El martes 22 y el miércoles 23 de marzo de 2022 -cuando recién iniciaba el gobierno del Presidente Gabriel Boric-, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, sostuvo seis reuniones con actores relevantes de la industria pesquera. Ninguna de ellas quedó anotada en el registro de lobby, el instrumento creado por la ley de 2014 que buscó transparentar las gestiones del mundo privado sobre las autoridades públicas.

Salas se juntó con organizaciones gremiales como la Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío (Asipes), la que agrupa a las pesqueras más poderosas del centro sur del país; con la agrupación de empresas pesqueras del norte, Asipnor; y también con el Consejo del Salmón, compuesto por las empresas que integran una industria que concentra el 28% de la producción mundial de ese pescado, y que en 2021 totalizaron exportaciones por más de US$5 mil millones. ¿Qué se conversó en esos encuentros? No se sabe, porque esas citas no se anotaron en el registro de lobby.

CIPER accedió al detalle de las reuniones sostenidas por el subsecretario de Pesca, y de otros 10 ministros y subsecretarios, luego de solicitar la agenda de reuniones de las autoridades vía Ley de Transparencia. Lo hicimos cuando, durante el verano, estalló el escándalo por las reuniones secretas de autoridades con empresarios en la casa de Pablo Zalaquett, y la vocera de gobierno, Camila Vallejo, aseguró en Radio Cooperativa que habían más citas de este tipo.

A las solicitudes por Transparencia respondieron 8 ministerios (Interior, Economía, Relaciones Exteriores, Trabajo, Minería, Energía, Obras Públicas, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile) y la Subsecretaría de Pesca. Al revisar esa información en detalle, detectamos que existían 133 reuniones con el mundo privado – entre empresas y personas influyentes dentro de ese ámbito– que no se anotaron en el registro de lobby (vea aquí el registro completo de esas reuniones).

El argumento de los ministerios para no hacerlo es que las reuniones fueron convocadas por las autoridades, y no por su contraparte, lo que las exime de ser publicadas. Ese argumento técnicamente tiene asidero con la normativa que rige el lobby. El problema es que se trata de encuentros relevantes entre autoridades e industrias poderosas, los que no son transparentados a la ciudadanía. Con ello, el contenido, los participantes, la duración y el lugar de celebración de esas reuniones quedan fuera del escrutinio público.

De todos las instituciones consultadas por este medio, la Subsecretaría de Pesca fue la que registró la mayor cantidad de reuniones no publicadas. Los datos obtenidos desde el organismo ilustran la magnitud del problema: entre el 22 de enero de 2022 y el 29 de diciembre de 2023, Salas sostuvo 54 encuentros que no fueron registrados en Infolobby o en la plataforma creada especialmente para estos efectos.

En el listado asoman como contraparte empresas como PacificBlu –que aglutina a Blumar y otras dos compañías–, Aqua Chile –controlada por la familia Vial a través de Agrosuper– y Nova Austral –acusada de fraude y daño ambiental–, entre otras. Todas esas reuniones habrían sido solicitadas por el subsecretario y no es posible conocer más detalles sobre ellas en los sitios web mencionados.

El Ministerio de Energía fue el único que admitió que no publicó audiencias que sí debían estar registradas bajo los parámetros de la Ley de Lobby. Fueron dos reuniones, una con Google X, celebrada el 7 de noviembre de 2022, y otra con la Fundación Chile, del 4 de agosto de 2023, que quedaron al margen del conocimiento público erróneamente.

Desde ese ministerio indicaron que no haberlas incluido en los portales digitales fue “un error administrativo”, y que ambas audiencias fueron agregadas luego de las consultas enviadas para este reportaje.

No es la primera vez que eso ocurre. Cuando durante el verano pasado CIPER reveló las reuniones secretas de ministros y parlamentarios con empresarios en la casa de Zalaquett, los encuentros protagonizados por ministros de Estado terminaron siendo anotados a destiempo en el registro de lobby.

