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Boric sobre RUF: «En nuestro Gobierno no se va a volver a tener tribunales militares»

El Presidente de la República, Gabriel Boric, dio un portazo a la idea de la oposición de incluir la justicia militar en la tramitación legislativa del proyecto de ley de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) en su paso por el Senado.

En conversación con Radio Rancagua, el Mandatario abordó la diferencia que se ha abierto en esto entre el oficialismo y la oposición. «La justicia civil es justicia especializada, siempre hay críticas a la justicia, pero la justicia militar es una justicia para tiempos de guerra, para casos muy específicos», señaló.

Dicho eso, zanjó que «durante nuestro Gobierno no se va a volver a tener tribunales militares revisando casos que corresponden y son de competencia de tribunales civiles».

FAST TRACK EN PACTO FISCAL

En otras materias, el Mandatario fue consultado por el abordaje del Ejecutivo sobre el fenómeno de la permisología, con lo que terminó informando que buscará acordar un fast track legislativo sobre pacto fiscal con las mesas del Senado y de la Cámara, este viernes.

«Hemos presentado un proyecto de ley al Parlamento hace varios meses, que lo lleva el ministro de Economía, Nicolás Grau, para darle racionalidad a los permisos», partió señalando, destacando que «nuestra idea es disminuir en un 30% aproximadamente el plazo en que hoy día se entregan los permisos.

«Yo espero que esta ley se trámite de manera exprés», añadió, para lo cual señaló que «he convocado a la mesa del Senado y mesa de la Cámara de Diputados para el día viernes en La Moneda, para discutir la posibilidad de tener tal como hemos tenido en materia de seguridad, un fast track legislativo en materia de seguridad que nos ha permitido aprobar muchísimas leyes en esta materia y fortalecer la institucionalidad del Estado, también tenerla en materia de pacto fiscal».

El objetivo, precisó, es que «este año sea el año de despegue del crecimiento de Chile y poder crecer en tasas que hace más de 10 años no se crece». (Emol)

CAM: «Nos mantendremos firmes» en la causa mapuche tras condena a Llaitul

Tras la condena de 23 años de cárcel a su histórico líder, Héctor Llaitul, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) emitió un comunicado en horas de anoche negando tener «vinculación» con homicidios y adelantando que se mantendrá «firme» en la causa mapuche.

Las declaraciones surgen cuando equipos investigativos desarrollan diligencias en torno al triple homicidio de funcionarios de Carabineros, crimen perpetrado durante la madrugada del 27 de abril en la comuna de Cañete, Región del Biobío.

En la misiva -difundida a través de Radio Kvrruf- se señala que «hace más de 25 años, como comunidades mapuche en distintos procesos de recuperación y resistencia, nos organizamos, bajo un lineamiento político estratégico de carácter cultural y militar, para hacer frente al avance de la expansión forestal».

En ese sentido, la CAM sostuvo que «la convicción de estar en el camino correcto (…) ha hecho que nuestra lucha se renueve y no decaiga», ya que actúan, según ello, «bajo una ética revolucionaria, sin tener absolutamente ninguna vinculación con la muerte de ninguna persona».

«De eso se han encargado los distintos ORT que, de manera autónoma, han actuado respetando y siguiendo el lineamiento estratégico militar de la CAM», agregó.

La orgánica sostuvo que la condena contra Llaitul fue «orquestada«, calificando la instancia judicial como «viciada y previamente resuelta».

Los violentistas también cuestionaron que personeros del Gobierno del Presidente Gabriel Boric hayan celebrado la sentencia contra Llaitul.

La CAM enfatizó que «nos mantendremos firmes en nuestros procesos. No nos dejaremos amedrentar con sus políticas represivas y sus discursos de odio y racismo». (Emol)

Putre: fiscal nacional afirma que justicia militar y civil “no pueden convivir” en esa causa

Ayer, la Corte Suprema informó que había designado a una ministra en visita para investigar los hechos ocurridos en la fatal marcha de conscriptos ocurrida el 27 de abril en Putre, Región de Arica y Parinacota.La ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta de la Corte Marcial, Jenny Book, será la encargada de llevar a cabo la investigación en la justicia militar.

Sin embargo, el martes, el fiscal regional Mario Carrera informó que se abrió una investigación tras una denuncia por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por un delito de apremios ilegítimos. Dicha causa estará a cargo del fiscal jefe de Arica, Anatole Larrabeiti.

En entrevista con radio Universo, hoy el fiscal nacional Ángel Valencia explicó que “no pueden convivir” ambas justicias en una causa y que una de ellas debería quedarse con la investigación.

El fiscal nacional, en su explicación, dijo que ambos “son sistemas distintos, hoy día son muy distintos. Antes de que existiera el Ministerio Público, de que existieran los juicios orales, no eran tan diferentes”.

