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Con el paso cambiado

La opinión pública está abandonando a Gabriel Boric. El Presidente del 24% está desarrollando la capacidad de irritar tanto a sus detractores como a sus partidarios. Se le nota incómodo, caminando cada vez más solo en tierra de nadie. Por tratar de quedar bien con todos, el Mandatario convence cada vez menos. Por un tiempo, su capacidad oratoria le ayudó a salir del paso, pero hoy ya ni eso le sirve: su palabra encanta, pero ya no persuade. Gabriel Boric se ha situado a sí mismo en una ecuación sin solución posible.

¿Cambió Boric? Quien sabe. Ya no es el diputado con ínfulas revolucionarias, pero tampoco ha podido “habitar el cargo” que ocupa y reinventarse. A ratos pareciera que quiere dejar atrás su adolescencia política, pero luego actúa como si la echara de menos. No es sencillo distinguir si lo suyo es un cálculo táctico, un vuelco en proceso o apenas mera banalidad.

Lo que sí parece indiscutible es que el país cambió y que el octubrismo que llevó al Presidente al poder ya no cuenta con las simpatías de la mayoría. Desde que chocó de frente con la opinión pública al jugársela por el primer borrador constitucional, Boric y la ciudadanía caminan con el paso cambiado. La crisis de seguridad lo ha forzado a ensayar un poco creíble cambio de piel: de perro “matapacos” a “perro contra la delincuencia”. Porque al jefe de Estado le ha tocado gobernar un país que parece cada vez más obsesionado con un tema que a él no le puede resultar más ajeno: el orden público. Boric baila hoy con la música que ponen otros.

Necesita aclararse y decidirse por un rumbo. O le habla al 30% y se limita a ser un Presidente que no logró casi nada y pasó con más pena que gloria por La Moneda, o replantea su gobierno para tratar de dejar algún legado y sintonizar con lo que la sociedad hoy le pide.

Sin embargo, si quiere lograr esto último debe enfrentar el elefante en medio de la habitación: el Partido Comunista. Es difícil creer que el Mandatario vaya a deshacerse de sus socios del PC. También lo es que su gobierno pueda conseguir algo significativo si sigue tan estrechamente aliado con una colectividad que es, en el mejor de los casos, ambigua en torno a la violencia y el trato a la delincuencia.

El Presidente duda y su popularidad cae. Durante mucho tiempo, Gabriel Boric fue como el rey Midas: todo le salía bien, al punto que llegó a ser Presidente antes de lo que él mismo seguramente había soñado. Pero ahora las cosas son diferentes. La misma sociedad que lo eligió hoy parece darle la espalda. Si quiere recuperar relevancia, debe dejarse de rodeos y buscar fórmulas que le den posibilidades de realizar el golpe de timón que su gobierno requiere con urgencia. El tiempo comienza a agotarse y ya no le queda espacio para maquillajes retóricos cada vez menos eficientes. (La Tercera)

Juan Ignacio Brito

Boric y Tohá invitan a presidentes de Congreso para buscar acuerdo por seguridad

A dos reuniones extraordinarias, que se realizarán este viernes en el Palacio de La Moneda, fueron convocadas las mesas directivas del Congreso Nacional.

Una de las invitaciones fue extendida por el Presidente de la República, Gabriel Boric, al titular del Senado, José García (RN), y a su par de la Cámara, Karol Cariola (PC), con el fin de comenzar a diseñar una nueva agenda de seguridad por los próximos meses.

Si bien es probable que la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), también participe de ese primer encuentro, luego ella sostendría una segunda reunión con las mismas autoridades parlamentarias para afinar lo que sería un nuevo fast track legislativo.

Al encuentro están convocados, además, los respectivos vicepresidentes del Senado y la Cámara: el senador Matías Walker (Demócratas) y los diputados Eric Aedo (DC) y Gaspar Rivas.

La idea es que este nuevo paquete de prioridades en materia de seguridad resuelva en primer término las siete leyes que quedaron pendientes del acuerdo anterior, suscrito por la misma Tohá y el expresidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI) y el extitular de la Cámara, Vlado Mirosevic. Entre estas iniciativas figuran el proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza, la creación del nuevo Ministerio de Seguridad y la reforma al Sistema de Inteligencia.

Tras el asesinato de tres carabineros en Cañete a fines de la semana antepasada, García y Cariola habían sido determinantes para lograr suspender el receso legislativo y destrabar al menos tres iniciativas clave de esta agenda: el mencionado proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza, el nuevo ministerio y la reforma a la Ley Antiterrorista, que lograron pasar a su siguiente trámite en el Congreso.

Sin embargo, en la misma discusión legislativa de estas iniciativas han surgido nuevas demandas que han tensionado el debate, por ejemplo, la indicación del diputado Diego Schalper (RN), que devolvía a la justicia militar los casos en que uniformados se vieran involucrados en un delito, en el cumplimiento de un deber, en un contexto de labores de orden público y seguridad.

El 22 de abril pasado, García y Walker, junto al presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC), ya habían participado de una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para discutir sobre la agenda legislativa de seguridad y las prioridades para este año en esa materia.

