Hace menos de un mes se dio a conocer el fallo de la Corte Suprema que obligó al Ministerio de Salud a financiar un medicamento (Spinraza) que cuesta más de $500 millones -solo el primer año de tratamiento- para un niño de Concepción con atrofia muscular espinal. Con eso, según agrupaciones de pacientes, el tribunal abrió la puerta para que más personas buscaran cobertura mediante la justicia para fármacos de alto costo que no están incluidos en la ley Ricarte Soto.
Justamente esta semana se sumó un nuevo caso, que ya constituye la cuarta sentencia a favor de un paciente que necesita este mismo producto (tres contra Fonasa y uno contra isapre).
Esta vez se trata de Elvira Fuentealba, quien interpuso un recurso de protección contra el seguro público -el Servicio de Salud de Talcahuano y el Hospital Las Higueras- por negarle a su hijo de tres años el acceso al medicamento Spinraza, que es el único tratamiento disponible contra la atrofia muscular espinal.
Y la Corte Suprema ratificó la sentencia de la Corte de Apelaciones, invocando el resguardo del derecho a la vida.
En la Tercera Sala del máximo tribunal, votaron a favor de confirmar la sentencia los ministros María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. Los votos de minoría fueron de Arturo Prado y del abogado integrante Pedro Pierry.
Según Fuentealba, «esto es una gran alegría porque nos permite soñar con que nuestro hijo mejore». Agrega que «otras familias vienen detrás haciendo todo el juicio, porque esta es la única opción que nos queda».
Rony Lenz, director de postgrado del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, afirma que «estos son los casos resueltos, pero los que aún están en trámite son muchos más y podrían llegar, en el caso de Fonasa, a los 100».
Si los casos de judicialización se siguen masificando y los tribunales continúan fallando a favor de los pacientes, se podría requerir un monto muy superior, por ejemplo, al presupuesto total de la ley Ricarte Soto, que cuenta con $82 mil millones este año.
Por su parte, el decano de la Facultad de Medicina de la U. San Sebastián, Manuel Inostroza, asegura que «ahora al ministerio no le queda otra que pagar. Y para eso va a ser necesario quitarles recursos a otros programas, como gastos de compra de equipamiento, por ejemplo». (El Mercurio)
