Cada día existe mayor consenso sobre el rol protagónico que deben asumir las empresas por el cambio climático. Frente a esto, Walmart, junto a la empresa generadora de energía, Engie, inauguraron hoy la primera planta industrial de hidrógeno verde de Latinoamérica, específicamente en la comuna de Quilicura.
La planta, ubicada en el Centro de Distribución de Walmart, apunta a que la compañía pueda operar el 100% de su red logística con hidrógeno verde, y transformarse en una empresa con cero emisiones al año 2040.
«Walmart ha sido pionero en adoptar la tecnología del hidrógeno y sus celdas de combustible hace más de una década.
Hoy, desde Chile, estamos dando un paso más allá, al ser la primera planta de la compañía en el mundo abastecida desde fuentes renovables», aseguró el Presidente y CEO de Walmart Chile, Cristián Barrientos.
La iniciativa consideró una inversión cercana a los US$15 millones, la que permitirá –en una primera etapa– reemplazar las baterías de plomo-ácido de 200 grúas horquillas por celdas de «combustible del futuro», evitando generar 250 toneladas de desechos tóxicos al año.
La inauguración fue encabezada por Cristian Barrientos, y contó con la participación de la ex presidenta, Michelle Bachelet; los ministros de Hacienda, Mario Marcel y Energía, Diego Pardow; además del Gerente Corporativo de Asuntos Corporativos de Engie Chile, Pablo Villarino; y del Presidente y CEO de Walmart Inc., Doug McMillon.
Durante el anuncio, desde la compañía aseguraron ser «conscientes de que el futuro de las empresas se debe sustentar en un uso más eficiente de los recursos naturales. Así, el hidrógeno verde, es una gran alternativa para avanzar en la descarbonización de nuestra matriz energética».
La inauguración de esta planta productora del –cada vez más conocido– hidrógeno verde es solo «el primer paso dentro del desarrollo que busca lograr la compañía en materia de energías limpias», expresó Barrientos.
Según el ministro Marcel, son pocos los países que están haciendo cosas y puedan mostrar reales avances en la materia. Esta planta demuestra que Chile «tiene la ventaja de poder mostrar avances concretos, avances que podemos ver, que podemos percibir», agregó.
Además remarcó la necesidad de políticas públicas que ayuden durante el camino, y que dar pasos concretos con el hidrógeno verde es salir de los sueños y enfrentarse a la realidad. (Emol)
“Las acusaciones constitucionales son parte legítima de las atribuciones que tiene el Parlamento, pero tienen que tener sustento jurídico y no ir inventándose sobre la marcha (…). Lo que exigimos es que las acusaciones no se hagan al voleo. Acá las acusaciones que se hacen se tienen que hacer de manera seria y en particular (…)”.
De esa forma, ayer el Presidente Gabriel Boric hizo frente a la acusación constitucional que el Partido Republicano anunció en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. La quinta durante lo que va de su administración.
En línea con el discurso del Mandatario, desde el Frente Amplio y otros partidos de gobierno se ha argumentado que no hay fundamentos jurídicos para presentar el libelo y que se está abusando de las acusaciones constitucionales como herramienta de fiscalización.
Sin embargo, el propio Mandatario acarrea un historial de acusaciones que, en sus tiempos de diputado, respaldó.
Las 11 acusaciones constitucionales que Gabriel Boric aprobó mientras fue diputado.
Durante su primer período como parlamentario le tocó votar tres acusaciones constitucionales. La primera de ellas fue en 2014, contra el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, el que fue acusado por diputados de la ex Concertación. Dicho libelo se justificaba por presuntamente haber ocultado un informe sobre violación de derechos de niños del antiguo Sename.
En ese caso, Boric estuvo en contra de la cuestión previa -el primer paso de una acusación, que define si se votará o no- y a favor de la acusación como tal, aunque finalmente fue desestimada en la Cámara.
Luego, en 2015, la derecha presentó una nueva acusación en contra de quien en ese entonces era ministra de Salud de MichelleBachelet, Carmen Castillo. La cuestión previa del libelo fue aprobada con el voto favorable de Boric, por lo que finalmente se dio por rechazado.
En 2016, también durante el segundo gobierno de Bachelet, la derecha (Chile Vamos e independientes) presentó un libelo en contra de la ministra de Justicia Javiera Blanco. El 6 de septiembre de 2016, cuando se votó respecto a “los hechos ocurridos en el Sename”, Boric votó en sintonía con la derecha y se manifestó en contra de la cuestión previa de la acusación.
Al día siguiente, cuando se votó respecto a “los hechos ocurridos en Gendarmería” el entonces diputado se alineó con la Nueva Mayoría y votó a favor de la cuestión previa.
Finalmente, en ambas ocasiones se aprobó la cuestión previa, por lo que ambos libelos se entendieron por rechazados.
“Que no se hagan al voleo”: las 11 acusaciones constitucionales que Gabriel Boric aprobó mientras fue diputado. En la imagen la exministra Javiera Blanco.