En la ocasión, el presidente de la Cámara Alta ya había adelantado que existía “el compromiso de continuar con este mismo trabajo, de seguir agilizando, en primer lugar, las iniciativas que forman parte de la agenda”. (La Tercera)

Reforma a sistema político: fracasan primeras iniciativas a espera de acuerdo amplio

Una serie de conversaciones con diputados de RN sostuvo durante la semana el senador y presidente de ese partido, Rodrigo Galilea, para finalmente ponerle freno de mano a la reforma al sistema político que se esperaba impulsar de forma transversal desde el Senado. Galilea -uno de los principales promotores del tema- iba a firmar un proyecto de ley junto a otros como Alfonso de Urresti (PS), además de Luz Ebensperger (UDI), el presidente del PPD, Jaime Quintana, y el presidente del Senado, José García Ruminot (RN), pero finalmente el proyecto no se presentó, ante el riesgo de que hubiese oposición a la iniciativa.

Y es que si bien durante el último tiempo un grupo de expertos y referentes políticos han impulsado un cambio al sistema político, hay consciencia de que el tema genera dudas particularmente en partidos más pequeños y en la Cámara de Diputadas y Diputados. El borrador de la reforma de Alfonso de Urresti incluía dos artículos. El primero, que exige a los partidos políticos un 5% de votos emitidos en la última elección de diputados para obtener escaños en el Congreso Nacional -o bien lograr ocho legisladores electos- y una segunda norma que implica el cese en el cargo de los diputados y senadores que hayan renunciado a las militancias de sus partidos. Dos normas que ayudarían a resolver problemas como la fragmentación de multitudes de fuerzas en el Parlamento y el discolaje que se da al interior de algunas tiendas.

Sin embargo, hubo dudas por estos temas, las que se manifestaron tanto en el oficialismo como en la oposición.

El senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea.
LAS DISCREPANCIAS EN RN

En la derecha las dudas se concentraron particularmente en RN, un partido que está conformado por varios lotes internos. En ese sentido, en específico existe ruido por la norma que involucra el cese en el cargo de los legisladores, ya que esto les da más poder a los partidos políticos y menos autonomía a los propios parlamentarios. En ese sentido, se recuerda que RN ha sido un partido donde varios legisladores han transitado, para luego irse a otras tiendas. Solo durante el último tiempo han renunciado a su militancia diputados como Sofía CidCatalina del RealCristóbal UrruticoecheaLeonidas Romero y Harry Jürgensen.

Similares renuncias han ocurrido en el pasado, como el éxodo masivo que hubo el 2014 cuando tres diputados se fueron de RN para formar Amplitud, entre ellos Karla RubilarPedro Browne, y Joaquín Godoy.

Además que en RN tradicionalmente suele haber diferencias en las votaciones, y no son como otros partidos que se alinean completamente las bancadas, como ocurre con el Partido Republicano y la UDI. De hecho, se dice que RN tiene muchos “lotes” que piensan distinto. Así, por ejemplo, en la misma bancada se encuentran diputados conservadores como Camila Flores y otros más liberales como Andrés Longton, mientras que también hay gente con posturas más de centro.

Este mismo discolaje ha quedado en evidencia en votaciones importantes, como, por ejemplo, los retiros del 10% de los fondos de pensiones. En esa línea es que propuestas de reforma al sistema político anteriores incluyen el cese del cargo también para parlamentarios que hayan sido expulsados de sus partidos. Y esto podría ocurrir en algunos casos en que legisladores sean llevados a los tribunales supremos por desmarcarse de votaciones.

Otros temas que generan diferencias en RN son que la reforma no haya sido socializada con los diputados y se haya visto solo a nivel de senadores, y que se discuta una reforma política en circunstancias que hay otras prioridades ciudadanas como el manejo del orden público y la economía.

Algunos dentro de la bancada de RN mostraron preocupación por los tiempos de la discusión, sobre todo porque se quiere evitar apurar la tramitación y, así también, porque se considera que hay reformas más importantes y que no se estaría dando una buena señal si sale antes que la reforma previsional u otras iniciativas que son prioridad para la ciudadanía. Esa diferencia incluso se dio en el Senado con la aprensión de la senadora RN María José Gatica.

El diputado Andrés Longton (RN) sostiene que “es relevante la reforma del sistema político, sin que ello nos distraiga de las necesidades más urgentes del país que principalmente tienen que ver con la seguridad, sin perder de vista que mejorar el sistema político significa mayor capacidad de acuerdos y de gobernabilidad, lo que repercute en mejores soluciones a las necesidades y carencias que vive el país. En cualquier democracia la voluntad mayoritaria que elige la ciudadanía debiera tener un rol más preponderante del cual hoy carece”.

La bancada de RN.

La jefa de la bancada de RN, Ximena Ossandón, en tanto, señaló que dentro de la bancada claramente este es un tema que produce ruido, pero existe disposición a conversarlo. Hay distintos temas, algunos perjudican más a unos, otros no tanto, pero compartimos el diagnóstico de que el sistema político hay que reformarlo”.

En contraste, desde la UDI han promovido el tema de forma alineada. Lo mismo que Evópoli, que tiene a expertos como Hernán Larraín Matte estudiando potenciales cambios. En la UDI comenzaron a presionar a la Comisión de Constitución de la corporación para que ponga en tabla un proyecto del gremialismo. Así lo hizo mediante una carta la subjefa de bancada, Natalia Romero.

Mientras que en el Partido Republicano, su jefe de bancada, Stephan Schubert, dice que “la reforma al sistema político de la cual se está conversando es una reforma de aquellas que no concitan total interés de la ciudadanía, más cuando estamos con una crisis de seguridad como la que estamos viviendo. Sin perjuicio de ello, es una discusión que hay que llevar adelante, pero también dentro de los canales y en las oportunidades pertinentes”.

