Luego de tensiones e inscripciones a última hora, finalmente el senador Jaime Quintana presentó a su lista para participar en las elecciones internas del PPD que definirán a la nueva directiva nacional del partido.
Lo llamativo fue la ausencia de la actual timonel Natalia Piergentili, quien pese a que finalmente decidió postularse como vicepresidenta en la lista de Quintana y declinó competir por un nuevo periodo al mando del partido, no llegó hasta la presentación de la lista.
La Tercera consultó al senador Quintana por la ausencia de Piergentili y contestó que se debía a que mantenía compromisos académicos en la universidad donde imparte clases.
Hasta la semana pasada, la exsubsecretaria tenía la intención de seguir siendo la presidenta del partido. Por lo mismo, a eso de las 23.00 del viernes 28 de julio registró una lista acompañada por su actual secretario general, José Toro. ¿El problema? Él se inscribió también en la lista de Quintana y, a través de un correo, aclaró que esa sería la única que integraría.
Ante este escenario, las autoridades electorales del partido determinaron congelar el proceso hasta el 3 de agosto, momento en que Piergentili resolvió sumarse a la propuesta encabezada por Quintana.
Finalmente, la lista que presentó el senador está compuesta por José Toro Kemp como secretario general y Piergentili, la consejera regional Cristina Soto, la senadora Loreto Carvajal, Cristóbal Barra -asesor parlamentario de Quintana-, Gonzalo Prieto y Gonzalo Pinto como vicepresidentes. (La Tercera)
La administración Biden anunció una prohibición para invertir en los sectores de computación cuántica, chips avanzados e Inteligencia Artificial (IA) en China, mientras intensifica sus esfuerzos para garantizar que el ejército chino no se beneficie de la tecnología y el capital estadounidenses.
El Presidente Joe Biden emitió este miércoles una orden ejecutiva que afectará en gran medida a las empresas de capital privado y de capital de riesgo, así como a inversores estadounidenses en empresas conjuntas con grupos chinos.
Un alto funcionario estadounidense afirmó que se crearía un programa «muy específico» que se centraría en los tres sectores que la administración Biden también ha marcado en una serie de otras medidas relacionadas con la tecnología dirigidas a China.
La última medida amenaza perjudicar los esfuerzos por resucitar un acercamiento entre EEUU y China. Washington afirmó que la norma, que no entrará en vigor hasta 2024, protegerá la seguridad estadounidense. Pero Beijing ha replicado a medidas anteriores que EEUU busca frenar su progreso tecnológico.
Por su parte, los republicanos criticaron la medida por no incluir más tipos de inversión. «Para dejar de financiar el ejército chino, tenemos que poner fin a todas las inversiones estadounidenses en empresas tecnológicas y militares chinas, y punto», declaró Nikki Haley, una de las aspirantes a la presidencia por el Partido Republicano. (DF-FT)
“Sírvase a disponer se notifique al señalado oficial superior y se procesa a su despacho, en forma inmediata, debiendo informar a la dirección nacional de personal, el cumplimiento del referido acto administrativo”.
De esta manera, la Zona Oeste de Carabineros oficializaba lo que ya era un secreto a voces: la salida del coronel Wildo Matus como jefe de la unidad de Control de Orden Público (COP), tras ser sancionado con “dos días de arresto” -lo que lo imposibilita para ser general- por una serie de eventos violentos en el centro de Santiago que, a la luz de sus superiores, no fueron cubiertos de manera adecuada.
Fueron dos situaciones que marcaron su salida: la protesta del denominado “Team Patriota” en La Moneda, el 28 de julio, donde “rompieron” el perímetro que tenían permitido para manifestarse, avanzando por Teatinos y Morandé; y la consecutiva quema de buses del transportes público en las afueras del Liceo Barros Borgoño, en dos jornadas distintas, el 1 y 4 de agosto.
Lo que se le cuestionó al coronel Matus -por parte del alto mando- fue haber dispuesto del contingente que estaba en el Barros Borgoño para cubrir otros incidentes en el centro, dejando descubiertos los buses que posteriormente fueron quemados. Fuentes de la policía uniformada advierten que no están dando abasto para todos los desórdenes que se están registrando, sumados a la toma de liceos emblemáticos.
