Gabriel Boric debió dejar la comodidad de los patios de La Moneda donde paseaba leyendo novelas para entrar de lleno a la campaña por el Apruebo. No le ha ido muy bien, pues su capacidad de empatizar con la gente no ha logrado contrarrestar el rechazo a la nueva Constitución, que se ha hecho transversal por los excesos del proyecto; pero también por la paupérrima gestión del gobierno, que tiene a los chilenos asolados diariamente por la violencia, abrumados por la inflación (el impuesto a los pobres) y desconcertados por los desaciertos de la orquesta dirigida por Giorgio Jackson que desafina a diario.

El promedio de las siete encuestas publicadas la última semana de julio entrega una ventaja de 12 puntos al Rechazo sobre el Apruebo, 21 puntos la más holgada y 9 puntos la más estrecha. Esto ha causado desesperación en el gobierno, que parece prepararse para un escenario de pérdida el 4 de septiembre. Su primera reacción fue utilizar con mayor intensidad el poder, ya no solo para intentar revertir el resultado, sino agregando el objetivo de amedrentar a sus adversarios y adelantar su proyecto de refundación de Chile. Esto se manifestó en varios episodios.

El Presidente Boric interpelando a través de mensajes directos a la exconvencional Constanza Hube, acusándola de deshonestidad por diferir en la interpretación de un artículo de la propuesta de Constitución. La frustrada salida del periodista Matías del Río de Estado Nacional de TVN, en una intervención del gobierno en el canal público en pleno período electoral que no se había conocido en democracia. El llamado de la diputada Karol Cariola a pegar distintivos en aquellas casas que “sean del Apruebo”, criticada como una práctica derechamente fascista que puede generar violencia y enfrentamiento. Si sumamos la salida de Sergio Micco del INDH, se va configurando el escenario de un gobierno duro y amenazante, que pareciera pretender asegurar la mayor cuota de poder posible en el corto plazo, incluso en el evento de perder el plebiscito.

Esta cara fea del gobierno no es consistente con las promesas de Boric que ahora insta a sus partidarios a concordar anticipadamente reformas a la Constitución que se plebiscita, para dar una cara más amable a la opción Apruebo. Este intento postrero por maquillar el proyecto constitucional requería una sintonía fina que convenciera a los moderados. Pero el ministro Jackson se encarga cada día de alejarlos, con su desprecio y extremo ideologismo. Los chilenos saben muy bien que no habría cambios luego de un eventual triunfo del Apruebo, porque es técnicamente inviable, ya que en ese caso el Presidente tiene cinco días para promulgar la ley, creando 12 naciones, revocando derechos de agua y otras medidas irreversibles; y es políticamente imposible con el Frente Amplio y el Partido Comunista triunfantes. (La Tercera)

Luis Larraín

Como señaló un ingenioso tuitero esta semana, las declaraciones de las autoridades del Gobierno vienen con ticket de cambio. Si no gustan, se retiran y se cambian por otras.

El Presidente, en el tema constitucional, lleva varias. Luego de sus vaivenes respecto de lo que ocurriría si ganaba el Rechazo, ahora instó a los partidos que sustentan el Gobierno a llegar a un acuerdo previo al plebiscito sobre reformas a la propuesta de la Convención, contradiciendo la postura anterior del Ejecutivo de que cualquier cambio debía ser después de la votación.

La flexibilidad es una virtud política; no así la improvisación, ni la incapacidad de prever escenarios y adelantarse a ellos. Es preocupante que, frente a un hecho tan importante, el Gobierno no haya adoptado una posición suficientemente sopesada como para mantenerla en el tiempo y modificarla solo ante imprevistos muy significativos. Imprevistos no han ocurrido, ni en la última etapa del trabajo de la Convención, ni durante esta campaña. ¿Acaso no era previsible el rechazo que provocarían la justicia indígena, la pérdida de independencia judicial, la eliminación del estado de emergencia, la pérdida de la iniciativa presidencial en materia de gastos y otros, todos los cuales fueron aprobados con los votos de la coalición gubernamental en la Convención? ¿No era menos costoso procurar allí que esas reformas no se aprobaran que instar ahora a la coalición a desechar lo que ya fue aprobado por sus convencionales? ¿Es la convicción o las encuestas lo que lleva al Presidente a intentar tardíamente un acuerdo previo al plebiscito para acordar la modificación de cuestiones como esas, aprobadas por sus partidarios? ¿Estamos ante un caso de virtuosa flexibilidad o uno de preocupante falta de previsión?

