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CS declara inadmisible reclamación de consejeros oficialistas por indicaciones opositoras

La sala integrada por los cinco ministros sorteados para resolver este tema se reunió para determinar la admisibilidad de la reclamación ingresada por la izquierda al máximo tribunal. Luego de analizar el recurso el máximo tribunal declaró que la solicitud del bloque oficialista es inadmisible. La resolución fue una decisión divida por tres votos contra dos.

Los ministros de mayoría fueron Arturo PradoMaría Cristina Gajardo y Mario Carroza. En tanto, los de minoría fueron los magistrados Andrea Muñoz y Jorge Dahm.

Fuentes conocedores de la resolución cuentan que los ministros que concurrieron a la mayoría estimaron que la reclamación debió haber sido acompañada de un certificado de la secretaría que acredite la condición de consejeros en ejercicio de los reclamantes y que se cumplía con reunir a más de un quinto del Consejo.

En el recurso oficialista se reclamó por las indicaciones ingresadas por las tres bancadas de oposición -republicanos y Chile Vamos- las cuales buscan crear en total tres nuevos capítulos sobre “Defensa nacional”, para alojar aquí las normas de las Fuerzas Armadas, otro sobre seguridad pública y un último para la Defensoría de las víctimas.

Para que la reclamación fuera considerada admisible, el escrito debía estar presentado dentro del plazo correcto. La Constitución establece un plazo de cinco días para reclamar, los cuales se cuentan desde que consejeros o comisionados tomaron conocimiento del vicio. Además exige un número de firmas que, en este caso, equivale al apoyo de al menos diez consejeros del órgano redactor quienes debían certificar correctamente su calidad de representantes en ejercicio.

En la reclamación oficialista figuran 14 firmas de los 17 representantes de izquierda. Los tres apoyos faltantes son de los consejeros Miguel Littin (PS), Jessica Bengoa (CS) y el vicepresidente del Consejo, Aldo Valle (Ind-PS). Los dos primeros no firmaron por problemas de coordinación y el segundo optó por mantenerse al margen debido a su rol institucional como vicepresidente del Consejo. La reclamación fue presentada el pasado domingo por la noche, ya que ese día, según el análisis jurídico de la izquierda, vencía el plazo desde que se cometió la eventual infracción.

Dado que la reclamación fue declarada inadmisible, la solicitud pasa a ser considerada como “no presentada”. Pese a eso, aún queda una última opción, por lo tanto, aún hay que esperar hasta que se agoten todas las instancias procesales.

La izquierda va a apelar a esa decisión a través de un recurso de reposición el cual debe ser presentado “dentro de segundo día” el cual también se resolverá en la cuenta de la sala, es decir, sin necesidad de citar a una audiencia. En ese recurso se acompañarán las certificaciones que solicita el voto de mayoría de la sala.

El autoacordado de la Corte Suprema que regula el procedimiento de la reclamación agrega que “si se rechaza la reposición, se pondrá fin al procedimiento y se ordenará su archivo”. El recurso de reposición deberá ser presentado por William García, el abogado patrocinante del oficialismo.

REPONDRÁN RECURSO

Luego de que la Corte Suprema declarara inadmisible su reclamación por la inclusión de nuevos capítulos al texto constitucional -impulsados por la oposición-, los consejeros oficialistas confirmaron esta tarde que presentarán la reposición del recurso. Mientras que desde el Partido Republicano los acusaron de tener «poca sensibilidad» con la seguridad, materia que abordan los nuevos apartados.

En una resolución con voto dividido -tres contra dos-, el máximo tribunal consideró como «insuficientes» los documentos presentados por los consejeros «al no haberse acompañado un certificado del órgano al que pertenecen los firmantes dando cuenta que constituyen al menos un quinto de los miembros en ejercicio». Sin embargo, cuentan con un plazo de dos días para presentar una reposición del recurso.

La delegada de la bancada CS-PC, María Pardo, indicó que «estamos haciendo las gestiones necesarias para efectos de poder incorporar ese documento. Sabemos que es un recurso que es una reclamación que es inédita, está regulada específicamente de este proceso constituyente y evidentemente hay interpretaciones disímiles acerca de cuáles son los requisitos respecto del texto constitucional y del autoacordado, por lo mismo vemos que es un sentencia con votos divididos».

«Seguimos pensando que existe un vicio esencial por el cual reclamamos que a nuestro parecer impide que puedan debatir de manera transversal, llegar a grandes acuerdos, en materias que son tan importantes para la ciudadanía en materias como son la seguridad de las personas», sostuvo Pardo.

En la misma línea, el delegado de los consejeros RD-IND, Julio Ñanco, comentó que «estamos completando la información para poder hacer el reingreso del certificado que podría acreditar lo que la Corte Suprema necesita para poder continuar con el trámite».

Al contrario, el delegado de los consejeros republicanos, Luis Silva, «valoró» la decisión de la Corte Suprema, argumentando que esto «deja abierto el camino para que estas materias tan importantes para la ciudadanía puedan seguirse discutiendo en el seno del Consejo Constitucional y eventualmente plasmarse en el texto que se presente a Plebiscito como la Constitución de la seguridad».

Además, Silva consideró que «ante la eventual decisión del oficialismo de pedir que se revise esta decisión de la Corte Suprema, creemos que demuestra la poca o escasa sensibilidad del oficialismo con esta materia tan sentida por la ciudadanía como es la seguridad», añadiendo que hablan además de «poca sintonía» con la ciudadanía.

Sobre los capítulos de seguridad, Ñanco expresó que «hemos dichos que la forma (de incorporarlos) es observable y que estamos acudiendo a la instancia que podría decir si corresponde o no. Estamos de acuerdo que se incorpore el contenido de Fuerzas Armadas y también de seguridad, y eso es lo que le hemos pedido a la derecha que podamos concurrir a un acuerdo transversal en el tema de seguridad pública». (La Tercera-Emol)

Gobierno y Carabineros alerta por protestas en el centro a 30 días de septiembre

Fue, al menos, con una semana de anticipación que el denominado “Team Patriota” comenzó la convocatoria para una manifestación en las afueras de La Moneda y que, finalmente, se concretó el viernes 28 de julio. La protesta contó con la asistencia de cerca de mil personas -según estimaciones de Carabineros- y generó un revuelo que no sólo impactó en el tránsito y en opiniones políticas, sino que también en la interna de la policía uniformada y en el gobierno.