Una vez concluido el gobierno de Bachelet, y bajo el mandato de Sebastián Piñera, las acusaciones constitucionales se hicieron más frecuentes. Varias de ellas, de hecho, fueron impulsadas por el Frente Amplio.
En 2018, se acusó al entonces ministro de Salud Emilio Santelices por la aplicación de la ley del aborto en tres causales. Ese mismo año, además, se acusó a los ministros de la Corte Suprema Hugo Dolmstech, Carlos Künsemüller y Manuel Valderrama por dejar en libertad a presos de Punta Peuco. Un año después, se presentó una en contra de Marcela Cubillos, quien en ese entonces se desempeñaba como ministra de Educación.
Todos estos libelos fueron presentados por el Frente Amplio, coalición de Boric. En todos estos casos, el entonces diputado votó a favor, aunque ninguna de ellas prosperó.
En el caso de los ministros de la Corte, si bien se rechazó la cuestión previa, también fue rechazada su admisibilidad. Lo mismo ocurrió con Cubillos.
En el caso de Santelices, se aprobó la cuestión previa -con el voto en contra de Boric-.
En relación a esa acusación, en conversación con CNN, el entonces diputado argumentó que “soy de quienes creen que hoy día se justifica una acusación constitucional, principalmente porque hay un problema de fondo: en salud se necesitan reformas muy grandes que van a requerir de un gran liderazgo para poder enfrentarlas. No podemos participar de una mesa de esas características con un ministro que está cuestionado como lo está el ministro Santelices hoy día”.
“Que no se hagan al voleo”: las 11 acusaciones constitucionales que Gabriel Boric aprobó mientras fue diputado. En la imagen, el exministro de Salud, Emilio Santelices.
Tras octubre de 2019, en el marco del estallido social, las acusaciones se hicieron aún más frecuentes.
El primer acusado en ese contexto fue el exministro del Interior Andrés Chadwick (UDI), en noviembre de ese año. Su libelo, impulsado por el Frente Amplio, llegó al Senado, donde se selló su salida del Ejecutivo, además de la prohibición de optar a cargos públicos por cinco años. Boric estuvo a favor de la acusación en la Cámara.
Durante su intervención previa a la votación, el actual Mandatario enfatizó que Chadwick es era el responsable político e indicó que “el pueblo de Chile no aceptará una respuesta que equivalga en la práctica a impunidad”.
Solo una semana después, en diciembre de 2019, se votó una acusación -también empujada por el Frente Amplio- en contra de Piñera. En esa ocasión, Boric votó en contra de la cuestión previa. Sin embargo, esta terminó por aprobarse y la acusación se dio por rechazada.
A Piñera le seguiría el intendente de la Región Metropolitana durante los meses del estallido, Felipe Guevara (2020), también acusado por el Frente Amplio por las medidas de contención y copamiento de Carabineros en la región en ese período. El actual Presidente votó a favor del libelo y logró aprobarse en la Cámara, pero finalmente se rechazó en el Senado.
En septiembre de 2020, el Congreso debió pronunciarse ante la acusación que presentaron diputados de derecha y centroizquierda en contra de la jueza Silvana Donoso, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, luego de estallar el caso de Ámbar Cornejo. A ella se le asignó responsabilidad por otorgarle la libertad condicional a Hugo Bustamante, quien asesinó a la adolescente.
En esa ocasión, Boric votó en contra del libelo. La acusación avanzó hacia el Senado, pero fue desestimada.
Ya hacia el final del gobierno de Piñera, se sumaron cuatro acusaciones a la lista: tres hacia ministros, y una más hacia el propio Presidente.
En 2020, diputados de oposición llevaron a la Cámara libelos en contra de Jaime Mañalich (Salud) y Víctor Pérez (Interior). El primero, por su gestión durante los primeros meses de la pandemia. En el caso de Pérez fue por la acción de Carabineros y el resguardo de derechos humanos de la institución en el contexto del estallido social.
Boric votó a favor en ambos casos. Sin embargo, la admisibilidad de la de Mañalich fue rechazada en la Cámara, mientras que la de Pérez, aunque avanzó a la Cámara Alta, fue desestimada luego de que el exministro renunciara a su cargo antes de que se votara en el Senado.
Raúl Figueroa (Educación) también fue acusado, en 2021. El juicio político, según justificaron quienes presentaron el libelo, trató sobre la apertura de colegios cuando el control de la pandemia no era garante de la seguridad de los estudiantes. Boric también votó a favor en esa oportunidad. La acusación no superó la valla de la Cámara de Diputados.
El último libelo se votó en noviembre 2021, y también tuvo como objetivo sancionar a Piñera. Este ocurrió luego de la difusión de los Pandora Papers, lo que comprometió al exmandatario con los proyectos de Minera Dominga. En esta ocasión, Boric no pudo votar debido a que estaba en cuarentena en el contexto de la pandemia. Sin embargo, antes de contagiarse, en conversación con Mega, planteó que “la acusación constitucional va. No tendría problemas en votar a favor de una acusación constitucional en contra del presidente de la República, porque creo que ha hecho cosas muy graves”.