“Para investigar los mismos hechos, yo no puedo estar investigando por los mismos hechos, a la misma persona, ocurridos en la misma época, con la misma calificación ante la justicia civil y la justicia militar. Eso es incompatible. Se va a trabar la defensa en alguna parte, ya sea en uno o en otro. Van a alegar que uno de esos tribunales es incompetente. Y puede trabarse lo que nosotros llamamos una contienda de competencias”, argumentó.

Eso sí, dijo que lo que también podría ocurrir es que en haya ciertos “asuntos” que sean de competencia civil y otros de competencia militar. En ese sentido, puso como ejemplo el caso del general (r) Juan Miguel Fuente-Alba, y su esposa Anita María Pinochet Ribbeck, quienes son indagados por el delito de lavado de activos entre los años 2010 y 2016. Ahí ambas justicias operaron en sus competencias: una por gastos reservados y otra por lavado de activos.

“En el caso de Putre, esta posibilidad teórica, no debería darse”, agregó.

¿QUIÉN SE QUEDA CON LA INVESTIGACIÓN?

¿Cómo se resuelve quién se queda con la investigación? Valencia explicó que el fiscal Anatole Larrabeiti se encuentra analizando los antecedentes para resolver si entrega la causa a la justicia militar o inicia la disputa por ella.

“El fiscal está pidiendo el informe sobre el punto jurídico para los efectos de decidir si disputa o no esa competencia, porque hoy día ya hay una investigación iniciada, ya hay una ministra en visita designada. Y hay una opinión de la Corte Suprema que uno puede advertir está de manera implícita en esa designación”.

“El fiscal tiene que decidir si abre o no esa diligencia y se disputa la competencia o envía los antecedentes a la justicia militar. El fiscal lo está analizando seriamente, lo está analizando jurídicamente y nosotros lo estamos apoyando. Y debería ser una decisión que va a tomar prontamente”, agregó.

Esto, dijo, será resuelto por la Corte Suprema, la misma que ya designó a la ministra en visita para actuar bajo la justicia militar. (La Tercera)

Balotaje en la FECh: Lista PC-CS se enfrenta a la del PS tras estrecha primera vuelta

Con un quórum del 23,37% finalizó la votación de dos días de la mesa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), las que tendrán una segunda vuelta el próximo 22 y 23 de mayo.

La votación no estuvo ajena a la polémica, puesto que si bien el quórum mínimo estaba fijado en 30% del padrón, según reportó Crónica U. de Chile, «una resolución del tricel FECH, interpretando los estatutos, contravino tal determinación, posibilitando que se validara la elección».

Lo anterior, bajo el argumento de que «al existir una votación válida anterior, se consideraba que este sería el primer periodo antes de proceder a un Congreso Refundacional. Así, se establece que para la próxima elección, de no llegar al quórum fijado, se procedería con tal medida».

Los resultados, en tanto, quedaron configurados de la siguiente manera: la Lista A «Seamos Cambio», logró el 34,5%, con 2.464 votos y la Lista B «Construyendo Federación» -lista continuidad de «Súbete a la FECH» y encabezada por la actual presidenta, Catalina Lufín-, logró el 34,7%, con 2.481 votos.

Dichas listas serán las que irán a balotaje, «en una votación inédita, donde se enfrentarán Juventudes Comunistas y Convergencia Social, frente a la Brigada Universitaria Socialista, respectivamente», señala Crónica U. de Chile.

Lo anterior, sumado a que no es común que se desarrolle un balotaje en estas elecciones, puesto que antes operaba un sistema de mesa integrado que distribuía los cupos de la mesa según los votos obtenidos por cada una de las listas.

En tanto, la Lista C «Izquierda anticapitalista y consecuente a la FECH», obtuvo un 8,5%, con 606 votos, y la Lista D «Surgir la FECH», logró el 22,3%, con 1.590 votos.

En la elección pasada -de agosto de 2023- el quórum alcanzado tras dos días de votaciones fue de 26,2%, y la lista de Catalina Lufín (JJCC) había logrado 5.998 votos.

La mesa quedó conformada además por David Águila (CS) como vicepresidente; y los secretarios Valentina Rodríguez, Nahur Meléndez, Catalina González, Brayan Rice y Maite Véliz. Atrás quedó la lista «Por una Fech desde Abajo» con 1257 votos, y «Acción por la Chile» con 894 votos.

En tanto, los votos blancos fueron 810 y 882 los nulos. La reciente elección corresponde a la segunda federación de transición -post pandemia-, que ejercerá hasta noviembre de 2024. Posteriormente, se normalizarán los periodos de las directivas, según establece el nuevo estatuto elaborado por el congreso de estudiantes.(Emol)

Gbno. destraba ley corta de Isapres «a costa del bolsillo de los usuarios», dice oposición

A eso de las 12:40 horas de este miércoles, la comisión mixta que tramitaba la ley corta de Isapres volvió a ser suspendida, como ocurrió varias veces en las últimas 48 horas. “Le pediría al Ejecutivo un espacio breve. No tengo inconvenientes en votar en la medida que lleguemos al máximo consenso posible”, dijo el presidente de la instancia, Javier Macaya (UDI).

