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Chile sumará 25 ministerios llegando al 3° puesto de Sudamérica: 28% creados el siglo XXI

De confirmarse la instauración del Ministerio de Seguridad Pública, actualmente en tercer trámite constitucional, serían seis carteras creadas desde 2010. (Emol)

Equipo multimedia Emol: Infografía: Michel Leiva M., Emol. | Edición: Felipe Vásquez, Emol | Fuente: Gobiernos / Agencias / BCNRecursos: Flaticon y Freepik.

José A. Kast dice que la “gran primaria” será la primera vuelta de la presidencial

El fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, la mañana de este miércoles descartó la posibilidad de participar en una primaria con Chile Vamos o una derecha ampliada -que incluya además a Demócratas y Amarillos- de cara a la próxima elección presidencial.

De esta manera, el expresidenciable confirmó sus intenciones de ser por tercera vez la carta a La Moneda de la colectividad liderada actualmente por Arturo Squella.

En diálogo con Radio Pauta, en esta jornada Kast dijo que su posible desafío será medirse con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, pero en la primera vuelta.

“Yo sí me atrevo a desafiar situaciones que antes no se hacían. Y siempre velando por el mejor bien para la patria. Y en este caso, la primera vuelta, compitiendo con quien salga electo de la primaria de Chile Vamos”, dijo.

El líder de Acción Republicana luego lanzó un dardo al conglomerado de derecha: “Supongo que Renovación Nacional y Evópoli tendrán algún líder que pueda ir a una primaria y darle mayor fortaleza. Si no van a ir a primaria, sería bueno quizás que lo sinceren y digan que la candidata única de Chile Vamos es Evelyn Matthei, para no hacernos pasar por una especie de puesta en escena de primarias”.

“Si ya lo han decidido todos, que es Evelyn Matthei, sería bueno que lo sinceren para que ella no tenga que entrar en un debate interno. Y después la gran primaria será la primera vuelta”, recalcó, en referencia a su eventual medición con la jefa comunal en esa instancia de los próximos comicios presidenciales.

LAS RUF

Kast también abordó el resultado en la Cámara de Diputados, donde se declaró inadmisible la reposición de la justicia militar, en el marco de la votación de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).

Tras el revés de la indicación propuesta por parlamentarios de derecha, desde la colectividad liderada por Arturo Squella fundamentan en una desconfianza con el Ministerio Público su apoyo al retorno de los tribunales militares.

Esto, en contextos especiales, como estado de excepción, para que se considere que cualquier eventual delito de uniformados sea juzgado por la justicia castrense.

De hecho, el partido de Kast, luego de la inadmisibilidad en el trámite del proyecto en la Cámara de Diputados, apunta a reponerla en el Senado.

En entrevista con Radio Pauta, en esta jornada el expresidenciable se mostró a favor de esta opción y lanzó sus dardos contra la justicia ordinaria.

“Sí, absolutamente. Creo que lo que estamos viviendo el día de hoy, donde hay fiscales, hay jueces que están absolutamente ideologizados y han perdido la imparcialidad, porque han participado en manifestaciones, se han manifestado en las redes sociales, con una odiosidad hacia las Fuerzas Armadas y de Orden. Ahí sí que hemos visto la diferencia en la aplicación de la ley y de las sanciones”, dijo.

En ese sentido, sostuvo que la justicia militar “lo que se está planteando es que se otorguen en las situaciones de estado de excepción, en la infraestructura crítica, en los eventos electorales, en el resguardo a las fronteras”.

José Antonio Kast

Sobre la declaración de inconstitucional, planteó que “fue por mayoría de votos y por ausencia de diputados. Aquí no hubo un análisis jurídico, esto fue una decisión política de una mayoría circunstancial en la Cámara de Diputados. Y yo vuelvo a insistir que sería conveniente que en los casos que he señalado la justicia militar se haga cargo”.

Kast también respondió a las declaraciones del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien dijo que le parecía un reproche injusto señalar que hay fiscales ideologizados.

“Yo entiendo que él tiene que resguardar la institucionalidad del Ministerio Público, pero él también tendrá que reconocer que hay fiscales y por el otro lado del Poder Judicial hay jueces que actúan de manera política”, retrucó.

Y luego volvió a arremeter contra la fiscal Ximena Chong, persecutora de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte que lidera una serie de investigaciones del Ministerio Público por presuntos delitos de uniformados en el contexto de las protestas tras el 18 de octubre de 2019.

“Si yo veo las redes sociales de la fiscal Chong, me voy a dar cuenta que ella tiene una postura política y la expresa. Y que sus fallos o sus investigaciones tienen un sesgo total, por lo tanto, son ellos mismos los que han ido debilitando su institucionalidad, no somos nosotros”, afirmó.

TRAGEDIA DE PUTRE

El fundador del Partido Republicano también abordó lo sucedido en la instrucción militar en Putre, donde resultó fallecido el conscripto Franco Vargas.

“Lo que ocurrió en Putre es absolutamente lamentable, reprochable y corresponde que el Ejército haga todos los sumarios, todas las investigaciones y aplique todas las sanciones que correspondan en caso de que se hayan cometido irregularidades y darle todas las facilidades a las familias de estos jóvenes para poder volver a su hogar en caso de que ellos estimen necesario”, dijo.

7 MAYO 2024 ROMINA VARGAS, MADRE DE FRANCO VARGAS, CONSCRIPTO FALLECIDO EN PUTRE. FOTO: DEDVI MISSENE

Con todo, Kast expresó que en este caso no corresponde pedir la salida del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga.