Finalmente, la acusación fue rechazada en el Senado.
Acusado
Materia
Año
Resultado Acusación Constitucional en la Cámara
Votación Boric
Héctor Carreño
Sename
2014
Rechazada
A favor
Carmen Castillo
Salud
2015
Rechazada
En contra
Javiera Blanco
Sename
2016
Rechazada
A favor
Javiera Blanco
Gendarmería
2016
Rechazada
En contra
Emilio Santelices
Aborto en tres causales
2018
Rechazada
A favor
Hugo Dolmstech, Carlos Künsemüller y Manuel Valderrama
El ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, se refirió a la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó la solicitud de desafuero del diputado Diego Ibañez (CS) que hizo el empresario al presentar una querella por calumnias.
Esto, por los dichos emitidos por el parlamentario en abril, cuando en una entrevista al canal 24 Horas sostuvo que «a propósito de Juan Sutil, que por lo demás ha pasado un par de millones de pesos a algunos parlamentarios de Chile Vamos y después en las comisiones votan a favor de las AFP o votan en contra de la democratización al derecho al agua. Son cuestiones que existen, que son históricas y que hoy también están operando en este proceso de elección de nueva Constitución».
Así, tras el rechazo de la Corte de Apelaciones, Sutil habló con Emol y, en primer lugar, abordó los dichos del Ibáñez expresados este jueves, luego de conocer el fallo, cuando llamó a «no amedrentarse por querellas de hombres poderosos y seguir avanzando en mayor igualdad en el acceso a cargos públicos en Chile».
Al respecto, Sutil manifestó que Ibáñez «insiste en una posición incorrecta y negativa como lo caracteriza». «A mí me parece que él es un exponente de una política fracasada, que genera conflictos y que lo ha generado en el pasado. Y hoy en el presente también los genera, a través de los hechos de corrupción que conocemos y que nos estamos informando de forma permanente», aseveró.
En ese sentido, consideró que «en este caso el poderoso, el que tiene la protección y el fuero es él como diputado. Por lo tanto él es el que no puede ser juzgado en un tribunal común y corriente, como sí puede ser juzgado cualquier ciudadano de Chile, incluyéndome yo como empresario».
El ex presidente del gran empresariado sostuvo que «una cosa es actuar con la frente en alto, cumpliendo con la ley y la ética como lo hago siempre, y otra cosa es actuar en un marco como muchos de sus pares. En un marco que raya la ética y la probidad, y lo estamos viendo permanentemente en las noticias».
Sutil espera que «esto sirva como una experiencia para que no se siga actuando en la forma que actúa este diputado de la República, y que se tome conciencia de que existen costos y riesgos cuando uno quiere maliciosamente injuriar por una parte y recoger el guante por otra, como ocurrió en este caso».
«Por lo tanto, es una caricatura más de parte del señor diputado (Ibáñez)», agregó.
CORTE DE APELACIONES
El ex candidato a consejero constitucional expresó que «el fallo es un fallo dividido del pleno de la Corte de Apelaciones. Y ese fallo vamos a tener los fundamentos de aquellos jueces que determinan que hay méritos para desaforarlos y vamos a tener los fundamentos de aquellos que estiman que no hay mérito para desaforar».
Dicho eso, consideró que le sorprende «desde el punto de vista de la justicia, independiente que uno la respete, es que no se permita discutir los temas de fondo. Y el tema de fondo no es el desafuero, el desafuero es lo que permite discutir el tema de fondo respecto a lo que nosotros consideramos que son injurias y calumnias de parte del diputado Diego Ibáñez hacia mi persona».
DIPUTADO IBAÑEZ
Esta mañana la Corte de Apelaciones de Santiago, en decisión de mayoría, rechazó la solicitud de desafuero del diputado Diego Ibáñez (CS) en una querella por calumnias presentada por el empresario y ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil.
Luego de que se desestimara la petición de pérdida de inmunidad, el parlamentario señaló que «en la Cámara de Diputados mas del 70% de los aportes a campañas políticas lo concentra solo un sector, que es la derecha, y eso distorsiona la sana competencia y la igualdad de las armas que deben existir en el terreno democrática».
En esa línea, hizo un llamado a «no amedrentarse por querellas de hombres poderosos y seguir avanzando en mayor igualdad en el acceso a cargos públicos en Chile».
Asimismo, sostuvo que este fallo es inapelable, pero que estará atento a los próximos actos de la defensa de Sutil. Cabe recordar que el representante de Convergencia Social el pasado 26 de abril durante una entrevista en 24 horas señaló que » (Juan Sutil) ha pasado un par de millones de pesos a algunos parlamentarios de Chile Vamos y después en las comisiones votan a favor de las AFP o votan en contra de la democratización al derecho al agua. Son cuestiones que existen, que son históricas y que hoy también están operando en este proceso de elección de nueva Constitución».