El gobierno también reprendió a la policía por el “avance” del “Team Patriota”, pues no hubo la coordinación necesaria con la guardia de Palacio para evitar estos desórdenes, dado que ese mismo día había una actividad del Presidente Gabriel Boric en las afueras de La Moneda.
Todas estas situaciones derivaron en la caída del coronel Matus, quien notificado de su salida del COP, envió un mensaje a subalternos y compañeros. “Quiero agradecer a cada uno de los GAMAS (Central de Comunicaciones de las Prefecturas, Comisarías y Subcomisarías de Fuerzas Especiales) que me han enviado un mensaje de aliento o un llamado telefónico, solidarizando por mi persona”, partió diciendo.
Team Patriota se manifestó en La Moneda el viernes pasado.
En esa misma línea relató que llegó en 2018 a COP, antes llamado Fuerzas Especiales (FF.EE.), donde recordó que lo más complejo vino en 2019. “Me tocó vivir junto a los GAMAS de la Región Metropolitana, Chago Saldivia, Andrés Graves, Claudio Crespo, y Juan Muñoz, la peor crisis social en la historia de Chile, en donde por días se tuvo que enfrentar situaciones de control de orden público, que no eran conocidas, ni por los GAMAS más antiguos, manteniendo siempre vigente el Estado de Derecho”, expuso.
Finalmente, evitó criticar al mando, señalando que “las decisiones institucionales hay que aceptarlas, respetarlas y no cuestionarlas. San Isidro 330, comuna de Santiago, es y será mi último cuartel”.
EL REMEZÓN INTERNO
En la interna policial, los efectivos COP mantienen ciertos códigos de cercanía, más allá de lo que pasa en una comisaría. Esto, dicen quienes han trabajado ahí, es más por una cuestión operativa: al estar en permanente riesgo en las calles, en enfrentamientos y eventos violentos, se cubren las espaldas con cierta incondicionalidad.
Por lo mismo, la salida del coronel Matus tocó la fibra de quienes conviven en San Isidro -calle donde están apostados sus servicios-, pues algunos relatan que “nunca antes” se había visto una sanción tan dura contra un coronel, más en el entendido de que los errores y, a veces, la mala toma de decisiones son parte de su trabajo.
Es ahí donde apuntan directamente al mando, pues advierten que quedan con una cierta incomodidad de cara a adoptar los servicios. “¿Si tomo una decisión de sacar personal de un lado, para apostarlo en otro, y no resulta, me echan?”, se pregunta un oficial.
El tema, además, adquiere otra sensibilidad por el contexto: durante las últimas semanas se han registrado una serie de marchas en el centro, las últimas en La Moneda, “zona sensible”, dicen, porque cualquier paso en falso puede costar la carrera de un policía. Agregan que la salida de su jefe no se da en un momento oportuno, dado que restan 20 días para septiembre, mes que estará marcado por protestas y desmanes.
La protesta del viernes pasado del Team Patriota en La Moneda.
Es más, muchos están inquietos por lo que pueda suceder mañana en otra protesta convocada por el “Team Patriota” en las cercanías de La Moneda, donde las coordinaciones, además, dicen que no están funcionando bien.
Y ponen un ejemplo: la salida de protocolo del Presidente para saludar a los manifestantes de hoy en la Alameda, pues desde la guardia presidencial no avisaron que el Mandatario iría hasta el lugar, generándose un caos que significó mover las barreras, que sólo ayer les pidieron ubicar. (La Tercera)
Una serie de investigaciones administrativas a diversas reparticiones estatales lleva adelante la Contraloría contra reloj en los casos vinculados al traspaso de fondos desde instituciones públicas a fundaciones.
Las investigaciones por estos líos de platas caminan por vías distintas. Por un lado, está el Ministerio Público, cuyas fiscalías regionales indagan los traspasos de fondos en 39 causas a lo largo del país y, por el otro, está Contraloría, entidad que revisa la legalidad de los convenios que autorizaron las transferencias.
Así, tras estallar el escándalo por el convenio entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, Contraloría inició de oficio una serie de indagatorias que ahora se tornaron prioritarias, a fin de evacuar las primeras responsabilidades en las distintas aristas que tiene el caso. De hecho, es el citado convenio entre la Seremi de Vivienda y el organismo ligado a ex personeros de Revolución Democrática el que podría ser el primero en desembocar en resultados.