“Aquí hay una responsabilidad del mando, pero del mando que determina cómo y dónde se iban a hacer los ejercicios, en qué condiciones estaban los jóvenes, cuáles fueron los exámenes médicos. Eso no es responsabilidad del comandante en jefe, es responsabilidad del mando que estaba a cargo. En caso de que se compruebe que aquí hubo una irregularidad, tendrá que aplicarse todas las sanciones que correspondan”, sostuvo.

Y agregó: “Yo creo que en este caso la justicia militar es especializada y yo creo que ellos van a determinar cuáles son las sanciones. Recordemos que la justicia militar también tiene que rendir cuentas, o las partes pueden exigir una revisión a la Corte de Apelación, a la Corte Suprema, que está integrada también, pero yo sí confío en que en este caso se va a llegar a conocer todos los hechos y se va a aplicar justicia como corresponde”. (La Tercera)

(La Tercera Pauta)

Colusión en mercado de gas hospitalario: exgerente general de Indura arriesga cárcel

En diciembre de 2023, la ingeniera de la PUCV, Claudia Sánchez, asumió la gerencia general de Indura en reemplazo de Marcelo Torres Bruce, ejecutivo que fue apartado del cargo en una decisión que tomó Air Products, matriz estadounidense de la firma, sobre su filial en Sudamérica. Lo anterior, ocurrió cinco meses antes de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentara su requerimiento por colusión contra esa compañía y Linde ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Se trata de un caso emblemático para el mercado chileno de los gases medicinales e industriales. Esto, no solo porque Indura y Linde con sus eventuales prácticas coordinadas afectaron a hospitales públicos durante la pandemia y perjudicaron a actores de la gran minería, como Minera Los Pelambres de Antofagasta Minerals, sino también porque Torres, uno de los principales ejecutivos involucrados en la acusación de la FNE, arriesga pena de cárcel y es un histórico de Indura.

Si bien expertos en libre competencia recuerdan que no es el primer caso en que una persona natural se expone a la sanción más gravosa en un acto de colusión, igualmente consideran que sentará jurisprudencia. El 20 de octubre de 2021, la FNE presentó un requerimiento por colusión en contra de las empresas de transportes de valores (Brink’s, Prosegur, Loomis) y de sus principales ejecutivos, los que también se exponen a dicha pena, pero que aún no se resuelve.

La acusación presentada por la FNE en contra Indura y Linde el pasado 23 de abril, y hecha pública por el TDLC el 6 de mayo, relata hechos ocurridos con posterioridad a la última reforma al Decreto Ley N° 211, realizada durante 2016. El cambio al cuerpo legal de libre competencia establece sanciones de cárcel a las personas involucradas en actos de colusión, siendo esta última infracción catalogada como delito. Pero para ello se requiere primero que la FNE logre que su requerimiento sea acogido por el TDLC, y que posteriormente, la misma, presente una querella en contra del exgerente general de Indura, Marcelo Torres, tras lo cual puede entrar en acción el Ministerio Público.

En principio, la FNE ya pidió para Torres una multa del orden de $109 millones -y de US$31,2 millones para Indura-, pero la ley señala que la ejecución de esta conducta es castigada no solo con las sanciones administrativas establecidas en el artículo 26 del DL 211, sino que, de acuerdo con el artículo 62, es posible sancionar además en sede criminal, con las siguientes penas:

La pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, esto es, de 3 años y un día a 10 años de presidio.

Se aplica la inhabilitación absoluta temporal, en su grado máximo (siete años y un día a diez años) para ejercer el cargo de director o gerente de una sociedad anónima abierta o sujeta a normas especiales, el cargo de director o gerente de empresas del Estado o en las que este tenga participación, y el cargo de director o gerente de una asociación gremial o profesional.

Según el requerimiento de la FNE la colusión en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales, tuvo lugar, al menos, entre noviembre de 2019 y enero de 2021.

A diferencia de Torres, los exgerente general de Linde Chile, Sergio Novolli, y exgerente de ventas, Davis Lori, están ambos exentos de responsabilidad, ya que la FNE solicitó eximirlos de multa y cualquier tipo de sanción, debido a que dicha compañía se acogió al beneficio de la delación compensada.

PERFIL

Marcelo Torres Bruce es chileno, oriundo de Quillota en la Región de Valparaíso, e ingresó a trabajar en Indura en 1997, cuando la firma era presidida y controlada por el empresario Hernán Briones Goich. El ejecutivo es ingeniero civil industrial de la PUC, con un MBA en la UAI. En 1999 pasó a ser gerente de desarrollo de negocios corporativos y luego su carrera solo conoció de ascensos hasta llegar a la gerencia general.

A raíz de la exposición mediática que provocaría el caso, al hacerse público el requerimiento de la FNE, Torres decidió borrar todo el contenido de su perfil de LinkedIn. Hoy el ejecutivo cuenta con la asesoría legal de Javier Velozo, socio de Contreras & Velozo.

En febrero pasado, Indura interpuso una querella criminal en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago en contra de quienes resulten responsables por el robo de los computadores de un grupo de ejecutivos desde las oficinas centrales de la compañía en Apoquindo. Entre los afectados estaba justamente Torres.

VISIÓN DE EXPERTOS

Consultados varios abogados sobre las aristas de esta acusación, Carla Bordoli, socia de Bordoli Doren Abogados, sostuvo que “estos casos son relevantes, porque evidencian que la actual institucionalidad de libre competencia es robusta, especialmente al contar con la figura de la delación compensada, pues permite detectar y perseguir este tipo de infracciones”. Añadió: que “tanto en el caso Brinks, como en el caso actual del gas, la colusión se persiguió gracias a la delación compensada que crea los incentivos correctos para desbaratar este tipo de infracciones difíciles de pesquisar”.

