Después de más de tres meses del estallido social es importante analizar qué avances hemos tenido respecto de la compleja situación de finales de 2019.

El orden público, una de las mayores fuentes de incertidumbre para la economía, continúa siendo una preocupación. Los dos episodios de la PSU y los destrozos del viernes 24 de enero así lo muestran. La conflictividad ha bajado, por efecto de las vacaciones, pero varios analistas anticipan un marzo complejo. Lo más complejo es que un grupo importante de la ciudadanía acepta en forma explícita y/o tolera por su silencio estos hechos de violencia. ¿Esto se explica porque no ven un avance en la solución de los problemas que están detrás del descontento social? Es difícil tener la respuesta.

De todas maneras, es necesario ver qué se ha hecho para enfrentar los temas levantados por el malestar ciudadano. Sin desmerecer el cambio a la reforma tributaria que originalmente bajaba los ingresos fiscales para financiar bienes públicos, y hacía más regresivo nuestro sistema tributario, ni la conformación de una comisión que analizará un aumento de la carga tributaria y eliminación de exenciones tributarias innecesarias, es fundamental detenerse en el tema de pensiones, la preocupación principal de los chilenos, de acuerdo a las encuestas.

El proyecto corto de pensiones del año pasado logró un aumento inicial de las pensiones de quienes más lo requieren aumentando el Pilar Solidario. Para el primer grupo beneficiado implicó un incremento de 110 mil a 165 mil pesos en diciembre de 2019. Más allá, si debiéramos haber evitado la transición hasta 2022 para que el beneficio llegara a todos y así hubiera tenido un efecto mayor en la percepción de avance, es una medida que va en la dirección correcta. Aunque en términos fiscales tiene un impacto importante en las cuentas fiscales —1.000 millones de dólares en 2021—, es un cambio que, en la práctica, adelanta un beneficio que se había previsto para el futuro. Financiar este anticipo dada la situación de crisis que vivimos, con mayor deuda o gastando los fondos soberanos, es una decisión acertada.

La semana pasada el Ejecutivo envió indicaciones al proyecto largo de pensiones. Estamos hablando de una reforma estructural y, como tal, tiene mayor impacto económico. Solo para ponerlo en perspectiva, el aumento de 6% en las cotizaciones equivale a alrededor de 4.500 millones de dólares anuales, es decir, 1,2% de todo lo que Chile produce en un año. El Gobierno ha planteado que la mitad de esta cifra se destine en forma solidaria entre quienes tienen menos recursos (2.250 millones de dólares), que equivale a lo mismo que entregó el Pilar Solidario en 2019.

No pretendo abordar los posibles problemas técnicos del proyecto, por ejemplo, el potencial impacto en el mercado laboral, cómo y quién debe administrar el 6% adicional, qué tanta certeza jurídica de propiedad debe tener el 3% que se va a cada cuenta individual o cuánto y cómo se debe entregar el beneficio solidario (ya sea entre los cotizantes período a período y/o a los ya pensionados).

Lo que me interesa es destacar que el aumento de un 6% de las cotizaciones por parte del empleador, y la mitad a ser repartida en forma solidaria, es una modificación significativa en la forma de ver el sistema, mayor a la propuesta enviada en el gobierno anterior. Sería difícil entender que no pudiéramos cerrar este proyecto pronto. Es clave entregar una señal de que hemos entendido las urgencias de millones de chilenos y que estamos avanzando hacia un Chile más solidario. (El Mercurio)

Alejandro Micco

No recuerdo hace cuántos años propuse por este medio reemplazar la PSU por un sistema diferente, a mi juicio muy superior, que no solo comprobara las diferencias en conocimientos de los postulantes a la educación superior, sino que motivara el trabajo necesario de alumnos y profesores para adquirirlo durante al menos la etapa de enseñanza media que la precede. A continuación, explico sus fundamentos.

En primer lugar, los resultados de la PSU solo comprueban las desigualdades existentes en la calidad de la instrucción que reciben los postulantes a ingresar a las universidades. A su vez, estas diferencias se originan por diversas causas, como, por ejemplo, distinta motivación para estudiar y trabajar en los años anteriores a la PSU, por las desigualdades en el capital social de los alumnos y, en menor medida, por las brechas en los recursos asignados a esta misión fundamental para el bienestar y la justicia social de los ciudadanos. Estas desigualdades no se solucionan eliminando la PSU.

Además, las universidades deben tratar de seleccionar a los postulantes que tengan mayor probabilidad de estudiar con éxito las diferentes carreras y no corresponde que dediquen años a suplir lo que no se enseñó ni estudió en la educación básica y media.

Un predictor muy importante del éxito futuro en los estudios superiores deberían ser las notas del colegio, las que miden simultáneamente conocimientos más responsabilidades y estudio perseverante. Lamentablemente, hace años que las notas en Chile no son un indicador confiable para esto, por la comprobada “inflación de notas” que prevalece en una gran cantidad de colegios. Un intento para corregir parcialmente este problema, aunque insuficiente, ha sido recurrir a considerar el ranking de cada alumno en su curso, como un elemento adicional en la selección de alumnos a la educación superior.

La PSU, al medir conocimientos, muestra muchas veces que colegios cuyos alumnos tienen promedios más bajos por su mayor exigencia son los que obtienen puntajes más altos, tanto en la PSU como en los distintos Simces. Esto, en general, suele suceder con los colegios particulares pagados. La razón está en que hay grandes diferencias en la calidad de la enseñanza debido al trabajo de los profesores y alumnos, preocupación de los padres, disciplina y exigencias entre los diferentes tipos de colegios.

