el Convenio 169 de la OIT, y otros como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto San José de Costa Rica, entre otros», añadió.

En ese sentido, «lo que nos toca como defensa es intentar anular la condena a través de un recurso de nulidad que presentaremos en los próximos días, y tampoco descartamos la interposición de denuncias o recursos en sede internacional, puesto que creemos que allí ha habido una mejor recepción de este debate en cuanto al respeto de los derechos de los pueblos indígenas y de garantías fundamentales (…), cuestión que creemos que en este Estado chileno -que a juicio de nosotros refiere evidentemente un carácter racista y colonialista- no ha tenido asidero».

Al cierre, la jurista insistió en que la sentencia es el resultado de una «persecución política en base a dichos de un vocero histórico de la CAM, que refiere a una postura de resistencia y también de reivindicación de derechos políticos, territoriales, culturales y espirituales del pueblo mapuche».

«LA CAM NO ES PARTE DE LA CAUSA MAPUCHE», SEGÚN VÍCTIMAS

Entre quienes celebran lo resuelto por la Justicia está Alejo Apraiz, presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, que salió a reconocer «el gran trabajo que realizó la Fiscalía para permitir, con su investigación, la sentencia condenatoria contra Héctor Llaitul».

Apraiz subrayó que el condenado es «líder de una organización criminal y delictiva que tanto daño psicológico y patrimonial ha causado en la Macrozona Sur; una organización de carácter terrorista, también vinculada al robo de madera y al tráfico de drogas y armamento».

«Por ello, no nos queda más que felicitar el trabajo prolijo y planificado llevado a cabo por la Fiscalía (…), se ha demostrado que esta asociación ilícita no es parte del movimiento mapuche, y sólo utiliza su causa para fines personales y delictuales», remató el dirigente.

Dicho esto, llamó a continuar investigando a todas las agrupaciones que se adjudican ataques incendiarios en La Araucanía. (La Tercera-Emol-Cooperativa)

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