VALLEJO: REFORMA DEBE SER FRUTO DE ACUERDO

Lo cierto es que ni siquiera en el oficialismo la propuesta de De Urresti tuvo la mejor acogida. Sin ir más lejos, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, dijo en un punto de prensa la mañana del miércoles que “cualquier reforma al sistema político tiene que ser el fruto y resultado de un diálogo amplio y un acuerdo amplio. Eso es lo que esperamos (…), no solo una iniciativa particular de uno u otro parlamentario”.

Si bien la secretaria de Estado remarcó que las iniciativas parlamentarias “siempre son legítimas y están en su derecho de presentarlas”, enfatizó que “para generar un cambio en el sistema político esto debe ser sostenible en el tiempo y, por lo tanto, resultado de una conversación que permita mantener su legitimidad”.

Por otra parte, el diputado Jaime Mulet, del partido Regionalistas Verdes, manifestó que “el proyecto de reforma presentado por el senador (…) parece más bien destinado a salvar por secretaría a partidos que tuvieron una gran historia y que hoy están en declinación, y no resuelve los problemas que el sistema político está enfrentando por la indisciplina de los congresistas, la fragmentación política y la debilidad del sistema de partidos”.

Además, aseguró que la iniciativa del senador socialista propone que “los votos obtenidos por los partidos políticos que no obtengan escaños se asignarán a los partidos del pacto que sí cumplan los requisitos”. En ese sentido, afirmó que “esta propuesta es aberrante, ya que además de violar la soberanía popular, tiene incentivos económicos perversos”.

El diputado Jaime Mulet.

En parte, la molestia de Mulet responde a que él mismo, junto a otros partidos de gobierno y la Democracia Cristiana, presentó ante el ministro Álvaro Elizalde una propuesta de reforma al sistema político en mayo del año pasado, la que, acusa, ha sido ignorada por el Ejecutivo.

Finalmente, este miércoles la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados acordó tramitar su proyecto.

Ante el ruido que generó la iniciativa de De Urresti, la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, convocó a un punto de prensa junto a él, el senador Gastón Saavedra y el diputado Leonardo Soto. Ahí la timonel reafirmó que “hay un interés de nuestro partido, y así se ha manifestado en una reunión efectuada hoy día con la mesa del PS, en relación de las normas de discusión del sistema político”.

En ese encuentro, de acuerdo a presentes, el senador De Urresti reconoció que lo óptimo será esperar, con el objetivo de conseguir una mayor transversalidad en los apoyos. De todas formas, se valoró que fuera un socialista quien tomara la iniciativa.

La presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic. Javier Salvo/Aton Chile

Vodanovic manifestó que “evidentemente se requieren cambios y una reforma. En ese sentido, el proyecto que ha preparado el senador De Urresti es de nuestro interés como partido poder darle curso junto con otras reformas que vamos a analizar en el corto plazo”.

Por su parte, De Urresti sinceró que “se nos ha solicitado (…) esperar un poco, porque algunos partidos están precisamente afinando sus propuestas. Nosotros tenemos las firmas para la presentación, pero creemos que, siendo una prioridad del gobierno y la oposición (…), esperaremos que esas reflexiones que están realizando puedan madurar para poder tener el más amplio consenso”. (La Tercera)

Amarillos pierden 119 militantes en 2024: Demócratas ha tenido 60 renuncias

A poco más de un año desde que Amarillos por Chile consiguió las firmas que necesitaba para constituirse como partido político, un sabor amargo se apodera de la tienda. Entre los dirigentes se preguntan qué pasa en sus filas. Son conscientes de que tienen un problema: un grupo importante de militantes ha tomado la decisión de dar un paso al costado.

De acuerdo a datos entregados por el Servicio Electoral (Servel) a La Tercera, en lo que va del año, 119 amarillos se han desafiliado de la colectividad. En enero, fueron 15 los que se fueron. Otros 12 lo hicieron en febrero y 92, en marzo.

El rostro más conocido entre los que se fueron es el del exministro de Salud Jaime Mañalich, quien, según dijo ante la militancia, tiene pensado dedicarse a proyectos ligados al “piñerismo”. Desde el partido también cuentan la salida del abogado Luis Lizama, quien, según cuentan, se retiró a raíz de diferencias de opinión con otros militantes.

Los motivos para irse son distintos. De acuerdo a fuentes del partido, algunos se han desafiliado argumentando que la colectividad “no está en nada“ y que perdió el rumbo.

Esta semana quedó demostrado que existen grandes diferencias entre la militancia con el presidente de la colectividad, el diputado Andrés Jouannet -único parlamentario de Amarillos-.

Ante su voto a favor de la indicación propuesta por la derecha para reponer la justicia militar -que finalmente fue declarada inadmisible-, fueron varios los amarillos que decidieron hacer ver su disconformidad.

“Estoy completamente en desacuerdo con la idea de restablecer la justicia militar (…). Es remover un tema sobre el cual hubo 20 años de debate (…). Lo peor es que el presidente del partido (Jouannet) aparece como vocero de la iniciativa”, escribió la semana pasada la exministra Mariana Aylwin en un grupo de WhatsApp que reúne a la militancia.

“Esto va directamente en contra de todo lo que hemos planteado los últimos 30 años”, lamentó Tomás Aylwin, otro militante, en el mismo espacio.

