Cuando se discute sobre eficiencia en el uso de los recursos públicos, se suele mencionar el conjunto de programas que sistemáticamente obtienen evaluaciones deficientes, además de programas duplicados que atienden las mismas necesidades de una única población.

Un aspecto del que se habla menos, sin embargo, es de programas que, aun cuando tienen buenas evaluaciones, no son exigidos por los usuarios a quienes están destinados.

Por ejemplo, gracias a una iniciativa del Sence, hemos sabido que más de 50 mil jóvenes y mujeres no han cobrado cerca de 9 mil millones de pesos correspondientes al Subsidio al Empleo Joven (SEJ) y el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM). Estos programas suplementan, respectivamente, los ingresos formales de jóvenes y mujeres de bajos salarios. También entregan recursos a sus empleadores, aliviando el costo de su contratación formal. Se trata, en cierta forma, de precursores del Ingreso Mínimo Garantizado, cuyo proyecto de ley se discute hoy en el Congreso.

Seguramente existen muchos otros beneficios, monetarios y no monetarios, que finalmente no son plenamente cobrados o utilizados por las personas, comunidades o instituciones para quienes fueron diseñados. Que yo sepa, no existe información pública sistematizada al respecto. Sería útil producir esta información como parte del proceso de revisión de la eficiencia y eficacia del gasto.

El que programas pertinentes no sean exigidos por sus destinatarios obliga a revisar el procedimiento de entrega de estos beneficios. La participación en un programa requiere de un conjunto de condiciones: tener derecho a los beneficios, tener conocimiento de la existencia del programa, postular y ser aceptado. Solo entonces se reciben los beneficios.

En otras palabras, tener derecho no asegura la recepción del beneficio. En cada uno de estos pasos hay personas que son beneficiarias potenciales que se pierden. Un trabajo de James Heckman y Jeffrey Smith, académicos de las universidades de Chicago y Wisconsin respectivamente, estudió este problema en el contexto de un programa de capacitación para jóvenes en los Estados Unidos. El estudio muestra que quienes más se pierden en el camino son las personas más vulnerables, justamente quienes más necesitan el programa. Este resultado sugiere que el propio proceso puede generar inequidad en la recepción de servicios públicos.

Asimismo, el proceso en ocasiones conlleva el cumplimiento de requerimientos que dificultan el acceso o que desincentivan su solicitud. Por ejemplo, una persona que no tenga quién la reemplace en el cuidado de un tercero (un niño pequeño o un adulto mayor con una dependencia severa) no podrá realizar un trámite que requiera hacer una cola larga en un horario limitado de atención al público.

En algunos casos los desincentivos son subjetivos: además de largas esperas, la recepción de beneficios sociales a veces sucede en un contexto de trato discriminatorio o en exceso impersonal, o de estigmatización, escasa consideración a las necesidades específicas de las personas e incluso agresiones verbales. Así lo describen los entrevistados en el estudio “Voces de la pobreza”, de la Fundación Superación Pobreza.

En otras palabras, la entrega de beneficios sociales no solo debe ser eficiente, debe también dar reconocimiento a las personas. En este sentido, el cambio de la Ficha de Protección Social por el Registro Social de Hogares para realizar la clasificación y priorización socioeconómica de hogares representa un avance sustancial en el trato digno a las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, al reemplazar en buena parte el autorreporte —el tener que “demostrar miseria”— por información que el Estado ya posee sobre las familias en sus registros administrativos.

¿Cuánto más podemos avanzar en asegurar un proceso que permita llegar de buena forma a los destinatarios de los programas? Para cada programa debiésemos trazar la ruta que siguen las personas para recibirlo, y preguntarnos si cada paso es necesario y adecuado. ¿Se debe postular o se puede asignar directamente dada la información que ya posee el Estado? Si se debe postular, ¿cuáles son los requisitos y procedimientos? ¿Qué trabas se pueden levantar? ¿Cuán adecuada es la atención?

En resumen, no podemos olvidar que el buen uso de los recursos públicos también se refiere a la forma de entrega, a los procesos que se debe seguir para percibir los diversos beneficios. En concreto, la legitimidad del esfuerzo público para apoyar a quienes lo necesitan se prueba en su transparencia, eficacia, eficiencia e impacto del uso de los fondos públicos, y también en cómo la dinámica de su entrega dignifica a las personas. (El Mercurio)

El reconocimiento era muy particular. Me escondían en una sala y tras una ventana, muchas veces tapada por una delgada tela, se ponían en fila nunca menos de siete personas. Supuestamente nadie me miraba, pero yo veía cómo 14 ojos observaban cada uno de mis movimientos.

Yo debía reconocer a quien había participado, en cualquier rol, en el secuestro del que fui objeto. La única información que se me entregaba era el papel que se creía había jugado dicha persona en la perpetración del delito, desde quien me había seguido por meses, hasta aquel con quien había compartido cautiverio. Pero no se me daba descripción física alguna y quizás se me exponía algún dibujo descriptivo de conformidad a la descripción que yo había dado en su minuto, nada fuera de lo común. Yo debía reconocerlo por mis propios medios. Reconocido este, se seguía al siguiente paso, que era el careo, estresante per se.

El último reconocimiento fue en 1992 y me fue difícil, debo suponer, pero lo logré. Habían pasado ocho años de mi captura y debía reconocer a una mujer que literalmente vi una fracción de segundo, tras un cambio de vehículo que hicieron mis captores en el Cerro Calán.

