Una treintena de notificaciones son indagadas por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. El elemento común: se repite el nombre de dos receptores judiciales en ellas y todas están relacionadas con una causa por cobro de pesos que se tramita en el 29° Juzgado Civil de Santiago, caratulada como «Eduardo Silva Guerra con Sergio de la Puente Oyarzo y otros», donde se exige a los 10 herederos de una mujer fallecida en 2014 el pago de una deuda de $78 millones.

Recientemente, el 23 de noviembre pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra los receptores judiciales Ana María Albornoz, Patricio Alfaro y todos quienes resulten responsables del delito del artículo 193, N°4, del Código Penal, que sanciona al «empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad, faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales».

En el juicio civil -cuyo expediente está acompañado en la investigación penal- «se estamparon por los querellados las siguientes certificaciones, todas ellas falsas, ya que se ha podido establecer, como se explicará, que el presupuesto fáctico de las búsquedas positivas y de las notificaciones nunca existieron», consigna la presentación del organismo de defensa estatal, que esta semana el 7° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible.

Las «búsquedas» se realizaron mayoritariamente en el domicilio «calle Catedral 1655» y se certifica que un adulto dijo al receptor que ahí vivía el demandado. Luego, se lee en los documentos, que el receptor se constituyó en ese domicilio y notificó de la demanda a alguno de los herederos buscados.

Sin embargo, mediante antecedentes recabados por la PDI -y consignados en la causa penal- se estableció que todos los demandados fueron aparentemente notificados por los receptores en domicilios que no corresponden, ya sea porque jamás han habitado en ellos o bien porque eran domicilios inexistentes.

Ninguno de los demandados vive en Catedral 1655. En ese lugar hay una casa de dos pisos destinada al arriendo de piezas para extranjeros y una mujer que vive ahí negó conocer a los demandados (se le exhibieron fotografías). Además, agrega el reporte policial -y consigna el CDE, en su querella- los administradores del inmueble son dos y uno de ellos, Eduardo Silva Guerra, es el demandante en el juicio civil.

Para los herederos, quienes se querellaron contra Silva Guerra en 2017, con estas notificaciones solo se quiso «conducir al remate judicial de un inmueble de valor significativo, en la convicción que los demandados jamás se enterarían de lo que estaba ocurriendo».

Según la carpeta investigativa se citó a declarar a Albornoz y ejerció su derecho a guardar silencio. Lo mismo a Alfaro, pero este no concurrió a la PDI. (El Mercurio)

Hace menos de un mes se dio a conocer el fallo de la Corte Suprema que obligó al Ministerio de Salud a financiar un medicamento (Spinraza) que cuesta más de $500 millones -solo el primer año de tratamiento- para un niño de Concepción con atrofia muscular espinal. Con eso, según agrupaciones de pacientes, el tribunal abrió la puerta para que más personas buscaran cobertura mediante la justicia para fármacos de alto costo que no están incluidos en la ley Ricarte Soto.

Justamente esta semana se sumó un nuevo caso, que ya constituye la cuarta sentencia a favor de un paciente que necesita este mismo producto (tres contra Fonasa y uno contra isapre).

Esta vez se trata de Elvira Fuentealba, quien interpuso un recurso de protección contra el seguro público -el Servicio de Salud de Talcahuano y el Hospital Las Higueras- por negarle a su hijo de tres años el acceso al medicamento Spinraza, que es el único tratamiento disponible contra la atrofia muscular espinal.

Y la Corte Suprema ratificó la sentencia de la Corte de Apelaciones, invocando el resguardo del derecho a la vida.

En la Tercera Sala del máximo tribunal, votaron a favor de confirmar la sentencia los ministros María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. Los votos de minoría fueron de Arturo Prado y del abogado integrante Pedro Pierry.

Según Fuentealba, «esto es una gran alegría porque nos permite soñar con que nuestro hijo mejore». Agrega que «otras familias vienen detrás haciendo todo el juicio, porque esta es la única opción que nos queda».