Otras declaraciones de esta semana han sido ofensivas o desafortunadas. Las de la ministra del Interior y su hipótesis de golpes en la cabeza como causa del olvido de los parlamentarios; las del ministro de Economía afirmando que a las pymes las favorece la inflación, y las del ministro Jackson, sosteniendo que las tomas de tierras en el sur puede ser una situación en que todos ganan, despreciando la magnitud de la pérdida para la vigencia del Estado de Derecho cuando los beneficios se obtienen empleando la fuerza. Luego de las excusas, queda la duda de si las desafortunadas afirmaciones no reflejan lo que los ministros piensan y solo pidieron perdón para hacer control de daños. Queda también la duda acerca de la impericia política. Los ministros están de escuderos y de fusibles del Presidente. Estos, en cambio, necesitan que el Presidente salga a defenderlos públicamente.

Son de otra categoría y envergadura los dichos del ministro Jackson, sosteniendo que su grupo y generación política se distanciaba, por su escala de valores y principios de la derecha, de la centroizquierda y de la otra izquierda, que ya habían gobernado. No se trata solo de lo odiosas que suelen ser las comparaciones en que el hablante se pone como ejemplo. El agravio tampoco se limita a la molestia y encono que esa frase, de relativo desprecio, provoca entre sus socios de coalición, la generación mayor del PS y PPD. Lo más grave de las palabras del ministro es que denotan una cierta superioridad moral. Invocar superioridad moral es argüir la única razón que no puede darse en el debate democrático. En este cabe todo tipo de razones, de principios y de conveniencia. Pero está prohibido argumentar que se puede detentar una posición de poder o adoptar una decisión porque se es mejor que el adversario político.

El fundamento esencial de la democracia es la igual dignidad de todos. Porque en una sociedad plural no hay, prima facie, principios mejores que otros, es que, antes de resolver, hay que deliberar, y si unos, invocando sus principios y valores, no convencen a los otros, ganan los que constituyen mayoría. No llega a saberse ni puede decirse si ganaron los buenos y perdieron los malos, o viceversa. Si aceptáramos que algunos tienen, por ser quienes son, mejores principios que otros, entonces no necesitaríamos debatir ni votar. Tendríamos que entregarnos siempre a los mejores.

El Presidente respaldó al ministro y lo justificó, afirmando que nadie nace sabiendo. En lo humano, tiene razón. En lo político, no, pues en política se nace sabiendo que la igual dignidad funda la democracia. Quien no lo ha entendido así, no merece ocupar un puesto de autoridad en un régimen democrático. (El Mercurio)

Jorge Correa Sutil

Mi padre era un caballero a la antigua. Siempre andaba con pañuelo de hilo perfumado por si tenía que enjugar las lágrimas de alguna dama. Cuando notaba alguna falla a las buenas maneras, inmediatamente recomendaba la lectura del Manual de Carreño, ese libro publicado en 1853 por el ex ministro de RR.EE. venezolano Manuel Antonio Carreño y que se denominaba “Manual de Urbanidad y Buenas Maneras para jóvenes”.

Ahí se podían encontrar consejos sobre cómo vestirse para los funerales o matrimonios; cómo comportarse en la mesa o cómo conducirse en eventos sociales, de manera de no llamar la atención por las razones equivocadas.

A Luiz Inácio “Lula” Da Silva le preguntaron una vez por qué hizo la campaña presidencial con overol de obrero y cuando lo eligieron presidente se puso chaqueta y corbata. Y él contestó: “Porque antes trabajaba de obrero y ahora de presidente”. Lección que no ha sido aprendida por nuestro novel líder que preside el cambio de mando sin corbata o por la NOT/primera dama que se sienta en el sillón de Portales como si estuviera en una fogata playera (una dama argentina me comentó que “uno se sienta mejor en el inodoro”). La verdad es que la irreverencia sin contenido es pura mala educación (como fumar en misa).

Tras 5 meses de gobierno del Presidente Boric, yo le recomiendo encarecidamente a él y a sus partidarios la lectura del manual. Si uno invita al rey de España al cambio de mando, no puede dejarlo esperando y después culparlo del atraso de la ceremonia. Si lo invitan a Estados Unidos, no parta insultando al anfitrión y pídale a algún asesor que le muestre su foto para que le agradezca la invitación. Y como si no fuera poco ofender a España y EE.UU., agrede a Brasil nombrando embajador a un amigo que se ha dedicado a insultar a su Presidente. Tiene que cuidar la dignidad del cargo y no ofender a las visitas para no exponerse a que desde el extranjero le pongan apodos insolentes.