Respecto a si mantiene los dichos que emitió contra el empresario, Ibáñez reguló y dijo que «hemos hecho una crítica política del financiamiento desigual, de manera legal, en el aporte a las campañas políticas. Esas palabras las setenemos cada una porque es una crítica que no le permite a cualquier persona o ciudadano poder competir con personas que reciben millonarios aportes por parte de sectores que hoy disponen de privilegios».
Aclaró que no es nada contra Juan Sutil, incluso reconoció que no lo conoce, pero «conocemos su opinión respecto a la reforma tributaria, los derechos de aguas», pero «no es ninguna crítica personal».
Finalmente, hizo un llamado a las personas a «informarse y conocer de dónde sale el dinero de las campañas políticas y cuánto se gasta, creemos que los gastos millonarios son un abuso». (Emol)
El 7 de agosto el gobierno del Presidente Gabriel Boricenvió un decreto a la Contraloría General de la República con el objetivo de reformar la norma -de 1997- que regula el funcionamiento del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).
El instrumento -que debe aún pasar por la toma de razón del ente contralor- reformula la función del organismo que ha sido objeto de críticas, por un lado, por no haber sesionado nunca durante esta administración y mantener en vacancia el nombramiento de tres integrantes y, por otro, por haber instruido en junio de 2022 dejar de informar detalles sobre transferencias a terceros, algo que ha sido cuestionado a la luz del lío de platas en que el Ministerio Público indaga eventuales delitos de corrupción precisamente en traspasos a fundaciones sin fines de lucro.
Con firma del Mandatario y del ministro Álvaro Elizalde (Segpres), el documento de diez páginas modifica labores específicas del CAIGG, con “especial énfasis en el fortalecimiento de la auditoría interna en los órganos de la administración del Estado, particularmente en lo referente a la economía, eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, así como en el funcionamiento cabal del principio de probidad administrativa y transparencia”.
“Tras veintiséis años de vigencia del Decreto Supremo número 12, de 1997, de la Segpres, se requiere actualizar el funcionamiento del consejo (…)” y reforzar sus labores “para disponer de una visión global y objetiva de cómo se están llevando a cabo las políticas y lineamientos gubernamentales y del nivel de cumplimiento de los objetivos de eficiencia, eficacia y economicidad propios de la gestión”, dice el nuevo decreto.
Y agrega: “Créase el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, en adelante también ‘el Consejo’, como órgano asesor del (de la) Presidente (a) de la República, el que tendrá por objeto el aseguramiento y asesoría en materia de auditoría interna, con el fin de agregar valor y ayudar a fortalecer los procesos de gestión de riesgos, de control interno y de gobernanza de los órganos de la Administración del Estado, a través del análisis de la gestión respecto de la economía, eficiencia y eficacia; del cumplimiento de las normas y procedimientos; de la protección de los recursos públicos y de la probidad; en la ejecución de las políticas, programas y decisiones de la respectiva autoridad”, acotando así los márgenes de acción actuales, cuya redacción es más general.
Bajo este instrumento, además, el Ejecutivo define una integración distinta a la actual que contemplaba seis integrantes y es presidida por la subsecretaria Macarena Lobos (Segpres). En ese sentido, se fija un número menor e impar de cinco consejeros, nombrándose -a su vez- sus nuevos integrantes: Isabel Torres Zapata y Francisco Lois Buono-Core.
Asimismo, se elevan los estándares para formar parte del Consejo de Auditoría, señalando que sus integrantes “deberán acreditar experiencia y competencias en temas de aseguramiento, auditoría interna, gobernanza, gestión de riesgos y/o control interno, y durarán en sus funciones mientras cuenten con la confianza del (de la) Presidente (a) de la República.
Además, se amplía la aplicación de las normas sobre probidad administrativa a los consejeros, así como el deber de abstención, fijando nuevos criterios de inhabilidad mientras ostenten el cargo”.
Las modificaciones al marco normativo del Consejo de Auditoría, se suman al anuncio del gobierno de poner urgencia a un proyecto de la expresidenta Michelle Bachelet para fortalecer su regulación. (La Tercera)
Luego de tensiones e inscripciones a última hora, finalmente el senador Jaime Quintana presentó a su lista para participar en las elecciones internas del PPD que definirán a la nueva directiva nacional del partido.
Lo llamativo fue la ausencia de la actual timonel Natalia Piergentili, quien pese a que finalmente decidió postularse como vicepresidenta en la lista de Quintana y declinó competir por un nuevo periodo al mando del partido, no llegó hasta la presentación de la lista.
La Tercera consultó al senador Quintana por la ausencia de Piergentili y contestó que se debía a que mantenía compromisos académicos en la universidad donde imparte clases.
Hasta la semana pasada, la exsubsecretaria tenía la intención de seguir siendo la presidenta del partido. Por lo mismo, a eso de las 23.00 del viernes 28 de julio registró una lista acompañada por su actual secretario general, José Toro. ¿El problema? Él se inscribió también en la lista de Quintana y, a través de un correo, aclaró que esa sería la única que integraría.
