«Siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo», dice el conocido proverbio. El hoy senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand, tuvo que esperar más de 17 años para ver pasar por el frontis de su casa a quienes le impidieron llegar a la Cámara Alta en 1997 y ser abanderado presidencial de la derecha en 2013.

El caso Penta está demostrando ante la opinión pública que diversos postulantes al Parlamento que militan en la UDI obtuvieron millonarios recursos provenientes de procedimientos irregulares y de boletas falsas para financiar sus campañas.

La investigación avanza en la justicia y ya tuvo al senador por la región de Los Lagos, Iván Moreira, admitiendo que pidió dinero al holding de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín y al ex candidato por Santiago Oriente, Laurence Golborne, reconociendo que recibió 120 millones de pesos del mismo grupo empresarial.

Los demás dirigentes del partido fundado por Jaime Guzmán que han sido nombrados en la causa, Jovino Novoa, Pablo Longueira, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Pablo Zalaquett, Carlos Bombal, Felipe de Mussy, Ena von Baer, entre otros, aún no enfrentan a los medios.

De ellos, Longueira, Bombal, Matthei y Zalaquett marcaron a fuego la carrera politica de Allamand. El líder de RN ha optado por el silencio y la mesura, aún cuando sabe que por la culpa de ellos -y otros- no pudo cristalizar el sueño de encarnar una derecha liberal que acabara con el pinochetismo que representaba la UDI.

Fue en 1997 cuando Allamand inmortalizó dos frases que pertenecen a su currículum: los «poderes fácticos» (Penta, otros empresarios y El Mercurio) que fueron capaces de financiar la campaña senatorial más cara en la historia de Chile, la de Carlos Bombal, que bordeó los 20 millones de dólares, y la «travesía por el desierto», camino a Estados Unidos que tomó el abogado para olvidarse de Chile y de todo lo que dejó trunco en RN y en la Alianza.

Como nunca antes se vio tanto dinero en la calle, medios impresos, radio y lo que fuera. Incluso se pagó el servicio de llamados con grabaciones telefónicas en las que se les preguntaba a los electores de Santiago Oriente si prefería a un candidato que se opone a la delincuencia o a otro candidato que tenía vinculaciones al tráfico de drogas.

El palo era para Allamand, que junto a Alberto Espina (senador de RN) y Jorge Schaulsohn (ex diputado PPD) habían sido mencionados como sospechosos de consumir cocaína, denuncia que comenzó con una declaración en 1995 que entregó el ex ministro de Pinochet, Francisco Javier Cuadra, en revista Qué Pasa, y que después utilizó como bandera la entonces diputada Evelyn Matthei, que llevó el tema a tribunales.

La historia dice que Cuadra, por no probar sus afirmaciones, fue querellado por Ley de Seguridad del Estado y, además, condenado a 540 días de presidio por el juez Lamberto Cisternas. Matthei, que ya venía dañada por lo que dejó el Piñeragate de 1992, pudo mantenerse de pie en el Congreso. Y Allamand, como bien se sabe, fue víctima de un huracán mediático y de propaganda de proporciones que hizo imposible su futuro político en el país.

Recién pudo volver en 2005, elección en la que ganó la senaduría por la región de Los Ríos, sin compañero de lista y apoyando la candidatura presidencial de Joaquín Lavín, ícono de la UDI, que a la postre fue sacado del camino por Sebastián Piñera en la primera vuelta de ese año.

Sólo con Piñera en La Moneda, de 2010 a 2014, Allamand pudo conocer el poder desde dentro. Por eso a nadie la extrañó que se transformara en candidato presidencial de RN. Lo que nadie tenía en sus cálculos era que su posicionamiento se debiera a un hecho fortuito, como lo fue el accidente del avión Casa 212 que se precipitó en la Isla Juan Fernández en 2011 y que llevaba como pasajeros al animador Felipe Camiroaga y a su cuñado Felipe Cubillos, director de la fundación Desafío Levantemos Chile.

Su buen manejo en el proceso de búsqueda de los restos de los fallecidos lo ubicó en el tope de las encuestas y nuevamente el fantasma de la derecha liberal inundó a la UDI y por medio de dos candidatos, Pablo Longueira (en las primarias) y Evelyn Matthei (después que Longueira se retirara de la arena presidencial por enfermedad), la colectividad desplegó una campaña millonaria que tuvo como único norte desplazar y sacar a Allamand del mapa.

Según la declaración del ex gerente de Penta, Hugo Bravo, éste le entregó «en efectivo 140 ó 150 millones de pesos» y que se entregaron «32 ó 33 millones en donación directa al Registro Electoral, el máximo a la UDI y el máximo a la Evelyn (Matthei) en segunda vuelta».

Si bien lograron sacar a Allamand de la escena, esta partida duró sólo por unos meses, porque el emblema de RN terminó recalando en la circunscripción de Santiago Poniente, lugar al que arribó con otra chorrera de billetes el ex alcalde Pablo Zalaquett, quien de acuerdo al testimonio de Bravo, «nos pidió (dinero) efectivo».

