El ministro Jackson dio una larga entrevista a Wingz, una persona que es un streamer. Lo hizo en la plataforma Twitch (creada en 2011) que se usa para retransmitir videojuegos en directo. En 2020 la joven congresista americana, Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata y representante del Bronx, jugó en la misma plataforma una “partida” en directo del juego Among Us. Reunió a 440 mil personas. Todo muy moderno, con un público muy preciso: hombres y mujeres jóvenes.
Volvamos al ministro Secretario General de la Presidencia. Buena iniciativa comunicarse en distintas plataformas y conversar de manera franca y sin eufemismos con un público “apolítico” como los definió. Hablar sobre la desinformación que circula en torno al texto de una nueva Constitución. Interactuar en vivo con personas que opinen sin censura. Ahí Jackson dijo cosas en las que cree: que el gobierno del Presidente Boric tiene profundas diferencias en su escala de valores con el gobierno de Sebastián Piñera y con la Concertación. Dijo que abordan con más franqueza las cosas, que hablan de manera más directa, y que ellos tienen “infinitamente menos conflictos de interés que otros que se trenzaban entre la política y el dinero”. Remató que si había algo así en el gobierno esas personas “se van a ir cagando”.
Son varios los problemas que generan sus declaraciones, pero la más compleja es la idea de la superioridad moral de su generación con respecto a las anteriores. Él dice que tienen mejores valores que, por ejemplo, las y los parlamentarios con los cuales tiene que trabajar a diario para construir acuerdos para el gobierno. Derrocha mejores valores que los que tienen las y los presidentes de partidos políticos que pertenecen a otras generaciones y con quienes debe acordar, por mandato del Presidente, un documento sobre los cambios que harán al nuevo texto constitucional si gana el Apruebo. Es probable que sus declaraciones activen investigaciones, controles y denuncias de todas las situaciones de corrupción que puedan estar sucediendo en el gobierno. Porque más allá de la lectura romántica que él hace sobre sus mejores valores, las posibilidades de que existan problemas de probidad, corrupción y conflictos de interés están presenten igual.
Siempre es mejor que los actos hablen en vez de las palabras. Que antes de decir “somos los mejores” otros lo digan por ti. El poder transforma a las personas, no a todas pero sí a muchas. Se piensan intocables, se rodean de equipos que los contemplan y no advierten las tentaciones de la soberbia o sus errores. Es probable que las nuevas generaciones políticas desprecien a las anteriores y encuentren ahí un valor para diferenciarse. Pero hay que ser sutiles, construir de a poco porque además este gobierno tiene ministros, asesores, seremis, que vienen de la Concertación, y han recurrido a ellos pues necesitan su aporte técnico y político.
El país se está jugando cosas muy relevantes y no es el momento de erigirse como los únicos que tienen valores. Es momento de escuchar, dialogar y colaborar. Eso podría ser la marca del gobierno y de las nuevas generaciones en política. Pero está en construcción. (La Tercera)
El país ha sido testigo de la forma en que el actual Gobierno interviene por la opción de su preferencia en el proceso plebiscitario, bajo la excusa retórica de que tendría “el deber de informar”. La actuación de las autoridades del Poder Ejecutivo en esta materia es ilegítima y, además, podría ser contraria a normas expresas de la Constitución, como explicaremos a continuación.
La unilateralidad en la entrega de los contenidos, al omitir la autoridad las alternativas desechadas en el borrador, no potencia la libre elección de las personas, única razón por la que podría legitimarse la acción gubernamental en la materia. Las omisiones del Gobierno cancelan la neutralidad del mensaje. El Gobierno debió limitarse a dar cuenta del proceso y sus hitos, como mucho.
Los ejemplos abundan y todos los chilenos, partidarios y detractores del Gobierno, son testigos de ello: se habla de las ventajas de la “nueva Constitución” y se omiten deliberadamente sus innumerables defectos, que el propio Presidente de la República “insta” a corregir mediante futuras reformas —de paso, pregonando uno de los eslóganes que sustentan el apruebo—; se hace coincidir la entrega de un bono en dinero a pocos días del acto eleccionario; se anuncia una supuesta gratuidad en salud, sin exponer con claridad el costo de la medida; los ministros salen a terreno los fines de semana con indiscutibles objetivos propagandísticos. Ante ello, las excusas son las mismas. “Se debe informar, aunque otros no quieran”, “un secretario de Estado fuera de su jornada laboral puede hacer lo que quiera”, etcétera. ¿Realmente menosprecia tanto el Gobierno la inteligencia de los chilenos?
Pero hay algo más grave detrás del reparto gratis de ejemplares del borrador autografiados por personeros de palacio. ¿Tiene facultades el Gobierno para imprimir los centenares de miles de ejemplares de la propuesta de los convencionales y repartirlos? Juzgue usted. El artículo 142 de la Constitución vigente señala textualmente “si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito nacional constitucional fuere aprobada, el Presidente de la República deberá, dentro de los cinco días siguientes a la comunicación de la sentencia referida en el inciso anterior…” proceder a promulgar y publicar, quedando derogada la actual Constitución, etcétera. En el inciso siguiente señala que en tal caso “la Constitución deberá imprimirse y repartirse gratuitamente a todos los establecimientos educacionales, públicos o privados; bibliotecas municipales, universidades y órganos del Estado. Los jueces y magistrados de los tribunales superiores de justicia deberán recibir un ejemplar de la Constitución”.
La Carta Fundamental vigente autoriza a imprimir y repartir “la Constitución” si ella fuera aprobada como tal. Si lo ha debido autorizar es precisamente puesto que en el silencio, no podría hacerse. Nada se dice sobre imprimir la propuesta de los convencionales, pero evidentemente el asunto de imprimir algo por el Gobierno está regulado. Si se pudiere imprimir cuando se desee por parte del Gobierno haciendo uso de los fondos de todos los chilenos, ¿qué sentido tendría la norma indicada?
En Derecho Público, lo sabe cualquier egresado de Derecho, los funcionarios del Estado solo pueden hacer aquello autorizado por la Constitución y la ley. Como en este caso la disposición tiene rango constitucional y es sumamente precisa, ninguna ley ni reglamento que pueda invocar el Gobierno puede contrariar la conclusión anterior.
Frente a todo ello, el Servel entra en una contienda negativa de competencias con la Contraloría General de la República, donde Contralorito termina en un abrazo con su contraparte y, probablemente, en la inacción absolutoria, pues parecen acordar que nadie puede meterse en los contenidos. Ya lo confirmaremos. Así, todo indica que no solo el inicio violento del proceso, sino que la alteración de las reglas electorales luego del plebiscito de entrada o la promesa defraudada de “la casa de todos” mancharán la legitimidad del proceso. Será el propio Gobierno, en su esfuerzo por revertir las encuestas del Apruebo, el que le dará el tiro de gracia al borrador ante la mirada atónita del resto del Estado. (El Mercurio)
Víctor Manuel Avilés
Abogado y profesor de Derecho Constitucional
Hemos esperado 32 años la Nueva Constitución. Por ello el proceso debe continuar; y sin tantas declaraciones, réplicas y dúplicas que sólo confunden al país.
Pero donde no puede haber confusiones es en el gobierno. Chile requiere y exige una Presidencia firme, puesta por sobre las coaliciones políticas.
No podemos repetir la experiencia de la Unidad Popular que asfixió al Presidente Allende con los permanentes desacuerdos entre los Partidos Socialista y Comunista, y a los que, luego, se sumaba el resto. Aquello generó la parálisis que impedía los cambios, transformándola en una de las principales causas del mal gobierno.
Fueron errores que se sumaron a los centenares de millones de dólares llegados desde EE.UU. y utilizados para pagar la paralización de empresas, comercio o transportes para detener la economía y hacer caer al gobierno, meta que se alcanzó, finalmente, con el golpe de Estado.