En un principio, La Moneda defendió con uñas y dientes que esas reuniones –efectuadas en el departamento de Pablo Zalaquett, exalcalde UDI y quien estuvo procesado por recibir financiamiento ilegal de empresas para sus campañas políticas– no cabían dentro de la definición de lobby y que, por lo tanto, no debían agregarse a los registros públicos de sus actividades. Sin embargo, una semana después de esa defensa inicial, el presidente Gabriel Boric indicó a los ministros que sí correspondía hacerlo.

Finalmente la Contraloría General de la República (CGR) emitió un pronunciamiento en el que descartó que las autoridades hayan incumplido la Ley de Lobby a raíz de las comidas de Zalaquett. Pero, al mismo tiempo, publicó un instructivo para “perfeccionar” el funcionamiento de la normativa, indicando que se deberían transparentar todas las bilaterales con personas inscritas como lobbistas o gestores de intereses (vea aquí ese documento).

A la luz de los antecedentes reunidos para este reportaje, la abogada y consejera del Consejo para la Transparencia (CPLT), María Jaraquemada, indica que también deberían revisarse las excepciones que contempla la ley:

-La Ley de Lobby ya va a cumplir 10 años desde su aprobación y ha demostrado que requiere perfeccionamientos y modernización. Esto, incluyendo las excepciones, de modo que no creemos líneas grises tan amplias que sean fáciles de “bypassear” o interpretaciones tan diversas y contradictorias entre las distintas autoridades.

El abogado y expresidente del CPLT, Marcelo Drago, considera que las excepciones de la Ley de Lobby deben utilizarse “con prudencia y buena fe”, ya que se trata de un “espacio acotado y que solo se refiere a recoger opiniones”.

Lo complejo, apunta el abogado, sería corroborar que efectivamente esas reuniones fueron convocadas por la autoridad y que en ellas no se trataron temas que sí califican como lobby. Con el contenido de esa citas fuera del escrutinio público, solo se podría apelar a que los organismos públicos entreguen las comunicaciones en las que coordinaron esas instancias. Comunicaciones que, por cierto, no están obligados a registrar

-Se debe haber dejado registro de que las autoridades convocaron esas reuniones. Ya sea por correo electrónico, por mensajes o comunicaciones oficiales que se hayan dado. Sin embargo, no es una obligación hacer eso, sino un principio general de que la administración pública debe escriturar sus actos. Se debería aplicar en todos los ámbitos, pero, no es obligatorio dejar por escrito estas invitaciones a empresas.

LAS 54 REUNIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE PESCA

En la agenda de Julio Salas, dos de las entidades privadas que más se repiten son PacificBlu y Nova Austral, la primera con cuatro y la segunda con tres reuniones entre 2022 y 2024.

La información obtenida por Transparencia revela que Julio Salas se reunió en tres ocasiones con el gerente general de PacificBlu, Marcele Moenne, y una con la gerenta de Sostenibilidad y Asuntos Públicos, Carla Pettinelli. Esas citas ocurrieron entre el 13 de abril de 2022 y el 19 de diciembre de 2023.

PacificBlu es un conglomerado que, desde hace diez años, reúne a Pesquera BioBío, Congelados Pacífico y Blumar. Esta última empresa, cuyo directorio es dirigido por Rodrigo Sarquis Said, estuvo en el radar de la justicia por financiar ilegalmente campañas políticas. Sarquis, primo de Pablo Zalaquett, acudió a una de las comidas coordinadas por su familiar en noviembre de 2023, a la que asistieron los ministros Nicolás Grau y Maisa Rojas.

Nova Austral es otra empresa grande dentro de la industria pesquera. Su nombre saltó a la palestra pública en 2019, cuando un reportaje de El Mostrador reveló que la compañía alteró las cifras de mortalidad de salmones para evitar multas y eludir la fiscalización de Sernapesca. Un año después, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por fraude de subvenciones. En 2022 cuatro exejecutivos de la empresa fueron formalizados por ello y por contaminación de aguas. Ahora, según Radio Biobío, ese proceso será suspendido a cambio del pago de impuestos atrasados superiores a los US$30 millones.