El organismo dirigido por Jorge Bermúdez dividió en cuatro grandes áreas sus indagatorias, las que buscan determinar cuáles son las que presentan los mayores riesgos para luego definir qué tipo de fiscalización llevar adelante. Las cuatro áreas corresponden alos gobiernos regionales (GORE), el Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, los contratos de la Seremi del Minvu de Antofagasta y el Ministerio de las Culturas.
Son 16 los gobiernos regionales que indaga Contraloría, a partir del “freno” que activó a los contratos entre las instituciones públicas y las fundaciones, anunciado a fines de junio. Del total de procesos de toma de razón, 29 fueron declarados ilegales.
Se trata de auditorías que están en pleno desarrollo en Arica, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Rancagua, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagosy Ñuble. A ellas se suman Coquimbo, Magallanes y la Región Metropolitana, donde la Contraloría ya solicitó información.
En paralelo, está recabando los antecedentes de los gobiernos regionales de Tarapacá, Los Ríos y Aysén, para definir el alcance de la fiscalización que se llevará a cabo, la cual, comentan, podría tener serios impactos desde el punto de vista de la legalidad del traspaso de fondos.
De estos, el caso del GORE de Los Lagos es el más complejo. Las transferencias de fondos en esa región despertaron sospecha en Contraloría, pues de los 29 convenios declarados ilegales en todo Chile, 22 tienen su origen en la repartición que lidera Patricio Vallespín (ex DC).
En el caso de la segunda área investigada, el Programa de Asentamientos Precarios, esta abarca a todas las regiones del país e involucra a Serviu, varias municipalidades y gobiernos regionales. En rigor, se está fiscalizando por completo dicho programa, como por ejemplo, todas las transferencias entregadas por el Ministerio de Vivienda en esta materia, entre 2021 y 2023.
El cerco de Contraloría a 16 gobiernos regionales, dos ministerios y el “misil” que prepara sobre el convenio del Minvu con Democracia Viva. En la imagen, Jorge Bermúdez.
OBSERVACIONES Y PRÓRROGA
En cuanto a la tercera área observada -los contratos de la Seremi de Vivienda de Antofagasta-, el ente de control estableció una Investigación Especial (INVE), la que abarca específicamente la transferencia de $ 426 millones a Democracia Viva. Si bien este traspaso de fondos no fue visado por Contraloría, al tratarse de un convenio por trato directo, ésta revisa la legalidad del proceso previo para entregar los dineros.
Actualmente, el preinforme relativo al convenio ya fue despachado a la Seremi con una serie de observaciones, donde, quienes conocieron el documento, señalaron que se habrían detectado una serie de inconsistencias en las justificaciones para implementar el programa que llevaría adelante Democracia Viva.
Sin embargo, desde la Seremi pidieron prórroga a Contraloría para contestar este pre informe -el cual tiene el carácter de reservado-, por lo que sus descargos los harán llegar el 21 de agosto. El informe final sobre la indagatoria, entonces, se debería conocer en septiembre.
Asimismo, en Teatinos 56 se encuentran fiscalizandoa fondo las transferencias a cerca de 40 fundaciones a lo largo del país, entre ellas, ProCultura, Urbanismo Social, En Ti, entre otras.
El cerco de Contraloría a 16 gobiernos regionales, dos ministerios y el “misil” que prepara sobre el convenio del Minvu con Democracia Viva.
Por último, está la cuarta área indagada. Se trata del Ministerio de las Culturas, organismo que está bajo la mira de Contraloría, pues se está auditando la totalidad de las transferencias en dicha secretaría de Estado, con el propósito de determinar cuáles son las que presentan los mayores riesgos y definir qué tipo de fiscalización llevar adelante en aquellas.
Esta investigación se inició luego de que culminara el sumario administrativo en contra de la exsubsecretaria de Culturas, Andrea Gutiérrez, quien firmó la adjudicación de dos convenios con la Corporación para el Desarrollo de Santiago, organismo en el que ella trabajó antes de que asumiera Gabriel Boric como Presidente.
En todas estas indagatorias específicas, Contraloría fijó la misma metodología empleada para las investigaciones desarrolladas en el marco de la pandemia por el Covid-19. Es decir, en caso de ser necesario, se emitirán informes parciales, que contendrán los avances del trabajo realizado a la fecha de emisión de cada investigación. En otras palabras, se aplicará una suerte de principio “hallazgo encontrado, hallazgo informado”.