Los desacuerdos entre socialistas y comunistas terminaron cuando en noviembre de 1973 reconocieron la derrota política, aunque estando ya en el exilio en Colonia Tobar, lindo pueblito alemán de Venezuela. En Chile, mientras tanto, la mayoría de los que permanecieron en el país sin cargos políticos, se habían percatado de la derrota mucho antes del golpe. Solo que líderes sin cable a tierra y expertos en análisis ideológicos pero no prácticos, nunca tuvieron tiempo para escucharlos.
Ojalá ahora no lo repitan. La gente ya no tiene paciencia para soportar errores que solo indican que no se sabe usar el poder cuando se ha logrado. Se presenta el gran desafío de sumar a la capacidad de unir para demandar, la capacidad de hacerse cargo de las demandas para resolverlas, en momentos en los que el Estado cuenta con pocos recursos disponibles, porque la carga social ya es muy alta.
Hay que hacer reformas a la Constitución, independiente de todas las leyes que luego haya que consensuar, simplemente porque cualquier otro camino no lo entenderían los chilenos y dejarían sin piso al gobierno.
Hoy la única vía es un gran triunfo del Apruebo, pues entrega grandes posibilidades de volver a crecer, transformando, en tiempos que anuncian un futuro incierto y complejo de enfrentar.
No hacer reformas al texto constitucional es un suicidio político, porque todos los chilenos las esperan. Otro tema es cuáles serán, y entre las cuales hay algunas evidentes, como la plurinacionalidad y otros aspectos vinculados a temas indígenas, los que, por lo demás, se resuelven con dos grandes decisiones:
1.Un territorio garantizado en la constitución pone fin a los conflictos, porque es una realidad que parte de los herederos de los colonos extranjeros se han apropiado de tierras usando el poder logrado por sus descendientes convertidos en abogados, notarios y personal del poder judicial, quienes han abusado del poder que tienen en la zona sur. Esto se acabará cuando no puedan comprar más tierras en los nuevos territorios entregados a los pueblos ancestrales, lo que debería quedar registrado en la Constitución.
Contar en todos los gabinetes del actual gobierno con un Ministro Plenipotenciario Indígena para todos los asuntos de los pueblos originarios, con poder para parlamentar con ellos, así como para administrar los apoyos y ayudas de todo tipo para lograr que vivan en las condiciones que merecen por el sólo hecho de ser ancestros de la inmensa mayoría de nuestra nación. Ello incluye vivienda, trabajo, educación, cultura, deportes y todo lo que se brinda a los chilenos y en igualdad de condiciones.
El Presidente debería adoptarlas y presentarlas al país como la continuidad natural de un proceso en desarrollo, en donde estas reformas vienen a mejorar el texto constitucional, poniendo termino al actual ambiente de inquietud e inseguridad que la prensa comienza a registrar, dañando en ánimo de los partidarios y alejando el voto de los indecisos en una elección que es entre:
El Apruebo a la propuesta de la Convención Constitucional, incluidas sus reformas para mejorarla y el Rechazo que busca mantener vigente la Constitución de Pinochet y que deja sujeto a la autorización de la derecha el reformar bajo sus condiciones, tal como lo ha hecho por 32 años, ejerciendo su veto a todo cambio, pero que en la reciente Convención constitucional perdió electoralmente.
Los convencionales del Rechazo fueron a salvar su constitución y usaron un diseño detallado, profesional y cuidadoso desde el primer día. Fue tan cuidadoso, que hoy nos tiene discutiendo los temas indígenas, que no importaban a la ciudadanía antes de la Convención. La clara decisión ciudadana que en casi un 80% rechazó la actual Carta, les obligó a realizar un esfuerzo enorme, el que finalmente fue exitoso para ellos.
La propuesta Constitucional convencional debe ser mejorada para resolver los problemas indígenas y otros. Entre los cuales nos atrevemos a incluir temas esenciales para el futuro de la nación, pero que fueron olvidados en la Convención y que contribuirían a superar la división del país, que no ha sido resuelta y que nos puede llevar a vivir situaciones futuras difíciles y complejas.
Es tiempo de atender el cambio de era que viene y que modificará el entorno en el que hemos vivido desde la aparición del hombre en la tierra. Pronto, como verdaderos habitantes originarios, iniciaremos una nueva vida, esta vez en el “metaverso”, mundo virtual en el que las naciones que se adelanten tendrán un sitio privilegiado.
Para tener éxito, necesitamos unirnos como nación y salir del quiebre en que convivimos. Quizás una de las soluciones sea pasar del crecimiento económico al desarrollo nacional, sostenido sobre la propiedad privada, pública, estatal y mixta, esta última conformada de asociaciones de particulares con el Estado, para crear Empresas Transnacionales Chilenas, las que estarían un piso más arriba de todas las compañías que hoy se desarrollan en el país, dada su capacidad para asociar al estado chileno con grandes transnacionales y nacionales para ingresar a diferentes sectores de la industria. Entre ellas y quizás la primera, la Industria de las Energías Limpias, dadas las riquezas que el país tienen con el cobre, el litio y el hidrogeno verde.
Organizar la llegada de la nueva civilización virtual que ya comienza a materializarse con el uso de la inteligencia artificial y los robots. Este segundo salto del crecimiento al desarrollo debería partir por una reforma al proyecto de Constitución considerando al menos tres aspectos.
1.Crear una Agencia para el Desarrollo Político, la que debería ayudar a ordenar y lograr mayor eficiencia en todas las acciones del sector público, transparentando el Sistema Político a nivel de los gobiernos comunales, regionales y nacional, junto a los servicios de los mismos, usando la inteligencia artificial como uno de sus pilares.
2.Crear el Banco o Agencia del Desarrollo Económico y Social, encargado de trabajar para pasar del crecimiento económico al desarrollo económico y social, con el fin de sumar a toda la nación a la tarea.
3.Crear una Agencia de la Revolución Tecnológica, a cargo de la implementación del ingreso paulatino y controlado de la inteligencia artificial y robots, y luego del metaverso y el mundo virtual, para asegurar que se haga en orden, de manera eficiente y cuidadosa con las personas y el medio ambiente.
Las decisiones en este complejo y desconocido ámbito deberían medirse por sus efectos en el Producto Geográfico Bruto (PGB) combinado con la Pérdida de Puestos de Trabajo, especialmente durante el primer período de introducción, en que la creación y reposición por nuevos puestos del trabajo sería baja.
A nivel nacional, avanzar en la reconversión de las industrias; y a nivel regional, en la reconversión de empresas y organizaciones integrantes de las industrias autorizadas a ser reconvertidas.
En estas tareas, la Agencia respectiva debería buscar reducir el daño potencial y caída del Mercado Laboral, ya que el proceso podría afectar a centenares de miles de familias si se replicará masivamente y sin control en industrias y empresas, dañando al sistema económico en su conjunto, porque al caer el mercado del trabajo, se afectaría el mercado consumidor, por la baja del poder adquisitivo y a continuación, como efecto dominó, el impacto en los mercados financiero y de capitales, y finalmente el mercado inmobiliario y la construcción.
El desafío requiere de acuerdos inteligentes entre los representantes de los empresarios y de los trabajadores, juntos al Consejo de la Agencia, asesorado por profesionales chilenos y extranjeros del más alto nivel, porque el estado del arte en el mundo virtual irá cambiando permanente y aceleradamente en el tiempo.
Se requiere anticiparse, escuchar a los gremios empresariales y de trabajadores para ir ralentizando el cambio y hacerlo gradualmente, partiendo por las industrias en donde se consiga el mayor crecimiento del PGB y el menor desempleo posible. Si a ello se agrega el criterio que quien despide, defina cuantos nuevos cargos contratará en el futuro y en que periodos de tiempo, tomando la responsabilidad de capacitar al personal que irá llegando a los nuevos puestos de trabajo, se habría logrado éxito.