  • A esa altura, el gobierno había ingresado nuevas indicaciones tras más de ocho horas de negociaciones que se desarrollaron el martes con el oficialismo y la oposición para dar cumplimiento un fallo de la Suprema de 2022, que ordena a las aseguradoras utilizar una nueva tabla de factores a todos sus afiliados y restituir los cobros en exceso a los usuarios.
  • Se trataba de extender el plazo de pago de las Isapres, que tuvieran una rebaja si cancelaban lo adeudado por adelantado y modificaciones a los valores de los planes, entre otras cosas.
  • Las negociaciones se sucedían a contrarreloj, ya que este domingo vence el plazo para comenzar a ejecutar el veredicto del máximo tribunal.
  • Las indicaciones del Gobierno fueron consideradas insuficientes por parte de la oposición, hubo descuelgues en el oficialismo —como el senador Juan Luis Castro (PS)— y la sesión se suspendió, convocándose a una reunión en la sala 10 del tercer piso de la Cámara Alta.

“A costa del bolsillo de los usuarios”. El punto de desencuentro durante el año de tramitación de la ley corta de Isapres ha sido respecto del cálculo de la deuda. En septiembre pasado, el Comité Técnico de la comisión de Salud del Senado entregó un documento con propuestas que permitían una reducción de la deuda de las aseguradoras. La primera de ellas, que fue acogida por el gobierno, era establecer que todos los planes se igualaran al 7% de manera retrospectiva, aumentando los precios base de miles de cotizantes que pagaban menos.

  • Con ello, si se contempla el monto adeudado por las aseguradoras que la Superintendencia de Salud cifra a diciembre de 2023 en un billón 485 millones de pesos, es decir, alrededor de US$1.589 millones, la deuda sería rebajada a eso de US$1.250 millones.
  • La Moneda no cedió a la posibilidad de establecer nuevos mecanismos para recalcular la deuda a las aseguradoras, como pedía la oposición y expertos de distintos colores políticos.
  • El fantasma del “perdonazo” a las Isapres rondó durante toda la negociación en el FA-PC y el Socialismo Democrático, así como la advertencia de las Isapres de que la deuda calculada haría colapsar el sistema de salud privado.
  • A lo que sí se allanó el Gobierno fue a negociar el Indicador de Costos de la Salud (ICSA), que permite que las Isapres realicen alzas de los precios base de los planes de salud a los usuarios todos los años (se calculará de manera distinta hasta 2027).
  • Este indicador considera los cambios en los costos de las prestaciones a los afiliados, de cuánto se usan y de cuánto cuestan los subsidios por incapacidad laboral del sistema privado de salud, lo que se traduce en que las Isapres podrán ajustar al alza sus precios base.
  • También se considera en el ICSA la variación de costos que tiene la Modalidad de Libre Elección (MLE) del Fonasa, lo que generalmente provoca que las Isapres tengan un techo más bajo para poder realizar alzas.
  • El encarecimiento de los planes base para los usuarios será mayor por tres años.
  • Esta fórmula no genera una reducción de la deuda, pero sí permite que haya flujo de caja en las aseguradoras al elevar sus ingresos a costa del pago de los afiliados de sus planes de salud.
  • También se estableció que las Isapres puedan realizar un aumento extra del valor del plan por una única vez el segundo semestre de 2024 —denominado prima— que no podrá superar el 10% de cotizaciones de julio de 2023 por cada beneficiario.
  • La oposición votó favorablemente estas indicaciones, pero hicieron ver sus críticas por la decisión del Gobierno de no recalcular la deuda de las Isapres.
  • “Nos hubiese gustado que el equilibrio financiero se hubiese logrado no a costa del bolsillo de los usuarios del sistema, porque además eso va a generar en el futuro probablemente una merma y un acotamiento del sistema de seguridad social privada”, indicó Macaya.
  • De todas formas, la modificación del ICSA fue impulsada por el senador Sergio Gahona (UDI) en medio de una negociación que estaba completamente trabada.

Plazos de pago. En las indicaciones ingresadas por el gobierno este miércoles se incluyó que la deuda que tienen las Isapres con sus afiliados se pague en 13 años, en vez de 10, como se estableció en la discusión en el Senado.