A los empresarios no ha perdido oportunidad de ofenderlos. No los invitó al cambio de mando ni a su primera gira. La Cámara de la Construcción lo invita a su congreso a las 9:00, pide llegar a las 10:00, para finalmente aparecer atrasado con cara de carrete y ni una palabra de excusa.

Pero esto de la falta de urbanidad también es inclusivo. Responde a la misma falta de estilo vestirse con jeans para un velorio; referirse al Wallmapu y generar un incidente diplomático con Argentina; ir al Congreso a difundir cahuines como quien va a un juego de canasta o ir a pedirles el voto a los parlamentarios y partir insultándolos (¿Quién se habrá pegado en la cabeza?).

Y la falta de estilo se multiplica en el Gobierno: el ministro moralista y eximio cultor del Win-Win (legendaria disciplina oriental que consiste en donarse a sí mismo) ofende a sus socios políticos a quienes necesita para hacer su pega; una directora de TVN critica por Twitter a un periodista que es su subordinado; la ministra de RR.EE. honra el “pago de Chile” y le da la espalda al jurista Claudio Grossman; otro enseñorea su inexperiencia diciéndoles a las pymes que les conviene la inflación y una diputada comunista (amiga de los teletubbies de La Moneda) llama a marcar casas como los nazis.

Es como reírse de la gente que dos ministros publiciten en televisión un programa de balones de gas a “precio justo”, que venderá 100 al día en Chiguayante cuando Chile consume 250.000 diarios. Más que “plan piloto”, parece “¿Y dónde está el piloto?”. Qué decir de su anuncio electorero de cero copago en Fonasa (copago que pretende disuadir el mal uso y no financiar la atención) a sabiendas de que no puede atender a esa cantidad de gente en el Estado sin multiplicar las colas. Yo sugiero que pongan en “Atención a Público” a Bessy “la convencional”, de manera que cuando le vengan a comprar gas o a pedir una consulta médica, ella le chasquee los dedos y le diga: “Balones y doctores quería el guachi. ¿Cómo te quedó el ojo?”. La verdad es que los ministros, más que vender balones, andan vendiendo humo.

En el Gobierno han olvidado una de las máximas de Carreño: “Se debe prestar atención a quién habla y no se debe tomar puntos de vista muy extremos sobre política, sexo o religión”. Con tantas “merluzadas” no es de extrañar que el borrador de Constitución huela a pescado. (El Mercurio)

Gerardo Varela

El principio básico de las democracias es “una persona un voto”. Desafortunadamente, este fue ignorado en la elección de la Convención Constitucional. Los candidatos de los pueblos originarios recibieron 283 mil votos, o un 4,4% de los sufragios. El principio “una persona un voto” indicaba que con ese 4,4%, los pueblos originarios debían ocupar siete de los 155 escaños de la Convención. Sin embargo, se les asignaron 17 asientos protegidos. Es decir, el voto de un miembro de los pueblos indígenas valió más del doble que el de un ciudadano no indígena.

Desafortunadamente, la Convención decidió seguir violando el principio de “una persona un voto” en la propuesta constitucional. El artículo 252 indica que el número de escaños reservados en el Congreso de Diputadas y Diputados se determinará “en forma proporcional a la población indígena en relación con la población total del país”. Es decir, el número de escaños se establece sobre la base de cuántas personas se declaran indígenas, y no en base a cuántas ejercen su derecho a voto por medio de la papeleta especial para los pueblos originarios.

De acuerdo con el último censo, un 11,9% de la población chilena se identifica como indígena. Será ese, entonces, el porcentaje que, de aprobarse la propuesta, se usará para definir el número de escaños reservados. Si el futuro Congreso de Diputadas y Diputados tiene 155 integrantes, 17 escaños serán apartados para congresistas indígenas. Pero lo más probable es que tan solo una fracción de los miembros de las etnias reconocidas opten por la papeleta reservada, tal como sucedió en la elección de convencionales.

Supongamos, a modo de ejemplo, que tan solo un tercio de los indígenas que votan en las próximas elecciones parlamentarias lo haga usando la opción para escaños reservados; el resto votaría usando el esquema general. El resultado sería alarmante: un 4% de los votantes elegiría al 11,9% de los congresistas. En este ejemplo, la propuesta constitucional generaría una sobrerrepresentación de los pueblos originarios de casi 200%.