El desorden provocado por la integración espontánea de las nuevas herramientas tecnológicas, al no contar con la guía nacional de una Agencia u otro organismo equivalente especializado, ya ha comenzado a mostrar efectos, en la industria bancaria, por su acelerado paso de banca de negocios a banca virtual. Como hemos señalado, este proceso ha generado el despido masivo de sus ingenieros, dedicados tradicionalmente a generar sus negocios, a lo que se está agregando el despido del personal a cargo de las Cajas y Operaciones, para seguramente continuar con los especialistas que laboran en sus casas matrices.
Todo esto se puede observar en cualquiera de sus agencias, que van quedando vacías de personal y se transforman en sitio de trabajo de clientes. Este fenómeno podría dejar a las empresas integrantes de la banca con un número potencialmente menor al mínimo socialmente recomendable de puestos de trabajo a mantener en esa industria y en cada una de sus organizaciones regionales. Se necesita, pues, contar, a la brevedad, con esta Agencia. (Red NP)
Ángel García Aguilera. Ese es el nombre que más se repite en los últimos días en la prensa local de Antofagasta. El joven de 16 años y de nacionalidad boliviana murió el pasado viernes 29 de julio en medio de una riña con otros jóvenes extranjeros. Su muerte ha causado conmoción en la población, la que incluso ha salido a manifestarse exigiendo justicia, pero también reclamando por la situación de delincuencia en la región. A raíz de esto, parlamentarios de la zona de todo el espectro político han solicitado que el gobierno decrete estado de excepción en la Macrozona Norte.
El asesinato del adolescente se produjo durante horas de la noche del viernes. Según ha señalado el Ministerio Público, el hecho sucedió en las inmediaciones del Parque de los Eventos de esa comuna. En un video que se difundió posteriormente, se ve a un grupo de jóvenes, aparentemente venezolanos -según han denunciado quienes estaban en el lugar-, rodeando a Ángel García.
Durante lo que sería una discusión, como se aprecia en el video, se distingue al grupo agrediendo a García con golpes de puño, momento en que uno de ellos lo ataca con un arma blanca. Rodeado de personas que estaban en el sitio, el menor de 16 años intenta huir del lugar. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Calama y Bellavista, hasta donde llegó Carabineros, quienes trasladaron al adolescente hasta el Hospital Regional de Antofagasta, lugar donde falleció a las 22.30 horas.
Respecto de los motivos de esta riña, la situación habría comenzado porque los desconocidos creyeron que el grupo de García se reía de ellos, lo que motivó que uno de los atacantes sacara un machete y comenzara a perseguirlos. Elizabeth Aguilera, mamá de Ángel, relató al medio Timeline de Antofagasta lo que uno de los amigos de su hijo le contó:“Un grupo de venezolanos los miraron feo, ahí se palabrearon y sucedió una pelea, en donde los venezolanos sacaron palos y machetes y les dieron. Al principio eran tres o cuatro venezolanos, pero después aparecieron más, quienes dieron alcance a mi hijo y lo agarraron entre todos”.
“Son muchos los crímenes, hoy fue mi hijo y mañana puede ser otro. Nosotros los padres no podemos llevar a nuestros hijos a todos lados, y a mí me quedan otras dos hijas”, concluyó la madre del menor de edad.
EL TURNO DE ANTOFAGASTA
La muerte del adolescente causó conmoción en Antofagasta, y el pasado lunes fue convocada una marcha para exigir justicia por el asesinato del joven, por el cual hasta ahora no hay personas detenidas. Durante esta manifestación, un grupo de personas incendió viviendas improvisadas de migrantes, los llamados “rucos”, que han sido instalados en el borde costero de la capital regional.
Junto con quemar enseres de las personas, el grupo de manifestantes también comenzó a gritarles “asesinos” a los migrantes que pernoctaban en el lugar. Algo similar ocurrió en septiembre del año pasado en Iquique, Región de Tarapacá, en medio de una marcha contra la delincuencia y la migración, motivaciones que se volvieron a repetir esta vez en otra región de la Macrozona Norte.
En enero de este año, en Arica también se registraron manifestaciones exigiendo mayor seguridad. En esa ocasión el llamado fue realizado a través de redes sociales y logró convocar a cerca de 1.000 personas, quienes bloquearon el acceso a esa ciudad por la Ruta 5 Norte. Sus pancartas hacían alusión a la violencia, el aumento de la delincuencia y la inmigración irregular, lo que refleja una situación cada vez más compleja en la relación con las personas migrantes en esa zona del país.
Pero no es primera vez que en Antofagasta la situación policial se relaciona a la migración. El 10 de febrero de este año, el camionero Byron Castillo murió luego de ser lanzado desde un paso nivel en la carretera que une Mejillones con Antofagasta. Por ese hecho, el Ministerio Público formalizó a tres migrantes venezolanos, quienes habrían dado muerte por la espalda al camionero. Aquello generó una manifestación en la zona, la que incluso terminó con un paro de camioneros exigiendo mayor justicia en las carreteras.
Para el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez (Ind.), las manifestaciones se han dado “porque la gente está desesperada, porque ven que las autoridades no hacen nada”. Respecto de la migración, Velásquez la define como una situación descontrolada: “Hace dos años murió una persona frente al mall por un extranjero al que esta persona se negó a que le limpiara el parabrisas; en enero murió Byron; yo he venido hablando desde siempre que ni el gobierno anterior ni el actual se están preocupando del tema de la migración. Voy dos, tres veces a la semana a desarmar rucos, pero hay gente que los defiende”.
El gobernador de la Región de Antofagasta, Ricardo Díaz, afirma que ha habido un “aumento de crímenes con alta connotación social, hemos tenido situaciones donde la gente se ve tan desamparada que comienza a generar este tipo de manifestaciones tratando de hacer justicia, de mostrar un cierto orden, y eso demuestra la grave situación que estamos viviendo”.
En esa línea, la senadora por la región Paulina Núñez (RN) asegura que “hay una sensación de impunidad instalada en nuestra región respecto de estos delitos, que yo comparto que es real, es un sentimiento que tienen las personas a través de estas manifestaciones, de que nadie hace nada, que se hace poco, que no hay mayor resguardo”.
HECHOS DELICTUALES AL ALZA
El crimen de Ángel García fue el último registrado durante julio en esa región del norte. En lo que va del año, según cifras del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros, en esa región del norte han ocurrido 16 casos policiales por el delito de homicidio. A esta fecha el año pasado esa cifra llegaba a 10 casos, lo que refleja un aumento del 167%. Sólo durante el último mes hubo cuatro hechos que terminaron con personas asesinadas.
Pero los homicidios no son los únicos que suben, el delito de robo con intimidación ha crecido un 132% respecto del año pasado. Hasta ahora se han registrado 902 casos policiales relacionados a este delito, mientras que el 2021 a esta fecha iban 388.
“Los homicidios que están ocurriendo tienen mayor connotación, son más públicos, son homicidios con mayor nivel de violencia, tenemos muchos robos de vehículos, portonazos, asaltos que se dan con motochorros. Esto da cuenta cómo el crimen organizado ha venido a centrarse aquí en el Norte Grande, esto del Tren de Aragua, mayor peligrosidad”, explica el gobernador Díaz.
Los casos policiales en el STOP de Carabineros consideran las denuncias y detenciones en torno a un caso.
Lo anterior se suma a un fenómeno creciente durante los últimos años en la región. En cifras del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en todo el 2019 se registraron 21 homicidios. Esa institución cifra en una tasa de 1,8 homicidios por cada 100 mil habitantes en la Región de Antofagasta, mientras que en regiones como la de Atacama es del 0,9. Por este delito, hasta el 30 de junio la Fiscalía de Antofagasta había formalizado a 33 imputados.
Algo similar ocurre con el robo de vehículos, según Carabineros, hasta el 31 de julio de 2020 hubo 779 robos de automóviles, este año ya se registran 1.150 casos policiales por este tipo de ilícitos.