El procedimiento policial dejó dudas en los mandos de Carabineros, dado que los participantes llegaron hasta una zona catalogada de “sensible” por encontrarse la sede del Ejecutivo. La protesta se instaló justo por el frente de La Moneda, en la calzada que da hacia la Alameda, donde , si bien en un inicio no hubo incidentes, con el correr de las horas sí ocurrieron situaciones de gravedad y en la que no actuaron los uniformados.

La primera, y quizás la más preocupante ahora para la policía, fue la denuncia de un fotógrafo que acusó que uno de los manifestantes intentó sacar un arma para amenazarlo. Además, otra mujer también dijo ser intimidada con un cuchillo, y algunos registros de celulares dieron cuenta de la presencia de personas con “perros de razas peligrosa y sin bozal” en la protesta. Todo esto llegó a Carabineros, horas después de la marcha.

Es por esta situación que llegó hasta la Zona Metropolitana de Carabineros un documento electrónico firmado por el director nacional de Orden y Seguridad, el general Enrique Monrás. El alto oficial pidió al general Carlos González conocer qué pasó ese día y por qué los manifestantes accedieron a ese perímetro, el que también incluyó la calles Morandé y Teatinos.

Esta “revisión de cuentas” que pidió el general Monrás a González, también incluye la solicitud de un informe sobre si fallaron o no los protocolos de seguridad, tomando en cuenta que la marcha estaba agendada hace casi una semana. No fue sorpresiva.

Foto: Archivo / Agenciauno

Quien también expresó su molestia fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien pidió -a través de su jefe de gabinete, Gabriel de la Fuente- que se mejorara la coordinación entre la guardia del Palacio y los mandos operativos, pues no se previó el avance de la marcha, la cual sólo estaba autorizada para el bandejón central de la Alameda.

Al interior del mando policial también ronda la duda de por qué no se actuó para desalojar la manifestación, una vez que se masificó y tomó un tenor distinto al de una protesta pacífica.

Desde la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, señalaron a La Tercera PM que “como en cada actuación de control de orden público, se elaboran informes sobre el carácter de la manifestación y los protocolos de actuaciones, los que están en constante evaluación, con el fin de actuar de la manera más eficaz para el control y la seguridad, tanto de los manifestantes como de la comunidad”.

Respecto de la eventual presencia de armas, afirmaron que la denuncia se recibió y ya fue derivada al Ministerio Público.

VALLAS PAPALES

A partir del informe que evacue Carabineros se buscarán opciones para mejorar la seguridad en torno a las manifestaciones en el perímetro de La Moneda, algo que ya se pudo poner en práctica hoy, durante una manifestación del gremio de las parvularias, donde se vio un importante número de efectivos resguardando la protesta.

En el aseguramiento de esta zona del centro de Santiago es clave la presencia de las vallas papales, a pesar de la pretensión inicial del Presidente Gabriel Boric que quería que el palacio no estuviera rodeado por estas rejas que impiden el libre tránsito de los ciudadanos.

01/08/2023 VALLAS PAPALES EN CALLE TEATINOS FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“La Moneda está totalmente cercada de vallas papales, el hecho de volver a abrir simbólicamente las puertas o el sector de tránsito de La Moneda al pueblo de Chile va a ser muy significativo”, dijo el Mandatario, antes de asumir, en febrero del 2022.

Sin embargo, si bien eso se mantuvo durante los primeros días de la administración, 15 meses después el panorama es distinto. Estas rejas son instaladas con frecuencia, pero no de manera fija.

Hay días en que el perímetro abarca también el corte de calle Teatinos (como hoy), y otros solamente el de calle Moneda. En la guardia del Palacio explican que todo varía dependiendo de la contingencia y los espacios que se busca abordar.

En Carabineros, las manifestaciones que se están replicando en el centro de Santiago preocupan. No sólo porque pueden impactar en el funcionamiento normal de “zonas sensibles”, sino que también porque el número de personal y efectivos para estas labores siempre es escaso, dado que todo ha coincidido con las tomas y protestas en los liceos emblemáticos. Y, advierten: “Aún no comienza septiembre”. (La Tercera)

Fiscalía de Colombia acusa al hijo de Gustavo Petro de enriquecimiento ilícito

La Fiscalía colombiana consideró este martes que Nicolás Petro Burgos, primogénito del Presidente Gustavo Petro, incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito, durante los alegatos de la audiencia pública de imputación de cargos que se lleva a cabo en Bogotá.

«No hay ninguna duda de que usted está inmerso en la conducta de enriquecimiento ilícito de servidor público», dijo al hijo del presidente el fiscal primero delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Mario Burgos.

El fiscal cuestionó este martes los gastos e ingresos de Petro Burgos, detenido el pasado sábado en Barranquilla (norte) junto con su ex esposa Daysuris Vásquez, por los posibles delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Según el fiscal, Petro Burgos, que es diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico (cuya capital es Barranquilla), tuvo en los dos últimos años ingresos por 220 millones de pesos (unos 54.000 dólares al cambio de hoy), pero gastó 1.600 millones de pesos (casi 399.000 dólares).

INGRESOS INJUSTIFICADOS

El fiscal hizo un repaso de todas las cuentas bancarias de Nicolás Petro y sus saldos, cuestionando la suma de dinero que acumulaba y considerando que su única fuente de ingresos era como servidor público (diputado regional), que tiene un sueldo de «13 millones de pesos al mes (3.200 dólares al cambio de hoy)». Para justificar sus gastos mensuales, el detenido tendría que ganar unos 200 millones de pesos (casi 50.000 dólares) al mes, según los cálculos presentados por el acusador.