La agenda del subsecretario menciona tres veces a esta empresa, bajo los siguientes rótulos y fechas:

• Reunión con Nova Austral, encomendada por Ministro (10/01/2023)
• Reunión con Nicolás Larco, representante de Nova Austral (09/05/2023)
• Reunión con NOVA AUSTRAL (09/06/2023)

En la primera cita se alude al ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, ya que la Subsecretaría de Pesca depende de esta cartera.

Otras reuniones que aparecen en este listado, pero no en registros públicos de lobby, son las que sostuvo Julio Salas con Australis el 28 de julio de 2023 (la pesquera que fue propiedad de Isidoro Quiroga hasta 2019, cuando la vendió a la multinacional china Joyvio, quien luego de la adquisición acusó que el empresario chileno ocultó que la salmonera incumplía los límites de producción acuícola establecidos por las autoridades); y con Aqua Chile el 9 de mayo de 2022, un gigante del rubro controlada por la familia Vial por medio de Agrosuper.

Julio Salas, subsecretario de Pesca (Fuente: subpesca.cl)

Consultada por CIPER, la Subsecretaría de Pesca contestó que ninguna de estos encuentros fueron transparentados en los portales del lobby porque no cumplían con las características para ello:

-La Ley de Lobby funciona con lógica de un sujeto activo y sujeto pasivo, siendo sujeto activo quien solicita la reunión y pasivo quien recibe la reunión, en este caso, la autoridad. Las citas por las que consultan no tuvieron solicitud de parte de un sujeto activo, por tanto, no pueden ser incorporadas procedimentalmente a la Ley de Lobby.

El organismo agregó que “las autoridades regulatorias solicitan muchas reuniones en el marco de su competencia y son instancias que no son activadas por parte de un tercero, como, por ejemplo, cuando se cita a reuniones informativas por resoluciones” (vea aquí la respuesta completa de la Subsecretaría de Pesca).

La autoridad ministerial hace referencia a una de las excepciones que contiene la Ley de Lobby. Es decir, aquellas condiciones que deben cumplir las reuniones entre privados y autoridades para que no sean reguladas por esta normativa.

En esas definiciones –contenidas en el sexto artículo de la norma– no se menciona que cualquier encuentro convocado por la autoridad, y no por la contraparte privada, quedará exenta de publicación. Pero, sí dice que lo hará toda “información entregada a una autoridad pública, que la haya solicitado expresamente para efectos de realizar una actividad o adoptar una decisión, dentro del ámbito de su competencia”, o “los planteamientos o las peticiones realizados con ocasión de una reunión, actividad o asamblea de carácter público y aquellos que tengan estricta relación con el trabajo en terreno propio de las tareas” de las autoridades, entre otras.

María Jaraquemada dice que estas excepciones “tienen como objetivo no ‘sobreburocratizar’ la función pública y permitir un trato fluido entre el sector privado y público”. Sin embargo, también plantea que “pueden ser mal utilizadas, ya sea de modo intencional o por interpretarse laxamente”.

La abogada subraya que estos elementos de la ley deberían estar condicionados al propósito de la reunión y no solo a quién la promovió. “Es decir, si la autoridad invita a una empresa y el objetivo de la reunión es influir en una decisión que ésta puede adoptar, a mi juicio, debe igualmente registrarse”, aunque la normativa no lo especifica de esa manera.

Al igual que Marcelo Drago, la actual consejera del CPLT dice que comprobar que estas reuniones fueron convocadas por las autoridades es “complejo”, partiendo por el hecho de que “ya es difícil enterarse de estos encuentros y reuniones si no se publican por registro de lobby o en las redes sociales de las entidades participantes”. Por ello, señala que lo importante es consolidar la idea de que “todas las reuniones en las cuales se busca influir en las decisiones propias de una autoridad, sin importar dónde se produzca y el horario, se transparenten”.