PROBLEMA ESCALA A LA MONEDA
La compleja situación de seguridad que se vive en la Macrozona Norte ha tenido implicancias políticas. Esta semana, y tras el asesinato del joven en Antofagasta, un grupo transversal de diputados -salvo la RD Catalina Pérez- solicitó al gobierno que aplique un estado de excepción constitucional en esa parte del país, con el fin de hacer frente a la crisis de seguridad. El grupo está compuesto por parlamentarios del Partido por la Democracia (PPD), Partido Socialista (PS), Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI), Partido de la Gente (PDG) e independientes que representan distritos desde Arica a Coquimbo.
Sin embargo, aquello no fue acogido por el Ejecutivo. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó decretar esta medida, sosteniendo que “es bien importante tomar las alertas con seriedad, pero también con prudencia (…) Creemos que el Estado tiene otras herramientas distintas al estado de excepción que permiten abordar la situación que se vive en la Región de Antofagasta”.
La situación también fue abordada por la ministra del Interior, Izkia Siches durante la comisión especial investigadora de la Cámara por el Control del Orden Público que sesionó el martes en la mañana. En esa instancia, la secretaria de Estado anunció que hoy jueves viajará a la Región de Tarapacá, específicamente a Colchane, para hacer anuncios en materia de migración, y señaló que “la solución es más complejaque tomar un decreto, hacer estado de excepción o cualquiera de las otras medidas”.
Diagnóstico que comparte la diputada Danisa Astudillo (PS), quien forma parte de la bancada transversal por la Macrozona Norte. “No creo que un estado de excepción vaya a resolver el problema, es una primera señal de que estamos actuando y que los delincuentes sepan que no nos vamos a quedar pasivos. Donde el gobierno pueda ceder es que en algún sector específico, en alguna comuna donde las tasas estén muy disparadas podamos tener un estado de excepción”.
La senadora Núñez asegura que existe una realidad en el aumento de los delitos en la región, por lo que se requiere de medidas claras y concretas. Respecto del estado de excepción, considera que es “una medida que tiene que ocuparse cuando exista una situación de excepcionalidad, evidentemente en el norte la hay (…) Si un estado de excepción sirve para que en el corto tiempo haya una mayor protección, mientras toman decisiones de fondo, bienvenido sea, pero no podemos vivir constantemente con un estado de excepción. Yo creo que aquí lo principal que debe hacer el gobierno es enviar una señal clara respecto de la migración irregular, es decir, controlar nuestras fronteras”. (La Tercera)
No hubo defensas corporativas y la mayoría prefirió esperar a que el mismo ministro Giorgio Jackson (Segpres) se apersonara en el Congreso para ofrecer sus excusas. Ante un nuevo error “no forzado” del gobierno, esta vez en Apruebo Dignidad -particularmente en el Frente Amplio, la coalición de la cual Jackson es fundador- no se vio un cierre de filas luego de que el titular de la Segpres vertiera polémicas declaraciones, desatando una polémica.
El secretario de Estado en la plataforma Twitch expresó -al ser consultado por la diferencia de este gobierno con administraciones anteriores- que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió”, aludiendo así a la ex Concertación, hoy representada en el gobierno por el Socialismo Democrático.
A primera hora de este miércoles se iniciaron las primeras reacciones desde ese mundo. En el Congreso el ambiente amaneció caldeado. Y los parlamentarios -de distintos sectores políticos, incluyendo a oficialistas, opositores y a algunos representantes de la Democracia Cristiana- hicieron fila en El Pensador para salir a criticar al titular de la Segpres.
La sensación que transmitían en privado algunos personeros del FA es que los dichos de Jackson, en la práctica, eran “indefendibles” y que, por lo mismo, era preferible que él mismo se hiciera cargo de su “error”, como debió admitirlo posteriormente. En ese sentido, las mismas fuentes reconocen que el episodio generó cierta incomodidad en el sector.
De todas formas, hubo algunas voces aisladas que salieron a respaldarlo. La diputada de Comunes Emilia Schneider tuvo palabras para Jackson previo a su llegada, quien pidió no “dramatizar” los dichos del nexo del gobierno con el Parlamento y relevar, en cambio, que hoy estos sectores conforman gobierno con Apruebo Dignidad. En Convergencia Social, Diego Ibáñez (CS) -tras las disculpas de Jackson- remarcó el mismo punto. “El ministro ya aclaró sus dichos y no podría ser de otra manera: la proyección más clara de ese respeto es la concreción de un proyecto de gobierno conjunto”, enfatizó.
Lo mismo hizo el diputado Gonzalo Winter (CS) durante horas de la tarde. “El día de ayer él tuvo una forma de expresarse que trajo muchos problemas, que él mismo salió a enfrentar de manera valiente (…). El ministro se expresó mal y ha pedido las disculpas del caso”, indicó.
Sin embargo, causó extrañeza entre los parlamentarios que el senador Juan Ignacio Latorre (RD), presidente del partido de Jackson, no hiciera una defensa del secretario de Estado. En el Senado, afirman, él mismo transmitió que no se referiría al tema. De hecho, La Tercera le pidió una opinión, pero prefirió no opinar.
De los dirigentes partidarios, Sebastián Depolo fue de los pocos que respaldaron al ministro. “Sin importar fecha de nacimiento, prefiero mil veces a dirigentes que reconocen sus errores, piden disculpas y enmiendan, a quienes tienen todo claro todo el tiempo y salen a atacar como estrategia de defensa. Prefiero un debate político humanizado y reflexivo, que duda y enmienda”, remarcó el exsecretario general y designado embajador en Brasil por el gobierno, aún a la espera de agreement.
En parte, se explica porque, según afirman distintas fuentes, la bajada en esa tienda fue no referirse al tema para no “agrandar” la situación, en medio de distintas tratativas internas en la misma coalición -y con partidos del Socialismo Democrático- para arribar a ciertos “mínimos comunes” de implementación y modificaciones a la nueva Carta Fundamental (si esta es aprobada). En la Segpres replican que en horas de la mañana fue el mismo ministro que pidió referirse él personalmente sobre el tema, y que los parlamentarios no lo hicieran antes que él. Como sea, y tras las declaraciones, tampoco hubo mayor intención de los diputados y senadores de ahondar en el tema.
Hasta el cierre de esta edición, la bancada del FA permanecía en una reunión para continuar afinando su planteamiento “Aprobar para concretar”.
Como sea, los dichos de Jackson sí tuvieron un efecto indirecto: una reunión que iba a tener lugar durante la tarde de este miércoles entre diputados PS y CS no se concretó luego del impasse, como bromearon -en privado- algunos de quienes asistirían al encuentro.
En el PC, en tanto, la distancia fue más notoria: solo el parlamentario Boris Barrera se remitió al hecho, restándole importancia.
Fue a finales de mayo de este año cuando el Gobierno chileno decidió decretar un «estado de excepción acotado» en las regiones de la Araucanía y el Biobío ante la incesante violencia por parte de grupos mapuches radicalizados. Esto significó un giro en la política de Gabriel Boric, quien anteriormente se había mostrado reacio a la militarización y había criticado ferozmente a su predecesor, el conservador Sebastián Piñera, por este motivo.
Esta medida está enmarcada en el «plan Buen Vivir», un paquete de medidas para la Macrozona Sur, escenario de los estallidos de violencia en el contexto del conflicto mapuche.
Aparte de las medidas de seguridad, el plan contempla dos grandes ejes. El primero es el reconocimiento de los pueblos originarios a través de la restitución de tierras y la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas para «robustecer la institucionalidad que se ocupa de las temáticas indígenas y propiciar la eficiencia de los organismos vinculados a esta materia», según indica el documento.