El hijo del Presidente colombiano fue detenido como parte de una investigación iniciada en marzo pasado por la Fiscalía luego de que su ex esposa, también arrestada, revelara a la prensa que Nicolás Petro recibió dinero ilegal para la campaña de su padre, que finalmente nunca llegó a su destino pues lo utilizó para incrementar las arcas de su patrimonio.

«Usted solo contaba para el 2022 con 280 millones de pesos (unos 70.000 dólares)» con su sueldo de diputado, «y a pesar de ellos sacó en efectivo unos 600 millones (cerca de 150.000 dólares) para la compra de una casa«, agregó el fiscal en la primera parte de la audiencia, en la que se centró en el posible delito de enriquecimiento ilícito, dejando para después el de lavado de activos.

GASTOS ELEVADOS

El fiscal hizo además un recuento pormenorizado de los gastos de los últimos años del hijo del presidente, como compras de casas, pago de alquileres, compra de vehículos y de artículos de marca.

«Usted no cuenta, y quedó demostrado, con ninguna otra actividad económica que genere ingresos; en sus declaraciones de renta presentada para los años 2020 y 2021 enunció tener únicamente rentas derivadas de su trabajo como diputado«, agregó Burgos.

En opinión del fiscal, se concluye que el patrimonio de Petro Burgos «no es resultado ni fruto de su trabajo sino de constantes ingresos clandestinos e irregulares desde 2021 hasta finales de 2022».

Sobre Vásquez, el fiscal dijo que «ocultó, administró y custodió esos bienes de enriquecimiento ilícito para blanquear los mismos», y por eso fue detenida también por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales.

Tras estos alegatos, el juez ordenó un receso de unos minutos de la audiencia. (Emol EFE)

Casi la mitad de US$ 8 mil mills. que espera recaudar el Pacto Fiscal irá a la PGU

El Presidente, Gabriel Boric, presentó esta mañana los esperados lineamientos de la propuesta de pacto fiscal, en la que el Gobierno ha estado trabajando para consensuar un acuerdo entre el mundo político y privado para financiar sus reformas luego del duro golpe que significó el rechazo en marzo de su reforma tributaria.

En total, son 20 medidas de reforma del Estado, 38 medidas para impulsar la inversión, la productividad y el crecimiento y dos proyectos de ley tributarios, uno sobre el combate a la evasión y elusión y otro con incentivos para la formalización y beneficios para la clase media, junto con una reforma de la tributación a la renta.

Con esto, el Gobierno espera recaudar US$8 mil millones, equivalente al 2,7% del PIB, lo que permitiría financiar urgencias en materias de pensiones, salud, seguridad ciudadana y protección social.

Así, según la minuta difundida por el Ejecutivo, casi la mitad de los recursos -algo más del 1,2% del PIB- iría para financiar un aumento de la Pensión Garantizada Universal(PGU) a $250.000 mensuales y el costo fical del aumento de 6% de cotizaciones de cargo de los empleadores. Le siguen transformaciones en materia de salud, con el 0,9% del PIB, que incluyen el fortalecimiento de la atención en consultorios y la reducción de listas de espera en hospitales.

Asimismo, un 0,3% del PIB iría para el desarrollo de un sistema de cuidados de niñas y niños, personas mayores y en situación de discapacidad.

Y cierra la lista el compromiso de completar el incremento de US$1.500 millones de inversión en seguridad ciudadana, que abarca el mejoramiento de las condiciones operacionales y eficacia de las policías y de la administración de justicia, lo que tendría un costo del 0,3% del PIB.

En específico, las medidas relacionadas con salud y protección social se financiarían con los cambios al impuesto a la renta y los dividendos de una mayor eficiencia del gasto público y el crecimiento económico.

Mientras que los recursos vinculados a pensiones y seguridad ciudadana saldrían de una fiscalización más eficiente respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias.

MODIFICACIONES EN IMPUESTO A LA RENTA

Por otra parte, en la minuta también se detalla que el Ministerio de Hacienda solicitará una opinión técnica independiente sobre el espacio fiscal disponible a partir de los dividendos de crecimiento y eficiencia. Lo primero, estará a cargo de un Comité de Expertos, mientras que lo segundo será realizado por el grupo de presupuestos de la OCDE.

«La diferencia entre el costo fiscal de las prioridades identificadas, y los dividendos de crecimiento y eficiencia, serán financiados por medio de una reforma tributaria, que contendrá una mejora de la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias y una reforma de la tributación a la renta, que incorpore aumentos de impuestos y beneficios tributarios», dice el escrito.

En ese sentido el texto detalla que «este ejercicio será desarrollado con un horizonte de 10 años que considerará una gradualidad consistente entre el mayor gasto y el espacio de financiamiento».

Asimismo, sobre la reforma de la tributación de renta, se señala que abarcará tanto a empresas como personas, «en la perspectiva de elevar el aporte de las personas de mayores ingresos».

«Esta iniciativa incluirá los incentivos tributarios a la inversión, la productividad y la formalización, así como beneficios para la clase media y el nuevo régimen tributario para las empresas de menor tamaño, todos los cuales se estima que tendrán un costo fiscal de 0,5% del PIN», añade.

Por último, la minuta indica que los incrementos de impuestos necesarios para compensar esta menor recaudación y aportar al financiamiento de los gastos prioritarios, se tomará en cuenta el aporte del crecimiento y los compromisos de reforma para fortalecer la eficiencia del Estado para generar espacio fiscal, de acuerdo con las magnitudes estimadas por los procesos de consulta técnica ya citados.

«Por esta razón, la preparación de esta iniciativa se extenderá a lo largo del segundo semestre», cerró. (Emol)

Cta. Cte. de Democracia Viva tiene $291 millones: $100 mills. menos de lo adedudado

Sólo $291 millones fueron hallados en la cuenta corriente de la fundación Democracia Viva, cifra que dista de los $391 millones que el Ministerio de Vivienda está solicitando a modo de devolución a las arcas fiscales, y que habrían sido entregados a través de convenios. Es decir, la fundación tendría $100 millones menos de lo solicitado.

