“Chile puede más”, dijo el Presidente Gabriel Boric en la reciente Enade, refiriéndose en forma concreta al crecimiento económico. Eso es efectivamente así, Chile puede crecer más de lo que ha sido el promedio de la última década, 1,8%, que medido en términos per cápita se reduce a 0,6%. A ese ritmo, nos demoraríamos más de medio siglo en lograr el nivel de ingreso que hoy tiene Portugal. Entonces, Chile no solo puede crecer más, sino que debe hacerlo.
Si analizamos las fuentes del crecimiento —el ahorro y la inversión, el capital humano y el entorno institucional—, resulta evidente por qué el crecimiento ha caído tanto. Llevamos una década de disminución de las tasas de ahorro e inversión, tenemos un déficit de capital humano bastante importante, y, probablemente la causa más relevante, hemos enfrentado un deterioro institucional significativo. Aunque estos problemas son incuestionables, aún no existe consenso sobre qué medidas deben tomarse para revertirlos.
Sin embargo, existe actualmente un set de políticas que, si son llevadas a cabo, pueden hacer un cambio importante, al menos en los resultados de los dos años que le quedan al Gobierno, y que además no van en contra de su agenda ideológica, aunque sí requieren una mejoría sustancial en lo que hasta ahora ha sido un problema innegable del Gobierno: la gestión.
Un primer tema de gran relevancia, no solo por su efecto económico sino también social, es la vivienda. Fue una muy mala noticia de la Encuesta Bicentenario la bajísima probabilidad que la población le asigna a que un trabajador pueda aspirar a su casa propia, que ha caído de un 36% antes del estallido a un 13%, reflejando en forma clara el daño que genera un mercado de capitales menos profundo y con mayores niveles de riesgo. El déficit habitacional es enorme y creciente, y el Gobierno tiene a mano un set de herramientas que podrían aliviar el problema, desde la política de subsidios, el aspecto impositivo, los permisos y la planificación territorial, junto con facilitar el uso de terrenos fiscales. Hay aquí una gran tarea pendiente para los ministerios de Vivienda y de Bienes Nacionales, y también para los gobiernos municipales y sus direcciones de obras, que en año electoral deberían tener incentivos para plantear mejorías en estos temas. Por supuesto, lo positivo no es solo ir aliviando este déficit, sino también contribuir a mayor dinamismo del sector construcción, que sigue sumido en una grave crisis.
Un segundo aspecto que debería concentrar los esfuerzos del Gobierno es la inversión pública y las concesiones de infraestructura. En 2022, el presupuesto de inversión pública se subejecutó en US$ 1.700 millones respecto a lo proyectado en la Ley de Presupuestos, y el año pasado la subejecución alcanzó a US$ 2.500 millones, dañando con esto la actividad y el empleo (como contrapartida, se sobreejecutó el gasto en burocracia). Si este año el Gobierno cumple con el gasto de capital aprobado en la Ley de Presupuestos, la inversión pública registraría un crecimiento real de 20%, dando un impulso al crecimiento. Tienen, entonces, todos los incentivos para resolver el grave déficit de gestión que han mostrado; es de esperar que lo hagan. En el primer trimestre, se tuvo una señal positiva en este aspecto, ya que el gasto de capital registró un crecimiento de casi 30% real respecto al mismo período del año pasado.
Un tercer tema relevante es el proyecto de ley de permisos sectoriales. Es urgente avanzar en este tema. Es cierto que este proyecto está lejos de resolver el problema, pero es un avance, que además no formaba parte del programa oficial y se ha sumado. Es de esperar que se apruebe rápidamente, luego de agregar mejorías que ya se han planteado al respecto, sobre todo en los incentivos de los entes públicos para efectivamente otorgar permisos en los plazos establecidos.
Cuarto, sabemos que la causa principal del estancamiento económico es política; la imposibilidad de lograr acuerdos, debido en parte al problema de fragmentación política. El Gobierno puede impulsar una reforma al sistema político, y debería hacerlo si, además del repunte de corto plazo, busca dejar una herencia positiva que genere efectos más permanentes. Se ha logrado en esta materia un consenso técnico bastante amplio, que debería ser aprovechado.
Por último, el “elefante en la cristalería”. Estamos a días de que se cumpla el plazo fatal dado por la Corte Suprema para hacer efectivo el fallo en materia de isapres. Aun cuando el Congreso lograra en días la aprobación de una ley corta, la imposibilidad de la mutualización hace inviable el sistema. De acuerdo con lo establecido por el Tribunal Constitucional, solo el Poder Ejecutivo tiene iniciativa en esta materia. Si no la utiliza, la incipiente recuperación económica se vería muy trastocada por una grave crisis financiera y social en el sector salud, que tendría consecuencias políticas muy negativas para el Gobierno. ¿Hará algo? Depende de qué alma del Gobierno salga ganadora en el tema. Lo sabremos muy pronto. (El Mercurio)
Cecilia Cifuentes
Directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros ESE Business School Universidad de los Andes