Cristián Reyes, senior counsel de Aninat Abogados, explicó que “actualmente la colusión es delito económico y un delito que debe ser también sancionado respecto de personas jurídicas que se hayan beneficiado o hayan participado en la conducta, pero eso está establecido de que rija solo a contar de septiembre de este año”. “Si se hubieran detectado delitos vinculados a la colusión después de septiembre, las empresas se verían expuestas. Si no ejerce la facultad la FNE de presentar una querella en contra de Torres, ninguna otra persona la puede ejercer”, agregó.

Por su parte, Mario Ybar, exsubfiscal nacional económico y hoy counsel y director del área de Libre Competencia en Garrigues, indicó que “el caso demuestra que la delación compensada está viva, y que, de acreditarse ante el Tribunal, parece un ejemplo de libro para perseguir la responsabilidad penal de sus ejecutores”.

Finalmente, Juan Cristóbal Gumucio, socio de Cariola, planteó que “la principal relevancia del caso es que la FNE demuestra que sus facultades intrusivas (intervención de teléfonos e incautaciones) son eficaces para detectar carteles y que la delación compensada goza de buena salud para desbaratarlos”.

BORIC PIDE INTERVENCIÓN DEL CDE

En el marco de su gira en la Región de O’Higgins, el Presidente Gabriel Boric anunció que recurrirá al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por la colusión de empresas en el mercado del gas industrial y hospitalario.

En medio de una entrega de viviendas en San Vicente de Tagua Tagua, el Mandatario informó que «le he pedido a la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, que ponga los antecedentes en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado para evaluar las acciones legales, porque creemos que esto puede ser también un grave atentado a la salud pública y no lo vamos a permitir«.

En esa línea, se refirió a la acusación presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra Indura y Linde el pasado 23 de abril, y hecha pública por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) este lunes 6 de mayo

«Suena una cuestión bien rara, compleja, pero para que todos sepan, se coludieron, o sea, aumentaron artificialmente los precios del oxígeno durante la pandemia cuando los hospitales más lo necesitaban», explicó.

«Eso indigna y no lo podemos aceptar», aseveró, ya que compromete «no solamente el funcionamiento de los mercados o de algunas industrias, sino también tenemos la duda razonable de que pueda haber afectado seriamente la salud pública, al ser uno de los afectados el Hospital Félix Bulnes, que es uno de los más grandes de la Región Metropolitana».

La situación, advirtió «pudo haber comprometido la prestación de sus servicios en los momentos más complejos de la pandemia». Dicho eso, señaló que cuesta creer que «haya gente que pensó que podía hacer negocio de manera ilegal a costa de ellos». (Pulso-Emol)

Diputado Joaquín Lavín (UDI) denuncia robo de especies en servicentro de Peñaflor

El diputado Joaquín Lavín León (UDI) denunció que fue víctima del robo de especies personal en un servicentro de Peñaflor, Región Metropolitana.

Los hechos se produjeron durante la jornada de ayer martes, cerca de las 19.00 horas, cuando el parlamentario arribó hasta un servicentro Copec, ubicado en la Ruta 68, a la altura del kilómetro 105, donde estacionó su vehículo para realizar compras en lugar.

Luego de comprar y al momento de dirigirse a su vivienda, según dijo el congresista, se percató que no tenía una mochila que contenía un computador.

El aparto tecnológico estaría avaluado en casi $1.5 millones y sería de uso personal. De igual forma, el diputado sufrió el robo una billetera con documentos personales. (Emol)

El ejercicio del periodismo y la libertad de expresión

Las quejas del Colegio Metropolitano de Periodistas por una entrevista realizada por quien carece del título profesional plantean el problema de las relaciones que median entre la profesión de periodista y la libertad de expresión.

Para dilucidar ese problema, puede ser útil revisar el fundamento de esta libertad.

La libertad de expresión tiene la particularidad de que es alérgica, por decirlo así, a cualquier forma de control. No admite la censura previa, pero tampoco que se excluya ex ante a alguien de su ejercicio. Ella protege no solo al discurso, sino a un conjunto de actos expresivos, no necesariamente lingüísticos. En suma, la libertad de expresión es amplia, tanto en lo que atinge a sus titulares, como a los actos que se pueden ejecutar a su amparo. Este rasgo ha sido destacado largamente en la literatura. Kant, que prefería llamarla libertad de pluma, sugiere que ella es manifestación de la igualdad, en la medida que descansa sobre la creencia de que la capacidad discursiva y de discernimiento la poseen todos en la misma medida. Y John Stuart Mill afirma que en la medida que la libertad de expresión permite que la verdad pueda refulgir, restringirla equivale a renunciar a esta última.

Pues bien. A la luz de lo anterior, lo que cabe preguntarse es qué relación media entre la profesión periodística y el ejercicio de esa libertad así entendida.

Es obvio que la profesión periodística no puede ser un título privilegiado para el ejercicio de la libertad de expresión, puesto que ello significaría negar el carácter ciudadano de esta última. Luego, el título de periodista solo podría esgrimirse para reclamar una esfera protegida en el mercado del trabajo o de servicios. Pero para ello la profesión de periodista debiera identificar un área del conocimiento que ella y solo ella maneja (al modo en que el médico, el odontólogo o el arquitecto reclaman el suyo) y que justificaría erigir un coto vedado al resto de las personas. Y aquí está el problema. Porque ocurre que como el oficio periodístico se relaciona con el discurso y con el intercambio simbólico que configura la esfera pública, el periodista no puede reclamar ningún privilegio epistémico o ético que justifique se le reserve un área protegida en el mercado del trabajo. En otras palabras, la libertad con la que se relaciona confiere al periodismo su dignidad, pero al mismo tiempo le impide reclamar esferas de la división social del trabajo solo para sí.