Por otro lado, otros amarillos sugieren que las bajas pueden tener que ver con la postura que institucionalmente tomó el partido frente al plebiscito constitucional de diciembre del año pasado, instancia en que, tal como lo hizo la derecha, estuvieron por la opción “A favor”.

Desde Amarillos enfatizan que perder 100 militantes en un mes no es algo catastrófico, puesto que es usual que en las distintas colectividades haya bajas. Sin embargo, si los datos se comparan con los de Demócratas, una colectividad que nació casi al mismo tiempo que ellos, se observa que los amarillos están en un pie complejo.

En concreto, el partido fundado por los senadores Ximena Rincón y Matías Walker ha perdido 60 militantes en lo que va del año: prácticamente la mitad que Amarillos. 20 lo hicieron en enero, 10, en febrero y otros 30, en marzo.

Hasta el 31 de marzo, de acuerdo a datos publicados por el Servel, Amarillos tenía 5.952 militantes. En tanto, Demócratas acumulaba 4.405 adherentes.

Jouannet: “Es normal que haya deserciones”

Consultado al respecto, Jouannet afirmó que “cuando Amarillos se alzó como movimiento ciudadano por el Rechazo (…) tuvo una enorme adhesión. Cuando se trata de militar, el compromiso es mucho mayor y es normal que haya deserciones en el camino, es algo que le está pasando a todos los partidos“.

Además, explicó que “estamos en una etapa de consolidación en medio de un momento supercomplejo para la actividad política y, por lo tanto, existen estos vaivenes. Pero estamos muy tranquilos en este proceso de construir identidad partidaria que ya nos tiene constituidos en Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía, Ñuble, el Maule, O’Higgins, Valparaíso, Atacama y, muy pronto, en la Región Metropolitana”.

Iturriaga revela «falta de diligencia» en información «preliminar»: ordena retiro de dos altos mandos

El comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga reconoció la tarde de hoy «falta de diligencia» en torno a la información preliminar difundida respecto de la muerte del joven conscripto del Ejército de Chile, Franco Vargas, quien falleció durante una marcha instructiva en la comuna de Putre el pasado 27 de abril.

Esto, luego de que el médico del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Putre, Aldo Rivera, dio detalles respecto al estado de la víctima al momento de ser ingresada al establecimiento médico y precisó que el afectado «venía sin signos vitales ni tampoco con respuesta a estímulos ni verbales ni físicos».

Esta versión contrasta con la entregada el viernes por el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Rodrigo Pino, quien aseguró que «de acuerdo con los antecedentes que figuran, el soldado llegó con signos vitales, vivo al Cesfam».

Iturriaga afirmó en un punto de prensa que «hubo falta de diligencia y omisiones para pesquisar adecuadamente y en un tiempo prudente, falsedades y tergiversaciones que conducen a la responsabilidad de mando de las máximas autoridades de la zona».

Por ello, según dijo, «he resuelto relevar del mando al comandante de la Brigada Huamachuco y al comandante en jefe de la Sexta División del Ejército, y proponer su retiro de la institución por su responsabilidad de mando al Presidente de la República».

El comandante en jefe del Ejército también aclaró que «la información inicial, que fuere difundida por diferentes autoridades del Ejército, obedeció a los antecedentes que entregó el personal que se encontraba a cargo del periodo de instrucción».

«Es doloroso constatar que la información preliminar entregada adoleció de falta de precisión, y ello llevó a las diferentes contradicciones que han sido de público conocimiento. Materia que seguimos investigando para establecer la verdad y precisar si existió ocultamiento de información o derechamente se mintió», agregó.

SALIDA DE ITURRIAGA

El comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, respondió la tarde de hoy miércoles a las voces del Congreso que piden su renuncia al cargo tras la muerte del joven conscripto Franco Vargas, quien falleció durante una marcha instructiva en la comuna de Putre el pasado 27 de abril.

Esto, sumado a que 45 de los soldados que participaron en la instrucción resultaron afectados con un cuadro infeccioso de origen respiratorio y a la fecha, dos de ellos continúan hospitalizados.

Entre quienes piden la dimisión del general Iturriaga se encuentran la presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Fabiola Campillai (IND) y la diputada Claudia Mix (Comunes).

Tras reconocer «falta de diligencia» en información «preliminar» y anunciar que ordenó el retiro a dos altos mandos de la institución, el general Iturriaga sostuvo que «la evaluación de mi desempeño y mi cargo está en (manos) del Presidente de la República».

También recordó que «debo ir a Santiago mañana a informar a la ministra de Defensa (Maya Fernández), y el viernes estoy citado a La Moneda con el Presidente de la República».

Fernández al ser consultada sobre la permanencia de Iturriaga en el cargo, se limitó a decir que «lo más importante ahora es la tranquilidad a las madres y a los padres, y que se aclaren estos hechos que son de extrema gravedad. Queremos que la investigación esclarezca todos los hechos, que no quede ninguna duda y que se apliquen las sanciones correspondientes».

COMISIONES INVESTIGADORAS

Parlamentarios oficialistas han impulsado la creación de comisiones investigadoras para aclarar las circunstancias en que ocurrió el fatídico hecho.