El hecho se dio a conocer por parte del receptor de la medida precautoria que pidió el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el marco del Caso Convenios, quien dio cuenta de los montos al tribunal civil de Antofagasta.

«Procedí a realizar la retención de bienes decretada en autos, sobre la cuenta corriente de propiedad de Fundación Democracia Viva, por la suma de $294.957.312, únicos dineros disponibles en la cuenta al momento de la diligencia. Mismos que deberán ser depositados en la cuenta corriente del Banco Estado, de propiedad del Primer Juzgado de Letras de Antofagasta», indicó el funcionario Manuel García.

El pasado 26 de julio, la fundación había emitido una declaración donde afirmaba estar en un proceso administrativo de determinación del monto que debían devolver, «para eso hemos ingresado un recurso para que considere el presupuesto realmente ejecutado y rendido», señalaron.

Esos montos, señalaron, corresponderían a $294.384.230, lo que en definitiva correspondía al 92% de lo solicitado por el Minvu; una diferencia de $92.384.286 entre ambos cálculos.

DIFERENCIAS DE AVANCES EN CONVENIOS

Según consigna El Mercurio de Antofagasta, de acuerdo a la documentación dispuesta por el CDE, los tres convenios suscritos por Democracia Viva presentan distintos grados de avance y cumplimiento, tanto técnico como financiero.

En el caso del convenio para habitabilidad primaria en el campamento Ecuachilepe, de los $200 millones entregados, la seremi de Vivienda y Urbanismo aprobó la rendición de $23.518.168, correspondientes al 14,3% de los recursos asignados y rechazó rendiciones de los primeros cuatro meses del año, que superan los $50 millones.

En cuanto al convenio que Democracia Viva debía otorgar para el campamento Irrarrázaval, de los $170 millones entregados, la seremi sólo reconoce el gasto de $2.287.625 (1,3% de los recursos) y rechazó casi $16 millones de pesos presentados para rendición durante el 2023. En este caso, el uso de los recursos para gastos de personal y operativos llegaron al 36%.

Por último, en el caso del convenio por $56 millones para desarrollar diagnósticos socio-territoriales en distintos asentamientos de la comuna, el Minvu sólo reconoció el gasto de $3.425.698 (6.1%) y rechazó cerca de $14 millones.

De acuerdo al análisis del Minvu, luego de ocho meses, el convenio sólo presentaba un 16% de avance de actividades.

BOLETAS DE GARANTÍA

El 27 de julio, la Seremi de Vivienda en Antofagasta confirmó que no existen boletas de garantía con fundaciones.

«En el marco de los trabajos de habitabilidad primaria del programa de Asentamientos Precarios, no se contemplaron boletas de garantía con las fundaciones, toda vez que no es una exigencia expresa de la normativa», señalaron.

Asimismo, explicaron que “esto es parte de los defectos del sistema de asignación de recursos con instituciones sin fines de lucro” y agregaron que «el Ministerio se encuentra trabajando para modificar este modelo por uno más transparente y con mejores estándares».

En la misma línea, desde Democracia Viva afirmaron que «el Ministerio de Vivienda y Urbanismo nunca nos solicitó boletas de garantía, cuestión que sí hicimos como Fundación respecto de las constructoras que contratamos para dar cumplimiento al convenio».

De acuerdo a lo informado por las autoridades, la medida de restitución de fondos se vería dificultada ante la ausencia de boletas de garantías que respaldaran la entrega de recursos por parte del Minvu a las distintas fundaciones cuestionadas. Algo que se vería agravado en el caso de Democracia Viva, que según el informe empresarial, no posee ningún bien que permita acreditar su patrimonio o respaldarle ante posibles demandas. (Emol)

Imacec vuelve a caer 1% en junio y completa cinco meses de contracciones consecutivas

El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) se contrajo un 1,0% interanual en junio, informó el martes el Banco Central, en el quinto descenso consecutivo de la economía nacional aunque más moderado que la caída de 2,0% que tuvo en el mes previo.

«De acuerdo con la información preliminar, el Imacec de junio de 2023 cayó 1,0% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó 0,5% respecto del mes precedente y cayó 1,1% en 12 meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que junio de 2022», dijo el Banco Central en un comunicado.

La variación anual del Imacec fue explicada por la caída del comercio y la industria, compensada en parte por el resto de bienes. En tanto, el crecimiento del Imacec desestacionalizado estuvo determinado por el desempeño de la minería, agregó el Banco Central. El Imacec no minero presentó una disminución de 1,3% en doce meses, mientras que en términos desestacionalizados, cayó 0,2% respecto del mes anterior.

Los analistas ya habían anticipado una contracción de entre -1% y -1,7% en junio luego que se conocieron las caídas en los rubros de la industria y del comercio que informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El consenso de las estimaciones en la encuesta de Bloomberg, en tanto, apuntaba a una baja de 1,4%.

ANÁLISIS POR ACTIVIDAD

El comunicado del Banco Central señala que la producción de bienes creció 0,9%, principalmente explicado por el aumento de 2,4% del resto de bienes, grupo impulsado por el valor agregado de la generación eléctrica. La minería, en tanto, creció 1,1%.

En la otra vereda, la industria sufrió una caída de 2,4%.

Si se lleva el análisis a términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó un aumento de 1,7% respecto del mes anterior, gracias a la minería que aumentó 4,5%. El resto de los bienes presentó un alza de 0,8% y la industria cayó 1%.

Sobre la actividad comercial, la entidad informa que esta anotó una disminución de 6,1% en términos anuales en junio. Esta contracción estaría fundamentada en particular por el comercio automotor y minorista, donde disminuyeron las ventas en supermercados, grandes tiendas y puntos de venta especializados en vestuario y calzado.