En paralelo, también se está efectuando un trabajo coordinado con el Ministerio Público, en torno a compartir antecedentes e información, enfoques de investigación y otros elementos relevantes, algo que se seguirá profundizando en la medida en que avancen las indagaciones. (La Tercera)
Las isapres Banmédica y Vida Tres, de propiedad de Empresas Banmédica, decidieron suspender la venta de planes de salud luego de que se conociera la nueva y trascendental derrota que sufrieron las isapres en la Corte Suprema. Esta vez, referida al último gran frente judicial que a la industria le quedaba pendiente por resolver: el ajuste del precio por las Garantías Explícitas en Salud (GES) que se realiza cada tres años, y motivo por el cual los afiliados han recurrido a las cortes de Apelaciones del país para dejar sin efecto dichas alzas.
En concreto, ambas isapres informaron a sus respectivas fuerzas de ventas que “hemos tomado la decisión de suspender a partir de hoy la comercialización de todos nuestros planes de salud a la espera del fallo para eventuales ajustes de nuestros precios y productos”, según dice el comunicado que enviaron a sus trabajadores.
Allí argumentan que esto ocurre a partir de “la información filtrada en la prensa respecto a lo que sería un eventual escenario del fallo GES, el cual contemplaría una importante baja en la prima actual cobrada”.
Isapres Banmédica y Vida Tres suspenden la venta de planes de salud tras fallo GES de la Suprema. Foto: Andres Perez
Finalmente, dijeron que “considerando que el fallo de la Corte Suprema no ha sido publicado oficialmente, los mantendremos al tanto de cualquier novedad o actualización sobre este tema”.
En un comunicado que redactó la empresa como borrador, pero que finalmente no se envió de manera oficial, había un párrafo adicional, donde afirmaban que a raíz de lo anterior “nos encontramos efectuando el recálculo del precio de toda nuestra oferta de planes de salud, con el objeto de que, en la eventualidad de que se produzca el escenario expuesto, podamos incorporar la posible rebaja de la prima GES”.
Si bien el fallo oficial no se ha hecho público aún, fuentes al tanto de lo decidido por la Tercera Sala de la Corte Suprema señalan que lo resuelto implica fijar un tope máximo del ajuste que pueden hacer las isapres del precio GES, para toda su cartera de afiliados, el cual quedó establecido por el máximo tribunal en 7,2 UF anuales.
Actualmente, todas las isapres tienen un precio mayor que ese. En ese sentido, las isapres tendrían que hacer devoluciones de montos que hayan cobrado por sobre el valor fijado por la Suprema, en caso que corresponda. Según cálculos realizados por el movimiento Salud Libre que encabeza Victoria Beaumont, la potencial devolución sería de unos US$582 millones, según los montos cobrados en exceso hasta el cierre del mes pasado.
Isapres Banmédica y Vida Tres suspenden la venta de planes de salud tras fallo GES de la Suprema.
Todas las isapres empezaron a tomar medidas este jueves a raíz de lo que ha transcendido sobre el fallo. Así por ejemplo, se han activado algunas reuniones y se han suspendido otras. Reflejo de ello es que este jueves a las 16.00 horas el gerente general de isapre Consalud, Rodrigo Medel, tenía agendada una reunión -llamada “Live Consalud”- con sus trabajadores, sin embargo, ella se suspendió “a la espera de la publicación del fallo de la Corte Suprema por la judicialización del alza GES”, dice el comunicado que enviaron a sus trabajadores. (Pulso)
En horas de esta tarde, el Presidente Gabriel Boric -en una nueva salida de protocolo- abandonó su oficina en el Palacio para intentar dialogar con adherentes a una manifestación que tenía lugar en las afueras de La Moneda.
En los registros se ve al Mandatario intentando apaciguar las aguas con los adherentes a la movilización, que fue convocada por comités de vivienda y organizaciones sociales que protestaban en contra del proyecto de leyque endurece medidas contra las usurpaciones de terrenos (también apodada por grupos de izquierda como la Ley Antitomas).
“Cuando dijimos que íbamos a construir 270 mil viviendas, muchos nos dijeron que era imposible. Nosotros les dijimos que no solo íbamos a construir las 270 mil viviendas, sino que lo vamos a superar y vamos a trabajar en conjunto con ustedes y los comités”, dijo el Presidente Boric con megáfono en mano ante los manifestantes.