LAS CORRECCIONES DEL MINISTRO PARDOW

De los organismos públicos a los que se les pidió la agenda de sus autoridades por Transparencia, el Ministerio de Energía fue el único que admitió que no incluyó reuniones en el registro del lobby que sí debían hacerse públicas.

Se trata de dos audiencias que sostuvo el ministro Diego Pardow con Google X y la Fundación Chile, el 7 de noviembre de 2022 y el 4 de agosto de 2023, respectivamente.

Desde el ministerio indicaron que ambos casos debieron “ser ingresados por lobby en su oportunidad”, lo que no ocurrió “por un error administrativo”. Las dos reuniones fueron regularizadas luego de las consultas enviadas para este artículo.

De acuerdo con los registros que se agregaron, a la audiencia con Google X acudieron dos representantes de la empresa, Andrew Lee Ott y Page Furey Crahan, y se abordó la “elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos” (vea el detalle aquí). La misma descripción se anotó en el caso de la reunión con la Fundación Chile, a la que asistieron cuatro representantes (vea el detalle aquí).

Diego Pardow, ministro de Energía (Fuente: perfil de Twitter)

Aunque fue solicitada por el ministro Pardow, el Ministerio de Energía agregó otra reunión al registro de lobby que antes no era posible consultar. Fue una audiencia con representantes de la consultora Valgesta –una empresa fundada en el año 2000 que ha asesorado a parlamentarios y a compañías de los rubros energético y eléctrico al mismo tiempo– celebrada el 7 de septiembre de 2023 (vea el detalle aquí).

De acuerdo con la versión del ministerio, esa reunión fue convocada por Pardow “a fin de aclarar algunos aspectos que no estaban completamente definidos, respecto de la contratación de prestación de servicios, que se había decidido suscribir con dicha empresa, para elaborar una propuesta de alternativa de mecanismo de protección al cliente regulado” (vea aquí la respuesta completa de Energía).

En nombre de Valgesta se presentaron Andrés Romero, Ramón Galaz y Pedro Larraín. Romero fue secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE) entre 2014 y 2018, y es recordado como uno de los impulsores de los “medidores inteligentes” que se instalarían en 2019 con cargo a los usuarios. Romero ingresó a Valgesta cuando su función pública cesó luego del cambio de gobierno, y pasó a trabajar como consultor de las mismas empresas que antes debía regular.

ECONOMÍA: GIRARDI Y PIVOTES

Uno de los ministros que registró la mayor cantidad de reuniones en su agenda fue el titular de Economía, Nicolás Grau. CIPER le preguntó por cerca de 20 actividades con empresas, representantes de ellas, gremios, personas naturales y centros de estudios que no aparecen en las plataformas de lobby.

En el listado destacan reuniones con el exsenador Guido Girardi, registrada el 13 de mayo de 2022, cuyo objetivo fue que el ministro “presentara algunas ideas vinculadas al Congreso Futuro” de ese año; y un encuentro con Pivotes, el centro de pensamiento de centro derecha presidido por Bernardo Larraín Matte, realizado el 29 de junio de 2023.

El Ministerio de Economía indicó que todas estas instancias fueron promovidas por el ministro Grau y que no calzaban con la definición de lobby que indica la ley: “Las reuniones citadas no son de aquellas que deban ser registradas en la plataforma de lobby, por lo que hay detalles que no fueron registrados”, como el nombre de sus participantes (vea aquí la respuesta completa).

Nicolás Grau, ministro de Economía (Fuente: Twitter del Ministerio de Economía)

LAS OMISIONES DE MINERÍA

Desde 2022 hasta la fecha, el Ministerio de Minería ha estado encabezado por las ministras Marcela Hernando y Aurora Williams. De acuerdo con la información obtenida por Transparencia, Hernando celebró 9 reuniones que no fueron incluidas en el registro público, mientras su sucesora hizo lo propio con 6 encuentros.

