La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) cursó millonarias multas por incumplir con la normativa que regula los procesos de facturación de consumos, es decir, por cobros erróneos de las boletas que reciben los hogares.
En concreto, se trata de la empresa CGE, con 30.000 UTM ($1.963 millones) y con 6.000 UTM ($393 millones) a Enel Distribución. Así, entre ambas sanciones, suman unos $2.356 millones.
Ambos casos se iniciaron luego que la SEC recibiera una serie de denuncias de vecinos de diferentes zonas del país, quienes argumentaban que las boletas que recibían no se ajustaban a sus consumos habituales de energía eléctrica.
Los reclamos señalaban que les aparecía en sus boletas una glosa de «Consumos No Registrados (CNR)», con montos que no tenían justificación.
Al respecto, la SEC dijo que «es necesario señalar que la normativa vigente contempla la operación de los CNR, pero solo sobre casos debidamente justificados y siempre informando, primero a la autoridad fiscalizadora, antes de proceder con estos cobros».
En el caso de la empresa CGE, se indicó que fueron 12.731 los clientes afectados por estos CNR, donde la compañía no se ajustó al procedimiento, afectando la calidad del servicio comercial, ya que, en primer lugar, no fueron informados previamente a la SEC, tal como lo establece la normativa.
Segundo, los CNR tienen que tener un promedio de Índice Medio por cliente, y en estos casos, se aplicó un índice medio por comuna, por lo que, al aplicar este indicador, los CNR eran equivalentes para todos los clientes, independiente de su consumo.
Y tercero, no había medios de prueba suficiente para justificar los CNR. Una vez analizados los descargos de la compañía, se concluyó que esta había incumplido con la normativa que regula esta materia, perjudicando a sus clientes, con cobros que no correspondían a sus consumos reales.
En tanto, la investigación sobre la empresa Enel fue el resultado de la fiscalización que la SEC realiza del mercado, y permitió confirmar que fueron 7.252 los clientes afectados, por cobros que no se ajustaban a la energía consumida.
En este caso, la compañía reconoció problemas de facturación, los que derivaron en que se cobraran CNR por 12 meses, siendo que lo máximo permitido, por normativa, es 3 meses.
Por esta razón, se les formuló cargos por la entrega de información manifiestamente errónea y se les aplicó la multa señalada.
La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, sostuvo que «valoramos las denuncias de la ciudadanía, las que permitieron detectar estas infracciones a la normativa, las que, además, fueron descubiertas a través del monitoreo que realizamos, constantemente, de los servicios que la industria energética entrega a las y los ciudadanos. Por lo mismo, es importante revisar las boletas, preguntar a la empresa a que se refiere cada cobro y denunciar, ante la compañía o en www.sec.cl, si es que tienen dudas con respecto a los ítems que aparecen en sus boletas, mensualmente».
Desde el organismo fiscalizador indicaron que la empresa Enel ya ha realizado la devolución de todos los montos cobrados erróneamente a sus clientes, cifra que en total llegó a los $250 millones, mientras que en el caso de CGE, ya se han realizado algunas devoluciones, pero faltan otras, razón por la cual se deberá esperar hasta que finalice el proceso para tener el monto final que devolvió esta compañía a sus usuarios.
GRAU: QUE OCURRIERA EN PANDEMIA AGRAVA FALTA ÉTICA
El ministro de Economía, Nicolás Grau, valoró el trabajo de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que acaba de denunciar a las empresas Indura y Linde, y tres de sus ejecutivos, por colusión en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales, que tuvo lugar, al menos, entre noviembre de 2019 y enero de 2021, es decir, en plena época de la pandemia del Covid-19.
Este último punto «agrava en términos éticos, pero la colusión es un acto grave en cualquier contexto y debe ser perseguido con toda la rigurosidad de la ley, y debe además tener los instrumentos adecuados para poder probarlo», afirmó en entrevista con Lo Que Queda del Día.
Según el requerimiento presentado por la FNE ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ambas empresas mantuvieron un «pacto de no agresión», una relación de «paz y amor» que se gestó en un café de Las Condes en los días del estallido social, por parte de los gerentes generales de Indura, Marcelo Torres; y de Linde, Sergio Novelli; también intervino otro ejecutivo de la segunda, David Lori.
Asimismo, acusó que el cartel afectó directamente al Hospital Félix Bulnes, que el 12 de mayo de 2020, en plena pandemia, había convocado a una licitación pública para el suministro de oxígeno y otros gases, dado el inminente término del contrato que mantenía con Indura desde 2018, y en una descoordinación del pacto, Linde postuló y el 11 de junio del 2020 se adjudicó el proceso al presentar la «oferta económica más conveniente».
Sin embargo, Torres llamó a Novelli para corregir el «desvío» de la colusión y, luego, este último instruyó a Lori que sacara a Linde del contrato. Así las cosas, el 24 de junio de 2020 Linde envió al hospital una carta justificando que, «debido a la situación de pandemia en Chile», debían desistir de entregar el suministro, tras lo cual la licitación fue readjudicada a Indura.
«En esta primera etapa, se tiene que discutir si existió o no esta colusión», apuntó Grau.
Y en caso de que se compruebe, «a posterior puede haber otros procedimientos, por ejemplo, acciones en el ámbito penal a las personas que participaron en ese proceso, (y) también podría ocurrir que el Fisco eventualmente pida compensaciones por el hospital que estuvo involucrado (dentro de los afectados)», planteó.
El ministro analizó que «siempre cualquier empresa o persona tienen derecho a la presunción de inocencia, y tendrá que demostrarse en la Corte, pero lo que podemos anticipar, lo que ha dicho la Fiscalía (Económica), es que la prueba es muy sólida«.
«No es sólo una prueba que tiene que ver con los efectos indirectos, que uno muchas veces observa, sino que acá hay mucho más que eso: hay intercepción de llamadas, hay allanamientos que han permitido ver computadores, y además hay un proceso de delación compensada de una de las partes, que reconoció que esto había ocurrido y cooperó», detalló.
«La calidad de la prueba es muy alta, y por ende vemos con alta probabilidad que termine existiendo una sanción«, vaticinó.
Además, destacó que «la Fiscalía tiene una buena fama ganada en nuestro país, es un organismo muy sólido en términos técnicos, y cuando se involucra de esta manera en un procedimiento suele tener muy buenos antecedentes».
En su requerimiento (ver achivo adjunto), la FNE pide que el TDLC aplique multas a beneficio fiscal por un total de 37.999 Unidades Tributarias Anuales (UTA), que equivalen a 31,3 millones de dólares: unos 29 mil 841 millones de pesos.
De este total, 31,2 millones de dólares (29 mil 732 millones de pesos) corresponderían a la multa de Indura, y 114 mil 392 dólares (109 millones de pesos) a Torres.
En cuanto a Linde y Novelli y Lori, «la FNE solicitó al TDLC que los exima de la aplicación de multas por haber cumplido con los requisitos establecidos en la ley para acceder a los beneficios del programa de delación compensada»; y también «que declare la exención de responsabilidad penal por los hechos ilícitos» respecto de ambos ejecutivos. que en diciembre del 2021 fueron desvinculados de la empresa. (Emol-Cooperativa)