Ante este escenario, las autoridades electorales del partido determinaron congelar el proceso hasta el 3 de agosto, momento en que Piergentili resolvió sumarse a la propuesta encabezada por Quintana.
Finalmente, la lista que presentó el senador está compuesta por José Toro Kemp como secretario general y Piergentili, la consejera regional Cristina Soto, la senadora Loreto Carvajal, Cristóbal Barra -asesor parlamentario de Quintana-, Gonzalo Prieto y Gonzalo Pinto como vicepresidentes. (La Tercera)
La administración Biden anunció una prohibición para invertir en los sectores de computación cuántica, chips avanzados e Inteligencia Artificial (IA) en China, mientras intensifica sus esfuerzos para garantizar que el ejército chino no se beneficie de la tecnología y el capital estadounidenses.
El Presidente Joe Biden emitió este miércoles una orden ejecutiva que afectará en gran medida a las empresas de capital privado y de capital de riesgo, así como a inversores estadounidenses en empresas conjuntas con grupos chinos.
Un alto funcionario estadounidense afirmó que se crearía un programa «muy específico» que se centraría en los tres sectores que la administración Biden también ha marcado en una serie de otras medidas relacionadas con la tecnología dirigidas a China.
La última medida amenaza perjudicar los esfuerzos por resucitar un acercamiento entre EEUU y China. Washington afirmó que la norma, que no entrará en vigor hasta 2024, protegerá la seguridad estadounidense. Pero Beijing ha replicado a medidas anteriores que EEUU busca frenar su progreso tecnológico.
Por su parte, los republicanos criticaron la medida por no incluir más tipos de inversión. «Para dejar de financiar el ejército chino, tenemos que poner fin a todas las inversiones estadounidenses en empresas tecnológicas y militares chinas, y punto», declaró Nikki Haley, una de las aspirantes a la presidencia por el Partido Republicano. (DF-FT)
“Sírvase a disponer se notifique al señalado oficial superior y se procesa a su despacho, en forma inmediata, debiendo informar a la dirección nacional de personal, el cumplimiento del referido acto administrativo”.
De esta manera, la Zona Oeste de Carabineros oficializaba lo que ya era un secreto a voces: la salida del coronel Wildo Matus como jefe de la unidad de Control de Orden Público (COP), tras ser sancionado con “dos días de arresto” -lo que lo imposibilita para ser general- por una serie de eventos violentos en el centro de Santiago que, a la luz de sus superiores, no fueron cubiertos de manera adecuada.
Fueron dos situaciones que marcaron su salida: la protesta del denominado “Team Patriota” en La Moneda, el 28 de julio, donde “rompieron” el perímetro que tenían permitido para manifestarse, avanzando por Teatinos y Morandé; y la consecutiva quema de buses del transportes público en las afueras del Liceo Barros Borgoño, en dos jornadas distintas, el 1 y 4 de agosto.
Lo que se le cuestionó al coronel Matus -por parte del alto mando- fue haber dispuesto del contingente que estaba en el Barros Borgoño para cubrir otros incidentes en el centro, dejando descubiertos los buses que posteriormente fueron quemados. Fuentes de la policía uniformada advierten que no están dando abasto para todos los desórdenes que se están registrando, sumados a la toma de liceos emblemáticos.
El gobierno también reprendió a la policía por el “avance” del “Team Patriota”, pues no hubo la coordinación necesaria con la guardia de Palacio para evitar estos desórdenes, dado que ese mismo día había una actividad del Presidente Gabriel Boric en las afueras de La Moneda.
Todas estas situaciones derivaron en la caída del coronel Matus, quien notificado de su salida del COP, envió un mensaje a subalternos y compañeros. “Quiero agradecer a cada uno de los GAMAS (Central de Comunicaciones de las Prefecturas, Comisarías y Subcomisarías de Fuerzas Especiales) que me han enviado un mensaje de aliento o un llamado telefónico, solidarizando por mi persona”, partió diciendo.
Team Patriota se manifestó en La Moneda el viernes pasado.
En esa misma línea relató que llegó en 2018 a COP, antes llamado Fuerzas Especiales (FF.EE.), donde recordó que lo más complejo vino en 2019. “Me tocó vivir junto a los GAMAS de la Región Metropolitana, Chago Saldivia, Andrés Graves, Claudio Crespo, y Juan Muñoz, la peor crisis social en la historia de Chile, en donde por días se tuvo que enfrentar situaciones de control de orden público, que no eran conocidas, ni por los GAMAS más antiguos, manteniendo siempre vigente el Estado de Derecho”, expuso.
Finalmente, evitó criticar al mando, señalando que “las decisiones institucionales hay que aceptarlas, respetarlas y no cuestionarlas. San Isidro 330, comuna de Santiago, es y será mi último cuartel”.
EL REMEZÓN INTERNO
En la interna policial, los efectivos COP mantienen ciertos códigos de cercanía, más allá de lo que pasa en una comisaría. Esto, dicen quienes han trabajado ahí, es más por una cuestión operativa: al estar en permanente riesgo en las calles, en enfrentamientos y eventos violentos, se cubren las espaldas con cierta incondicionalidad.
