Sorpresivamente, en el mes más temible para la derecha, en las semanas donde se recuerdan la elección de Salvador Allende en 1970 y el golpe de Estado de 1973, con su dramática secuela de violencia contra los derechos humanos, en los días en que la derecha prefiere borrarse de la escena pública, en estos precisos inamistosos días, el gobierno puede haber divisado una ventana hacia una especie de “segunda fase” de su complicada gestión.
Las razones son diversas, pero hay una central. Es bien sabido que, descontados sus propios errores, la fuente de todas las complicaciones del gobierno es un parlamento en el que por poco margen no alcanzó a obtener la mayoría en ninguna de las dos cámaras. Para aumentar la dificultad, en ese parlamento no enfrenta a una oposición, sino a varias, constituidas por fragmentos disímiles de lo que quedó de la Nueva Mayoría, algunos descolgados de diferentes orígenes y el firmamento de grupos que es el Frente Amplio, cuyo movimiento entrópico tiende por ahora con más intensidad a la diferenciación que a la unificación.
No hay ningún tipo de homogeneidad en esas oposiciones. Se encuentra allí un grupo de parlamentarios (no de un mismo partido, sino de varios) que desea fervorosamente el fracaso del gobierno, incluso el derrumbe personal del Presidente Piñera, y está disponible para cualquier operación que cumpla con ese propósito; es la oposición ideológica, infranqueable. Hay un segundo grupo -numéricamente mayor que el anterior, aunque es muy difícil hacer cálculos precisos- que se propone confirmar todas las veces que pueda que es opositor, pero que entiende que el parlamento es para negociar y desea emplear su fuerza para incidir en los proyectos del gobierno, no permitir que salgan sin su huella; es la oposición identitaria, politizada. Y hay un tercer grupo, acaso el más tradicional, que está disponible para negociar con el gobierno a cambio, no tanto de concesiones ideológicas o identitarias, sino de bienes concretos que favorezcan a las bases políticas que les han permitido llegar al Congreso y que los confirmarán en sus asientos cuando toque; es la oposición profesional, altamente voluble.
Y ocurre que en este parlamento, con una multicolor distribución de fuerzas, se ha registrado un tropiezo monumental justo en el mes más delicado: la acusación constitucional contra tres jueces de la Corte Suprema, un acto que de prosperar podía alcanzar dimensiones históricas, se ha desplomado sin siquiera salir de la Cámara de Diputados. No es un fracaso menor: la votación sobre la cuestión previa, donde el Congreso reafirma sus fueros y su derecho soberano a acusar a cualquier autoridad, una votación que suele ser una autoafirmación, registró un deslavado empate que ya debía tenerse por anuncio de cómo sería la votación sobre el fondo.
De modo inevitable, la acumulación de iniciativas parlamentarias en apenas seis meses en contra del aparato institucional -tres interpelaciones y una acusación contra ministros del gabinete-, una acusación contra tres jueces y una petición de destitución del fiscal nacional- sugiere dos cosas: el predominio de una energía novicia, informe y poco eficaz; y una desordenada marcha de las oposiciones no hacia la unidad, sino hacia la dispersión, nuevamente en busca de alguna eficacia. No es inútil recordar que la única “victoria” opositora, la caída del ministro Mauricio Rojas en 72 horas, no fue obra de los parlamentarios, sino de las redes digitales.
El gobierno mantuvo una prudente distancia de la acusación contra los jueces -dejando muy claro, en todo caso, su respaldo a la Corte Suprema-, consciente de que, mientras la estampida se dirigía hacia otro lado, podría verse favorecido por su desplome. La intención de rechazar la sola idea de legislar en materia tributaria, es decir, de rechazar el proyecto del gobierno incluso antes de conocerlo, que llegó a ser anunciada por algunos parlamentarios, parece hoy impresentable y sumiría al parlamento en la imagen de una asamblea jacobina de donde todo sale muerto.
Parece probable que después del jueves, los propios diputados más experimentados, con mayor conocimiento y reputación, traten de poner algún orden en esas filas. El prestigio de la institución no resiste otra cosa.
Para otro análisis quedan las consecuencias que la acusación fallida tendrá en la Corte Suprema y el destino del debate sobre cárceles y beneficios carcelarios. Siempre habrá alguno de los promotores del libelo que considere que no se trató de una derrota, sino de un triunfo “en el fondo”; los secretos de esas victorias son otro tema. Por ahora, al gobierno se le ha dado una oportunidad justo cuando apareció la primera encuesta en la que el rechazo al Presidente es algo mayor que su apoyo, ese “punto de quiebre” que parece producirse en las 26 semanas. (Las encuestas del gobierno dicen otra cosa, pero en los dos casos resulta evidente que la presencia del exministro Gerardo Varela en el gabinete no era un factor significativo para estas cifras).
Es un hecho que el proyecto de reforma tributaria, uno de los arietes del programa económico del gobierno, ha tenido una demora que pocos logran explicar. El piñerismo objetó hasta el detalle la reforma introducida en el segundo gobierno de Bachelet, lo que hacía razonable suponer que sería capaz de desarrollar con rapidez un proyecto correctivo. La espera de seis meses explica la (relativa) decepción que impera en el ambiente empresarial, así como la falta de traducción de las nuevas inversiones en mejoramiento del empleo. Todo pende, todo espera, todo está colgando.
Y el gobierno, que ha permanecido como agazapado, espiando por una ventana que sólo le ha devuelto su propia imagen, ocupado en tareas menores, quizá sienta por primera vez que puede empezar a moverse en tareas mayores. Eso sería una “segunda fase”. (La Tercera)
Ascanio Cavallo