Al respecto, el diputado Matías Ramírez (PC) apuntó a que «hay que indagar sobre la formación al interior de la institución castrense que permita que estos hechos no vuelvan a ocurrir tal como fue en Antuco, donde se puede observar que el mando militar mantiene una doctrina abusiva en contra de soldados conscriptos». (Emol)

Ejército traslada a 42 conscriptos que seguirán el servicio militar en Arica

Este miércoles fueron trasladados los últimos 42 conscriptos que optaron por no seguir realizando el Servicio Militar en la Brigada Motorizada N° 24 «Huamachuco». Esto, tras la muerte del soldado Franco Vargas, quien falleció hace unos días en medio de un entrenamiento en la zona de Putre, Región de Arica.

Eso sí, la institución castrense detalló que «115 soldados conscriptos continuarán con su servicio en la Brigada Motorizada N° 24 ‘Huamachuco’, así como otros 6 en distintas unidades del Ejército –de acuerdo a lo solicitado por ellos–, junto a los más de 6 mil jóvenes que cumplen con su servicio a lo largo de todo el país».

Los traslados de hoy se suman a otros ya realizados en la semana, como el lunes cuando fueron 30.

En esta jornada, el Presidente Gabriel Boric señaló que «he instruido a la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, que se comunique con el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga para que el viernes, a la vuelta de esta gira que estamos haciendo de tres días por la Región de O’Higgins, asistan ambos a La Moneda y personalmente me detallen los hechos en la reunión que sostendremos y también todas las medidas que se van a tomar para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse».(Emol)

Juicio contra Los Gallegos: el plan del grupo para «apoderarse» de la región de Arica

ARICA PABLO OVALLE ISSASMENDI/ AGENCIAUNO

La Fiscalía de Arica realizó este miércoles su alegato de apertura en el juicio oral contra Los Gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua, explicó cómo el clan intentó tomar el control de toda la región.

En esta cuarta jornada de la instancia judicial, el órgano persecutor detalló los hechos de la acusación y señaló al tribunal, a través de medios de prueba, que en marzo de 2022 se detectó el primer indicio de esta agrupación por medio de una escucha telefónica a traficantes chilenos.

La intervención telefónica, según el Ministerio Público, daba cuenta de la existencia de una organización extranjera que pretendía instalarse en Arica y controlar la venta de drogas.

La investigación estableció tres fases en el plan de Los Gallegos para asentarse en Arica. La primera etapa fue de «exploración«, donde el grupo delictual identificó el sector de Cerro Chuño como su base de operaciones. Luego concretaron la fase de «penetración«, cuyo objetivo fue hacer uso de la violencia para dominar a otras bandas rivales, infundir temor en la población y dominar el territorio. Finalmente, en la etapa de «consolidación», el grupo criminal estableció su base financiera y sostenibilidad de sus operaciones ilícitas, mediante el lavado de dinero.

El Fiscal Regional de Arica, Mario Carrera, sostuvo que «dimos a conocer cuál era nuestra teoría del caso, cómo esta agrupación (…) intentó en alguna oportunidad a partir del año 2022 de adueñarse y apropiarse desde la ciudad de Arica de toda la región».

Completado el plan, Los Gallegos, sostiene la fiscalía, armaron una estructura delictiva que incluía delitos de tráfico de drogas, homicidios, secuestros, trata de personas para fines sexuales, tráfico de inmigrantes e internación de armas de fuego, entre otros ilícitos, siendo desarticulados en junio de 2022, en el marco de un mega operativo desarrollado en Cerro Chuño.

JUICIO

En este juicio oral, la Fiscalía de Arica solicita 11 penas de presidio perpetuo para igual número de acusados, además de otras que suman más de 200 años de presidio para los restantes. 34 de los imputados son extranjeros, en su mayoría venezolanos, y 4 chilenos.

Dentro de la batería de pruebas que la Fiscalía presentará ante el Tribunal Oral se incluyen peritajes de armas de fuego y peritajes contables de una serie de cuadernos incautados en los que se controlaban las finanzas de la agrupación criminal, así como más de 60 informes policiales, la mayoría de ellos que corresponden al análisis de una cifra que supera los 140 teléfonos intervenidos, entre otros elementos. (Emol)

Escándalo de corrupción de alto nivel sacude al Gobierno de Petro en Colombia

El entramado de corrupción por el robo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sacudió esta semana al Gobierno colombiano, del que salió una consejera presidencial, y al partido Alianza Verde, del que renunciaron los ex alcaldes de Bogotá Claudia López y Antanas Mockus, dos de sus figuras más reconocidas.

El viernes pasado, Sneyder Pinilla, ex subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, denunció el pago de millonarias coimas a los presidentes del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle (Partido Liberal), con el fin de que se aprobaran en el Congreso las reformas sociales presentadas por el Gobierno.

También mencionó a la consejera Presidencial para las Regiones de Colombia, Sandra Ortiz, que también hace parte de la Alianza Verde, a quien acusó de ser «mensajera» para la entrega del dinero a Name en maletas negras repletas de billetes de 50.000 y 100.000 pesos.

Por esa razón, la funcionaria renunció al cargo y manifestó que tiene «plena confianza» en su «inocencia» y que está segura de que «el tiempo y la justicia confirmarán» su «integridad». «Mi renuncia tiene como propósito evitar cualquier interferencia en los procesos y el desarrollo adecuado de las acciones del Gobierno, especialmente ante el espectáculo mediático que se ha generado para desprestigiarme», agregó en una carta enviada al Presidente Gustavo Petro, que aceptó su renuncia.

ESCÁNDALO QUE CRECE

El escándalo de corrupción que desató la renuncia de Ortiz se venía cocinando a fuego lento con denuncias en los medios sobre un entramado con el cual se malversaron 46.800 millones de pesos (unos 12 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua al desértico departamento de La Guajira.