Por lo mismo, la salida del coronel Matus tocó la fibra de quienes conviven en San Isidro -calle donde están apostados sus servicios-, pues algunos relatan que “nunca antes” se había visto una sanción tan dura contra un coronel, más en el entendido de que los errores y, a veces, la mala toma de decisiones son parte de su trabajo.
Es ahí donde apuntan directamente al mando, pues advierten que quedan con una cierta incomodidad de cara a adoptar los servicios. “¿Si tomo una decisión de sacar personal de un lado, para apostarlo en otro, y no resulta, me echan?”, se pregunta un oficial.
El tema, además, adquiere otra sensibilidad por el contexto: durante las últimas semanas se han registrado una serie de marchas en el centro, las últimas en La Moneda, “zona sensible”, dicen, porque cualquier paso en falso puede costar la carrera de un policía. Agregan que la salida de su jefe no se da en un momento oportuno, dado que restan 20 días para septiembre, mes que estará marcado por protestas y desmanes.
La protesta del viernes pasado del Team Patriota en La Moneda.
Es más, muchos están inquietos por lo que pueda suceder mañana en otra protesta convocada por el “Team Patriota” en las cercanías de La Moneda, donde las coordinaciones, además, dicen que no están funcionando bien.
Y ponen un ejemplo: la salida de protocolo del Presidente para saludar a los manifestantes de hoy en la Alameda, pues desde la guardia presidencial no avisaron que el Mandatario iría hasta el lugar, generándose un caos que significó mover las barreras, que sólo ayer les pidieron ubicar. (La Tercera)
Una serie de investigaciones administrativas a diversas reparticiones estatales lleva adelante la Contraloría contra reloj en los casos vinculados al traspaso de fondos desde instituciones públicas a fundaciones.
Las investigaciones por estos líos de platas caminan por vías distintas. Por un lado, está el Ministerio Público, cuyas fiscalías regionales indagan los traspasos de fondos en 39 causas a lo largo del país y, por el otro, está Contraloría, entidad que revisa la legalidad de los convenios que autorizaron las transferencias.
Así, tras estallar el escándalo por el convenio entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, Contraloría inició de oficio una serie de indagatorias que ahora se tornaron prioritarias, a fin de evacuar las primeras responsabilidades en las distintas aristas que tiene el caso. De hecho, es el citado convenio entre la Seremi de Vivienda y el organismo ligado a ex personeros de Revolución Democrática el que podría ser el primero en desembocar en resultados.
El organismo dirigido por Jorge Bermúdez dividió en cuatro grandes áreas sus indagatorias, las que buscan determinar cuáles son las que presentan los mayores riesgos para luego definir qué tipo de fiscalización llevar adelante. Las cuatro áreas corresponden alos gobiernos regionales (GORE), el Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, los contratos de la Seremi del Minvu de Antofagasta y el Ministerio de las Culturas.
Son 16 los gobiernos regionales que indaga Contraloría, a partir del “freno” que activó a los contratos entre las instituciones públicas y las fundaciones, anunciado a fines de junio. Del total de procesos de toma de razón, 29 fueron declarados ilegales.
Se trata de auditorías que están en pleno desarrollo en Arica, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Rancagua, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagosy Ñuble. A ellas se suman Coquimbo, Magallanes y la Región Metropolitana, donde la Contraloría ya solicitó información.
En paralelo, está recabando los antecedentes de los gobiernos regionales de Tarapacá, Los Ríos y Aysén, para definir el alcance de la fiscalización que se llevará a cabo, la cual, comentan, podría tener serios impactos desde el punto de vista de la legalidad del traspaso de fondos.
De estos, el caso del GORE de Los Lagos es el más complejo. Las transferencias de fondos en esa región despertaron sospecha en Contraloría, pues de los 29 convenios declarados ilegales en todo Chile, 22 tienen su origen en la repartición que lidera Patricio Vallespín (ex DC).
En el caso de la segunda área investigada, el Programa de Asentamientos Precarios, esta abarca a todas las regiones del país e involucra a Serviu, varias municipalidades y gobiernos regionales. En rigor, se está fiscalizando por completo dicho programa, como por ejemplo, todas las transferencias entregadas por el Ministerio de Vivienda en esta materia, entre 2021 y 2023.
El cerco de Contraloría a 16 gobiernos regionales, dos ministerios y el “misil” que prepara sobre el convenio del Minvu con Democracia Viva. En la imagen, Jorge Bermúdez.
OBSERVACIONES Y PRÓRROGA
En cuanto a la tercera área observada -los contratos de la Seremi de Vivienda de Antofagasta-, el ente de control estableció una Investigación Especial (INVE), la que abarca específicamente la transferencia de $ 426 millones a Democracia Viva. Si bien este traspaso de fondos no fue visado por Contraloría, al tratarse de un convenio por trato directo, ésta revisa la legalidad del proceso previo para entregar los dineros.