La irrupción del Mandatario en la manifestación tomó por sorpresa a sus equipos de escolta y de Avanzada, a quienes se les apreciaba visiblemente incómodos y tensos por la situación.
Acompañado por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, el Presidente con megáfono en mano se acercó a los manifestantes y aseguró que “no voy a dar mi brazo a torcer para cumplir los anhelos y el programa que el pueblo me ha encargado”.
“Cuando hayan errores, vamos a enmendar en conjunto con ustedes, porque es al pueblo -a ustedes- a quienes nos debemos. Cuenten conmigo como Presidente para seguir conversando siempre y enfrentando juntos las dificultades que tenemos, porque esta pega no es fácil, pero yo no voy a dar mi brazo a torcer para cumplir los anhelos y el programa que el pueblo nos encargara”, cerró su alocución el Mandatario, entre gritos de los presentes.
Tras su intervención, Boric conversó con algunos de los manifestantes y se sacó fotos con ellos, mientras era acompañado de vuelta al Palacio. También se escucharon gritos de detractores, quienes lo emplazaban a cumplir las promesas adquiridas en su programa en materia habitacional.
En la víspera, en una actividad en Puente Alto, donde confirmó el nuevo trazado de la Línea 9 del Metro de Santiago, el Presidente había comentado -en tono de broma- que, por motivos de seguridad, no lo dejan “moverse” como lo hacía antes.
Al relatar que antes de llegar a La Moneda él se trasladaba en transporte público -”nunca tuve auto” dijo-, comentó: “Soy usuario del transporte público hasta ahora que no me dejan moverme, pero trato de moverme”. Ahí agregó, en alusión al jefe del servicio PPI del Mandatario, el coronel Patricio Aguayo, “pobre ‘Patito’ Aguayo se va a enojar (…) Sí, sí me dejan moverme”.
Frente a los presentes en la actividad -en la que comentó que prefería el trato directo con las personas y no las actividades “robotizadas”- dijo incluso que estaban “conversando” con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, la posibilidad de ir al encuentro entre Universidad Católica y Palestino, que se realizará este domingo a las 15 horas, en transporte público.
“Estábamos conversando la posibilidad con el ministro Muñoz de ir a La Cisterna a ver a la Católica y Palestino en Metro, pero vamos a ver cómo anda la cosa”, afirmó.
En mayo de este año, precisamente para un encuentro de Universidad Católica -del cual Boric es hincha- se generó una polémica por su asistencia al Estadio Santa Laura, para un duelo contra La Calera. La presencia del Mandatario, quien se instaló en el sector de tribuna, terminó acarreando un fuerte despliegue de seguridad. (La Tercera)
Google y Universal Music están en conversaciones para conceder licencias de melodías y voces de artistas para canciones generadas por Inteligencia Artificial, mientras el negocio de la música intenta rentabilizar una de sus mayores amenazas.
Las conversaciones tienen como objetivo establecer una asociación para una industria que está lidiando con las implicaciones de la nueva tecnología, incluyendo un aumento en las canciones «deepfake» que pueden imitar de forma convincente las voces, letras y sonido de artistas establecidos, a menudo sin consentimiento.
La voz de Frank Sinatra fue utilizada en una versión de la canción de hip-hop «Gangsta’s Paradise», mientras que la de Johnny Cash se usó en el sencillo pop «Barbie Girl». Un usuario de YouTube llamado PluggingAI ofrece canciones imitando las voces de los fallecidos raperos Tupac y Notorious B.I.G.
A medida que la IA gana adeptos, algunas grandes estrellas han expresado su temor a que su trabajo se vea diluido por versiones falsas de sus canciones y voces. En abril, Drake criticó una canción en la que la IA imitaba su voz, mientras que el rapero Ice Cube ha descrito estas canciones clonadas como «demoníacas».
Las conversaciones entre Google y Universal Music se encuentran en una fase inicial y no es inminente el lanzamiento del producto, pero el objetivo es desarrollar una herramienta para que los aficionados puedan crear estas canciones de forma legítima y pagar por ello a los propietarios de los derechos de autor. (FT-DF)
Una dura carta dirigida al Presidente Gabriel Boric -a la que tuvo acceso La Tercera- envió el martes la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN).