Sin embargo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, afirmó en una entrevista con Noticias Caracol que la información que ha llegado al Gobierno es que la cifra es muy superior, de «cientos de miles de millones de pesos» a lo que inicialmente se dijo.

En el centro del escándalo está Olmedo López, un político de izquierda que entre abril de 2023 y febrero de este año fue director de la UNGRD, desde donde supuestamente también se ordenó el pago de sobornos a Name y Calle.

Velasco, quien fue director encargado de la UNGRD por un mes, en abril de 2023, ha sido mencionado en sus acusaciones por López, quien dijo que el hoy ministro «tiene muchas cosas por aclarar».

Por otro lado, el presidente del Senado Iván Name negó haber recibido un soborno de 3.000 millones de pesos (unos 770.000 dólares de hoy) para apoyar las reformas de Petro en el legislativo, como lo manifestó Sneyder Pinilla.

CRISIS EN EL VERDE

El partido Alianza Verde vive su propia crisis por cuenta del escándalo, que llevó el lunes a Mockus y López a renunciar a esa colectividad argumentando que ya no representa los valores con los que fue fundada en 2009.

Los ex alcaldes son dos figuras prominentes de la Alianza Verde, partido dividido entre ser oposición o aliado del Gobierno del Presidente Petro.

Mockus, uno de los fundadores de la Alianza Verde, envió una carta a la Dirección Nacional del partido en la que aseguró que «después de analizar los recientes y escandalosos sucesos nacionales» y las «denuncias de corrupción» ve «evidente» que muchos sectores de ese movimiento «no han incorporado los principios que dieron lugar a la formación de la colectividad».

«En consecuencia, siguiendo los preceptos éticos que han sido el fundamento y la bandera de mi vida, he decidido retirarme del partido», aseguró el político, matemático y filósofo de 72 años, que fue alcalde de la capital colombiana en los periodos de 1995-1997 y 2001-2003 y dos veces candidato presidencial, en 2010 y 2014.

Entre tanto, López, que culminó su mandato como alcaldesa de Bogotá el pasado 31 de diciembre, se sumó a lo dicho por Mockus y dijo que el partido «terminó cooptado y controlado por una minoría petrista que no representa ni honra los valores, prácticas y principios» que ha defendido y practicado en su vida.

RESPUESTA DE PETRO

Tras conocerse el escándalo, el Presidente Gustavo Petro aseguró que la UNGRD padece «como muchas instituciones, de una corrupción estructural y profesional», razón por la cual pidió a la Fiscalía investigar todos los contratos del citado organismo en los últimos ocho años, que incluyen los dos últimos del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), los cuatro de Iván Duque (2018-2022) y los casi dos que lleva el actual mandatario.

Petro reconoció las irregularidades en la UNGRD durante su Gobierno y agregó que «ser de izquierda no es una vacuna contra la corrupción» pues ese delito «está en todos los partidos y en todos los rincones».

Por su parte, la Fiscalía interrogó ayer a Olmedo López. La diligencia se llevó a cabo a puerta cerrada en las oficinas del ente persecutor, que no ha informado del contenido de la declaración, pero recordó que desde el pasado 2 de febrero realiza una investigación por posibles actos de corrupción en la UNGRD.

López, en una grabación enviada a medios de comunicación, prometió contar a la Fiscalía toda la verdad sobre el entramado de corrupción que lo involucra y por el que salió del cargo este año.

«El país y los colombianos esperan de mí respuestas y dije que las iba a contar y las seguiré dando. Lo único que he pedido es garantías de seguridad para mi familia y para mí», manifestó López y agregó que con esto está «asumiendo un riesgo de muerte». (Emol EFE)

Cámara aprueba proyecto de porte de armas a aspirantes a oficiales de las policías

Con una amplia mayoría se aprobó este miércoles en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que autorizar el porte de armas por parte de aspirantes a oficiales de las policías. La iniciativa obtuvo 119 votos a favor, ocho en contra y nueve abstenciones. Con este resultado el proyecto se despachó a ley.  

En particular, la normativa autoriza el porte de armar a oficiales de Carabineros que cursen tercer y cuarto año en la Escuela de Carabineros de Chile y a carabineros alumnos que cursen segundo año en la Escuela de Formación de Carabineros, mientras realicen los periodos de práctica que determinen las respectivas mallas curriculares.

Para ello deberán haber aprobado todos los cursos de tiro policial correspondientes a sus semestres anteriores. Asimismo, los aspirantes a oficiales de la Policía de Investigaciones y a Carabineros, tendrán la calidad de funcionarios en cualquier actuación en la que participen.

El diputado e impulsor del proyecto, José Miguel Castro (RN), señaló que esta iniciativa permitirá “sacar cientos, quizás miles de personas comprometidas con la seguridad ciudadana, estudiantes que quieren ser carabineros (…) dado la crisis de seguridad que estamos viviendo, es un proyecto importantísimo que lo hemos presentado de forma transversal, hoy día a ve la luz, incluso con el apoyo del Ejecutivo”.

El proyecto se presentó en junio del 2023 y en diciembre el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se abrió a la legislar la iniciativa. A este proyecto se suma la iniciativa que busca que gendarmes en retiro puedan portar armas de fuego, el cual también fue aprobado por la Cámara Baja.