Actualmente, el preinforme relativo al convenio ya fue despachado a la Seremi con una serie de observaciones, donde, quienes conocieron el documento, señalaron que se habrían detectado una serie de inconsistencias en las justificaciones para implementar el programa que llevaría adelante Democracia Viva.
Sin embargo, desde la Seremi pidieron prórroga a Contraloría para contestar este pre informe -el cual tiene el carácter de reservado-, por lo que sus descargos los harán llegar el 21 de agosto. El informe final sobre la indagatoria, entonces, se debería conocer en septiembre.
Asimismo, en Teatinos 56 se encuentran fiscalizandoa fondo las transferencias a cerca de 40 fundaciones a lo largo del país, entre ellas, ProCultura, Urbanismo Social, En Ti, entre otras.
El cerco de Contraloría a 16 gobiernos regionales, dos ministerios y el “misil” que prepara sobre el convenio del Minvu con Democracia Viva.
Por último, está la cuarta área indagada. Se trata del Ministerio de las Culturas, organismo que está bajo la mira de Contraloría, pues se está auditando la totalidad de las transferencias en dicha secretaría de Estado, con el propósito de determinar cuáles son las que presentan los mayores riesgos y definir qué tipo de fiscalización llevar adelante en aquellas.
Esta investigación se inició luego de que culminara el sumario administrativo en contra de la exsubsecretaria de Culturas, Andrea Gutiérrez, quien firmó la adjudicación de dos convenios con la Corporación para el Desarrollo de Santiago, organismo en el que ella trabajó antes de que asumiera Gabriel Boric como Presidente.
En todas estas indagatorias específicas, Contraloría fijó la misma metodología empleada para las investigaciones desarrolladas en el marco de la pandemia por el Covid-19. Es decir, en caso de ser necesario, se emitirán informes parciales, que contendrán los avances del trabajo realizado a la fecha de emisión de cada investigación. En otras palabras, se aplicará una suerte de principio “hallazgo encontrado, hallazgo informado”.
En paralelo, también se está efectuando un trabajo coordinado con el Ministerio Público, en torno a compartir antecedentes e información, enfoques de investigación y otros elementos relevantes, algo que se seguirá profundizando en la medida en que avancen las indagaciones. (La Tercera)
Las isapres Banmédica y Vida Tres, de propiedad de Empresas Banmédica, decidieron suspender la venta de planes de salud luego de que se conociera la nueva y trascendental derrota que sufrieron las isapres en la Corte Suprema. Esta vez, referida al último gran frente judicial que a la industria le quedaba pendiente por resolver: el ajuste del precio por las Garantías Explícitas en Salud (GES) que se realiza cada tres años, y motivo por el cual los afiliados han recurrido a las cortes de Apelaciones del país para dejar sin efecto dichas alzas.
En concreto, ambas isapres informaron a sus respectivas fuerzas de ventas que “hemos tomado la decisión de suspender a partir de hoy la comercialización de todos nuestros planes de salud a la espera del fallo para eventuales ajustes de nuestros precios y productos”, según dice el comunicado que enviaron a sus trabajadores.
Allí argumentan que esto ocurre a partir de “la información filtrada en la prensa respecto a lo que sería un eventual escenario del fallo GES, el cual contemplaría una importante baja en la prima actual cobrada”.
Isapres Banmédica y Vida Tres suspenden la venta de planes de salud tras fallo GES de la Suprema. Foto: Andres Perez
Finalmente, dijeron que “considerando que el fallo de la Corte Suprema no ha sido publicado oficialmente, los mantendremos al tanto de cualquier novedad o actualización sobre este tema”.
En un comunicado que redactó la empresa como borrador, pero que finalmente no se envió de manera oficial, había un párrafo adicional, donde afirmaban que a raíz de lo anterior “nos encontramos efectuando el recálculo del precio de toda nuestra oferta de planes de salud, con el objeto de que, en la eventualidad de que se produzca el escenario expuesto, podamos incorporar la posible rebaja de la prima GES”.
Si bien el fallo oficial no se ha hecho público aún, fuentes al tanto de lo decidido por la Tercera Sala de la Corte Suprema señalan que lo resuelto implica fijar un tope máximo del ajuste que pueden hacer las isapres del precio GES, para toda su cartera de afiliados, el cual quedó establecido por el máximo tribunal en 7,2 UF anuales.
Actualmente, todas las isapres tienen un precio mayor que ese. En ese sentido, las isapres tendrían que hacer devoluciones de montos que hayan cobrado por sobre el valor fijado por la Suprema, en caso que corresponda. Según cálculos realizados por el movimiento Salud Libre que encabeza Victoria Beaumont, la potencial devolución sería de unos US$582 millones, según los montos cobrados en exceso hasta el cierre del mes pasado.
Isapres Banmédica y Vida Tres suspenden la venta de planes de salud tras fallo GES de la Suprema.