La sobrerrepresentación recién descrita no es el único privilegio electoral que la propuesta constitucional les otorga a los pueblos originarios. En efecto, el artículo 252 establece que mientras los miembros no indígenas del Congreso de Diputadas y Diputados serán electos en votación directa por “distritos electorales”, los escaños reservados serán elegidos en un “distrito único nacional”. Vale decir, los pueblos originarios serán el único grupo que podrá aglomerar votos a lo largo y ancho del país en un distrito especial y único para elegir a sus representantes.

Esta práctica de aglomeración de votos se conoce en la literatura como “gerrymandering” y es reconocida como una violación profunda del principio básico de la democracia. En Estados Unidos, el “gerrymandering” ha dado origen a distritos con contornos geográficos incomprensibles, lo que permite agrupar en ellos a personas de una cierta posición política, torciendo el sentido democrático de las elecciones.

Para ejemplificar el privilegio que otorga ser el único grupo que puede aglomerar votos a nivel nacional, consideremos el caso de los evangélicos. Según estadísticas recientes, un 17,5% de la población se identifica como evangélica. Estos ciudadanos se encuentran distribuidos a lo largo del territorio nacional, y deben competir en los distritos electorales con representantes de otros grupos y partidos políticos. Si se les diera el mismo trato que a los pueblos originarios y se les asignaran asientos protegidos, los evangélicos tendrían 23 escaños asegurados en un Congreso con 155 miembros. Sin embargo, eso no sucede. Este grupo tiene que competir en igualdad de condiciones con el resto de los chilenos.

¿Por qué se beneficia a los pueblos originarios? ¿Por qué ese privilegio no se extiende a una minoría religiosa? ¿Por qué no permitirles a otros grupos, como las disidencias sexuales, competir en una lista única nacional, tal como se permite a los pueblos originarios?

Esta falencia de la propuesta constitucional atenta contra las bases mismas de la democracia y ha contribuido a mi decisión de “rechazar para seguir conversando”.

Una manera de continuar con esta conversación es considerar un sistema de “dos papeletas”, como el que existe en Alemania, Japón y Nueva Zelandia, entre otros. Por medio de la primera papeleta se elige una parte de la cámara usando distritos con contornos geográficos bien definidos. La segunda papeleta permite votar por listas nacionales, donde distintos grupos compiten en igualdad de condiciones, sin que ninguno tenga privilegios o escaños asegurados. Adoptar ese procedimiento sería un paso en la dirección correcta, un paso hacia una verdadera democracia, sin privilegios o prebendas.

Sebastián Edwards

Giorgio Jackson es la mano derecha de Gabriel Boric. Es quien fundamenta y determina la dirección en que se avanza. Propone, comenta y confirma las decisiones más importantes del presidente y su gobierno. En término comparados, cumple un rol consonante al que cumplía Andrés Chadwick con Sebastián Piñera o al que cumplía José Miguel Insulza con Ricardo Lagos. Y si no está en Interior desde el comienzo, es solo porque la decisión de tener a Izkia Siches en ese cargo responde más a la línea estratégica diseñada para el primer tiempo que a la falta de ambición o preparación de Jackson.

• La historia de Boric y Jackson, como muchas de las relevantes en la política nacional, comenzó en la universidad. Allí, ambos confluyeron en las movilizaciones de 2011, cuando el actual ministro era presidente de la Federación de la PUC y el actual presidente se perfilaba para reemplazar a Camila Vallejo en la FECH. Luego de instalar a la Educación en el centro de la agenda nacional, lograron dar el salto político. En 2013, ambos, y Vallejo también, fueron elegidos a la Cámara de Diputados. Desde entonces, todo ha sido complicidad y cooperación.
• Pero el balance de poder ha variado en el tiempo. Hasta hace muy poco, era Jackson quien cargaba el peso. Hoy, obviamente, es el presidente. El cambio ocurrió tras el Estallido Social, cuando el centro de gravedad del debate público se movió a la izquierda. Esa es parte de la razón por la cual Boric, y no Jackson, se encontró de frente, sorpresivamente, con la nominación presidencial. En cualquier caso, sería difícil pensar que Boric lo hubiese logrado sin Jackson, y por extensión el partido de Jackson, Revolución Democrática, si este último no lo hubiese endosado en enero de 2021.

Señales inquietantes. Pero claro, la historia, la complicidad, y el compromiso no siempre garantiza el éxito. A veces funciona (como en el caso de Lagos e Insulza) y a veces no funciona (como en el caso de Piñera y Chadwick). En el caso de Boric y Jackson es muy temprano para saber, pero, aun así, ya hay señales inquietantes. Principalmente el mal desempeño de Boric en las encuestas de opinión pública, que lo muestran en un nivel históricamente bajo. No hay antecedentes de ningún presidente anterior a Boric que haya perdido tanta aprobación en tan poco tiempo. Y ahí, la responsabilidad de Jackson es patente.