Ese dilema está a la base de la regulación del periodismo en el Derecho comparado.

Desde luego, muchos países no solo no exigen formación profesional específica para ejercerlo, sino que muchos de ellos no exigen formación de ninguna índole, salvo la que provenga de la práctica del oficio, delegando en las asociaciones profesionales la certificación de este última. Pero en consonancia con lo anterior, la regla general es que una cosa es la protección del título frente a quienes fingen poseerlo y otra distinta entregar a quienes lo poseen un coto vedado en el ámbito del mercado del trabajo.

Todo lo anterior es lo que explica que el oficio de periodista experimente, desde sus mismos inicios, una cierta desorientación —que en Chile se vive intensamente hoy día— acerca del lugar que le cabe en la división social del trabajo y en el ámbito del conocimiento.

En la división social del trabajo, el oficio busca insertarse en el manejo de la comunicación en un sentido amplio, que va desde la comunicación corporativa a los medios de información. Pero en ninguno de ellos hay un coto vedado a otras profesiones u oficios, como lo prueba el hecho de que en la primera área debe competir con sociólogos o lingüistas o literatos. Esa es parte de la incomodidad que experimenta.

La otra es su falta de identidad en el área del conocimiento.

Porque mientras la mayor parte de las profesiones reclaman para sí, con relativo éxito, una primacía epistémica en la medida que suponen un objeto de conocimiento y un método específico para abordarlo, ello es muy difícil para el periodismo, establecido que es un oficio más que un área del saber, cuyo origen no está vinculado al conocimiento, sino a la aparición de los medios masivos. Y si bien las asociaciones profesionales, en defecto de lo anterior, suelen esforzarse para elaborar una cierta identidad ética que le sea idiosincrásica y única, ello, según lo muestra la experiencia, suele no tener éxito porque las bases de esa identidad no están culturalmente disponibles en un mundo donde los medios y los puntos de vista proliferan y cuando las propias asociaciones no logran alcanzar prestigio intelectual entre los miembros más exitosos del oficio, especialmente cuando, como suele ocurrir, están capturadas por grupos más o menos ideologizados o por intereses puramente particularistas. (El Mercurio)

Carlos Peña

Israel decide retirar a su agregado militar en Chile: será reubicado en país vecino

Las relaciones entre el Gobierno de Chile e Israel parecen distanciarse cada día. Desde la llegada del Presidente Gabriel Boric a La Moneda ha sido una larga lista de desencuentros entre las autoridades de ambos países.

Uno de los primeros fue cuando el mandatario, en un hecho inédito en la diplomacia, se negó a recibir las cartas credenciales del embajador de ese país, en septiembre de 2022.

Sin embargo, la lejanía se profundizó a partir del ataque de Hamás contra civiles de Israel en octubre pasado. A contar de ese momento, y a consecuencia de la escalada del conflicto, el Gobierno de Chile ha endurecido el tono con Benjamín Netanyahu por los ataques contra civiles en Gaza.

Ahora se suma la controversia por el agregado militar de Israel en Santiago. El coronel de Ejército Amit Guy, agregado de Defensa y Fuerzas Armadas en Chile, dejó el país para ser reubicado en otra nación de la región. Se estima que podría llegar a Buenos Aires, en donde Israel ha tenido buena relación con la administración de Javier Milei.

Lo anterior fue comunicado ayer mediante una nota de parte de la Embajada de Israel en Chile al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde la Embajada de Israel confirmaron a «El Mercurio» que el militar seguirá en sus funciones como agregado militar para Chile, pero no en Santiago. Ahora será un agregado militar concurrente para Chile, Ecuador y Paraguay. Lo anterior, si se confirma que será trasladado a la capital de Argentina. Lea más en El Mercurio.(Emol)

Mañana será tarde-Jaime Mañalich

Si de epidemias se trata, la violencia es hoy la peste que más preocupa a la ciudadanía. Temor a salir en la noche, fallecidos y mutilados cada día, secuestro (más un caso diario), rapto de menores, ajuste de cuentas (254 fallecidos), balaceras, “quitadas de droga”, y sicariato (41% de muertos sin autor conocido) forman parte de la escena cotidiana. En las cifras duras, hubo 1.322 asesinatos el 2022 (6,7 por 100.000 habitantes) y un aumento de 6% al 2023. El 50% de las víctimas tienen entre 20 y 40 años. En homicidios en contexto de violencia intrafamiliar, hubo 405 casos, en los cuales el 85% de los victimarios fue hombre. Durante el presente año, se registran cuatro homicidios diarios y es probable que la cifra siga aumentando.

La violencia tiene una importancia moral y sanitaria; pero también una dimensión de pobreza y pérdida de capital humano. Un reciente estudio de Clapes UC muestra que solo los costos directos de la violencia se elevan a US$ 6.500 millones por año, el 2,1% del PIB, siendo un gasto intensamente regresivo, por cuanto el 60% de este valor es privado. De hecho, el gasto público se ha mantenido estable en los últimos cinco años. Por gasto directo se entiende guardias, blindajes, protección barrial, enrejados, alarmas, cámaras, o días sin trabajar. El costo indirecto en calidad de vida y muertes prematuras debe ser enorme; pero muy difícil de cuantificar. Un estudio en Lancet señala que los años de vida perdidos por muerte prematura debido a violencia interpersonal es de 231 años por cada 100.000 habitantes en Chile para el 2020.