En la misiva, los parlamentarios expresan su “molestia y preocupación” por las declaraciones que -a través de redes sociales- emitió este martes el Mandatario emplazando a la bancada por su apoyo a la diputada María Luis Cordero.
El lunes la Corte Suprema confirmó el desafuero de Cordero -quien es independiente pero forma parte de la bancada de Renovación- en el marco de la querella por injurias con publicidad interpuesta por la senadora Fabiola Campillaien contra de la psiquiatra.
Respecto a la senadora, quien perdió la visión en sus dos ojos por el impacto de una bomba lacrimógena, Cordero aseguró en marzo de este año que “ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega”; lo que gatilló las acciones judiciales de la parlamentaria.
Conocido el desafuero, el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, aseguró que Cordero seguiría siendo parte del comité. Además, respecto del fallo, sostuvo que “no se ajusta para un desafuero de un parlamentario. Esta es una opinión, por muy hiriente que esta sea, es solo una opinión. No da para un delito”.
“Que lamentable que la derecha chilena defienda a una diputada que miente y revictimiza a quien fue privada de su vista para siempre por un disparo de una lacrimógena (Senadora Fabiola Campillai). Más allá del debate jurídico, no normalicemos estos retrocesos en nuestra convivencia”, fue la declaración del Mandatario este martes.
Que lamentable que la derecha chilena defienda a una diputada que miente y revictimiza a quien fue privada de su vista para siempre x un disparo de una lacrimógena (Senadora Fabiola Campillai). Más allá del debate jurídico, no normalicemos estos retrocesos en nuestra convivencia. https://t.co/iHk6mOvtGf
En ese contexto, en la carta, los diputados dicen que les parece “injurioso y gratuito que por cuestionar el desafuero de la diputada María Luisa Cordero se nos acuse de fomentar la violencia o de revictimizar a la senadora Fabiola Campilla”.
“No hay en las declaraciones de la Bancada de diputados de Renovación Nacional en relación al desafuero ningún tipo de normalización de la violencia ni apología a la misma. Por el contrario, tal como lo hemos señalado en otras ocasiones, reiteramos la impropiedad de las declaraciones de la diputada Cordero, lo que no obsta a que critiquemos fuertemente la decisión de desaforarla. La emisión de declaraciones en ejercicio de la libertad de expresión y con relación a un funcionario público, aun cuando fueren crueles o hirientes, no pueden ser jamás consideradas constitutivas de delito ni menos alterar los equilibrios democráticos y vulnerar con ello el derecho a la participación política de miles de ciudadanos que votaron por la diputada Cordero. Esa es en síntesis la crítica que hacemos del desafuero, pero que no desconoce la impropiedad y la inconveniencia de los dichos de la doctora Cordero en el marco de un debate democrático respetuoso”, agregan.
“Por eso es que las declaraciones del Presidente de la República no solamente son destempladas, sino que además impropias de un Jefe de Estado que debe redoblar esfuerzos por recuperar la confianza de la ciudadanía producto de una gestión gubernamental fuertemente atravesada por episodios de corrupción como pocas veces se ha visto en la historia institucional chilena”, continúa la misiva.
Los diputados también plantean que le corresponde al Presidente una “tarea gigantesca que demanda un estándar de integridad y madurez incompatibles con declaraciones o meros ejercicios de opinología por medio de redes sociales en los que se ataca al partido con representación parlamentaria más grande del país, haciendo guiños o entregando mensajes a ese 25% que parece ser la base de apoyo que le resta a este gobierno”.
En esa línea, aseguran que “la opinología al servicio de la guerrilla política es algo impropio del Presidente de todos los chilenos, quienes esperan que de una vez por todas deje de lado su rol como presidente de federación de estudiantes y adopte las decisiones que espera el país, aun cuando signifique une merma en sus afectos”.
OFENSIVA CONTRA JACKSON
Con motivo del documento dirigido al Presidente, los diputados insisten en la ofensiva para que el Mandatario remueva al ministro de Desarrollo Social -y uno de los colaboradores más estrechos de Boric- Giogio Jackson, en medio de los líos de platas políticas.
“Es fundamental cesar de una vez en sus funciones gubernamentales al ministro Jackson y a la Directora de Presupuestos (Javiera Martínez), que aún cuando no tengan participación directa en los casos de corrupción, son políticamente responsables de generar un clima propicio para la corrupción a través de la flexibilización de controles fiscales”, dicen en el documento.