Asimismo, el presidente de las comisión de Seguridad, Andrés Longton (RN) indicó que «lo que necesitamos es mayor cantidad de carabineros y funcionarios de la PDI en las calles, y este proyecto va a permitir precisamente que aquellos carabineros y funcionarios de la PDI en formación puedan tener su armamento para poder cumplir labores de orden público«.(Emol)

Agenda de seguridad, elección interna y situación judicial de Jadue exponen fisuras del PC

El viernes en la noche, al culminar la semana en que el Congreso legisló un paquete de proyectos de la agenda de seguridad “a matacaballo” -según decían algunos parlamentarios-, cuatro diputadas y un diputado de la bancada del Partido Comunista salieron a hacer una declaración pública en el hall de la Cámara

En esos instantes, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), había llevado una torta a las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia, ubicada a un costado de la sala, para celebrar al diputado Boris Barrera (PC), quien estaba de cumpleaños ese mismo viernes.

Sin embargo, este grupo de comunistas, integrado por Carmen Hertz, Lorena Pizarro, María Candelaria Acevedo, Nathalie Castillo y Matías Ramírez, se excusó de participar del festejo. Aparentemente, no había ambiente para cantar el “cumpleaños feliz”.

El hecho abrió inmediatamente interpretaciones. Algunos entendieron que el ala más dura del partido no estaba dispuesta a aparecer en una celebración al lado de Tohá, producto de la presión que al final le imprimió el gobierno para sacar los proyectos de seguridad. Sin embargo, esa versión es descartada por los propios miembros de este grupo más disidente, que políticamente siempre ha sido más cercano al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

Esta facción estimó que no era prudente ser vistos festejando públicamente, en momentos en que la misma discusión legislativa no había dejado muchas cosas que celebrar.

De hecho, los cinco legisladores comunistas estaban molestos por la forma como había salido el proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza, que fija criterios y protocolos para el uso de armamento por parte de militares y policías, por ejemplo, para repeler una agresión o en un contexto de manifestaciones.

A pesar de que los reparos de este grupo eran compartidos por el resto de la bancada, donde no hubo divergencias en las votaciones, la sutil diferencia estaba en el énfasis a la hora de tramitar y fundamentar en estas iniciativas sobre seguridad.

“Somos integrantes del movimiento de DD.HH. y del movimiento social… En tal virtud, queremos señalar nuestra profunda preocupación y decepción, porque el corazón de este proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza… ha sido desnaturalizado… La derecha se ha opuesto a que el personal y de las FF.AA. no dispare a la parte superior del cuerpo de las personas, incluso, en manifestaciones”, dijo la diputada Hertz, viuda de víctima de la dictadura, en el punto de prensa en “El Pensador”, acompañada por sus pares Pizarro, Acevedo, Castillo y Ramírez.

“Aquí se legitiman la represión, el crimen y la tortura”, dijo, a su turno, Pizarro, hija y nuera de detenidos desaparecidos.

La conferencia era observada a un par de metros de distancia, detrás de las cámaras de TV, por el jefe de bancada del PC, el diputado Luis Cuello, y su par Alejandra Placencia, quien es subjefa del mismo comité.

El episodio dejaba traslucir una fisura, con ramificaciones probablemente más profundas, que los comunistas han tratado de disimular apegándose a la tradicional disciplina partidaria.

Por un lado, un grupo de la bancada abogaba por asumir sin complejos la agenda de seguridad con el fin de derribar los prejuicios y caricaturas que -a juicio de ellos- ha construido la derecha respecto de los comunistas. Una muestra de ello fueron las gestiones personales que desplegaron la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), y la misma diputada Placencia (PC), integrante de la Comisión de Seguridad, para destrabar los bloqueos legislativos que habían puesto tanto legisladores oficialistas como de oposición la semana pasada.

Sin embargo, la otra facción del comité propugnaba que estos proyectos no descuidaran el respeto de los derechos humanos. Para ello, sostenían que era importante dejar clara esa prioridad y denunciar con firmeza los “retrocesos” que -a juicio de ellos- la oposición buscaba legislar.

“Tenemos una sola visión. Vamos a votar todo lo que tenga que ver con agenda de seguridad que vaya en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas”, dice la diputada Acevedo (PC), quien, sin embargo, explica que “algunas diferencias o matices tienen que ver con el respeto irrestricto de los DD.HH. que tiene que ir en los proyectos de seguridad”.

“Puede que haya énfasis distintos en el sentido que nosotros que sufrimos la violencia de la dictadura civil-militar, tal vez somos más sensibles a eso. No digo que ellos (los otros diputados comunistas) no lo sean, pero tal vez la sensibilidad nuestra es mucho más profunda. Pero, en general, todos estamos de acuerdo en legislar la agenda de seguridad. Ahora cómo hay que legislar, eso es algo que hay que ver, porque no podemos legislar en caliente y de manera apresurada”, añade Acevedo, quien fue prisionera política en dictadura.

El diputado Ramírez (PC) expresó que, como en todo grupo político, hay “discusiones” internas que se dan “en reserva, con las distintas posiciones que uno pueda tener”. Sin embargo, releva que, en general, en las temáticas de seguridad la bancada ha tenido “votaciones casi unánimes”, por ejemplo, en proyectos como las RUF, la norma contra las usurpaciones y la Ley Nain Retamal.

