Más de cuatro horas duró la reunión extraordinaria del directorio de TVN -convocada para debatir sobre la marginación del periodista y rostro de TVN, Matías del Río, del programa Estado Nacional– y que se avizoraba tensa entre sus miembros.

El encuentro fue antecedido por una carta que a través de un correo electrónico mandó esta mañana el propio Del Río a los siete directores de la señal estatal en la que les pidió su apoyo luego de que, a propósito de este episodio, la presidenta del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, Ethel Pliscoff, afirmara que “Matías del Río, como periodista, tiene fallas éticas graves”.

Tras el debate, el directorio de forma unánime -a excepción de Nivia Palma quien no acudió al encuentro por encontrarse enferma- adoptó la decisión de respaldar al periodista ante las acusaciones de Pliscoff.

“Si él pretende ser cientista, político, analista, o sea, dar su opinión, perfecto, bienvenido sea, pero los periodistas no estamos para dar nuestras opiniones en las preguntas, y encima hacer las preguntas más largas que las respuestas”, había opinado Pliscoff en entrevista con La Voz de los que Sobran.

El gesto busca ser entendido como una señal de respaldo al profesional, luego de que el canal recibiera acusaciones de “censura” por parte de distintos sectores políticos por la decisión de removerlo del programa televisivo. Según fuentes de la señal estatal, en la reunión extraordinaria no se acordó cambiar ni revertir la decisión, pero se evaluaron otras alternativas, las que aun no han sido confirmadas. Una de ellas, por ejemplo, es que el periodista pueda participar en otros programas televisivos con un rol estelar.

Entre las conversaciones que se dieron no hubo discrepancias respecto de que las acusaciones de Pliscoff eran “infundadas”. Las mismas fuentes aseguran que el tema de las tensiones en el directorio fueron tocadas, pero que se dio en un clima de respeto, y que no había nada más que decir, ya que todos los directores habían emitido su opinión.

Al cierre de esta edición, el directorio se encontraba evaluando la forma de hacer pública la decisión del respaldo.

En su carta, Del Río fue directamente al grano con su petición.

“Habida cuenta de la gravedad de tal acusación, vengo respetuosa y formalmente a solicitar al Directorio de TVN un pronunciamiento acerca de estas declaraciones y que se manifieste un rechazo rotundo a las mismas, por ser severa y peligrosamente infundadas, tanto en lo que se refiere a la trayectoria y compromiso de TVN con la imparcialidad, el pluralismo y la tolerancia desde el retorno de la democracia, como en lo relativo al cumplimiento estricto que he dado a mi deber como profesional del periodismo”, planteó.

En la misiva agregó que “estar en el centro de esta polémica supera con mucho a mi persona. No han sido días agradables. Sin embargo, me preocupa que, a propósito del caudal de los ataques, descargos, defensas, imputaciones y sospechas que se han cruzado en esta polémica, se instale la idea de que Televisión Nacional de Chile habría estado desertando de su misión de informar con objetividad y de resguardar los principios de pluralismo e imparcialidad de una televisión pública al servicio de todos los chilenos”.

Añadiendo que “si bien no se necesita mucha sagacidad para advertir, por momentos, la huella oportunista de resueltos enemigos de la libertad de prensa y de la vocación pública de nuestro canal, le escribo al Directorio, concretamente, en relación con la declaración de la Presidenta del Comité de Ética del Colegio de Periodistas. Según dicha dirigente, mi desempeño habría estado marcado por el proselitismo y por sesgos políticos que ella considera inaceptables. Sólo para ilustrar el tenor de sus declaraciones públicas, ha dicho que “todos hemos visto, durante un par de años, que Matías del Río, como periodista, tiene fallas éticas graves. Tal declaración, además de poner infundadamente en entredicho a mi persona como periodista, pone en duda la trayectoria de Televisión Nacional de Chile y, con ello, la responsabilidad del Directorio de TVN’”.

Para luego concluir que “sin duda que en el fragor de las pugnas políticas se emiten muchas veces acusaciones sin fundamento que no resisten con posterioridad un análisis sereno, pero en este caso las cosas han llegado demasiado lejos, en términos que, más allá de mi persona, es la televisión pública lo que está juego”.

Esta semana, la decisión de remover a Matías del Río de Estado Nacional provocó polémica debido a que se tomó a un mes del plebiscito de salida y luego de que Nivia Palma escribiera duras críticas en Twitter al programa que el periodista solía conducir junto con Constanza Santa María.

Ello escaló incluso entre los propios directores. De hecho, en una maniobra inusitada, los miembros de la oposición enviaron una declaración pública en la que criticaron la decisión y expresaron su desacuerdo. “Esta decisión está motivada por razones políticas”, afirmaron en la misiva.

Agregando que “consideramos que constituye un daño enorme a la autonomía de la televisión pública y a su esencial pluralismo (…) La marginación de Matías del Río se llevó a cabo sin conocimiento del directorio, sino que se informó con posterioridad y sin dar ningún argumento concreto de naturaleza profesional que lo justificara”. (La Tercera)

Hasta las oficinas de la Contraloría llegó una funcionaria del Consejo Nacional de Televisión de Chile (CNTC) que acusaba haber sido desvinculada de la institución en circunstancias que estaba embarazada y contaba con el respectivo fuero que la protegía respecto de ser exonerada de su trabajo. Y luego de meses de tramitación y descargos, el organismo encabezado por Jorge Bermúdez le dio la razón, ordenando a la mencionada entidad estatal a reintegrar a la denunciante en el cargo que inicialmente ostentaba.