Por ejemplo, el promedio de los últimos 15 años en las pruebas Simce de matemáticas de 4° básico muestra 238 puntos en los colegios municipales, 260 puntos en los particulares subvencionados y 299 puntos en los particulares pagados. Estas son brechas muy significativas y es imperativo identificar las causas y actuar decididamente para corregirlas.

Se menciona a menudo, y con razón, que una causa importante es el disímil “capital social” de los alumnos. La corrección de esta desventaja, que se trae al nacer en entornos familiares de muy escasa capacidad de estimulación intelectual temprana, se logra apoyando antes de los cinco años a los niños de familias más vulnerables con este elemento esencial para su desarrollo futuro. Esta realidad —fundamental en la generación de las desigualdades futuras en la educación— en Chile prácticamente no se corrige.

Un segundo elemento a corregir es que en todos los colegios que “regalan las notas” se agregue un sistema de “mini simces” o sistemas de medición continuos de conocimientos, mediante pruebas estandarizadas que se deben tomar tres a cuatro veces por año al menos de primero a cuarto medio.

Esto no es la panacea para mejorar la “educación”, pero sí lograría una importante mejoría en la adquisición de conocimientos y en las motivaciones necesarias para estudiar y enseñar. Son los resultados de estas mediciones de conocimientos de las materias mínimas obligatorias los que se debieran ponderar en mayor proporción a la hora de establecer indicadores que permitan predecir en mejor forma el éxito en los estudios futuros en la educación superior.

Con la tecnología actual es posible tomar estas pruebas mediante internet, con las mismas o similares preguntas para todos los alumnos de Chile. Con este sistema, cada alumno, sus apoderados, sus profesores y directores podrían informarse con mucha anticipación del nivel de conocimientos alcanzados, y cada uno podría proyectar sus posibilidades de ingresar a la carrera de su preferencia, si este sistema reemplazara a la PSU, y tomar con tiempo las medidas para corregir los errores.

Si se hiciera algo así, los alumnos y apoderados dejarían de presionar a los profesores para que pongan mejores notas y los profesores estarían motivados en exigir y mejorar la enseñanza, ya que ahora tendrían un elemento objetivo de sus resultados comparados con sus pares.

En conclusión: No + PSU. Siempre que: Sí + trabajo. Durante buena parte de la educación escolar de nuestros niños.

Lo anterior no eliminará las diferencias de capacidades con las que nacemos. Permitirá premiar el trabajo y esfuerzo de profesores y alumnos y estos, finalmente, podrán estar informados de mejor forma de cuáles son los talentos en los que podrán destacar en su educación superior.

Tan simple y tan difícil de convencer a la autoridad. Puede ser que se haya tenido que llegar al escándalo reciente para eliminar un sistema obsoleto de selección de alumnos a la educación superior y reemplazarlo por otro, moderno, que incentive, al menos durante toda la enseñanza media, el estudio de los alumnos, el trabajo de sus profesores, la disciplina en los colegios y la participación activa de sus padres. Y así todos podamos concordar en No + PSU. (El Mercurio)

Jorge Claro Mimica

Y entre medio de estos broches yace el formidable rebalse de placer enardecido, gozo incivilizado que siempre acompañará a la historia humana, solo en parte por rabias contenidas. Es probable que haya absorbido la cólera de un amplio sector político y en los medios, ante la elección de Sebastián Piñera el 2010 y 2017, y ello en respuestas llenas de odiosidad de la clase política a pesar de que los temas de fondo no cambiaban tanto en las últimas tres décadas. Esa ira bastante artificial goteó a una masa de la población hasta incentivar su furor por una variedad de causas: justas, injustas y también por azar. La transmisión de este mensaje destelló en un experimento previo, la autodestrucción del Instituto Nacional. Le siguió la marea a lo largo del país, cual contracultura desbordada. Contribuyó que ni el Gobierno ni la centroderecha lograran acertar con el diseño de lenguaje que se vinculara con la necesaria densidad imaginativa que remece a los humanos.

Un rasgo patológico de este alzamiento fue su afán semiconsciente de borrar de un plumazo (hacha+molotov+peñascazo) toda la historia de Chile. Se comenzó con el Gobierno actual y las grandes empresas simbólicas (bancos y supermercados), hasta alcanzar a las pymes. Luego no hubo un salto a borrar a Pinochet, sino que a la democracia desde 1990, a todos sus actores, que se entienda bien. Ni siquiera se invocaba a la Unidad Popular, aunque algunos quisieran subirla al carro. La destrucción —desde la insolencia analfabeta— sistemática de los monumentos republicanos, incluyendo a los fundadores españoles (como si nada tuviéramos que ver con ellos el 95% de los chilenos), erigidos en su totalidad durante los siglos republicanos, lo mismo que las estatuas a los mapuches. Se suma la empresa de exterminio de las construcciones y símbolos cristianos, parte sustancial de todo Chile en sus primeros siglos, todavía columna vertebral de su cultura, y que no ha recibido una condena muy explícita de esa izquierda que tanto le debe a la Iglesia. Solo queda en pie una sociedad araucana inventada, artificial, criatura de cenáculos ideológicos y académicos de paper, ajena por completo al frescor y espontaneidad del mundo arcaico, que fue la que hallaron los criollos y con la que en general se fundieron. La guinda de la torta será cambiarle el nombre a Chile.

Una cosa es la forma y reforma constante de la sociedad humana, y las interrogantes que plantea; otra cosa es una empresa voluntariosa —difícil decir que sea “consciente”, que supone un mínimo de formación— por borrar toda la existencia de una nación. Caerá bajo la inexorable ley de los arrasadores, que a su vez se borran a sí mismos o son borrados; en el mal menor por un César; en el peor, por un Stalin. No hay para qué llegar tan lejos. A un país no se lo borra; se le añaden experiencias. (El Mercurio)

Joaquín Fermandois