Rony Lenz, director de postgrado del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, afirma que «estos son los casos resueltos, pero los que aún están en trámite son muchos más y podrían llegar, en el caso de Fonasa, a los 100».

Si los casos de judicialización se siguen masificando y los tribunales continúan fallando a favor de los pacientes, se podría requerir un monto muy superior, por ejemplo, al presupuesto total de la ley Ricarte Soto, que cuenta con $82 mil millones este año.

Por su parte, el decano de la Facultad de Medicina de la U. San Sebastián, Manuel Inostroza, asegura que «ahora al ministerio no le queda otra que pagar. Y para eso va a ser necesario quitarles recursos a otros programas, como gastos de compra de equipamiento, por ejemplo». (El Mercurio)

Un nuevo procesamiento dictó ayer la ministra Romy Rutherford, esta vez contra el general (r) del Ejército Werther Araya Menghini por nueve delitos de fraude al fisco reiterado, que significaron un perjuicio fiscal de $54.743.472.

El encausamiento es en la investigación por el millonario fraude en el Ejército, producto del mal uso de dineros públicos realizado por oficiales destinados a comisiones de servicio, quienes abultaban el precio de pasajes aéreos, cuyos excedentes se les devolvían o viajaban con estos fondos a otros destinos con sus familias.

En el caso de Araya se trata solo de devoluciones por viajes de corta duración entre 2010 y 2015, cuando estuvo en diversas comisiones de servicio: Santiago-Londres (Gran Bretaña) y Lisboa (Portugal); Santiago-Camberra (Australia)-Santiago; Santiago-Manaos-Brasilia-Río de Janeiro-Santiago (Brasil); Santiago-Washington (Estados Unidos) Santiago; Santiago-Antiguas (Guatemala)-Santiago; cuatro viajes de Washington (Estados Unidos)-Santiago; y Santiago-Granada (España)-Santiago.

La magistrada sostiene en la resolución de 83 páginas que además de presunciones fundadas, hay un «reconocimiento» del propio general (r) Araya, quien dice haber recibido de la agencia de viajes Turavion «US$ 10.000 y US$ 15.000, respectivamente, por sus viajes de ida y de regreso de su comisión de servicios de Estados Unidos el año 2015, y que en sus cartolas del Banco Chile constató que además de esos depósitos de agosto y septiembre de 2015, tenía otros US$ 3.900 y fracción y US$ 600 y fracción» de la misma agencia.

Según la jueza, también admite que «el procedimiento usado para estos efectos y la circunstancia de que el Ejército le entregara los fondos fiscales a la agencia de viajes para que esta los administrara era sin duda irregular».

CRITICAS A FALTA DE CONTROL

En su declaración ante la ministra, Araya desconoció varios pagos que se le imputan, los que habrían sido cobrados por terceros, lo que también se indaga. «Ahora, mirado, parece absolutamente irregular que sea la agencia de viajes la que entregue al funcionario el recurso sobrante, así como también que la agencia cobre una comisión sobre comisión sobre la base de una cotización que finalmente no es lo que se paga y que el Ejército no controle esto».

En tanto, siete horas antes del procesamiento, a las 7:55, llegó el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, al despacho de la ministra para explicarle el audio que difundió The Clinic, donde en un discurso dijo: «¿Es posible encontrar situaciones similares en las otras instituciones? Respuesta, sí. Lo que pasa es que estamos siendo investigados nosotros».

Versión que cambió al día siguiente y que reiteró ayer en la cita ante la jueza: «Vine a indicarle que no tengo ningún antecedente concreto o por el estilo que involucre a las otras instituciones. Este es un problema del Ejército y el Ejército tiene que resolverlo. No tengo ningún antecedente y eso fue lo que vine a indicarle a la ministra Romy Rutherford».

En tanto, ayer sostuvo su primer encuentro de trabajo el comité de auditoría externa del Ministerio de Defensa, entidad que es parte de las siete medidas de probidad anunciadas por la cartera. Tiene la función de supervisar a las unidades de control interno de las Fuerzas Armadas, para que perfeccionen su gestión de control y contribuyan a prevenir eventuales irregularidades. (El Mercurio)