Ajustada por desestacionalización, la actividad comercial registró una baja de 0,5% respecto a mayo debido principalmente al comercio de automóviles.

Por último, la categoría de servicios no presentó variación alguna en junio. Esto gracias a “la compensación de sus componentes”, dice el Banco Central. En el sector, destacan el crecimiento de los servicios personales y empresariales. En el ámbito negativo, una baja importante estuvo en el transporte, según revela el comunicado.

En términos desestacionalizados, se anotó una disminución de 0,5% respecto del mes de mayo, debido al desempeño de los servicios empresariales.

MINISTRO MARCEL

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó la caída de 1% anual que registró la economía chilena en junio, luego de que el Banco Central publicara esta mañana el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) del sexto mes del año.

En primer lugar, el jefe de las finanzas públicas destacó que si bien, el dato a doce meses marcó una baja -la quinta consecutiva-, hubo un crecimiento de 0,5% en términos desestacionalizados. «Esto significa que la sorpresa negativa que tuvimos el mes anterior, o sea mayo, en relación a la actividad minera se revirtió en junio. Ahora fue una sorpresa positiva».

«Con eso lo que tenemos para el segundo trimestre es una variación de -1,4% en doce meses. Respecto del trimestre anterior, una variación desestacionalizada de -0,6%. Hemos tenido un segundo trimestre que ha sido más débil en buena medida porque varias de las cosas que aportaron positivamente en el primer trimestre no se repetieron en el segundo», acotó.

Dicho eso, Marcel comentó que la caída de la actividad está concentrada en el comercio, lo que está ligado a la contracción del consumo privado. Todo, relacionado con el ajuste que ha estado experimentando la economía para controlar la inflación.

En relación a ello, habló sobre la decisión del Banco Central de iniciar el ciclo de bajas a la tasa de interés, comenzando por un recorte de 100 puntos base para dejar a la tasa rectora en 10,25%.

«Por lo tanto, vamos a empezar a ver más cifras azules en lo que queda del año. Lo que estamos viendo es el punto más bajo del año y de aquí en adelante probablemente vamos a estar viendo cifras más positivas producto del cambio de la orientación de la política monertaria y la estabilización de la economía». Mario Marcel

«Eso significa básicamente que el ajuste en la economía se ha ido completando y que la política monetaria puede pasar a una nueva fase», subrayó.

«La presidenta ha dicho que van a seguir habiendo reducciones importantes de la TPM y eso significa que factores que han estado frenando el gasto y el consumo, como es tener condiciones financieras muy restrictivas, se van a ir relajando durante el resto del año y eso va a permitir que vayamos teniendo hacia final de año cifras más positivas en la variación en doce meses», agregó.

De hecho, Marcel sostuvo que «es probable que en el Imacec de julio ya tengamos una cifra positiva en doce meses».

«Por lo tanto, vamos a empezar a ver más cifras azules en lo que queda del año. Lo que estamos viendo es el punto más bajo del año y de aquí en adelante probablemente vamos a estar viendo cifras más positivas producto del cambio de la orientación de la política monertaria y la estabilización de la economía», cerró el titular de Hacienda. (DF)

Boric presenta seis ejes de Pacto Fiscal: no se insistirá con R. Tributaria en el Senado

La espera terminó. Este martes, en cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric finalmente presentó los lineamientos del denominado «pacto fiscal», propuesta en la que el Gobierno ha estado trabajando desde la Cuenta Pública del 1 de junio pasado, tras el inesperado rechazo de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados.

El texto es el resultado de dos meses de conversaciones y diálogos con diversos actores económicos, políticos y sociales, con quienes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, -líder en las tratativas- sostuvo un total de 32 reuniones.

«Se trata de una propuesta más amplia y sustantiva de lo que muchos imaginábamos en un comienzo, y que ahora, si actuamos con unidad, podemos comenzar a construir», comenzó diciendo en su alocución desde la comuna de Independencia el Mandatario, confirmando de paso que no insistirán con la iniciativa rechazada a través del Senado, donde requería la aprobación de 2/3 de sus integrantes.

En total, son 20 medidas de reforma del Estado, 38 medidas para impulsar la inversión, la productividad y el crecimiento y dos proyectos de ley tributarios, uno sobre el combate a la evasión y elusión y otro con incentivos para la formalización y beneficios para la clase media.

CRECIMIENTO, REFORMA AL ESTADO Y FISCAIZACIÓN

«Esta propuesta considera el aporte que hace el crecimiento, la reforma del Estado, el fortalecimiento de la fiscalización tributaria, y los impuestos pagados por los sectores de mayores ingresos para poder financiar de esta manera los gastos sociales que son urgentes, los que por su magnitud, no pueden absorbidos con los recursos que actualmente tenemos disponibles», dijo Boric.

Y añadió que «en este escenario, vamos a dedicar nuestro tiempo y esfuerzo para afinar el contenido de esta propuesta, de modo de iniciar en el corto plazo una discusión legislativa de las primeras iniciativas para impulsar el crecimiento, mejorar la productividad, elevar la calidad del gasto, así como también para fortalecer la fiscalización tributaria».

«No vamos a insistir en el Senado con el proyecto que fuera anteriormente rechazado por dos votos en la Cámara de Diputados, pues hubo un sector de la política que desgraciadamente nunca quiso sentarse a la mesa a encontrar un acuerdo por el bien de Chile. Ustedes saben bien quiénes son», precisó la autoridad.

«Esta propuesta considera el aporte que hace el crecimiento, la reforma del Estado, el fortalecimiento de la fiscalización tributaria, y los impuestos pagados por los sectores de mayores ingresos para poder financiar de esta manera los gastos sociales que son urgentes, los que por su magnitud, no pueden absorbidos con los recursos que actualmente tenemos disponibles» Presidente Gabriel Boric

Sobre los ejes del pacto fiscal, detalló que se estructura en torno a los siguientes lineamientos: «en primer lugar, principios para un sistema tributario moderno en Chile. Queremos un sistema moderno, justo, eficiente, que entregue garantías a todos de cómo se usan los impuestos (…). Que dé certeza de que los que tienen más, pagarán más y que los inescrupulosos no tendrán facilidad para eludir ni evadir impuestos».