Lo curioso es que, en 9 de esas 15 oportunidades, las citas fueron anotadas con la palabra “lobby” en la agenda de las ministras. Bajo el mandato de Hernando, eso ocurrió, por ejemplo, con “Reunión con Jorge Viana -Presidente de Apex Brasil- (lobby) + Embajador Brasil”, del 10 de mayo de 2023; o con la “Reunión Monumental Minerals SpA (lobby)”, registrada el 29 de junio de 2023.

La situación se repitió en seis ocasiones con la actual ministra Williams: “Reunión Coordinadora de Trabajadores de la Minería CTMIN (lobby)”, “Políticas Públicas (Lobby)”, “Reunión Lobby”, “Lobby Estribor Consulting”, “Compañía Minera Loma Bayas (Lobby)” y “Reunión Fundidora Saladin (Lobby)”. Esas reuniones sucedieron entre el 14 de septiembre de 2023 y el 29 de diciembre del mismo año.

Consultados al respecto, desde el Ministerio de Minería indicaron que las citas anotadas en la agenda no fueron tomadas por la ministra Williams, sino por miembros de su equipo –quienes habrían citado esas audiencias–, y que por eso no aparecen en las plataformas de lobby. Además, indicaron que no pueden contestar por la agenda de Marcela Hernando.

LOS OTROS MINISTERIOS

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) también incluyó la agenda de dos ministros en su respuesta por Transparencia: la de Antonia Urrejola, que ocupó ese cargo hasta comienzos de 2023, y la de su reemplazante, Alberto Van Klaveren.

Para este reportaje se les preguntó por nueve eventos que aparecieron en ese registro, incluyendo reuniones con “exponentes que fueron parte del Congreso Futuro” (el 19 de enero de 2023); un encuentro con el “gerente general de Desarrollo País, Patricio Rey”, exintendente de la Región de O’Higgins durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y excandidato a diputado por la UDI en la misma zona, celebrada el 7 de junio de 2023; y otra con “representantes de la Comunidad Judía en Chile”, efectuada en noviembre del mismo año.

El Minrel dijo a CIPER que ninguna de esos eventos fueron incluidos en las plataformas del lobby “porque no son audiencias o reuniones sujetos” a esa normativa, ya que “muchas de ellas son reuniones protocolares o encuentros públicos de los que se da ha dado cuenta a través de comunicados en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores”. Además, entregó algunos detalles sobre esas citas, los que puede consultar acá.

El Ministro del Trabajo, liderado por Jeannette Jara desde 2022, entregó una agenda que originó consultas en torno a 9 reuniones que no aparecen en las audiencias públicas de la ministra. Esas citas incluyen encuentros con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Gran Logia de Chile, organización masónica.

Desde el departamento de comunicaciones del Ministerio del Trabajo indicaron que estas actividades “no revisten la naturaleza de una reunión de lobby”, y que por eso no se plasmaron en los portales abiertos a la ciudadanía. En la respuesta entregada a CIPER, el organismo también detalló el nombre de los dirigentes gremiales que asistieron a los eventos con la CPC que convocó la ministra Jara (vea aquí la respuesta completa).

En líneas generales, estos argumentos se repitieron en las versiones que entregaron el Ministerio de Obras Públicas, a quien se le consultó por ocho reuniones de su titular, Jéssica López (vea aquí la respuesta completa); el Ministerio del Interior, a quien se le preguntó por actividades entre Carolina Tohá, la Corporación Chilena de la Madera (Corma) y miembros de la Sofofa, entre otros (vea aquí la respuesta completa); y la Secretaría General de la Presidencia, a propósito de tres citas de Álvaro Elizalde con grupos religiosos que fueron calificadas como “protocolares” en las que el ministro “se presentó y habló con ellos” cuando asumió el cargo. (Emol-Ciper Chile)