  • “Se hizo una formulación que a mi juicio es excesiva. ¿Alguien piensa que van a haber Isapres en 13 años más? Yo no lo sé”, reclamó el senador Castro al momento de rechazar la iniciativa, que finalmente fue aprobada con 9 votos a favor y 1 en contra (el del socialista).
  • Para los mayores de 80 años se mantuvo el pago de la deuda en 2 años, y para los mayores de 65 se redujo de 6 a 5 años. Este punto es clave toda vez que el superintendente de Salud Víctor Torres explicitó el lunes en la comisión mixta que el 30% de la deuda de las Isapres es con mayores de 65 años.

“Me tienes colmada la paciencia”. Según quienes estuvieron presentes durante las conversaciones de este miércoles, las negociaciones no fueron sencillas. Hubo recriminaciones cruzadas y duros intercambios entre parlamentarios del oficialismo.

  • “Me tienes colmada la paciencia”, le habría dicho el senador Castro al diputado Tomás Lagomarsino (PR), lo que fue respondido por este último en los mismos términos.
  • Las autoridades de gobierno, a esas alturas, evidenciaban su tensión.
  • Tal como se mencionó anteriormente, el plazo para dar cumplimiento el fallo vence este domingo 12 de mayo y el superintendente de Salud, Víctor Torres, tiene hasta el lunes para emitir la respectiva circular.

Ojo con. La propuesta será votada el lunes en el Senado, y luego en la Cámara de Diputadas y Diputados. Se debería realizar una única votación en ambas salas —por separado— para aprobar o rechazar el informe de la comisión mixta.

  • Hasta la noche de este miércoles no estaba claro si el Ejecutivo lograría cuadrar a todo el oficialismo, toda vez que durante este miércoles algunas propuestas no contaron con el apoyo de los senadores Castro y Ximena Órdenes (ind. PPD). (Ex Ante)

MINISTRA AGUILERA

Tras intensas negociaciones, la comisión mixtra despachó anoche el proyecto de ley corta de isapres que busca darle viabilidad al fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores y el cual entra en vigencia este 12 de mayo.

El debate estaba frenado por falta de acuerdos, y algunas concesiones a las que accedió al Ejecutivo logró destrabarlo.

Esta mañana, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, detalló los alcances de los aprobado ayer y que será votado por la Sala del Senado el lunes -cuando el fallo ya esté en plena vigencia-, y algunas de sus principales implicancias dicen relación con fuertes alzas a los precios de los planes de salud, para equilibrar las finanzas de las isapres considerando la baja de ingresos que tendrán las aseguradoras por la adecuación de la tabla de factores y las millonarias devoluciones por cobros en exceso.

La ley establece que, una vez comience a regir, habrá un alza extraordinaria de los planes de salud de hasta un 10%, junto con ello se se extendió el criterio usado el 2024 para definir el Índice de Costos de la Salud (ICSA) a los años 2025, 2026 y 2027 o hasta que exista una nueva ley. Es decir, las subidas anuales, así como ocurrió este año, serán más pronunciadas al menos durante los próximos tres años.

Al respecto, Aguilera reconoció en entrevista con Tele13 Radio que esta adecuación de precios es «es una situación compleja, ciertamente difícil en muchos temas impopular y por eso es que el acuerdo es tan relevante», ya que se debe «ceder de manera de cumplir con lo que se pidió, que aquí se cumpla la sentencia, se sirva la justicia y se establezcan mecanismos, todos resguardados hacia futuro, de manera de que la industria pueda seguir funcionando y no haya inestabilidad para los prestadores y suspensión de beneficios para los afiliados«.

Esto, según explicó la secretaria de Estado, en medio de toda esta situación en que la justicia ha fallado para que «se suspendan los cobros en exceso respecto a la tabla única de factores y también para que se suspenda un cobro que fue excesivo e injustificado por el GES».

En ese sentido, la titular de Salud subrayó que «si bien ambas sentencias son plenamente adecuadas desde nuestro punto de vista, implican una reducción de los ingresos «muy drástica para la industria, porque tenía estas prácticas que tiene que dejar de incurrir bruscamente y eso significaba una reducción de ingresos del 20%».

Entonces, dijo, esa situación es «la que produce la inestabilidad del sistema porque evidentemente que para cualquier industria adecuarse bruscamente a una reducción así produce la probabilidad de una quiebra».

Razón por la cual, Aguilera manifestó que los motivó a que «en atención no de la industria, sino que de las personas que son beneficiarias de la industria, tuviéramos que proponer mecanismos que amortiguaran, mitigaran esa situación y que obligaran a que las isapres» a que «hicieran un uso más eficiente en aras de mantener las coberturas del sistema privado».

Al ser consultada si las aseguradoras van a quebrar si es que se aprueba lo visado en la Comisión Mixta, la titular de Salud sostuvo que lo que están generando con todas estas medidas es «la probabilidad de que el sistema se mantenga, dar una estabilidad al sistema».

Sin embargo, añadió que «ciertamente las isapres y los controladores tienen que tomar medidas referentes a mejorar la eficiencia del gasto y en relación a disminuir justamente el riesgo de quiebra».