Como segunda línea de acción, el Gobierno se propone destinar 400 mil millones de pesos (unos 44 millones de dólares) de inversión pública a la región e implementar diálogos a través de Parlamentos territoriales que «reconozcan a las autoridades propias indígenas y a los actores del territorio».
«EN CHILE, CUALQUIER CAMBIO ES UN AVANCE”
El plan fue recibido por políticos, expertos y civiles con reacciones mixtas. Para Salvador Millaleo, abogado mapuche y ex-asesor del Gobierno de Boric en asuntos indígenas, la pregunta es si estos diálogos, que el plan Buen Vivir califica como «centrales», se están llevando a cabo. A pesar de que se esperaba comenzarlos en julio de este año, según Millaleo «hasta ahora no se han visto en la práctica». Más allá de esto, Millaleo critica la «falta de una agenda de despliegue y desarrollo» de las medidas contempladas en el plan.
También para Fernando Pairican, historiador en la Escuela de Antropologia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, no queda muy claro cuáles «van a ser los mecanismos para llegar al Buen Vivir». Añade que, aunque es «un plan más avanzado que el de los anteriores Gobiernos, en cierto modo sigue manteniendo una noción de política de carácter de afirmación identitaria y sigue reproduciendo los mismos errores». El historiador critica que el plan ocupe el concepto del Buen Vivir, un concepto indígena, pero que «no transforme las relaciones de poder». Aunque, «en Chile cualquier transformación es un avance», admite.
Tanto Millaleo como Pairican coinciden en que el Gobierno podría estar esperando el resultado del plebiscito constituyente para implementar todos los punto del plan Buen Vivir, ya que, de adoptarse la nueva Constitución, sería necesaria una reforma de la medidas.
CHILE Y ARGENTINA, COMPARABLES PERO NO IGUALES
Argentina comparte con Chile la cuestión mapuche. Según el antropólogo Sebastián Valverde, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, hay un emparentamiento de la situación con la de Chile en cuanto al proceso de criminalización y estigmatización del pueblo mapuche y a la división de la sociedad que está causando, pero la respuesta política sigue siendo muy diferente.
«La Constityente es un gran avance en Chile, por supuesto, y Argentina está muy atrás de un desarrollo similar», afirma Valverde en entrevista con DW.
Aunque no hay una cooperación oficial entre los Estados respecto al tema, para el experto no cabe duda de «que sí se han compartido informaciones».
El estudio «Coordinación represiva contra el pueblo mapuche», publicado en octubre del año pasado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con sede en Buenos Aires, da cuenta de que hubo una articulación entre los países vecinos en cuanto a «la inteligencia ilegal, la militarización y la estigmatización para impedir el ejercicio de los derechos indígenas».
Según el documento, la experiencia chilena fue «no sólo una fuente de inspiración sino un verdadero modelo, que intentaron aplicar desde 2016» para la difusión del concepto del «mapuche violento» en Argentina.
Mientras los expertos chilenos ven en el plan Buen Vivir y el proceso constituyente una oportunidad de resolución de la cuestión mapuche, el argentino Sebastián Valverde pinta un panorama más oscuro y teme que la actual crisis económica de su país pueda agravar la situación y recrudecer la violencia en Argentina. (DW)
Han pasado 10 días hábiles desde que se declaró admisible la denuncia presentada ante el tribunal supremo del Partido Demócrata Cristiano (DC) en contra del expresidente Eduardo Frei, los senadores Ximena Rincón y Matías Walker y el exconvencional Fuad Chahin. Ese era el plazo que los acusados tenían para responder y presentar sus descargos y medios probatorios, y así lo hicieron, a través de un documento en que solicitan “tener por deducida alegación de incompetencia del tribunal, acogerla a tramitación y, en definitiva, declarar la nulidad de todo lo obrado”.
Tres de los acusados -todos excepto el expresidente Frei– presentaron esta jornada ante el tribunal supremo (TS) del partido los antecedentes de su defensa a través de un documento que recoge sus argumentos para desestimar la denuncia presentada el pasado miércoles 13 de julio por Roberto Alvarado y Guido Iturriaga -ambos militantes del partido- “por contravenir el voto político aprobado” en la junta nacional decé realizada el 6 de julio, en que se decidió que la colectividad respaldaría la opción del Apruebo de cara al plebiscito del 4 de septiembre. “En cuanto al fondo de la acusación, sostenemos que ella carece de fundamento”, se lee en el documento al que tuvo acceso La Tercera PM.
Si bien no firma el documento, cercanos a Frei revelan que él no ha decidido si va a contestar o no a la denuncia. Eso sí, afirman que su razonamiento “va por el lado de lo que se plantea en la defensa de los otros acusados”.
Frente a las críticas que se han levantado al interior del partido por parte de militantes a favor del Apruebo que sostienen que la postura de los acusados contradice lo acordado en la junta, los firmantes del documento sostienen que “eso no es efectivo”, en consideración de que el voto aprobado por la junta nacional explicita que “hay camaradas que tienen dudas sobre este proceso. Tenemos una posición, pero respetamos la libertad de conciencia, la que siempre se expresa en las urnas, cuando cada militante de nuestro partido deposite su voto, en la cámara secreta”.
En este sentido, Chahin, Rincón y Walker levantan un cuestionamiento a la definición del partido. “(La junta) respeta la libertad de conciencia, con la salvedad que la reduce a la libertad de voto, lo que también es equivocado. En el uso de nuestra libertad de conciencia hemos hecho nuestros pronunciamientos públicos respecto al plebiscito del próximo 4 de septiembre”, se sostiene.
Según argumentan, el alcance de la libertad de consciencia no solo comprende la libertad de sufragio, sino también la de expresión. “Quienes tenemos o tuvimos la representación popular, como es el caso del presidente (Eduardo) Frei y Fuad Chahin, tenemos también el derecho y el deber de informar sobre un asunto de tanto interés (…). La expresión pública de nuestra opción en el futuro plebiscito es un derecho, como también es un deber informar sobre él a los distintos grupos de la sociedad chilena”, se fundamenta.
A la vez, en el texto también se refuta algunas de las acusaciones que ha hecho el presidente del partido, Felipe Delpin. “(Él) ha dicho: ‘El problema no es que alguien diga estoy por el Rechazo, sino que aparezcan haciendo campaña en contra de los acuerdos de la Junta Nacional (…). Es distinto cuando alguien, algún camarada y no solo los parlamentarios, aparece en un acto con un micrófono llamando a votar por el Rechazo, eso no lo podemos aceptar o (…) subirse a un escenario junto a las fuerzas de derecha’. Ninguno de nosotros ha realizado ninguna de estas acciones”, se aclara en el documento.
Además de estas consideraciones, los acusados basan su desestimación de la denuncia en dos capítulos que agrupan las distintas causales. El primero de ellos se refiere a la caducidad del TS del partido, “por falta de adecuación a legislación vigente”.
Los denunciados apelan a que el TS de la DC “ha dejado de ser un tribunal legalmente constituido y ha derivado en una ‘comisión especial’ carente de jurisdicción y cualquier competencia para juzgar los asuntos internos de la DC”. Esto debido a que el actual Tribunal Supremo fue elegido por el Consejo Nacional el 15 de enero de 2015, cuando el inciso segundo del artículo 78 del Estatuto de ese mismo año 2015 señalaba que “el TS estará constituido por quince miembros titulares y quince suplentes, elegidos en forma individual y por orden de numeración, por mayoría absoluta del consejo nacional del partido. Cuatro de estos miembros, a lo menos, serán abogados”.
Según sostienen, desde 2015 “el tribunal ha ido reduciendo significativamente sus quince miembros titulares y sus quince suplentes por sucesivas renuncias de sus integrantes, asumiendo en su reemplazo los suplentes, luego las renuncias no han podido ser reemplazadas por no contar con miembros suplentes al efecto, hasta llegar al número actual de solo nueve miembros titulares, sin tener ni siquiera integrantes suplentes. Es decir, el TS no se encuentra constituido con el número de miembros requeridos por el estatuto partidario vigente”.