La violencia también tiene una dimensión política. En la medida que el temor a ser atacado o morir penetra en la mente, la población está cada vez más dispuesta a sacrificar libertades para obtener mayor seguridad, como ya lo demuestran diferentes encuestas. En el horizonte mundial, la agresión descontrolada genera una deriva autoritaria, reñida con la democracia y la gobernabilidad que pone en peligro décadas de logros y desarrollo. Como señalaba el Arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí: “El Estado tiene el deber de actuar a todos los niveles para terminar con este flagelo y ahora. Mañana será tarde”.

No somos xenófobos, como demuestra con nitidez la encuesta Bicentenario. Chile necesita inmigrantes y no se debe estigmatizar a todos por unos pocos. De hecho, la mayoría del crimen está perpetrado por connacionales, algunos de ellos capacitándose aceleradamente en cárceles hacinadas, verdaderas universidades del delito.

El terrible asesinato de tres carabineros hace unos días ha movilizado a los legisladores por un esfuerzo de acuerdos y entendimiento. Valioso, a pesar de la trifulca que rodea estas discusiones. Sin embargo, el oficialismo no tiene una posición unánime en esta materia, lo que hace que el llamado “Mañana será tarde” no movilice voluntades una vez que los períodos de luto palidecen. Es un tema de Estado. Latinoamérica sufre por la penetración de corporaciones multinacionales de droga y crimen, y ello requiere políticas efectivas, recursos y convicción gubernamental. Si la receta es esperar el próximo gobierno, efectivamente será tarde. (La Tercera)

Jaime Mañalich

Hay que hablar de la familia-Magdalena Vergara

Natalidad, cuidados, educación, vivienda, vejez, son parte de los mayores problemas sociales que enfrentamos en nuestro país. En general, se abordan desde una perspectiva económica: para la natalidad bonos y subsidios que permitan bajar el costo de tener hijos. Para la vejez: mayores pensiones. En vivienda: más subsidios, y así para cada uno, pero todo esto supone una mayor acción y recursos por parte del Estado. Sin embargo, en cada una de estas temáticas se soslaya una pregunta de fondo: ¿Qué pasa con las familias?

El problema, es que a pesar de que la familia sigue siendo fundamental para los chilenos -su primera fuente de identidad-, lo cierto es que, en el espacio público, hemos dejado de hablar de familia o lo hemos reducido al debate de “la” o “las” familias. Ello porque se ha asimilado que la familia no es más que una preocupación pechoña, conservadora e incluso patriarcal para mantener subyugada a la mujer. En consecuencia, por una parte, hemos dejado de preocuparnos por la familia y cómo le afectan los cambios sociales. Por otro, hemos dejado de pensar en la familia como una institución fundamental para dar respuesta a los problemas sociales.

Lo primero se ve claramente en la indiferencia que como sociedad hemos tenido ante la disminución de matrimonios, el aumento creciente de cohabitación o la cada vez mayor cantidad de familias monoparentales y en cómo ello nos ha impactado en nuestras relaciones personales, a la vez que tensiona a la política pública. Esto que parece un cambio cultural, algo así como la aparente “superación de la familia”, hace más complejo atender situaciones como el impacto que tiene la mayor participación laboral femenina en la familia. Esta preocupación, lejos de pretender que la mujer sólo deba dedicarse al cuidado, permite atender el hecho de que esa mayor participación no ha estado en la misma medida acompañada de mayor corresponsabilidad ni flexibilidad, afectando a fin de cuentas a las propias mujeres.

Por otro lado, hemos abandonado a la familia como un actor posible en nuestra vida en sociedad. Desde la política pública se tiende a invisibilizar, atendiendo a individuos sin considerar la familia que hay detrás. Pero tampoco se incorpora a la familia en las soluciones a los problemas como cuidados, educación o vivienda. Así, a pesar de la contundente evidencia, esperamos que mediante programas elaborados por el Mineduc e implementados por las escuelas, se solucionen los problemas de aprendizaje y convivencia, sin mirar lo que ocurre al interior de la familia ni el involucramiento de los padres. Se pretende también que con una sala cuna resolvamos el problema de cuidados. Obviamos la relevancia del núcleo familiar para las redes de apoyo y, por lo mismo, las políticas de vivienda no tienen reparos en ofrecer soluciones habitacionales que distancian a las familia rompiendo esas redes y provocando nuevos problemas.

Los grandes problemas que enfrentamos, no se solucionan dejando al margen a las familias chilenas. Hay que hablar de la familia y del lugar que le estamos otorgando en nuestra sociedad. Ese es el propósito que humildemente nos dimos en IdeaPaís en la sexta publicación de nuestra Revista Raíces, hablar de familia para no dejarla ausente del debate ni de las soluciones a nuestros problemas sociales. (El Líbero)

Magdalena Vergara

Los contorsionistas

De forma prácticamente inesperada, ahora estamos llenos de renegados de la violencia. Luego de la masacre de tres carabineros en Cañete, parece que todos consideran que esta no es un medio legítimo y aceptable. El paseo de arrepentidos llega a ser vergonzoso. Claramente hay más cuotas de cinismo oportunista que mea culpas sinceros en todo eso. Gonzalo Winter, Vlado Mirosevic, Gael Yeomans, Karol Cariola, Camila Vallejo, entre otros, no sólo han condenado el ataque, instando a aplicar el máximo rigor del Estado, sino que han apelado a la manoseada unidad nacional con tal de evitar críticas al gobierno, instando a rechazar cualquier cálculo político. Quien te viera y quien te vio.

