Un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentó este lunes ante el Tribunal Constitucional (TC) el abogado del coronel Iván Faber, uno de los procesados por presuntos viajes irregulares de oficiales del Ejército y en los cuales también estarían implicadas agencias de viajes. En el escrito, pidió la suspensión de la investigación mientras no se resuelva el recurso.
Según los antecedentes de la causa, que lleva adelante la ministra en visita Romy Rutherford -quien investiga a los militares- y el fiscal Centro Norte José Morales -indaga a las agencias-, los uniformados compraban pasajes con cargo al Ejército. Luego, y usando a empresas de viajes, cambiaban los destinos originales para acudir a otros con fines de vacaciones. Incluso, habrían ocupado esta maniobra para incluir a familiares en estos viajes.
Según el texto ingresado al Tribunal Constitucional por el abogado Mario Vargas, “el artículo 5º numeral 3 del Código de Justicia Militar, fundamenta inconstitucionalmente la competencia de los tribunales militares para que puedan conocer de un delito fraude al Fisco (…) porque de conformidad con el auto de procesamiento dictado por la ministra, se trata de un delito común ejecutado en ‘actos propios de servicio’ y cuyo principio de ejecución (…) habría tenido supuestamente lugar ‘dentro de un recinto militar’ (…) aunque en realidad ello no consta”.
Sostiene también que, “es más, el principio de ejecución de los hechos que se investigan habría tenido su origen en las agencias de viajes. Por ende, según lo establecen los artículos 7º del Código Penal y el artículo 157 inciso 1º del Código Orgánico de Tribunales, es competente para conocer de un delito el tribunal en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho”.
Además, apunta a que hay otra causa abierta en la Fiscalía Centro Norte, en que se indaga a los civiles por los mismos hechos. “Se pretende que un mismo hecho (…) sea sometido al conocimiento de dos jurisdicciones diferentes”, indica el texto.
Agrega que, “al existir civiles involucrados como imputados, debe ser de pleno conocimiento de la justicia ordinaria y no de la militar, aunque hayan tenido participación en él militares”.
También se produce -dice el texto- una infracción al negarse “el conocimiento del sumario, sin invocar razón fundada que explique las razones por las cuales una causa iniciada en 2014 se mantiene en secreto”.
El abogado Mario Vargas señaló que “el procedimiento usado afecta gravemente las garantías procesales de mi representado; por ejemplo, el derecho a defensa, a poder ser interrogado junto a su abogado y tener conocimiento de los antecedentes de la investigación”. (La Tercera)