Todas las isapres empezaron a tomar medidas este jueves a raíz de lo que ha transcendido sobre el fallo. Así por ejemplo, se han activado algunas reuniones y se han suspendido otras. Reflejo de ello es que este jueves a las 16.00 horas el gerente general de isapre Consalud, Rodrigo Medel, tenía agendada una reunión -llamada “Live Consalud”- con sus trabajadores, sin embargo, ella se suspendió “a la espera de la publicación del fallo de la Corte Suprema por la judicialización del alza GES”, dice el comunicado que enviaron a sus trabajadores. (Pulso)
En horas de esta tarde, el Presidente Gabriel Boric -en una nueva salida de protocolo- abandonó su oficina en el Palacio para intentar dialogar con adherentes a una manifestación que tenía lugar en las afueras de La Moneda.
En los registros se ve al Mandatario intentando apaciguar las aguas con los adherentes a la movilización, que fue convocada por comités de vivienda y organizaciones sociales que protestaban en contra del proyecto de leyque endurece medidas contra las usurpaciones de terrenos (también apodada por grupos de izquierda como la Ley Antitomas).
“Cuando dijimos que íbamos a construir 270 mil viviendas, muchos nos dijeron que era imposible. Nosotros les dijimos que no solo íbamos a construir las 270 mil viviendas, sino que lo vamos a superar y vamos a trabajar en conjunto con ustedes y los comités”, dijo el Presidente Boric con megáfono en mano ante los manifestantes.
La irrupción del Mandatario en la manifestación tomó por sorpresa a sus equipos de escolta y de Avanzada, a quienes se les apreciaba visiblemente incómodos y tensos por la situación.
Acompañado por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, el Presidente con megáfono en mano se acercó a los manifestantes y aseguró que “no voy a dar mi brazo a torcer para cumplir los anhelos y el programa que el pueblo me ha encargado”.
“Cuando hayan errores, vamos a enmendar en conjunto con ustedes, porque es al pueblo -a ustedes- a quienes nos debemos. Cuenten conmigo como Presidente para seguir conversando siempre y enfrentando juntos las dificultades que tenemos, porque esta pega no es fácil, pero yo no voy a dar mi brazo a torcer para cumplir los anhelos y el programa que el pueblo nos encargara”, cerró su alocución el Mandatario, entre gritos de los presentes.
Tras su intervención, Boric conversó con algunos de los manifestantes y se sacó fotos con ellos, mientras era acompañado de vuelta al Palacio. También se escucharon gritos de detractores, quienes lo emplazaban a cumplir las promesas adquiridas en su programa en materia habitacional.
En la víspera, en una actividad en Puente Alto, donde confirmó el nuevo trazado de la Línea 9 del Metro de Santiago, el Presidente había comentado -en tono de broma- que, por motivos de seguridad, no lo dejan “moverse” como lo hacía antes.
Al relatar que antes de llegar a La Moneda él se trasladaba en transporte público -”nunca tuve auto” dijo-, comentó: “Soy usuario del transporte público hasta ahora que no me dejan moverme, pero trato de moverme”. Ahí agregó, en alusión al jefe del servicio PPI del Mandatario, el coronel Patricio Aguayo, “pobre ‘Patito’ Aguayo se va a enojar (…) Sí, sí me dejan moverme”.
Frente a los presentes en la actividad -en la que comentó que prefería el trato directo con las personas y no las actividades “robotizadas”- dijo incluso que estaban “conversando” con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, la posibilidad de ir al encuentro entre Universidad Católica y Palestino, que se realizará este domingo a las 15 horas, en transporte público.
“Estábamos conversando la posibilidad con el ministro Muñoz de ir a La Cisterna a ver a la Católica y Palestino en Metro, pero vamos a ver cómo anda la cosa”, afirmó.
En mayo de este año, precisamente para un encuentro de Universidad Católica -del cual Boric es hincha- se generó una polémica por su asistencia al Estadio Santa Laura, para un duelo contra La Calera. La presencia del Mandatario, quien se instaló en el sector de tribuna, terminó acarreando un fuerte despliegue de seguridad. (La Tercera)
:format(webp):no_upscale()/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/copesa/E4PMEUNC7RGZDEDXFGJTV7H2FM.JPG)
:format(webp):no_upscale()/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/copesa/GWREMR35LFGKBORVI2MWWV6YDA.jpg)
:format(webp):no_upscale()/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/copesa/5GND76BZ6FE7JJGHB4ZHZDNDUU.jpg)
:format(webp):no_upscale()/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/copesa/OQ2UT45YMBCUJOLOLJWFRGCSPM.jpg)
:format(webp):no_upscale()/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/copesa/XWZ2GUQDFVCLURPQTUDQ2AABL4.jpg)
:format(webp):no_upscale()/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/copesa/MRE6ZZYAFVGGVFSSSAC5JQGSZA.JPG)
:format(webp):no_upscale()/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/copesa/GTXSXIF5CNHV3LQR2MRULZFM7Q.jpg)
:format(webp):no_upscale()/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/copesa/75C46RVY75ELXBJRLXQEWMEE2Y.JPG)
:format(webp):no_upscale()/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/copesa/OZUZH3C7KFECTFUHCUYZA3TG7I.jpg)