Los que ofician de nuevos discípulos de Gandhi son los otrora apologistas de la violencia que alababan a los encapuchados y a las barras bravas, mientras al mismo tiempo denostaban sin contemplación a las policías. Ahí están los comentarios de sujetos como los actuales ministros Grau y Cataldo, o los dichos del diputado Jaime Sáez, que en sus redes sociales ahora llamaba a evitar la demagogia frente al asesinato de tres personas. De seguro los más cínicos dirán que eran sólo metáforas, nada literal.

En realidad, como diría Jorge Millas, son consciencias encandiladas por la violencia. Por eso han actuado como pirómanos alucinados por una hoguera sin considerar su fealdad y su naturaleza indómita e inesperada. Algunos, producto de su mesianismo enfermo, presumieron elementos purificadores de la violencia. Por qué no quemarlo todo, decía Catalina Pérez. Otros tantos, se han guiado por un burdo regocijo estético, de querer ver todo arder para dar rienda a su propio resentimiento. Puras bajas pasiones. Quizás por eso mismo en julio de 2022, gran parte del Frente Amplio y el Partido Comunista se negaron a un proyecto de ley que exigía a los partidos políticos renunciar expresamente a la violencia política.

La violencia en La Araucanía y el Bío Bío no es algo nuevo. Varios trabajadores y agricultores han sido asesinados a lo largo de varios años. La prensa tampoco ha dado la cobertura necesaria a todo ese drama. También se compraron el discurso que bajaba el perfil al problema en la zona. Ahora, recién están en terreno los periodistas famosos por cubrir guerras o los columnistas de la plaza hablan de cuidar las instituciones para tener un Estado legitimado con la fuerza de la ley y la justicia.

Resulta indignante que los mismos que antes consideraban represiva o inútil cualquier medida tomada respecto al terrorismo incendiario y armado en la zona, que hablaban de Wallmapu y territorios liberados o que exigían penas alternativas para Celestino Córdova, condenado por el asesinato de los ancianos Luchsinger McKay, ahora se muestren conmovidos por la violencia en Cañete.

Su contorsionismo no es una prueba de madurez o de mayor sensatez. Es reflejo de que su moral revolucionaria, confusa y contradictoria, los tiene dando vueltas en círculos. (La Tercera)

Jorge Gómez

Fundación para el Progreso.

Las derechas de regreso en sus laberintos

Hay un perceptible deslizamiento de las derechas chilenas hacia un creciente iliberalismo que aparece tanto en el plano ideológico como también en el plano de la actuación política y corre en paralelo con un fenómeno similar a nivel internacional.

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Partamos por el último aspecto, el internacional. ¿En qué consiste? En el surgimiento de grupos y partidos que rebasan a las agrupaciones convencionales de derecha -en toda su variedad a lo largo del continuo liberal-conservador- para situarse en el extremo del espectro, como hacen Vox en España, Partido de la Libertad de Austria (FPO), Interés Flamenco (VB), Agrupación Nacional (Le Pen) de Francia, La Liga (Salvini) y Fratelli d’Italia, Ley y Justicia de Polonia y el partido húngaro Fidesz, liderado por Viktor Orbán. En las Américas suelen clasificarse dentro del mismo continente a la corriente trumpista del GOP, Partido Republicano de Estados Unidos, Libertad Avanza de Milei, Republicanos de Kast en Chile, Cabildo Abierto de Uruguay, el movimiento bolsonarista en Brasil y el Bukeleismo en El Salvador.

¿Qué tienen en común estas fuerzas políticas de tan dispares orígenes nacionales y que actúan en contextos tan diversos, bajo liderazgos también distintos?

Por lo general, una profunda crítica al sistema tradicional de partidos de su respectivo país, acompañada de desconfianza hacia la política y la democracia pluralista y competitiva. Enseguida, la afirmación nacional -territorio y sangre comunes-, usualmente acompañada de un patriotismo de las fronteras, una radical animadversión hacia los migrantes (nuevos “bárbaros”) y un sentido crítico frente a la globalización. Asimismo, una concentración del discurso político en torno a los valores de orden y seguridad, jerarquía y disciplina, y la admiración por líderes fuertes que ostentan mando y se comunican “proféticamente” con sus seguidores, “el pueblo”.

Además, en el caso latinoamericano, según expresa un académico experto internacional en estos asuntos, se observan dos rasgos adicionales. “Por un lado, la defensa de políticas de “mano dura” para enfrentar la criminalidad, lo cual usualmente pasa no sólo por demandar un aumento en las penas legales y facilitar el acceso ciudadano a las armas, sino que también la militarización de las policías. Por otro lado, la adopción de posturas sumamente conservadoras frente a temáticas sexuales, lo cual incluye cuestiones como el aborto, el matrimonio igualitario y los derechos LGTBQ+” (Rovira, 2023).

También es común que estos grupos, sus líderes y voceros, manifiesten en sus actuaciones una especial aversión hacia las izquierdas (de todo tipo y signo), el marxismo (particularmente en su versión gramsciana) y el comunismo; los organismos internacionales e intergubernamentales, especialmente de las Naciones Unidas, dedicadas a los DD.HH. o de carácter penal supranacional; los medios de comunicación considerados, en general, como medios controlados y/o infiltrados por las izquierdas woke, a los que acusan de promover un internacionalismo cosmopolita que corroe el sentimiento nacional y los valores tradicionales; las redes sociales -a pesar de usarlas a veces intensamente para sus propios fines- a las cuales denuncian como fabricantes de fake news y de favorecer todo tipo de operaciones en las sombras. Sintomáticamente, entonces, se trata de una derecha aversivacon una fuerte tendencia a castigar, condenar, sancionar y excluir.