«Aquí hay un piso que se está entregando, una probabilidad de certidumbre de que efectivamente hay medidas que permiten mitigar el impacto de la industria en beneficio de la gente, que es lo que nosotros hemos puesto al centro de nuestra preocupación, pero ciertamente que la industria tiene la responsabilidad de hacer un uso eficiente de los recursos y de, por cierto, tratar de no incurrir en insolvencia», complementó. (Emol)

¿Tienen los periodistas el monopolio de los medios?-Roberto Munita

La reciente -y archicomentada- carta del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile, alegando por la entrevista realizada recientemente por el rector de la UDP, Carlos Peña, al ex presidente español Felipe González es preocupante, por al menos tres grandes razones:

Primero, porque con su provocación, el Colegio pareció desconocer completamente la legislación vigente en Chile sobre derecho a informar y libertad de expresión. El alegato de los periodistas apuntaba a que el rector Peña no cuenta con título de periodista, lo que le impediría hacer una entrevista en un medio. Eso no sólo contradice la teoría de las “profesiones liberales” sino que además desconoce el funcionamiento práctico de muchos medios de comunicación. Peña no es el primero ni el último “entrevistador” que no ha pasado por las escuelas de Periodismo y, si bien se reconoce en estos últimos un expertise y preparación particular y absolutamente valiosa, en ningún caso se puede hablar de una suerte de monopolio para los licenciados en comunicación. Al menos la ley no lo declara así.

Entendemos que el Colegio de Periodistas es una asociación gremial, y que por supuesto debe defender a los suyos. Pero lo mínimo que podemos exigirle los gremios es que conozcan su marco legal. De lo contrario, no sólo realizarán una mala defensa a sus confederados, sino que lograrán unir a buena parte de la opinión pública en su contra.

Pero hay más: mantener esa visión reduccionista no sólo nos impediría contar con la privilegiada pluma y la aguda visión de Peña, sino también que perderíamos el aporte de muchos otros hombres y mujeres que han dedicado su vida o parte de ella a los medios, y que han sido tremenda contribución. De hecho, llama la atención -tal como señaló el profesor Alberto López-Hermida en una carta al director- que el Colegio de Profesores ponga el grito en el cielo por el abogado y doctor en sociología, pero no diga nada por Francisca Sandoval, ícono para un sector de periodistas, y que nunca tuvo preparación formal en esta área.

Es verdad que, un día después, Jorge Donoso, ex presidente del aludido Colegio -en otra carta- matizó, y señaló que el aporte de terceros ajenos al periodismo “no puede ser una práctica habitual”. Está bien; se agradece la bajada de cambios, es bastante más razonable, pero de todos modos puede ser insuficiente: los medios de comunicación deben ser una expresión de la sociedad, y muchas veces superan por lejos el oficio de reportear. En esto quiero ser bien pertinaz: no se trata de relativizar el rol de los periodistas, el que es clave y sin duda cumple un rol fundamental en el mundo de los medios. Pero también debemos entender que las Comunicaciones, así con mayúsculas, son un proceso mucho más complejo, que nace de la sociología, y en la que muchos actores están invitados a participar.

Pero hay todavía una tercera razón -y es la más grave- del por qué causa preocupación la misiva del Colegio de Periodistas: quien la suscribe se enfocó en la ya mencionada entrevista, la que tuvo lugar en El Mercurio, con todo lo que ello implica. Pero el Colegio parece olvidar que hay todo un mundo de medios más allá de El Mercurio, e incluso más allá de los medios tradicionales de comunicación: hoy gran parte de la comunicación se transa en las redes sociales (o redes sociodigitales, como les diría el académico argentino Martín Becerra)… y ahí sí que no hay reglas.

Es más, hoy se discute que Facebook, Tik Tok y Twitter (o X) no son propiamente medios, sino que cada autor, cada cuenta, cada influencer, es un medio en sí mismo. Hoy son muchos los actores que intervienen, informan y generan opinión, sin tener por intermediario a un medio de comunicación (fenómeno relacionado con lo que Homero Gil de Zúñiga ha llamado “News find me”)… ¿y qué va a decir el Colegio de Periodistas al respecto? Limitar la libertad de expresión, o el derecho de informar, a periodistas titulados, es quedarse debajo de la discusión sobre el futuro de las comunicaciones digitales, y es evidentemente un debate propio del siglo XX. (El Líbero)

Roberto Munita

Al borde del precipicio-Michelle Labbé

No es la primera vez. A menos de una semana para que se cumpla el plazo fatal del fallo de la Corte Suprema, parece que nuestro país se ha vuelto adicto a caminar al borde del precipicio, como jugadores que apuestan el todo por el todo, y confían en que esta vez sí van a ganar.