“Esperamos que en lo sucesivo, Su Excelencia concentre sus esfuerzos en gobernar y en despejar las dudas que pesan sobre el gobierno respecto de los escandalosos casos de corrupción que afectan a nuestro país, dejando de lado agresiones o descalificaciones que no solamente son injustificadas, sino que además afectan el clima en entendimiento y de consensos que deben primar para alcanzar acuerdos que vayan en beneficio de millones de chilenos”, remata la misiva. (La Tercera)
Los presidentes de la Amazonía, reunidos este martes en la ciudad brasileña de Belém, se comprometieron a impulsar «una nueva agenda» de cooperación en el bioma, pero evitaron metas concretas de deforestación y se enredaron en relación a la explotación de combustibles fósiles.
En una extensa declaración de 113 puntos, los ocho países amazónicos establecieron una vaga hoja de ruta para garantizar la supervivencia de la selva, con medidas para la gestión del agua, la seguridad, la salud, las infraestructuras sostenibles y la promoción de los derechos humanos de los pueblos tradicionales.
La declaración fue el broche a la IV reunión de presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que contó con cuatro de los ocho mandatarios convocados: Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), en calidad de anfitrión; Luis Arce (Bolivia), Gustavo Petro (Colombia) y Dina Boluarte (Perú).
«Estoy convencido de que la historia de la Amazonía será medida a partir de este encuentro. Que habrá un antes y un después«, afirmó Lula durante su discurso en la sesión plenaria.
Muitos falam sobre a Amazônia e, muitas vezes, nunca estiveram nela. Agora é a Amazônia levantando sua voz para que o mundo assuma o compromisso com o desenvolvimento aliado com a preservação do nosso bioma.
— Lula (@LulaOficial) August 8, 2023El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, aquejado por una otitis, canceló su participación a última hora y se unió así a las bajas de Guillermo Lasso (Ecuador), Chan Santokhi (Surinam) e Irfaan Ali (Guyana), cuyos países estuvieron representados por otros miembros de sus gabinetes.
Entre los puntos acordados, la cumbre «urgió» a las naciones más desarrolladas a cumplir con su compromiso de financiar el cuidado de la selva, adoptado en diversos foros globales y que se traduciría en el pago de 100.000 millones de dólares (unos 91.300 millones de euros al cambio de hoy) anuales en financiamiento climático.
SIN MEDIDAS CONCRETAS DE DEFORESTACIÓN O EXPLOTACIÓN
Sin embargo, los ocho países amazónicos no consiguieron durante el encuentro -el primero de alto nivel desde 2009- establecer una meta conjunta para acabar con la deforestación, uno de los grandes males que asolan al mayor bosque tropical del planeta. En su lugar, crearon una «alianza amazónica de combate» a la tala ilegal de árboles, pero dejaron libertad a los Estados para definir sus propias metas nacionales.
Brasil y Colombia ya se han comprometido a acabar la deforestación amazónica hasta 2030.
Otro de los asuntos que más expectativas generó es la explotación de petróleo en el ecosistema, que llevan a cabo algunos países como Brasil y Ecuador y que Colombia trabajó en esta cumbre para llegar a un acuerdo concreto.
Tan solo hubo una mención en el artículo 79, cuando los países se comprometieron apenas a «iniciar un diálogo sobre la sostenibilidad de sectores tales como minería e hidrocarburos en la región amazónica».
El presidente Petro mencionó los hidrocarburos en la sesión plenaria entre los puntos de «disenso» entre los socios de la OTCA. En este sentido, criticó el «negacionismo» científico de algunos líderes progresistas que defienden la preservación del medioambiente y al mismo tiempo basan el crecimiento del país en el «capital fósil» con proyectos de «petróleo, gas y carbón».
Un tribunal amazónico de justicia para los delitos ambientales contra la selva, un tratado militar amazónico, un centro multilateral de investigación científica de la Selva, una Organización de tratado de cooperación amazónica, OTCA, que se abra a los movimientos sociales… pic.twitter.com/0awf5ZPVFK
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 8, 2023Los comentarios de Petro fueron interpretados como una alusión a países como Brasil, que estudia un cuestionado proyecto petrolífero frente a la desembocadura del Amazonas; Ecuador, poseedora de una prolífica industria del crudo en la selva; o Surinam y Guyana, con grandes reservas.