Otro lineamiento tiene que ver con «las prioridades del gasto en favor de los chilenos y chilenas. No se trata de gastar por gastar, tenemos prioridades y urgencias ciudadanas por financiar».

Entre ellas, mencionó el aumento de las pensiones de los adultos mayores con la reforma previsional, llevando la PGU a $250.000 mensuales, la reducción de las listas de espera en hospitales y el fortalecimiento de la atención en consultorios, y también el compromiso de incrementar en US$1.500 millones la inversión en seguridad ciudadana.

En su conjunto, explicó que las propuestas en materia de gasto involucran recursos por US$8.000 millones. En tercer punto, expuso que «para obtener los recursos necesarios proponemos el fortalecimiento de la administración tributaria y reforma del impuesto a la renta. El pacto fiscal requiere no sólo un esfuerzo por generar los recursos adicionales requeridos, sino responder a la demanda ciudadana por un sistema tributario que sea ético, justo, que apoye a quienes quieren cumplir con sus obligaciones y exija más a quienes tienen más».

«Para este efecto, se propone estructurar el esfuerzo tributario en dos iniciativas, mejorando la eficiencia de la fiscalización y del cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como una reforma de la tributación a la renta, tanto de empresas como de personas, en la perspectiva de elevar el aporte de las personas de mayores ingresos», indicó.

«En cuarto lugar, vamos a empujar con fuerza el crecimiento a través de la inversión, productividad y la formalización de la economía. Daremos un nuevo impulso al crecimiento sostenido y sostenible de la economía a través de más de 38 iniciativas ligadas a la inversión, el aumento de productividad y la reducción de la informalidad», acotó Boric.

Un quinto ámbito apunta a «avanzar en reformas que fortalezcan la transparencia, la eficiencia y la calidad de la entrega de servicios que ofrece el Estado. Así, durante los diálogos tributarios se han identificado 20 iniciativas entre las que destaca la consolidación de la evaluación de programas públicos coordinada por una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y un marco normativo común y permanente para todas las transferencias a organizaciones de la sociedad civil. No queremos y no vamos a permitir que la corrupción se instale en nuestra patria, caiga quien caiga».

Finalmente, el Presidente Boric precisó que «el pacto fiscal incluye un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de los compromisos que se asuman, de modo de tener la seguridad de que las cosas se hagan a tiempo, se hagan bien, y den los resultados esperados, otorgando certidumbre de largo plazo».

25 MEDIDAS 

Este lunes 31 de julio se cumplió el plazo que el Presidente le dio al ministro Marcel en su Cuenta Pública del 1 de junio para reponer el proyecto de reforma tributaria en el Senado, para lo cual requería el apoyo de 2/3 de los senadores para volver a reingresar el proyecto a la Cámara de Diputados.

  • El gobierno no obtuvo el apoyo en la Cámara Alta, ante lo cual Marcel le entregó este lunes un documento de trabajo a Boric sobre el llamado Pacto Fiscal, que excluye el alza de impuestos -que quedarán para 2024- y establece mínimos comunes que fueron saliendo de las 32 reuniones que tuvo con organizaciones políticas, gremiales y sociales.
  • Boric lo presentará este martes en la mañana, tras haberlas conversado con los ministros sectoriales del comité económico y los presidentes de los partidos del oficialismo.
  • “El pacto fiscal es para abordar el crecimiento económico, tener mejores ingresos autónomos, modernización del Estado; y para que los que más tienen tengan enfrente normas anti elusivas efectivas y lograr una mejor redistribución de la riqueza”, dijo la ministra Camila Vallejo.

Las medidas.  Ex-Ante tuvo acceso a una de las minutas con las medidas que impulsará el Gobierno.

  • El documento sostiene que para la administración este acuerdo contribuye a la legitimación del sistema político y la existencia de reglas del juego claras que habiliten la inversión, la diversificación de la economía y el crecimiento económico. Asimismo, ratifica que un tema prioritario será llevar la Pensión Garantizada Universal a $ 250.000 y un gasto proyectado del orden del 1,2% del PIB.

EVASIÓN Y ELUSIÓN

En una primera etapa se fortalecerá el combate a la evasión y la elusión. A continuación algunas de ellas:

1. Fortalecimiento de aduanas. Se modernizarán procedimientos, como la creación de expedientes electrónicos, el establecimiento de un sistema general de notificaciones al correo electrónico y la entrega de mayores facultades para decretar la incobrabilidad de deudas.

2. Más recursos de fiscalización. Especialmente de dotar de herramientas tecnológicas, capacidad operativa e infraestructura al Estado.

3. Comercio transfronterizo ilícito. Se exigirá el inicio de actividades ante el SII para quienes importen bienes por más de US$ 3.000, y eliminar la exención de importación de bienes hasta US$ 41.

4. Tribunales Tributarios y Aduaneros. Se propondrá crear expedientes electrónicos en los procedimientos judiciales. Se trata de establecer que las notificaciones sean por correo electrónico, aumentar las facultades para que los jueces puedan crear instancias de solución amistosa o que permitan una mejor resolución de los conflictos.

ELUSIÓN DEL IVA

1. Se exigirá inicio de actividades ante el SII. Con el objeto de promover el pago a través los POS que permiten emisión de boleta electrónica inmediatamente; así como para todos los realicen importaciones por sobre US$ 3,000; se buscará la nominalización de boletas por altos montos y se mejorará la eficiencia de los organismos públicos que autoricen el ejercicio de una actividad económica.

2. Se propondrá que las importaciones de bienes se asimilen al sistema de IVA en la plataforma de servicios digitales de forma de incorporarlas al IVA mediante un registro especial.

3. Tasación y base imponible IVA. Se buscará mejorar las normas para que el SII colabore con los contribuyentes a determinar su base imponible.