El estallido social/delictual del 18 de octubre de 2019, el 12 de noviembre al hipotecar nuestra Constitución, el plebiscito por el mamarracho, el plebiscito Kast vs. Pinochet, la reforma de pensiones. Todas han puesto y siguen poniendo a nuestra querida tierra al borde del precipicio, a nuestro amado pueblo a un paso del genocidio económico, de la pérdida de las libertades básicas, y del fin de nuestro sueño de eliminar la pobreza y de lograr el desarrollo económico y humano.

El futuro de nuestro sistema de salud está hoy en manos de una comisión de senadores y diputados, que en el plazo de menos de una semana deben llegar a un acuerdo respecto de si dejarán quebrar a las Isapres y con ellas, a muchos prestadores de salud privados -donde hoy se atienden más de la mitad de los pacientes de Fonasa-; dejando al país expuesto a una crisis de salud, y a los enfermos crónicos que hoy se atienden en el sector privado -sean ellos pacientes de Isapre o de Fonasa- , en condición de abandono y riesgo de falta de atención, que los puede llevar incluso a poner sus vidas en peligro.

Algunos culpan a las Isapres, por no comportarse como una empresa que provee servicios sociales, y lucrar (palabra diabolizada) a través de la provisión de salud; cuando éstas sólo jugaron con las reglas del juego que el sistema les proveyó.

Otros culpan a la Corte Suprema, que el año 2010, decide que no aplicará la Ley, sino que hará justicia, y en un sistema diseñado como seguro puro, elimina la capacidad de las Isapres de discriminar a los pacientes por sexo y edad, para evitar -a su juicio- que las alzas de precios que podría implicar la siniestralidad de algunos grupos, dejen a los pacientes sin la opción de elegir entre el sistema público o privado, por ser incapaces de pagar una Isapre.

Los menos, pero quizás los más conocedores del tema, culpan al sistema político, gobiernos y legisladores, que por más de 20 años le han sacado “el poto a la jeringa”, al no asumir los costos de tener que cambiar un sistema de salud, para que sus reglas del juego reflejen la provisión de un servicio social, como la salud, y no un seguro puro.

Pero cualquiera sea el culpable, la irresponsabilidad política, donde el futuro de la salud en Chile se ha pasado desde el gobierno, al Congreso y al gobierno otra vez, cual papa caliente, permitió que una Corte Suprema ideologizada y sin el conocimiento técnico necesario, tenga a nuestro sistema de salud al borde del precipicio. (El Líbero)

Michelle Labbé

Chicago man

En el 2006 Nicanor Parra exponía en el Centro Cultural Palacio de La Moneda. Uno de sus artefactos llamaba la atención: varios presidentes aparecían colgados de una soga al cuello. Lo tituló “El pago de Chile”. Hay algo en nuestra cultura que nos impide ver y reconocer lo bueno. Y a menudo lo malo nos lleva a cancelar lo bueno. Este también fue el caso de Sergio de Castro.

Estudió ingeniería comercial en la Universidad Católica. Chile era un país católico, con una aristocracia y terratenientes que se vinculaban con ingenieros, médicos y abogados. Para la élite, esa nueva carrera era para comerciantes y contadores. Pero De Castro siguió estudiando economía en la Universidad de Chicago hasta obtener su doctorado. A su regreso, enseñaba esa nueva disciplina, que era mirada con recelo y suspicacia.

Los economistas eran muy radicales para esa época. Un grupo de Chicago boys liderados por De Castro preparó un programa económico para la campaña de Jorge Alessandri. El candidato los recibió. Los jóvenes economistas presentaron sus ideas para liberalizar la economía. Después de escucharlos, Alessandri pidió que sacaran a esos locos de la sala. En esos tiempos el proteccionismo era el pan de cada día. Y el mercado, anatema. Al alero de la Cepal, las teorías de la dependencia y de la sustitución de importaciones estaban en boga. El afán por planificar no dejaba ver la importancia de la economía y del mercado.

Bajo el gobierno de Allende, el Estado llegó a tener unas 600 empresas y se expropiaron más de 6 millones de hectáreas. Las utilidades y la productividad no acompañaban a estas políticas. El Estado y el déficit fiscal crecían. Y se imprimía más dinero. La inflación llegó a superar el 600%. No fue fácil salir de esa situación. En 1975 Jorge Cauas lideró e implementó el “Plan de recuperación económica”, el vapuleado tratamiento de shock (es notable que Argentina esté haciendo algo similar, pero en democracia. El destino de esas reformas en el país vecino será un nuevo caso de estudio. Y de tener éxito, podría permitirnos mirar a nuestros viejos economistas con otros ojos).

A fines de 1976, Sergio de Castro, el más prominente y emblemático de los Chicago boys, se convirtió en ministro de Hacienda. Casi de inmediato Chile salió del Pacto Andino, ese complicado acuerdo comercial. En su primera reunión, el nuevo ministro no fue a negociar tarifas de importación. Solo planteó que Chile las bajaría al 10 por ciento. Los ministros de los demás países pensaron que era una broma o una estrategia de negociación. Chile finalmente se abría al mundo.