REFORZAR LA SEGURIDAD
En la declaración también se recogen algunas medidas para intentar detener la expansión de las redes de narcotráfico, que han convertido la Amazonía en una ruta estratégica. Entre ellas, «la creación del Centro de Cooperación Policial Internacional en la Amazonía, con sede en Manaos» (Brasil), que se encargará de coordinar «el intercambio de información, inteligencia y el desarrollo de investigaciones contra las «actividades ilícitas».
En este contexto, la presidenta Boluarte defendió formar una alianza «firme y clara» para frenar los delitos ambientales en la selva amazónica, en línea con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien apostó por una fuerza especial que combata la ilegalidad.
Petro fue un paso más allá y abogó por crear un «tribunal internacional ambiental»y una «OTAN amazónica», similar a la de los aliados del Tratado del Atlántico Norte, para combatir los ilícitos «con armas».
Este miércoles, los socios de la OTCA ampliarán las conversaciones a varios países invitados, entre ellos Indonesia, República del Congo y República Democrática del Congo, poseedores de grandes superficies de selva tropical, además de a representantes de Francia, Alemania y Noruega.(Cooperativa EFE)
El alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $ 250 mil es una de las promesas de campaña del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
El viernes 4 de agosto, en la sexta y última sesión de la mesa técnica por pensiones, la jefa de estudios previsionales del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, María José Becerra, expuso sobre el pilar no contributivo del sistema previsional, dando nuevas cifras del proyecto del Ejecutivo.
En su presentación -a la que tuvo acceso DF-, explicó en detalle la propuesta del Ejecutivo de alza a la PGU.
El proyecto de reforma propone que se eleve el beneficio a $ 250 mil gradualmente, realizando el aumento de forma escalonada según tramos de pensión base, “y es condicional a la publicación de la ley de reforma tributaria”, sostiene el documento.
Otra de las modificaciones implica reemplazar el artículo 10 letra b. de la Ley N° 21.419 que establece “no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de 65 o más años en Chile” por la de “no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de Chile” (al mes número 13 de publicada la Ley).
También se establecen modificaciones a largo plazo en materia de focalización. Así, el Gobierno busca extender la cobertura de la PGU al 100% de los adultos mayores, eliminando el requisito de que la persona no pueda integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población, lo que se ejecutaría a partir del sexto año de publicada la ley, condicionada a la publicación de la reforma tributaria.
BENEFICIARIOS Y GASTOS
El aumento del monto de la PGU y el carácter de universal -extensión del beneficio al 100% de adultos mayores-, además de las otras modificaciones propuestas, implicaría, según la presentación de Becerra, un aumento en la cobertura de 166 mil personas al año 2030, con un incremento en el gasto de $ 366 mil millones.
De acuerdo a cálculos de Dipres, el mayor gasto ocurriría en 2056, con $ 793 mil millones adicionales y 411 mil beneficiarios. Posteriormente, el desembolso extra del Estado sería decreciente hasta llegar a $ 211 mil millones adicionales en el año 2100.
PENSIONADOS BAJO EL SALARIO MÍNIMO
La iniciativa de aumentar la PGU permitiría que un menor número de personas reciban pensión bajo el salario mínimo. De hecho, con las modificaciones, el Ejecutivo sostiene que caería en 10 puntos porcentuales el número de personas que reciben una pensión total bajo ese monto. Concretamente, si hoy el 73% de los pensionados percibe jubilaciones inferiores al salario mínimo, con esta propuesta esa proporción sería de 63%.
En tanto, también se apunta a que ningún pensionado quede bajo la línea de la pobreza, supuesto que ha tenido apoyo transversal entre los distintos sectores políticos.
Actualmente, el monto de la PGU equivale a $ 206.173, por debajo de la línea de la pobreza, la que en junio llegó a $ 219.549.
INDEXARLA A LA LÍNEA DE LA POBREZA O EL IPC
La idea de aumentar la PGU y que supere la línea de la pobreza es valorada por los distintos sectores políticos, aunque en la oposición plantean que la cobertura al 100% puede ser “injusta” porque se beneficiaría a los sectores de mayores ingresos.
Otro de los temas que fueron tratados en la última mesa técnica es la necesidad de que la PGU sea indexada a algún tipo de indicador, como la línea de la pobreza o el IPC, con el fin de encapsularla y alejarla de eventuales riesgos de carácter político. (DF)
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