Como segundo capítulo, se menciona la “incompetencia del TS e infracción al principio de doble instancia”. Según se explica, la ley Orgánica de partidos políticos, en su artículo 25, contempla la existencia obligatoria de tribunales regionales, con el fin de asegurar el principio de doble instancia.
En esta línea, según sostienen los firmantes, “el TS, por una decisión sin mayor fundamento se abocó de manera expresa al conocimiento de un asunto que no le corresponde, salvo por vía de apelación”, en consideración de que el artículo 76 dispone que “el Tribunal Regional conocerá en primera instancia y en relación al ámbito regional, de las materias contempladas en la normativa interna (…)”.
En concreto, los denunciados acusan que la “resolución impugnada infringe la garantía constitucional del debido proceso”, ya que cumple el requisito de que “toda sentencia de un órgano que ejerza acción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.
En el documento, además, se menciona que se designó como abogados patrocinantes de los acusados al excandidato a diputado Rodrigo Albornoz y Jorge Donoso, quien es uno de los exintegrantes del grupo de los 13 DC. (La Tercera)
El artículo 78 de la propuesta constitucional determina que “la propietaria o el propietario siempre tiene derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado”, estableciendo además que el pago se efectuará “en forma previa a la toma de posesión”. La definición “justo precio” ha generado varias discusiones y posturas encontradas entre los expertos. Un condimento más lo entregó el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, quien sostuvo en una transmisión en vivo a través de la plataforma Twitch, que “siempre tiene que pagarse lo que eso vale, y si la persona cree que no le están pagando lo que corresponde, puede ir a los tribunales”
Consultado por qué no se ocupó el término precio de mercado en el texto para evitar la incertidumbre, Jackson indicó que así lo decidió la Convención Constitucional: “La redacción precio de mercado no generó un consenso y la pregunta es por qué, y hay varias argumentaciones: una es que (los convencionales) no querían y punto y otra es un análisis más sofisticado, porque cuando uno mira la experiencia internacional, en Estados Unidos es, por ejemplo, ‘just compensation’ (compensación justa), y en Francia lo mismo. Entonces si uno recoge desde dónde viene la tradición del derecho internacional hay varias referencias a esto”.
Sin embargo, también reconoció que pueden existir casos excepcionales, como el de la burbuja inmobiliaria que afectó a Estados Unidos, en los que “puede ser que en un momento el precio de mercado no tenga nada que ver con lo que establezca el justo precio de un bien y ahí puede haber otras consideraciones que la justicia tendrá que definir finalmente”.
Esa frase reabrió nuevamente el debate entre los expertos sobre qué se entiende por justo precio. La abogada de LyD, Natalia González, menciona que “las palabras del ministro Jackson en su calidad de tal refuerzan la preocupación por los cambios que la propuesta constitucional introduce al derecho de propiedad, cuya protección robusta es clave para el desarrollo y bienestar de las personas. La propuesta constitucional, en vez de reforzar un derecho que es la base de otras libertades, lo debilita”.
La experta sostiene que “sus palabras dejan en claro lo subjetivo y ambiguo del concepto justo precio. ¿Me pregunto cuándo y bajo qué consideraciones sería aceptable que una persona no fuera debidamente compensada con el precio de mercado y la pérdida efectiva que experimenta? Y ese es justamente el problema”.
La abogada argumenta que “bajo este nuevo concepto de justo precio se cambia un concepto objetivo -hoy “pérdida patrimonial efectiva” que contempla la constitución actual-, por uno indefinido. Es dable concluir jurídicamente que no quedará definido como hoy pues de lo contrario para qué se hizo el cambio. Así, las palabras del ministro lamentablemente solo contribuyen a relativizar aún más un concepto difuso, en un tema de la mayor relevancia, lo que no colabora con la certeza jurídica que requieren las personas y los inversionistas en un momento en que dicha certidumbre es clave para el país”.
Según Daniel Barrientos, socio y enargado de desarrollo Inmobiliario, garantías y asuntos civiles de PUGA ORTIZ, la frase del secretario de Estado “es absolutamente errada” y reafirma que los pagos en casos de expropiaciones están determinados por las tasaciones de los bienes.
“Efectivamente aparece como una clara contradicción entre los dos ministros, y Mario Marcel está en lo correcto, porque la jurisprudencia y los fallos han establecido históricamente que el precio de mercado es el precio que se regula de acuerdo a las tasaciones”, afirma.
Barrientos detalla que actualmente, cuando el MOP realiza expropiaciones para, por ejemplo, construir una línea de Metro “en todos esos casos el Fisco lo que hace es una tasación de mercado”.
“El justo precio no es el avalúo fiscal, que tiene otras consideraciones que son muy técnicas pero que están ajenas al mercado, ajenas a la evolución de los sectores, a la evolución de los barrios, a la alta densidad”, detalla Barrientos, quien agrega que para el pago también se considera el costo de reemplazo del inmueble expropiado “para que la persona expropiada pueda darle un destino al menos similar respecto del inmueble del cual ha sido despojado legalmente .
Explica que el caso excepcional planteado por el ministro Jackson, como la burbuja inmobiliaria que afectó a EEUU en 2008, “es prácticamente la única situación que se conoce y de la cual hay registros” donde el valor de mercado de las propiedades se derrumbó, por lo que duda que ello pueda darse en nuestro país.
“No lo creo, porque en el caso que expuso el ministro, la burbuja inmobiliaria se produjo a consecuencia de criterios bancarios (…) por un tema exclusivamente de riesgo de los acreedores y que se les fue de las manos, y estaban todos desgarantizados”, afirmó Barrientos.
Postura similar tiene Javier Couso, abogado y académico de Derecho de la Universidad Diego Portales, quien afirma que “lo que se había acordado en el primer informe era la idea de la justa compensación que es lo que tiene la constitución de Estados Unidos, que dice que nadie puede ser expropiado, sino por causa de utilidad pública y tendrá una justa compensación, y en general lo señala los países de la OCDE. Como hubo mucho ruido y que esto dejaba en total indefensión a las personas un grupo de parlamentarios del colectivo socialista platearon una indicación que reformuló esa norma”.
En ese contexto, Couso menciona que como “el ministro no tuvo esa información y además no es el derecho su área de especialización, lo pudieron haber llevado a una mala interpretación”.
Couso enfatiza que “lo que tenemos es un texto que establece un derecho a que siempre se pague un justo precio, pero para entender lo que es el justo precio no es una noción filosófica, sino que tiene una jurisprudencia, que tiene más de cuatro décadas en la Corte Suprema”. Así, explica que “la Corte Suprema asimiló el justo precio a valor de mercado. La interpretación del ministro Jackson, con mucho respeto, es implausible”.
Eduardo Cordero, socio de Guerro-Olivos planteó que lo expresado por Jackson “ha sido impreciso”.
El abogado, explica que el criterio que se utiliza actualmente, de “daño patrimonial efectivamente causado” implica una valorización independiente de los bienes, y en ese sentido estima que la norma de ‘justo precio’ operaría sujeto a lo que dictaminen los tribunales.
“Esta norma que está ahí (en la propuesta constitucional) tiene que ser complementada por la Ley, que lógicamente tiene que respetar este criterio, pero también tiene que ser aplicada por los tribunales. Y luego, la cuantificación se hace por una comisión de peritos independientes. Por lo tanto, independiente de las apreciaciones que pueda hacer un ministro, que uno puede respetar, la verdad es que este es un tema de carácter técnico y tiene además ribetes jurídicos muy precisos. Por lo tanto, es una apreciación que quizás se está anticipando a algo que a futuro se tiene que resolver, pero la formula del justo precio, por regla general se determina por el valor real del bien, es decir por el valor de mercado que tiene el bien en un momento determinado, y no lo establece la autoridad administrativa. La última palabra la tienen los tribunales que son órganos imparciales que tienen que determinar el valor del bien”, sostuvo.