• Pues, qué duda cabe de que el ministro de la Segpres fue clave en el diseño del primer tiempo del gobierno, y que ese primer tiempo, por la razón que sea (Siches, la Convención Constitucional, la economía, la pandemia, etc.) simplemente no funcionó. Al parecer se pensó que el diseño original era tan infalible que no había necesidad de pensar en un plan B. Da la sensación de que nunca se pensó, por ejemplo, qué Siches podría fracasar estrepitosamente en Interior. El tema es que, si el diseño estratégico no funciona, es problema es de los diseñadores estratégicos. Y ahí hay una responsabilidad clara del ministro de la Segpres (y el resto de La Moneda chica).
• Pero el principal problema de Jackson tiene que ver con su cargo actual, que por estos días es más relevante que nunca. Normalmente, cuando los presidentes pierden popularidad, tratan de revertir la situación retomando el control de la agenda por medio de sus facultades legislativas. Nada mejor que transferir la culpa del ejecutivo al legislativo cuando se está en problemas. La dificultad es que en este caso no ha sido posible. La influencia de La Moneda en Valparaíso es prácticamente nula. Como ministro de la Segpres, Jackson simplemente no ha logrado conectar con el Congreso.

Ciclo vicioso. Lo anterior contribuye a un peligroso ciclo vicioso, pues para que al presidente le vaya bien, el gobierno debe tener control de la agenda. Pero, para tener control de la agenda, es necesario lograr resultados legislativos. Y si el ministro de la Segpres no logra producir esos resultados, al gobierno no le puede ir bien. Ese es el meollo del asunto. Es un problema de liquidez política que Jackson simplemente no tiene. Hay una seria desconexión entre el gobierno y el Congreso que viene de diferencias fundamentales entre la centroizquierda y la izquierda, y que se manifiesta en la falta de influencia de Jackson en el hemiciclo.

• La fricción se siente desde al menos enero de este año, cuando el entonces diputado, pero recién nombrado ministro de la Segpres fue al Congreso solo para encontrarse con una fría recepción por parte de los senadores de la ex Concertación. En la ocasión, de la cual Francisco Huenchumilla de la DC se restó formalmente, Alfonso de Urresti del PS acusó al futuro ministro de ser “explosivo”, Pedro Araya (independiente vinculado a Nuevo Pacto Social) lo criticó por su posición sobre los “presos del Estallido”, y Guido Girardi del PPD declaró que ni siquiera se había enterado que había reunión.
• En los tres meses que van desde la instalación del gobierno, los problemas solo se han acentuado. En marzo, el senador Fidel Espinoza del PS acusó al ministro de querer desprestigiar al Senado ante la Convención Constitucional. Y mientras que Jackson negaba el hecho, los constituyentes avanzaban a pasos agigantados para eliminar a la Cámara del mapa. Pero la intención no era solo esa. Era también acortarle el periodo a los 23 senadores recién elegidos de ocho a cuatro años. Espinoza y de Urresti terminaron acusando al ministro de destruir instituciones democráticas, mientras que el senador Juan Luis Castro del PS lo acusaba de tener una “deuda pendiente”.

Los malos datos de la Segpres. Lo cierto es que la cosa no mejora cuando se miran los datos comparados. La Segpres de Boric es la tercera menos productiva desde el retorno de la democracia, habiendo mandado solo 12 mensajes (iniciativa exclusiva del presidente) al Congreso en tres meses. Solo supera al gobierno de Lagos (a esta altura había mandado 4), y el segundo gobierno de Piñera (que a esta altura había mandado 11). El dato es más preocupante si se considera que 8 de los 12 mensajes enviados vienen de Hacienda. Al menos no debe sorprender si se considera que desde el 11 de marzo Jackson ha intervenido solo una vez en la sala de la Cámara alta.

• En definitiva, la buena relación entre Boric y Jackson no ha aportado al éxito del gobierno. De hecho, si la relación se concibiera como un elemento explicativo, probablemente sería todo lo contrario. Parte del problema es que Jackson tiene mucho poder, y como se sabe, aquello genera distorsiones en otros aspectos de la gobernanza. Jackson es talentoso y útil para el gobierno, pero no puede ser un tapón legislativo si su principal tarea es facilitar la negociación de proyectos. Jackson debe estar dispuesto a hacer más consensos a los senadores de centroizquierda. Sin eso, será difícil, sino imposible, ver al presidente remontar. (Ex Ante)

Kenneth Bunker