4. Se sancionará al comercio digital de manera equivalente a las empresas físicas cuando no emitan documentos tributarios.

5. Delitos al transporte y almacenamiento. Se buscará la forma de sancionar a las personas que almacenen productos que no hayan cumplido con las obligaciones tributarias.

6. Aumento de sanciones en la presentación de declaraciones falsas o maliciosamente falsas logrando sanciones efectivas ante los tribunales.

7. Se incrementarán sanciones a quienes entreguen información falsa al momento de iniciar actividades, en especial para la comisión de ilícitos de forma posterior.

8. Entre las medidas destaca la creación de la figura del denunciante anónimo. Una figura que ha mostrado buenos resultados en Estados Unidos y el Reino Unido. No obstante, para evitar el mal uso el Gobierno incorporará sanciones a las denuncias falsas.

PYMES

Las Pymes son uno de los ejes del Pacto Fiscal y para ellas se establece un nuevo régimen tributario denominado “ruta del emprendimiento”. A continuación algunas medidas esperadas:

1.Se establece un régimen preferente y simplificado a los nuevos emprendimientos durante los primeros cuatro años: Monotributo para emprendimientos hasta dos años con ventas hasta 1.800 UF.

2.Beneficios de IVA para las empresas al tercer y cuarto año para emprendimientos con ventas de hasta 2.400 UF.

3.Se amplían los regímenes pymes a empresas con ventas anuales hasta 100.000 UF.

4.Se amplía el beneficio a la reinserción de utilidades a los contribuyentes en régimen transparente.

5.Se establece un sistema especial de transición desde el régimen pyme al general.

SEGURIDAD CIUDADANA

De la mano de las prioridades que establecen las encuestas, donde la seguridad pública es la número uno, el llamado Pacto Fiscal incluye una inyección de recursos para fortalecer la seguridad ciudadana.

1.Se realizará un reforzamiento en equipos y elementos de protección personal para Carabineros y policía de investigaciones en un plazo de 3 años.

2.En un plazo de 10 años se buscará quintuplicar los asistentes policiales, aumentando los oficiales policiales profesionales y los oficiales policiales de línea.

3.Se modernizará la carrera e institucionalidad policial de Carabineros.

4.Se creará un sistema nacional de protección de víctimas y testigos de crimen organizado.

5.Se elaborará un plan de seguridad para jueces, fiscales, policías y funcionarios públicos que les corresponda a participar en investigaciones a organizaciones criminales.

EDUCACIÓN PÚBLICA

1. En educación parvularia se espera avanzar en los procesos relacionados con infraestructura tendiente a la obtención de reconocimiento oficial de jardines infantiles en sus tres modalidades: Junji, Integra y Vía Transferencia de Fondos.

2.Se reforzará el plan de reactivación educativo, en sus tres ejes: la asistencia y regulación de los estudiantes excluidos del sistema; el fortalecimiento del aprendizaje y condiciones para la enseñanza; y la convivencia y salud mental. Se conformará el consejo de la reactivación educativa.

3.Se pretende el fortalecimiento de la dirección de educación pública (DEP), así como de sus procesos, tanto administrativos como de gestión y coordinación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Se pretende mejorar el proceso de instalación de los 70 SLEP.

Asimismo, se habla de la diversificación productiva que involucra el desarrollo de área como el litio e hidrógeno verde. (Ex Ante)

Las bondades de la eutanasia política

Aunque muchas veces la política pueda ser injusta, excesiva, inmisericorde o mal intencionada, la lógica de costo y beneficio siempre termina siendo la mejor forma de evaluar el camino a seguir para un gobierno en problemas. Aunque la mejor opción pudiera ser injusta o profundamente dolorosa, el gobierno siempre terminará prefiriéndola si la suma de beneficios que obtendrá al optar por ese camino supera con creces la suma de los costos que implica esa opción. Cuando un miembro del gabinete presidencial se ha convertido en un pasivo demasiado costoso, por más que el Presidente se esmere en mantener a ese ministro, la fuerza de la realidad eventualmente llevará a que el Mandatario apure la salida del controversial ministro.

Ya por casi seis semanas, el gobierno del Presidente Gabriel Boric se ha visto atrapado en el escándalo del caso fundaciones. Desde que se revelaran las irregularidades del contrato entre el Ministerio de Vivienda y la Fundación Democracia Viva -ligada a Revolución Democrática, uno de los partidos del Frente Amplio y tienda en la que milita el Ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson– el gobierno ha sufrido el efecto de las ramificaciones y aristas de este escándalo asociado a malas prácticas en los contratos de reparticiones del Estado con fundaciones asociadas a partidos y líderes del Frente Amplio.

Si la administración de Boric ya estaba en problemas antes de que explotara el escándalo, las últimas semanas han visto al gobierno al borde de la crisis total. La incapacidad del gobierno para dar una respuesta que permita cerrar la polémica ha llevado a la oposición a aprovechar la coyuntura para ocultar sus propios problemas. La prensa ha festinado con la contradicción evidente que se produce en un gobierno que llegó vestido con túnicas de superioridad moral y la realidad de irregularidades, malas prácticas, corrupción, potenciales delitos y polémicas.

La persona del ministro Giorgio Jackson, uno de los cerebros y líderes del Frente Amplio, que además fue el que más directamente hizo alguna vez alusión a la supuesta superioridad moral de su generación política, es la que ha centrado el foco de las críticas. Si cada ritual requiere un chivo expiatorio, Jackson se ha convertido en el candidato perfecto para pagar las culpas de una coalición de gobierno inexperta, torpe y, lo que es mucho peor, potencialmente corrupta.

Aunque hace varias semanas ya era evidente que Jackson tendría que dejar el gabinete para detener la hemorragia y comenzar a cerrar esa polémica, Boric se ha esmerado en defender a su amigo, socio y aliado. El propio Jackson, dejando ver que él efectivamente cree ser portador de una superioridad moral, se ha resistido a presentar su renuncia. Sin lograr entender que, en política, la eutanasia es saludable, Jackson se ha aferrado a su cargo como si no entendiera el daño que ha sufrido su liderazgo y el daño que su negativa a dar un paso al costado implica para el gobierno de su gran amigo.