Siguieron tiempos muy difíciles. La crisis de 1982 fue dolorosa y profunda: el desempleo alcanzó el 25 por ciento y el PIB cayó un 14 por ciento. Fue el ocaso de los Chicago boys. Para que se haga una idea, entre 1982 y 1985 tuvimos cinco ministros de Hacienda. Finalmente llegó Hernán Büchi. Era ingeniero y no había estudiado economía en Chicago, sino un MBA en la Universidad de Columbia.

Los economistas de Chicago se formaron con la convicción de que la economía es una ciencia. Pensaban y actuaban como físicos ante cualquier fenómeno social. En el documental “Chicago boys” (2015), hay una escena que refleja esa forma de entender la economía. Le preguntan a Sergio de Castro, que ya tenía unos 85 años, por las protestas sociales. Responde: “no soy político, soy economista. No soy psiquiatra”.

Los Chicago boys, Sergio de Castro e incluso Milton Friedman fueron cancelados por haber sido economistas durante la dictadura. Es cierto que no vieron o no quisieron ver lo que sucedía. Pero hicieron su trabajo, dejando un legado que gozamos durante mucho tiempo. Sebastián Edwards lo resumió en pocas palabras: “El Chile de los 30 años fue gracias a Sergio de Castro”, el arquitecto del período más exitoso de nuestra historia económica. (El Mercurio)

Leonidas Montes

Abogada de Assange pide a Boric que interceda ante EE.UU. para cerrar el caso

Jennifer Robinson, abogada del fundador de WikiLeaks Julian Assange, pidió este miércoles en Santiago al Presidente Gabriel Boric que interceda por el periodista australiano para que «Estados Unidos ponga fin al caso», a pocos días de que se retome en Londres su proceso de extradición.

«Por cuestión de principios y por la libertad de expresión, esperamos que el presidente Boric se reúna con nosotros y apoye a Julian Assange», dijo Robinson, quien participó en un conservatorio sobre el caso organizado por la ONG latinoamericana Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), en la Biblioteca Nacional de Chile.

El Tribunal Superior de Londres informó en abril que proseguirá el próximo 20 de mayo con el proceso de extradición de Assange, después de que Estados Unidos presentase la información que se le requirió en forma de garantías sobre el tratamiento del periodista en ese país.

Washington reclama al fundador de WikiLeaks por 18 delitos de espionaje, intrusión informática y difusión de material clasificado, en buena parte relacionado con las acciones de fuerzas estadounidenses en las guerras de Irak y Afganistán.

«El caso de Julian Assange amplifica la persecución de los periodistas por todo el mundo. Desde que Assange comenzó este viaje de persecución, nos hemos dado cuenta que los Gobiernos no dudan ni un segundo en confiscar ordenadores y tomar medidas legales contra los periodistas», denunció en el mismo acto el editor jefe del portal WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson.

Assange fue detenido por primera vez en 2010 a petición de Suecia por un caso que quedó archivado y luego, en 2012, se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres.

La Policía británica lo arrestó en 2019, una vez que ese país le retiró su estatus de asilo, y desde entonces está detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, al sureste de Londres, a la espera de que se resuelva su extradición.

Por primera vez, el presidente estadounidense, Joe Biden, reconoció en público el pasado 10 de abril que «está considerando» la petición que lleva haciendo durante meses el primer ministro australiano, Anthony Albanese, para que se cierre el caso contra Assange.

El director de la ONG regional Derechos Humanos Sin Fronteras, Juan Carlos Morago, declaró a EFE que el caso Assange «es una injusticia tremenda y una consumación de una violación de los derechos humanos».

A la petición de la abogada de Assange se suma la realizada este mismo miércoles por un grupo de diputados oficialistas, que pidieron en una carta al presidente Boric que «se adhiera a la solicitud de libertad de Julian Assange«, al igual que algunos de sus pares latinoamericanos, como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro o el mexicano Andrés López Obrador.

«El próximo 20 de mayo, está fijada la audiencia dónde se decidirá su extradición a Estados Unidos, lo que, de hacerse efectivo, significa ser trasladado al Estado de Virginia donde arriesga 175 años de prisión o pena muerte«, recordaron los parlamentarios chilenos.(Emol-EFE)

El gran drama político del gobierno

Al presidente Boric le habría gustado gobernar con una agenda cuyos temas fueran la justicia social, los derechos sociales, la denuncia del abuso empresarial, la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo. Esa fue la agenda que catapultó a la izquierda millennial al poder en tiempo récord: apenas 10 años desde que marcharon como movimiento estudiantil. En octubre de 2019, todos esos temas parecieron confluir. La mesa estaba servida.