Este ultraderechismo es propenso a explicar la historia y sus complejos procesos como un producto de conspiraciones y fuerzas “siniestras” y a interpretar sus movimientos y efectos en términos de oscuras operaciones de enemigos, comúnmente asociados al choque de civilizaciones, imperios, religiones y grupos étnicos. Tiene pues una mentalidad de “guerra fría”. Sus tópicos preferidos se hallan del lado de la decadencia (de Occidente), la inminencia de la lucha de clases, la guerra cultural, la “amenaza amarilla” (como se decía antes), el peligro soviético (que aún ronda a este imaginario) y a todo tipo de desórdenes sociales que, inevitablemente, se dice, anticipan males mayores.

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En el caso de Chile estamos frente a un fenómeno similar, sólo que en el seno de una sociedad donde las derechas han tenido una fuerte presencia política durante los últimos 50 años. Dicha presencia incluye el golpe cívico-militar contra el gobierno de Allende en 1973, los 17 años de dictadura -paradigma mundial de un régimen autoritario neoliberal- y el período posterior de transición y consolidación de la democracia. Durante este último, el bloque de derechas retuvo su influencia histórica y se impuso electoralmente en dos ocasiones, administrando el gobierno nacional durante 8 años. Hoy tiene expectativas de llegar nuevamente al poder.

Se trata de un bloque articulado internamente que a lo largo del último medio siglo ha producido sucesivos arreglos entre partidos, facciones, intereses e ideologías que se combinan para darle conducción. Sus intereses de clase social son dominantes, así como su influencia ideológico-cultural es amplia y su peso es decisivo en la economía. No se necesita haber leído a Marx para entender esto.

Actualmente concurren a este bloque dos componentes.

En primer lugar, la alianza (Chile Vamos) de los tres partidos de la derecha convencional. Uno (UDI) más conservador, de cuadros y heredero directo del programa “pinochetista”. Otro (RN) híbrido con elementos de nacionalismo, socialcristianismo, faccionalismos regionalistas y de tecno-política del emprendimiento (“piñerismo” y su momento “pendrive”). Y un tercer partido (Evópoli) de creación más reciente, que se proclama moderadamente liberal y con vocación de modernización social.

Los tres adhieren en lo básico a un proyecto de políticas económicas neoliberales y ninguno de ellos es plenamente liberal-pluralista en el sentido de I. Berlin (aunque hay personeros individuales que sí lo son y que tampoco comparten el ideario neoliberal).

Más bien, predominan al interior de esta alianza ideas y sentimientos conservador-corporativo-gerenciales, de afirmación de valores de orden, de corte occidentalista europeo (antes que norteamericano), de catolicismo gremialista, sensibilidad técnico-empresarial y de una fuerte creencia en su propia (aunque no necesariamente ostentosa) superioridad moral y corrección de propósitos históricos.

El “piñerismo” llegó a ser la expresión ideológico-política más exitosa de esa derecha. ¿Cómo así? Precisamente porque el ex Presidente Piñera ensambló y amalgamó el conjunto de esos elementos tras una suerte de ethos y “empresa política” que valoraba el capitalismo, la competencia, la técnica, el mérito y una vocación de servicio público con base en principios privados de gestión (de tipo New Public Management). Esta ideología sirvió para modernizar el discurso de la derecha, la arrancó de su complicidad (protagónica y pasiva) con el modelo pinochetista (autoritario-neoliberal) y le dio un aire suavemente liberal, de preocupación social y un sentido de gestión eficaz.

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Al lado de aquel bloque de derechas formado por tres partidos emergió a finales de la década pasada el Partido Republicano. Nacido como un desprendimiento del filón más conservador de la UDI, en su momento expresó un rechazo a la deriva política que experimentaba dicho partido, a la que acusaba de llevar a un pragmatismo oportunista, a una excesiva dependencia del empresariado financiero y, sobre todo, de abandonar la pureza doctrinaria inicial, crítica de la democracia liberal.

Este nuevo componente de la derecha nace pues en tensión con la alianza convencional del sector, repudia la amalgama creada por el “piñerismo” y emprende un proyecto que intentará disputar y reemplazar su hegemonía. Desde el comienzo, su impronta ideológico-política se aparta de aquel molde de elementos heteróclitos, levantando un diseño más compacto de renovación de las derechas, en línea con el fenómeno internacional de democracia iliberal.

En efecto, el núcleo ideológico central del nuevo proyecto recicla ideas del programa “pinochetista” en un claro contraste con el “piñerismo”: aspira a una democracia protegida en condiciones de garantizar la seguridad nacional (interna, ante todo, pero también externa), conjugando los valores supremos de autoridad, orden y jerarquía que el Estado debe imponer hobbesianamente a la sociedad.

Situada pues en las antípodas de un Estado liberal-pluralista, la doctrina republicana se alinea con una visión de mundo iliberal, tal como florece entre las derechas europeas y americanas (norte y sur) según vimos más arriba. En común con aquellas comparte la crítica del (des)orden liberal-democrático, el cual sería insuficiente ya para garantizar la cohesión de las sociedades, la seguridad externa de las fronteras frente a la invasión de “los bárbaros”, y la seguridad interna frente a poblaciones inmigrantes no asimiladas, minorías étnicas y religiosas en rebeldía, grupos juveniles insuficientemente socializados, tensiones autonomistas y excesos  o desbordes de demandas que los Estados no estarían en condiciones de procesar.