Incapaz de entender que el golpe de este escándalo fue a la línea de flotación de todo el Frente Amplio y de su mensaje de renovación generacional en la política, Jackson y Boric siguen torpemente intentando evitar pagar un costo que va al alza con cada día que pasa.

Como el tiempo transcurre, este escándalo ha retrasado el debate de la reforma previsional y de la reforma tributaria. Además, el escándalo ha opacado lo que el gobierno esperaba fuera un periodo de viento de cola, con la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado y quiebre de la democracia. En vez de recordar la histórica fecha desde el púlpito de la superioridad moral, el gobierno enfrenta ese momento vestido con las impúdicas ropas de la corrupción y el mal uso de los recursos fiscales.

Más temprano que tarde, Boric deberá aceptar la realidad. Si su amigo Giorgio Jackson no da un paso al costado voluntariamente, Boric deberá hacer lo que varios de sus predecesores hicieron y tendrá que pedirle la renuncia.

Ese complicado momento ya lo vivieron Eduardo Frei con Edmundo Pérez Yoma, Ricardo Lagos con Carlos Cruz, Michelle Bachelet con Rodrigo Peñailillo, y Sebastián Piñera con Rodrigo Hinzpeter y Gonzalo Blumel, por mencionar sólo a algunos de los ministros cercanos a presidentes anteriores que debieron dejar sus cargos. Aunque pueda ser muy doloroso, lo que deberá hacer Boric no es nuevo en la política. De hecho, esto ocurre tan a menudo que ya parece una norma que, cuando el costo de mantener en el gobierno a un ministro demasiado herido como para ser efectivo en su cargo, el propio ministro presenta su renuncia.

La resistencia de Jackson y, hasta ahora, de Boric de hacer lo que normalmente se hace en este tipo de crisis sólo muestra que los jóvenes líderes del Frente Amplio todavía creen que, para ellos, aplican reglas distintas de las que normalmente rigen la política.

En política, la eutanasia tiene sus bondades. La decisión de renunciar que toman los ministros que ya representan un pasivo demasiado alto es una decisión que siempre termina siendo sanadora para el gobierno. (El Líbero)

Patricio Navia

¿Capacitaciones básicas?

Es la política, estúpido

La frase de James Carville, asesor de Bill Clinton, se volvió icónica. “Es la economía, estúpido”, fue la forma de recordar cuál era la preocupación central de los votantes en 1992, a la cual debían responder todos los mensajes de campaña. El triunfo de Clinton se le imputó, en gran parte, a su disciplina para mantener el foco en la cuestión económica.

A la luz de la encuesta del CEP publicada hace unos días, Chile está en una situación diferente. No es la economía la fuente de mayor desasosiego: es la política, aquello que Platón definía como el medio a través del cual la sociedad cree poder alcanzar la justicia.

La percepción de los encuestados acerca de la situación económica personal y del país, así como sus expectativas de progreso futuro, está lejos de ser optimista, pero al menos no se ha seguido derrumbando y muestra una leve recuperación. El esfuerzo del ministro Marcel y del Banco Central por contener la inflación y alentar mejores aires para la economía parece estar dando algunos frutos.

En el plano político, en cambio, el fastidio no cede. Seis de cada diez encuestados consideran que la situación es mala o muy mala, acentuando una tendencia que viene desde 2022. Pero no es todo. Aún se prefiere a líderes políticos dispuestos a ceder para alcanzar acuerdos, pero esta preferencia cae diez puntos frente a la alternativa de políticos intransigentes. Esto va en línea con otro cambio: una mayor identificación con los partidos políticos, empujado especialmente por el salto —que supera largamente al resto— en la adhesión al Partido Republicano. La suma de ambas cosas indica que la aproximación de los chilenos a la política podría estar entrando al carril que conocimos en el pasado: una relación más polarizada e identitaria, lo que reduce los espacios para la negociación y los acuerdos.

De otra parte, se consolida la hegemonía de valores y demandas de corte más “conservador”, “iliberal”, “autoritario”, o como se lo prefiera denominar. Autoridad, orden y esfuerzo individual superan de lejos a libertad, diversidad y solidaridad. Ocho de cada diez encuestados estiman que la obediencia y el respeto por la autoridad son los valores más importantes a inculcar en los niños, duplicando la cifra de 2019. Si hay que optar, siete de cada diez prefieren orden y seguridad sobre libertades públicas y privadas. La mitad de los entrevistados se declara disponible a suprimir libertades para controlar la delincuencia. Y quienes desean un gobierno firme sin tanta preocupación por los derechos de las personas se duplican desde la encuesta anterior, alcanzando 66 por ciento.

De la mano con lo anterior, se consolida lo que podríamos llamar un espíritu capitalista. Sigue subiendo (alcanza 52 por ciento) la inclinación a premiar el esfuerzo individual, aunque ello produzca importantes diferencias de ingresos, y se afianza una mayoritaria adhesión a la provisión mixta o híbrida de bienes públicos.

Todo lo anterior coincide con un alza importante en la autoidentificación con la derecha, que había caído drásticamente en las inmediaciones del 18-O. “Ser de derechas” —y, en particular, consentir con el Partido Republicano— ya no es vivido como algo que es mejor mantener en privado: se ha vuelto motivo de orgullo y exhibición.

Los partidos y el Congreso están en el último lugar de la confianza pública, en contraste con las policías y las FF.AA., que lideran la lista. El Gobierno no está mucho mejor. Para gestionar la mutación de la opinión pública por cauces democráticos, es indispensable que los actores políticos reaccionen y muestren capacidad de cooperar entre sí. De lo contrario se pueden hundir en la insignificancia, y de ahí a salidas autoritarias hay solo un paso. (El Mercurio)

Eugenio Tironi