El abogado constitucionalista, Arturo Fermandois, sostuvo que “es un comentario muy equívoco y sorprendentemente negativo para la certeza del corazón del derecho de propiedad”. Y añadió que “si el Ministerio encargado de promover la agenda legislativa tiene en sus planes aprovechar una eventual nueva constitución para que las leyes expropien a la gente sin pagar el valor real de las cosas…, apartándose de tratados internacionales, entonces debiera precisarlo, contextualizarlo, dar mejor información”.
Jorge Hermann, académico de la Universidad de Chile y director de Hermann Consultores, añade que “para entender lo que es precio justo, basta con estudiar a Santo Tomás de Aquino, quien planteó que el precio justo era determinado por la estimación común de la sociedad relacionado a la utilidad que reportan los bienes, derivado de la subjetividad del consumidor y no de las propiedades del bien adquirido”. Para el economista “la teoría utilitaria del valor mercantil sustituye la noción de un precio justo regido por la estimación común y el acto moral, por la noción de un precio nominativo regido únicamente por la estimación individual y las dinámicas del mercado. Por lo tanto, es relevante modificar en la propuesta constitucional el concepto de precio justo por precio de mercado”.
LAS DECLARACIONES DE JACKSON
Varios coletazos políticos trajeron los dichos del ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, en una transmisión en vivo a través de la plataforma Twitch, donde abordó el texto emanado de la Convención Constitucional junto al streamer conocido como Wingz y la editora de Contexto Factual, Valentina Matus.
Si bien, hasta ahora las reacciones se centraron en su reproche a la generación política que los antecedió, hubo un área donde sus palabras ahondaron las preocupaciones que ha generado el texto de nueva Constitución. Se trata del denominado ‘justo precio’ que la propuesta establece para los casos de expropiación.
Cabe recordar que el artículo 78 de la propuesta constitucional determina que “la propietaria o el propietario siempre tiene derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado”, estableciendo además que el pago se efectuará “en forma previa a la toma de posesión”.
Al abordar dicha área de la propuesta, Jackson afirmó que “siempre tiene que pagarse lo que eso vale, y si la persona cree que no le están pagando lo que corresponde, puede ir a los tribunales”.
Consultado por qué no se ocupó el término precio de mercado en el texto para evitar la incertidumbre, Jackson indicó que así lo decidió la Convención Constitucional: “La redacción precio de mercado no generó un consenso y la pregunta es por qué, y hay varias argumentaciones: una es que (los convencionales) no querían y punto y otra es un análisis más sofisticado, porque cuando uno mira la experiencia internacional, en Estados Unidos es, por ejemplo, ‘just compensation’ (compensación justa), y en Francia lo mismo. Entonces si uno recoge desde dónde viene la tradición del derecho internacional hay varias referencias a esto”.
Sin embargo, también reconoció que pueden existir casos excepcionales, como el de la burbuja inmobiliaria que afectó a Estados Unidos, en los que “puede ser que en un momento el precio de mercado no tenga nada que ver con lo que establezca el justo precio de un bien y ahí puede haber otras consideraciones que la justicia tendrá que definir finalmente”.
Sus palabras vienen a matizar los dichos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien abordó en mayo pasado la polémica definición.
“El concepto ‘precio justo’ tiene una larga historia en nuestro sistema jurídico. El concepto aparece en fallos de la Corte Suprema en varias décadas para atrás. Una cosa es lo que nosotros, no siendo abogados ni constitucionalistas nos evoca el concepto, y otra cosa es el significado jurídico que tienen. Los fallos de la Corte Suprema asimilan ‘precio justo’ a precio de mercado”, dijo el secretario de Estado, en entrevista con el programa Estado Nacional de TVN del 8 de mayo.
En dicha ocasión, Marcel defendió que la idea de que, ante una expropiación “se pague lo que vale ese bien o propiedad en el mercado. La tasación fiscal tiene otras características y es un tema diferente”.
“Tenemos derecho de propiedad, no se puede expropiar si no es en función de la ley, esa expropiación acarrea una indemnización que se calcula a precio justo, se paga antes de que se tome la posesión del bien, y finalmente la persona propietaria puede reclamar ante tribunales. Entonces, creo que el tema de derecho de propiedad ya ha sido bastante bien resuelto”, detalló Marcel sobre su visión de la propuesta constitucional. (La Tercera)
Hay preocupación en la prensa transandina, luego que se informara de aviones que habrían violado el espacio aéreo argentino, provenientes de Chile, y que por el rumbo detectado iban a las Islas Malvinas. El gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, indicó que “en caso de confirmarse, estaríamos en presencia de un hecho de extrema gravedad”.
A finales de julio, las alarmas de intrusión aérea sonaron cinco veces en la Dirección de Vigilancia y Control del Aeroespacio, cerca de Buenos Aires: cinco aviones de distinto tamaño habían ingresado al espacio aéreo argentino provenientes de Chile, sin autorización alguna. Según medios argentinos, el embajador Rafael Bielsa ya habría solicitado la información a autoridades chilenas.
Rafael Bielsa, embajador de Chile en Argentina. Foto: AgenciaUno.
Los hechos acusados habrían tenido lugar entre la mañana del 27 de julio y la noche del sábado 30, con la detección de las aeronaves entrando al espacio aéreo argentino. Esto, gracias a un radar de vigilancia aérea RPA-170M, ubicado en el emplazamiento de “Cabo Domingo”, en el lado argentino de la Tierra del Fuego.
El portal Infobae consultó a fuentes militares trasandinas, que junto con confirmar los hechos detallaron lo que ocurre en el caso de una “intrusión aérea”: “En cada una de las cinco intrusiones cumplimos con el protocolo de información a las autoridades correspondientes y pusimos en conocimiento a la EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) el resultado de nuestras detecciones, para que ese organismo, en su carácter de autoridad regulatoria de los vuelos aerocomerciales y civiles, constate si las aeronaves detectadas presentaron plan de vuelo y solicitaron el correspondiente permiso de sobrevuelo del espacio aéreo nacional”.
Según las mismas fuentes, no se pudo precisar si los aviones eran civiles o militares. Lo que sí pudieron ver fue el rumbo de éstos, durante el tiempo que pasaron en el radio de detección del radar: señalando estos rumbos, es posible que el destino de las aeronaves fuese las Islas Malvinas. Con el informe de esta intrusión, el Ministerio de Defensa trasandino le dio aviso a su Cancillería, en miras a aclarar el motivo de estos vuelos.
El diario Ámbito Financiero, por su parte, señaló que Latam es la única aerolínea extranjera que cuenta con el permiso para volar a las Malvinas. Normalmente, esos vuelos parten desde Santiago, hacen escala en Punta Arenas y aterriza en Puerto Argentino.
Radar de Cabo Domingo, en el lado argentino de la Tierra del Fuego.
Las reacciones al otro lado de la cordillera empezaron por el gobernador de la provincia argentina de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. En un mensaje en su cuenta de Twitter, la autoridad aseguró: “Ante la conmoción que ha generado en la sociedad toda distintas notas de prensa que dan cuenta de una posible invasión del espacio aéreo argentino por parte de aeronaves procedentes de Chile con supuesto destino a nuestras Islas Malvinas, el gobierno de la provincia ha activado inmediatamente todos los protocolos que este tipo de acciones ameritan e inmediatamente y de forma constante se están manteniendo comunicaciones con los organismos nacionales pertinentes”.
Continuando el hilo en Twitter, el gobernador fueguino declaró: “En caso de confirmarse, estaríamos en presencia de un hecho de extrema gravedad ante el cual se requiere actuar con la mayor firmeza y contundencia, de forma coordinada entre los distintos actores con competencia en el asunto”. Desde Télam, la agencia de noticias estatal argentina, señalaron que el embajador trasandino en Chile, Rafael Bielsa, ya había entregado una solicitud de información sobre este tema a las autoridades chilenas tras una solicitud de la Cancillería de su país.