Todo comenzó cuando entre el 2 de noviembre y el 31 de diciembre de 2021, siendo funcionaria “a contrata”, tomó conocimiento de su embarazo y procedió a informarlo a la jefatura del departamento de gestión de personas, entregando el correspondiente certificado médico. En ese entonces, como da cuenta la resolución de Contraloría, dijo haberse sentido discriminada, ya que a pesar de que legalmente se encontraba amparada por fuero, “no se le renovó su contratación en esa calidad para el año 2022″, se sostiene en el documento.

En lugar de ello, se agrega, se le solicitó a la mujer suscribir un contrato a honorarios para desempeñar labores similares a las de la anualidad anterior, “lo que efectuó de buena fe, toda vez que le indicaron que no existían cupos a contrata para la presente anualidad y habían supuestas restricciones presupuestarias”, se complementa.

Aquello se mantuvo hasta el pasado 30 de abril, y no fue renovado con posterioridad, a pesar de que su hijo nació recién el día 23 de mayo y a que ese último contrato incluía una cláusula que hacía aplicables las normas de protección de la maternidad establecidas en el Código del Trabajo, por lo que insistía en que la situación debía ser atendida.

Ante ello y luego de ser requeridos por parte de Contraloría, desde el CNTV solicitaron un pronunciamiento acerca de cómo proceder ante esta situación, por cuanto “a la fecha en que fue contratada, la recurrente ya se encontraba embarazada, y durante la ejecución del convenio a honorarios ejercía funciones no habituales”.

Sin lugar a dobles interpretaciones, en todo caso, la resolución de Contraloría fue categórica en favor de la funcionaria, pues estimaron que desde un primer momento era “improcedente” modificar su situación dentro de la entidad.

“Resultó improcedente traspasar a una servidora a contrata que goza de fuero maternal a servir sobre la base de honorarios, pues ello contraviene dicha protección, por lo que la señora debe ser restablecida en sus funciones en un cargo a contrata, en el mismo grado que mantenía a la fecha en que fue transferida a un puesto a honorarios -grado 13-, por, a lo menos, todo el tiempo que les reste con fuero maternal, y regularizar el pago de sus remuneraciones durante el tiempo que ha permanecido alejada de sus funciones, toda vez que ello proviene de una situación de fuerza mayor, que no le resulta imputable”, se sostiene en la resolución a la que tuvo acceso La Tercera PM.

RESPONSABILIDAD “ES DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR”

Ante el pronunciamiento, La Tercera PM consultó al CNTV su postura y desde la unidad de Comunicaciones indicaron que la institución contactó a la Contraloría “cuál era el mejor proceder tratándose de la funcionaria contratada para una función específica que había concluido y habiendo pagado los honorarios pactados”.

“La razón de la consulta fue que la administración anterior contrató a la funcionaria en modalidad ‘contrata’ los meses de noviembre y diciembre de 2021 y luego extendió su contrato por 4 meses adicionales en modalidad de honorarios. Tras el requerimiento realizado por el CNTV a Contraloría, se recibió un dictamen del mismo organismo que señala que se debe restablecer a la profesional a la contrata original, además de pagar las cotizaciones previsionales y remuneraciones desde mayo hasta la fecha”, agregaron.

Así las cosas, aseguraron que “el dictamen pone el acento en la responsabilidad de la administración anterior” y que están en contacto con la profesional “para regularizar su situación a la brevedad, lo que nos deja muy satisfechos, pues gracias a este requerimiento logramos solucionar esta situación heredada”.

“La administración actual agradece el pronunciamiento de Contraloría y cumplirá con la recomendación formulada. El CNTV es un organismo autónomo, sin embargo, a esta administración siempre le resultó extraño el proceder de la administración anterior en esta materia, razón por la cual formuló la consulta correspondiente”, complementaron.

LAS NORMAS CONTRAVENIDAS

Como se advierte en la determinación de Contraloría, el no renovarle el contrato a la funcionaria y haberle cambiado su “estatus”, contravino varias normas. En primer término, el artículo 201 del Código del Trabajo -contenido en el Título II del Libro II del Código del Trabajo “De la protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar”-, que prevé que durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, excluido el permiso posnatal parental, la trabajadora gozará de fuero laboral y estará sujeta a lo dispuesto en su artículo 174, esto es, el empleador no podrá poner término al contrato sino con autorización previa del juez competente.

Asimismo, el inciso cuarto del citado artículo también destaca que “si por ignorancia del estado de embarazo se hubiere dispuesto el término del contrato, la medida quedará sin efecto y la trabajadora volverá a su trabajo, para lo cual bastará la sola presentación del correspondiente certificado médico o de matrona, añadiendo que la afectada deberá hacer efectivo este derecho dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde el despido”.

Por otra parte, en el dictamen N° 20.921 de 2018, se señaló que el fuero constituye una protección a la maternidad de que goza toda madre trabajadora por el indicado espacio de tiempo. No se pueden desconocer, en ese sentido, las condiciones bajo las cuales se desempeñaba la funcionaria con anterioridad al inicio del fuero maternal, por lo que a las servidoras públicas que cumplen una contrata se les debe garantizar la mantención del grado al que están asimiladas.

De este modo también se expresa que “tal como concluyera el dictamen Nº E132199 de 2021, la posibilidad de traspasar a una servidora a contrata que goza de fuero maternal a servir sobre la base de honorarios contraviene la protección que implica el fuero maternal, toda vez que dicha variación, desde el punto de vista estatutario, implica finalizar el vínculo laboral que esta mantiene con la Administración, transformándola de una empleada dependiente en una independiente”. (La Tercera)