“No hay una diferencia. En el fondo lo que planteamos como bancada es hacernos cargo del problema de seguridad pública. Es un problema real que afecta sobre todo a los sectores populares, a la clase trabajadora y nuestra preocupación es que la agenda de seguridad no sea una excusa o una herramienta de sectores conservadores y ultraconservadores para establecer retrocesos democráticos”, señala, por su parte, el diputado Cuello (PC).

En todo caso, esta disimulada y sutil línea que demarca las dos almas de la bancada PC sí se ha evidenciado a la hora de votar las renovaciones de los estados de excepción.

Por ejemplo, en las prórrogas para mantener la presencia de las FF.AA. en el sur, los diputados Cuello, Placencia, Barrera, Cariola y Daniela Serrano suelen abstenerse.

Por otro lado, Pizarro, Acevedo, Ramírez, Castillo y Hertz sistemáticamente han rechazado estas prórrogas.

LA FACCIÓN DE JADUE

Aunque estos matices no son nuevos y se vienen evidenciando desde inicios del gobierno de Gabriel Boric, la elección de Karol Cariola, el pasado 15 de abril, sirvió para generar un momento de cohesión interna. De hecho, al conocer el resultado de la votación que le daba a Cariola la victoria, Pizarro y Hertz, además de Marisela Santibáñez (ex-PC), reaccionaron con una visible alegría y fueron las primeras en abrazar a la nueva titular de la corporación.

No obstante, a pesar de la satisfacción que había entre los comunistas por haber logrado por primera vez en su historia la presidencia de una de las ramas del Congreso, la alegría duró poco. La situación judicial del alcalde Jadue volvió a tensionar el clima interno del comité.

En el pasado, el jefe comunal había logrado articular un grupo parlamentario más afín con el que se reunía habitualmente los jueves en su oficina municipal en Recoleta. Pizarro, Ramírez y Castillo, junto a las diputadas Santibáñez (ex-PC) y Ana María Gazmuri (Acción Humanista) fueron parte de esas reuniones.

Con el tiempo Santibáñez y Gazmuri se han ido alejando, pero el alcalde también ha estrechado lazos con las diputadas Acevedo y Hertz, a pesar de que con esta última legisladora ha tenido públicas diferencias por el conflicto palestino-israelí.

Una muestra de ello es que cuando la Fiscalía confirmó la formalización del jefe comunal, Pizarro, Castillo, Ramírez y Acevedo lo visitaron para darle un respaldo político

“En Recoleta estuvimos con el alcalde @danieljaduejadue entregando nuestro apoyo y respaldo a su trabajo que ha transformado la calidad de vida de miles de vecinas y vecinos en todo Chile con ideas populares para el buen vivir”, escribió en su cuenta de Instagram la diputada Castillo.

Hertz, por su parte, también visitó a Jadue días después para expresarle su solidaridad.

Esas muestras de apoyo también se manifestaron por este mismo grupo de diputadas y diputados cuando a Jadue se le prohibió salir del país.

Entonces, Cariola ya había asumido la presidencia de la Cámara. Sin embargo, al ser consultada por la misma declaración que hizo el PC en apoyo a Jadue, Cariola optó por la cautela, argumentando que al ser representante de una institución le correspondía ser respetuosa de la autonomía de otras entidades del Estado.

SINGULAR ELECCIÓN INTERNA

Todos estos episodios se suman a la tirantez que genera el proceso interno de renovación de directiva del PC.

A diferencia de otras colectividades, en las que existe un período de campaña electoral explícita para elegir a sus autoridades partidarias, los comunistas viven el proceso eleccionario al revés, con un mecanismo de deliberaciones más subterráneo.

El primer paso es convocar un congreso nacional del partido, medida que ya se adoptó el 13 abril pasado. Esta convocatoria implica que durante meses las bases y las directivas territoriales discutirán en sus respectivas asambleas cuáles serán las líneas programáticas del partido para los próximos años. En esta fase se comienza a sondear quiénes serán los rostros del futuro período.

Debido a estas deliberaciones se produce una soterrada competencia de nombres y grupos, que para otras tiendas políticas sería la campaña electoral propiamente tal.

Una vez que los comunistas resuelven su línea programática y quiénes deberían liderar la colectividad, tarea que perfectamente podría recaer en la misma directiva que hoy encabezan Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa, se convocaría a elecciones internas, con una modalidad indirecta y con una plantilla ya cerrada. La militancia, en la práctica, solo termina ratificando lo que se acordó en los distintos estamentos partidarios en la fase de deliberaciones.

Esta etapa del singular proceso eleccionario comunista inevitablemente también incide en la convivencia de la bancada.

Este clima interno también se ha visto alterado por las renuncias de las diputadas Santibáñez y Carolina Tello, quienes tomaron la decisión de salir del partido y de la bancada por disputas personales con otros dirigentes comunistas.

Tello abandonó la colectividad y fichó en el grupo del Frente Amplio debido a diferencias con el senador Daniel Núñez (PC), que también es representante de la Región de Coquimbo.

Santibáñez había renunciado al partido el año pasado, por la decisión de Cuello de reemplazarla en la Comisión de Deportes, con el fin de proteger la presidencia de Erika Olivera (Demócratas). Entonces se suponía que Olivera iba a apoyar a Cariola en su postulación a la testera de la Cámara, lo que finalmente no ocurrió.

A pesar de su renuncia al partido, Santibáñez se mantuvo en la bancada, pero la semana pasada ya comunicó su salida del comité por sentirse marginada de las designaciones internas y de la difusión en redes sociales del PC. (La Tercera)