Me tocó participar activamente en la tramitación e implementación de dicha ley durante los años 2010-2013, por lo que estoy muy familiarizada con todas las modificaciones legales que introdujo y los problemas que buscaba resolver. Considero que su eventual derogación es tanto nefasta -tengo el convencimiento de que contribuirá a la recuperación en el mediano plazo de los gravemente deteriorados recursos pesqueros chilenos- como innecesaria -el texto fue aprobado por la gran mayoría de los parlamentarios, por lo que me atrevo a afirmar que si los legisladores acusados hoy de cohecho no hubieran votado, la ley sería exactamente la misma.
Algunos de los principales y positivos cambios que introdujo son los siguientes. Primero, estableció la obligación inexistente de evaluar y recuperar las pesquerías. Hoy la Subsecretaría de Pesca debe evaluar las pesquerías en base a indicadores conocidos y medibles y tomar medidas para su recuperación, si corresponde. Es así como en el año 2013 informó que, de 16 pesquerías, seis estaban sobreexplotadas y seis en estado de colapso, es decir, una situación desastrosa. Hoy se están elaborando planes de manejo y de recuperación de las pesquerías.
Segundo, les dio un rol preponderante y vinculante a los científicos en la fijación de las cuotas globales de captura para evitar que los criterios técnicos pierdan importancia frente a las presiones económicas y sociales por aumentar dichas cuotas.
Tercero, introdujo exigencias de transparencia que obligan a la publicación de información durante el proceso de fijación de cuotas globales de captura en forma oportuna, terminando así con un sistema que incentivaba la discrecionalidad y el secretismo.
Cuarto, le dio mayor estabilidad y eficiencia a la regulación al otorgar cuotas de pesca transferibles y de largo plazo al sector industrial, y sentar las bases para lograr acuerdos más estables de distribución de las cuotas de pesca entre artesanales, y así minimizar la carrera olímpica y sus negativas consecuencias.
Quinto, se concretó un traspaso de una parte del fraccionamiento de los recursos pesqueros desde industriales hasta artesanales, aumentando la participación artesanal en el sector. Es así como hoy este último sector es responsable del 59% del volumen de desembarques totales, muy superior al 22% de participación que tenía en el año 2000.
Sexto, para hacerse cargo de la muy heterogénea realidad del sector artesanal, que incluye tanto grandes armadores con gran capacidad extractiva como boteros con gorro de lana, esta ley estableció para los primeros la obligación de usar posicionador satelital y videocámaras, certificar desembarques y ser objeto de mayores sanciones, permitiendo así un mayor control y fiscalización.
Continuar haciendo esfuerzos por anular esta ley, en lugar de perfeccionarla, es el camino fácil. Anular dicha ley no permitirá perseverar en el difícil camino trazado, y por cierto perfectible, de recuperar los severamente deteriorados recursos pesqueros. Me parece irresponsable ignorar que es primera vez que Chile cuenta con una regulación pesquera, cuyo objetivo principal es la sustentabilidad de los recursos pesqueros.