Como dicen los números, Allamand pasó la prueba y se convirtió en senador y un Zalaquett derrotado abandonó la actividad política, al igual que Laurence Golborne, que a pesar de las toneladas de plata que usó para invisibilizar a Manuel José Ossandón en Santiago Oriente, se quedó en el camino y, para peor, en el centro de la polémica luego de admitir que recibió recursos de forma anómala, al igual que Iván Moreira.

Por esto y más, Cristián Monckeberg, timonel de RN, le rindió un homenaje (en el pasado cónclave doctrinario de Pucón) a todos los parlamentarios que resultaron electos en 2013, toda vez que superaron el complejo escollo que significa competir contra un rival lleno de dinero. (Cambio21)

Los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, declararon ante el fiscal Carlos Gajardo que no utilizaron el estudio “Estadísticas comunales de empresas por tramos de la Región Metropolitana”, realizado por la Fundación Ciudad Justa que creó el actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y al que la empresa le pagó $4 millones.

Según lo recabado por la fiscalía y que fue consignado por El Mostrador, un cercano al ministro se acercó a los empresarios para pedirles aportes debido a la deuda con la que había quedado Undurraga tras su carrera senatorial, la que no ganó.

Mario Livingston, vicepresidente de asuntos corporativos de Andes Iron, habría contactado a Ciudad Justa con el asesor de Penta, Carlos Bombal. Incluso habría sido éste quien le envió los mails a Hugo Bravo, pidiendo no olvidar “los pendientes de Undurraga”.

Hugo Bravo declaró a la fiscalía el pasado 6 de noviembre y ahí señaló un mail que le envió a Bombal el 26 de enero del año pasado sobre este tema. “(…) Carlos Bombal me solicita esta contribución a Alberto Undurraga por un compromiso que tenía Mario Livingstone con él. El correo que me envían es justo cuando ya habían designado a Alberto Undurraga como Ministro de Obras Públicas. Entiendo que no hay otros aportes a Undurraga para su candidatura”, sostuvo. Luego agregó que “nunca vi ningún informe que hubiera hecho Ciudad Justa para Penta”.

El ministro Alberto Undurraga ha señalado en reiteradas ocasiones que “se trata de un estudio que se hizo, que se vendió a esta empresa, todo de manera correcta y legal”. Sin embargo, comentarios de pasillo de gobierno habrían señalado que su situación es políticamente es compleja y lo deja “en un muy mal pie”.

REACCIÓN DC

Los senadores de la Democracia Cristiana, Andrés Zaldívar e Ignacio Walker, en línea con el Gobierno, reiteraron su apoyo al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga,  tras conocerse nuevas revelaciones que lo vinculan al caso Penta.

«Yo tengo plena confianza en la honorabilidad y en lo que ha sido la conducta política de Alberto Undurraga», dijo Zaldívar a CNN Chile. «Me quedo más que nada con las declaraciones que ha hecho Alberto Undurraga, en el sentido que él no desconoce que se ha hecho un aporte, o se contrató un estudio a una fundación a la que él pertenecía. Sin embargo, él mismo ha dicho que había dejado de pertenecer a esa fundación y que la información que tiene de parte de quienes son parte de esa fundación es que el estudio se ha hecho. Ahora, hay una declaración de la gente de Penta que dice que no se habría ocupado, bueno, ese es un tema que tiene que precisar el tribunal, la versión de uno y otro», agregó el parlamentario de la Nueva Mayoría.

Por su parte, el timonel DC, Ignacio Walker, aseveró que «ellos han reconocido que se entregó un informe y que se pagó por ese informe, eso es lo que hay y eso es lo que ha señalado Alberto Undurraga desde el día número uno. Otra cosa es que uno utilice o no utilice un informe, eso ya no es problema de quién hace el informe».

Añadió que «él entregó y vendió como servicio con Fundación Ciudad Justa, un informe por el cual se pagó, según consta en la factura, cuatro millones de pesos». En esa línea, el vicepresidente y diputado de la DC, Gabriel Silber, insistió que Undurraga cuenta con el apoyo de La Moneda.

«En el caso del ministro (Undurraga), el ministro ha entregado todos los datos que se le han requerido ante las instancias que competen», dijo la Presidenta Michelle Bachelet hace tres días, antes que se conociera este nuevo antecedente. Radio Cooperativa, en tanto, señala que aunque en La Moneda persiste el hermetismo en torno a este caso, este nuevo antecedente genera opiniones, tanto en el Gobierno como en la coalición oficialista, de que la situación del ministro de Obras Públicas se ha vuelto prácticamente insostenible.

Existe certeza de que judicialmente no tendrá problemas, por cuanto el estudio efectivamente se hizo y no habría delitos asociados. Pero políticamente la situación es distinta. «Helia Molina se fue por menos», repiten asesores de Gobierno y dirigentes de la Nueva Mayoría. La opinión mayoritaria es que debería hacer «un gesto político» y renunciar, según fuentes citadas por el medio radial. (El Dínamo-El Mostrador-Emol)