Nada resulta más simbólico del espíritu y la mentalidad que impregnan a esta nueva derecha aversiva que el peregrinaje realizado por su líder a dos lugares considerados verdaderos emblemas por esta floreciente ideología: la macro cárcel erigida por Bukele en El Salvador y el cierre perimetral levantado por Orban en la frontera de Hungría.

Ambos dispositivos son admirados y celebrados como símbolos de autoridad fuerte, mano dura, ejercicio de la fuerza y la razón de Estado, superación de las debilidades y vacilaciones de las democracias liberales, prioridad del orden sobre cualquiera otra consideración, y de defensa del derecho colectivo y la seguridad nacional antes que de principios abstractos y universales de DD.HH. que no servirían para enfrentar a los múltiples enemigos que acechan a las sociedades.

En otras partes (aquíaquí y aquí) hemos mostrado cómo se fue desarrollando y evolucionó esta ideología en Chile; sus fuentes gremialistas, concepción constitucional de democracia protegida y pluralismo limitado, ideología autoritaria, filones católico-neoconservadores, nacionalismo de comunidad rememorada (en vez de imaginada) y preferencia por un modelo de capitalismo neoliberal (al estilo del “Navarra School of Catholic Neoliberalism” como lo llama Moretón, 2023). Sin embargo, este último elemento, según muestra la experiencia chilena e hispánica, introduce una fuerte tensión entre un pensamiento económico de continua transformación destructivo-creativa de las estructuras productivas de la sociedad y aquel pensamiento moral de conservación tradicional que aspira a imponerse en la superestructura estatal y cultural de la sociedad. En otro momento habremos de reflexionar sobre este tópico, que suele designarse como de las contradicciones culturales del capitalismo.

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Hasta el momento, este extremo ideológico de la derecha chilena encarnado en el Partido Republicano aparece como el polo más gravitante dentro de la constelación de las derechas, donde ha logrado ir imponiendo -contra todas las previsiones- tres rasgos esenciales.

Primerouna estrategia identitaria inalterable. Al anclar las expectativas del electorado de derechas no al centro de estas fuerzas sino en un extremo, aún al costo de perder, por ejemplo, la oportunidad de sacar adelante una nueva Constitución consensuada bajo su propia mayoría, el Partido Republicano cambió la lógica del juego en su sector.

En efecto, prefirió jugar la carta de la hegemonía de sus valores, ideas y símbolos y renunciar a esa oportunidad, arrastrando de paso al conglomerado en su conjunto, incluidos los tres partidos de Chile Vamos. La política republicana ha hecho de esta conducta su virtud, introduciendo una visión de mediano plazo en el cálculo político inmediato. Sabe que las condiciones de contexto -mundial y local- favorecen “epocalmente” a las emergentes derechas extremas, con su ideario iliberal, su crítica a la democracia y las respuestas autoritarias contra cualquier desorden.

Segundouna relación definida en sus propios términos con el resto (se supone mayoritario) de las derechas. De hecho, y desde el comienzo, el PR de Kast, y su liderazgo dentro del partido, ha establecido una relación simbólica “entre iguales” con las fuerzas convencionales de la derecha. Fue de esa manera que se impuso en la primera vuelta de la pasada elección presidencial, forzando al resto de la derecha a ordenarse tras de sí. De esa misma manera enfrenta el actual ciclo electoral.

Parapetado en su bastión ideológico extremo, el PR se convierte en la vanguardia de su sector y obliga a los demás componentes (Chile Vamos) a moverse más y más a la derecha, hacia el bastión republicano. Por lo pronto, su voluntad de ordenar todo el discurso y la política en torno al eje de la seguridad nacional expandida (externa e interna), convirtiéndolo en “tema único”, terminó imponiéndose en las esferas política y comunicacional. Sin duda, a ello contribuyó también la intensificación del crimen organizado, la inmigración ilegal y la interacción entre ambos factores, así como la orfandad discursiva de las izquierdas gobernantes frente a estos asuntos. Todavía resuena en su cabeza la vieja ilusión de que la violencia es la partera de los cambios emancipatorios de la sociedad.

Tercerola imposición, en lo inmediato, de un ejercicio opositor llevado al extremo, donde la regla obvia es negar al gobierno la sal y el agua, asfixiarlo e impedir que pueda tomar la iniciativa. Los resultados están a la vista: el gobierno Boric vive constantemente entre Escila y Caribdis, esto es, la situación de quien no puede evitar un peligro sin caer en otro, según la inmejorable definición de la RAE. Así, la agenda gubernamental está íntegramente dominada por el tópico de la seguridad, el gran tema de la oposición, pero esta amenaza, igualmente, con volverse más oneroso cada día, por ejemplo, retrotrayendo la justicia militar al foro civil o reclamando niveles continuamente más altos de protección de la democracia.

En general, las soluciones autoritarias e iliberales para conjurar tal o cual peligro se multiplican por doquier; sin embargo, una vez puestas en discusión, en vez de morigerarse y pulirse a través del debate legislativo, se radicalizan y vuelven contra el propio gobierno y el Presidente. De esta manera gana espacios la lógica de la polarizaciónbeneficiando al grupo más extremo y obligando al resto de las derechas a subordinarse. A su vez mantiene en vilo al oficialismo que carga, además, con sus propias debilidades, confusiones y contradicciones.

La sociedad en su conjunto pierde en medio de estas tensiones; el aire de la política se vuelve irrespirable, los medios de comunicación aceleran la confrontación, no hay más que malas noticias y catástrofes inminentes, la deliberación pública retrocede, la reflexión se paraliza, se dinamitan los puentes y los iliberalismos ganan posiciones. (El Líbero)

José Joaquín Brunner