Los recuerdos eran cada vez más vagos e imprecisos, por impactante que fuera la situación. El físico del chileno promedio no ayuda mucho en la materia, toda vez que es muy parecido, en estatura, peso y color de piel. Por cierto que una voz aguda o bien un físico fuera de lo común no se olvidan.

Lo anterior lo cuento porque sirve para dar contexto al tema de fondo.

Tiempo atrás fui a Punta Peuco a visitar a un amigo. Sin requerir mayores detalles comenzó a explicarme el delito del que se le acusaba. Hoy enfrenta seis querellas y una condena. Todas ellas motivadas por hechos acaecidos en 1973 e investigados y sancionados a casi 45 años de su ocurrencia. Testigos dicen haberlo visto en el lugar de los hechos, se acuerdan de su chapa o bien de su nombre. Otros de su voz.

Mientras me contaba su historia yo reflexionaba acerca de la mía. “Oiga —le decía—, 36 años después de mi secuestro, yo no sería capaz de reconocer a mis captores; cómo es posible que se acuerden testigos de usted, que nada tiene fuera de lo común, a más de 40 años del 73”. “Bueno”, me decía, y se limitaba a erguir el hombro. Y comenzaba a relatar los sucesos y acusaciones y a explicar su rol, en los que hubo, porque en otros afortunadamente no estaba en el lugar, día y hora del hecho del que se le acusa. Pero como está vivo, lo acusan igual. Nada pierden los querellantes. Por el contrario, suculentas indemnizaciones a su haber si logran la condena del sujeto.

Me fui triste y reflexivo del lugar y con sentimientos encontrados. Trabajar por la inocencia o luchar contra una pared, en fin.

Punta Peuco es un lugar, como todos, donde convergen la verdad como la mentira, el horror como la pena. No quiero entrar en el origen y contexto de lo que llevó a mi país al enfrentamiento. Pero sí, dada mi formación de abogado y víctima de una violación a los derechos humanos, y por tanto más sensible al tema, no deja de llamarme la atención que hechos como el descrito, donde la presunción y un grado de certeza débil, o bien figuras como el secuestro permanente y la no prescripción en materia penal, sean, en muchos casos, el sustento y fundamento de la detención de personas, abstrayéndose no de un debido proceso, porque puede que haya sido justo y habido bilateralidad, pero sí un proceso pobre y débil en su argumento, obviando, para peor, el contexto en que ocurrieron los hechos y donde la racionalidad, en su sentido más básico y primario, pareciera estar ausente.

Gonzalo Cruzat Valdés
Abogado

Nuestras preocupaciones y tareas más inmediatas, como familia, trabajo y amigos, dejan escaso espacio o tiempo para pensar en el patriotismo y, en especial, sobre cómo vivimos este sentimiento, que por lo general aflora cuando existen conflictos armados, desastres naturales y otros acontecimientos como aquellos que han afectado a nuestro país en los últimos 40 años. El conflicto del Beagle con Argentina en 1978 y el devastador terremoto y tsunami del 2010, entre tantos otros, han sido momentos que han hecho surgir el patriotismo y solidaridad de los chilenos, quienes, con el paso del tiempo, retomaron su ritmo de vida normal, dejando atrás el triste recuerdo de la tragedia.

Pero el patriotismo es más que un sentimiento transitorio, ocasional y pasajero, que se manifiesta en el respeto a un emblema patrio o en la celebración de una efeméride o fiesta nacional, como son los meses del mar y de la patria cada año. “Para mí, el patriotismo es más que fidelidad a un lugar en el mapa. Es el respeto a unos valores, a una forma de pensar”, nos recuerda el expresidente de EE.UU. Barack Obama.

En efecto, este sentimiento es un valor que se vive y transmite todos los días como ciudadanos responsables. Un trabajo bien hecho, buenos modales, respeto a las normas y costumbres, cuidado al medio ambiente, educación cívica y participar en las elecciones, entre otros, son algunas de las expresiones de patriotismo que no requieren de grandes campañas o cruzadas, sino que del esfuerzo, compromiso y trabajo perseverante y diario de cada uno de los chilenos.

En las antípodas del patriotismo está el antipatriotismo, como expresión de una ciudadanía transgresora de los valores, costumbres y tradiciones que han configurado la nación chilena a lo largo de su historia.

Durante las últimas semanas hemos conocido varios ejemplos de este fenómeno. La destrucción del patrimonio histórico (iglesias), monumentos de nuestros héroes patrios (Baquedano y Prat) e infraestructura pública (metro); la destrucción de la convivencia política y del respeto a los adversarios políticos (a través de censuras, funas y acusaciones constitucionales abusivas); y la destrucción de la confianza en las instituciones del Estado y en el mercado (a través de variadas formas de corrupción, colusiones y uso de información privilegiada), son a su vez expresiones que dan cuenta del deterioro de ciertos valores cívicos en la sociedad chilena, que merecen toda nuestra condena.

En este sentido, no se puede hablar de patriotismo cuando se destruye el patrimonio nacional, la convivencia democrática y la confianza entre los chilenos.

Siguiendo el mensaje que inspira esta columna y rindiendo un homenaje a su creativo portavoz, el patriotismo implica el esfuerzo de todos y cada uno de los chilenos para construir —y no destruir— un país donde se cultive el respeto y amor a la patria, a su historia y al bien común. Jorge Luis Borges nos recordaba: “Nadie es patria. Todos lo somos”.

Por ello, la invitación es a comportarnos como verdaderos patriotas en cada una de nuestras conductas y actitudes diarias. ¿Y ustedes qué camino escogen: el patriota o el antipatriota?

Francisco Orrego B.