Sin embargo, le ha tocado gobernar con una agenda muy distinta. Desde mediados de 2021, los temas más importantes para el país son economía y orden público, temas más propios del repertorio retórico de las derechas. Es decir, al presidente Boric y su elenco les ha tocado navegar un clima político tan ajeno como adverso. Si esto ya era previsible cuando asumió en marzo de 2022, se hizo evidente pocos meses más tarde cuando se estrelló el proyecto constituyente que contenía todos sus anhelos transformadores.

En ese momento, dijeron los analistas, se acabó el diseño original del gobierno, y comenzó una nueva etapa marcada por el pragmatismo y la moderación. Si bien el frenteamplismo hizo carrera criticando duramente a la Concertación que los antecedió, el presidente no tuvo más remedio que llamar a la hija política de Lagos -Carolina Tohá- a liderar su gabinete, y a la hija política de Bachelet -Ana Lya Uriarte- a negociar con el parlamento. Desde entonces, incluso, ha sido pródigo en elogios a sus predecesores, desde Patricio Aylwin hasta Sebastián Piñera.

Tras el brutal homicidio de tres carabineros en Cañete, la arqueología tuitera hizo lo suyo: desempolvó las juveniles -y destempladas- declaraciones del elenco gobernante contra las fuerzas de orden, especialmente en el contexto del estallido social. La oposición, cuyo discurso de rescatar la grandeza piñerista duró menos de 24 horas, se hizo una cabaña con la madera del árbol -y los arbolitos- caídos. En una maniobra de dudosa lógica pero alta efectividad, ligaron el crimen de los carabineros al mancillado historial de Boric y compañía en materia de seguridad.

Lo cierto es Boric cambió de discurso hace rato. Salvo la torpeza monumental de los indultos -torpeza reconocida vox populi en el oficialismo-, después del terremoto político del 4S el gobierno entendió sin chistar que la agenda giraba en torno a economía y orden público. “No me cabe duda de que la prioridad de todos hoy, independiente de nuestras diferencias, es ponerle freno a la delincuencia… El pueblo chileno abraza a su familia, a quienes no dejaremos solos. Movilizaremos toda la fuerza del Estado para hacer justicia”. Estas frases no son de ahora. Las pronunció el presidente en marzo de 2023 en el funeral de la sargento Rita Olivares.

Este es el gran drama político del gobierno: haga lo que haga en materia de orden público y seguridad, la mayoría de los chilenos ya se hizo la idea de que no la toman en serio. No fue parte de su repertorio original, y ahora les cuesta un mundo revertir esa percepción. Muchos ni siquiera se dan por enterados del cambio de discurso. Otros dicen que no es sincero. Está de moda “sospechar de todos quienes gobiernan las cosas en Chile”, y si no sospecha “usted es un estúpido”, decía Eugenio Tironi sobre el estilo -y la victoria cultural- de Tomás Mosciatti. Otros ponen al oficialismo en una situación imposible, exigiéndole que atestigüe su mano dura aprobando normas que la izquierda -con buenas razones- considera barbáricas, como el retorno a la justicia militar.

Tal ha sido el cambio discursivo de Boric, opinan los lectores de encuestas, que hasta su núcleo duro se está desgajando después de haber negado al Negro Matapacos. Pero lo cierto, una vez más, es que Boric nunca fue un calcetinero acrítico del octubrismo. El frenteamplismo, en general, tuvo una relación ambigua con el estallido social. Si bien avivaron la cueca porque leyeron la protesta en clave anticapitalista -un error común en esos días-, el impacto político de la revuelta callejera les recordaba que ellos tomaron el largo y trabajoso camino de cambiar las cosas por la vía institucional, esa fomedad anticlimática de formar partidos y competir por escaños parlamentarios. El propio Boric fue víctima de la rabia octubrista cuando firmó el acuerdo del 15N para darle un cauce constitucional al conflicto social.

En síntesis, Boric quiso gobernar con un libreto pero terminó gobernando con otro. Lo hizo por la fuerza de las circunstancias. Eso es lo que hacen los adultos responsables: enfrentar, en lugar de negar, la realidad. Gobernar no es educar, ni producir, ni proteger. Gobernar es navegar, y eso a veces implica llevar la nave a un puerto distinto del original. Boric está pagando su madurez política con un desfonde por la izquierda, mientras la derecha le niega la sal y el agua. Dado los escasos incentivos que hay para ponerse de acuerdo -algo que difícilmente resuelven las reformas políticas que traman los partidos-, nadie le tenderá una mano.

El prócer español Felipe González, en una reciente visita a Chile, dijo que Boric se iría decantando hacia la socialdemocracia. Hace rato que Boric se posesionó de ese papel. En buena hora, debieran decir los paladares demócratas y liberales. (Ex Ante)

Cristóbal Bellolio