Por su parte, Andrés Dachary, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, junto con confirmar la detección de los vuelos, puso paños fríos a la situación pidiendo esperar a la “caracterización de las aeronaves antes de formular hipótesis”. “Hay muchos posibles escenarios. Pueden ser vuelos oficiales o ilegales como en el caso de los que se dedican al narcotráfico. Por eso la situación no debe ni minimizarse ni tampoco magnificarse. Cada posibilidad tiene su grado de complejidad y su incumbencia tanto en el ámbito provincial como nacional”, declaró.
Maya Fernández, ministra de Defensa de Chile.
Consultada respecto a esta situación, la ministra de Defensa de Chile, Maya Fernández, declaró esta mañana que la información le llegó por un medio argentino, “y por tanto hemos estado en conversación con Cancillería para cuando llegue alguna información más oficial”.
Desde el Palacio de La Moneda, Fernández señaló: “el antecedente que tenemos y que hemos recabado es que no hay ningún avión chileno, sea militar o civil, en algún sobrevuelo sin autorización por cielo argentino”. “Somos países vecinos, somos países hermanos y lo que amerita es una buena conversación y relación”, indicó la ministra al terminar su intervención sobre el tema. (La Tercera)
Nancy Pelosi llegó a Corea del Sur después de una visita histórica a Taiwán, según un tuit de este miércoles del embajador de EE.UU. en Seúl, Philip Goldberg.
La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi llegó a Corea del Sur después de una visita histórica a Taiwán, según un tuit de este miércoles del embajador de EE.UU. en Seúl, Philip Goldberg.
«Bienvenido a Corea del Sur @SpeakerPelosi. Nuestra firme alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur es crucial para promover la paz, la prosperidad y la seguridad en el Indo-Pacífico y en todo el mundo», escribió Goldberg en su tuit.
Goldberg también tuiteó fotos de la llegada de Pelosi al aeropuerto.
La Agencia de Noticias Yonhap de Corea del Sur también informó que el avión C-40C de la Fuerza Aérea de EE.UU. que transportaba a la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, llegó a la Base Aérea de Osan en Pyeongtaek, a 70 kilómetros al sur de Seúl, el 3 de agosto de 2022.
PROMESA DE APOYO A TAIWAN
Histórico viaje de Nancy Pelosi a Taiwán. Durante una reunión con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU se comprometió a estar «siempre» a su lado y no «abandonarlo».
“Estados Unidos hizo una promesa fundamental de estar siempre con Taiwán, y esta visita es un recordatorio de eso”, dijo Pelosi hoy miércoles en la oficina presidencial en Taipei.
Para Pelosi, la visita es la última andanada en una carrera para enfrentarse a China por cuestiones que abarcan su historial de Derechos Humanos en el Tíbet y Xinjiang, su represión de la democracia en Hong Kong y su agresiva actividad militar.
Pero la visita enfureció a China, que anunció que comenzará ejercicios militares con fuego real en las aguas alrededor de Taiwán desde mañana jueves hasta el domingo.
Los simulacros podrían equivaler a un bloqueo de un país cuyo sustento económico proviene de las exportaciones y que depende en gran medida de las importaciones de energía.
Mientras tanto, las ramificaciones comerciales del viaje de Pelosi ya comenzaron. La administración de aduanas de China suspendió las importaciones de más de 2 mil productos alimenticios de Taiwán. Los observadores ven la medida como el comienzo de una campaña de Beijing para castigar a Taipei por la visita de Pelosi.
Pero Tsai elogió la visita de Pelosi “en circunstancias tan difíciles” y dijo que impulsó la confianza del público en la solidez de la democracia de su país.
TRAS LA VISITA ¿LA INVASIÓN?
(Por Alexander Görlach).- Solo hay una China, y esa es la República Popular China. Y también está Taiwán. La visita de Nancy Pelosi a la isla lo dejó muy claro. Se esperaba con impaciencia la llegada de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a Taipéi. La República Popular China había hecho todo lo posible para evitar su visita, y amenazó con represalias militares. Funcionarios en Pekín dijeron que tal visita era un ataque a la integridad nacional de la República Popular y cuestionaría la soberanía de Pekín. El hecho de que algo se repita una y otra vez no lo hace más cierto: Taiwán nunca fue parte de la República Popular China, fundada en 1949, y el Partido Comunista nunca gobernó la isla.
Inmediatamente después de aterrizar, Nancy Pelosi declaró que Estados Unidos seguirá apoyando la democracia en Taiwán. De hecho, la isla ocupa el octavo lugar en el ranking mundial de democracia, e incluso el primero en Asia. Ni comparación con la dictadura de Pekín, a la que los críticos en el internet chino solo llaman «Corea del Oeste».
DEMÓCRATAS Y REPUBLICANOS: DE ACUERDO SOBRE TAIWAN
Pelosi fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, y se reunió con la presidenta, Tsai Ing-wen. Ambas mujeres son consideradas políticas consecuentes y de firmes convicciones. Tsai reiteró que Taiwán hará todo lo posible para defenderse del vecino agresor. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enfatizó una y otra vez el año pasado que Washington quería brindar apoyo militar a Taiwán en caso de una invasión china.
Alexander Görlach.
Esa ha sido la posición de EE.UU. desde que su política hacia Taiwán se formalizó por primera vez en la Ley de Relaciones con Taiwán, de 1979. Hay una China, y esa es la República Popular. La República China, el territorio de retirada del derrotado Partido Nacionalista luego de la guerra civil, sigue existiendo en Taiwán. La política de Taiwán es uno de los pocos temas en el Congreso de EE. UU. sobre el que hay consenso entre demócratas y republicanos. Washington siempre ha «reconocido» que Pekín afirma que Taiwán es parte de su territorio, pero nunca la ha respaldado esa afirmación. Más bien, siempre ha sido parte de la política estadounidense que el statu quo no debe cambiarse por la fuerza y en contra de la voluntad del pueblo de Taiwán. Pero eso es exactamente lo que quiere ahora el presidente chino, Xi Jinping.
La reacción de China consiste ahora en bloqueos del paso de bienes hacia y desde Taiwán, así como una maniobra militar delante de sus costas. Eso, según dice el gobierno de Taipéi, está aislando casi totalmente al país del resto del mundo. Nancy Pelosi tuvo que tomar una ruta de vuelo alternativa, justamente porque en ese ejercicio militar se utiliza munición real, para que no se disparara contra su avión.
BLOQUEO MARÍTIMO: ¿INICIO DE INVASIÓN?
De hecho, Pekín está cercando a Taiwán: desde el 4 hasta el 7 de agosto se llevarán a cabo maniobras militares en seis lugares alrededor de la isla democrática. El Ejército de la República Popular China ya se encuentra en puntos neurálgicos desde los cuales podría partir la invasión de Taiwán.
En todos los escenarios que los estrategas del Ejército han concebido respecto de una anexión y ocupación de Taiwán por parte de la República Popular China, el bloqueo marítimo de Taiwán juega un papel decisivo. Es decir, la situación puede escalar tras la partida de la visitante de Estados Unidos. La visita de Pelosi ha dejado claro al mundo, una vez más, qué es China: un inmenso país -que pronto será la mayor economía del planeta-, que presiona a una pequeña nación insular para que se someta a China. Una China que actúa así, es una China que está demás. (FT-DF-CNN-DW)
Alexander Görlach es miembro sénior del Consejo Carnegie de Ética en Asuntos Internacionales e investigador asociado del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford. Después de estancias en Taiwán y Hong Kong, esa región del mundo, especialmente el surgimiento de China y lo que significa para el mundo libre, se convirtió en su tema central. Ha ocupado diversos cargos en la Universidad de Harvard y la Universidad de Cambridge.
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