El gobierno ha anunciado el inicio del proceso constituyente. Es destacable que reafirme el camino institucional para llegar a la nueva Constitución. También lo es que defina la necesidad de construir un pacto constitucional entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, requiriéndose para ello un quórum de los 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio. Será finalmente el Congreso el que definirá el mecanismo para concretarla.

La Constitución debe ser la casa común que nos albergue a todas y todos en la cual nos podamos sentir plenamente identificados. En este sentido, una Constitución no debe intentar imponer visiones particulares de determinados sectores con exclusión de los demás sino que debe ser fruto de un pacto en que todos no sintamos verdaderamente partícipes sobre la base del efectivo ejercicio de la democracia.

La Constitución de 1980 fue impuesta por la dictadura mediante un plebiscito que no contó con las mínimas garantías requeridas para un acto electoral legítimo y a pesar de las reformas que se le han introducido -lo que ha permitido el ejercicio de la democracia en el último cuarto de siglo- todavía no goza de la legitimidad que haga que todos nos sintamos identificados plenamente con ella.

Hasta ahora se ha hablado mucho de cómo lograr la nueva Carta Fundamental pero poco acerca de qué nueva Constitución necesita nuestro país y ese es el debate de fondo que nos interesa destacar.

En este sentido creemos que la nueva Constitución debe colocar en su centro la inviolabilidad de la dignidad humana; la democracia como régimen político; el respeto y promoción de los derechos humanos, tanto los que la Constitución establece como los contenidos en las normas internacionales que obligan a Chile; el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas; un presidencialismo más equilibrado en relación a las funciones del Congreso Nacional, planteándose también la posibilidad de evaluar la introducción de un sistema semi presidencial (que es el que prefiero); las bases del Poder Judicial; de los órganos constitucionalmente autónomos y también una justicia constitucional que vele por la supremacía constitucional sin llegar a transformarse en una tercera Cámara Legislativa. También el desafío de avanzar hacia una efectiva descentralización. No podrán tener lugar resabios autoritarios presentes todavía en la ley fundamental vigente como es la existencia del Consejo de Seguridad Nacional y las leyes supra mayoritarias (de quórum calificado y orgánica constitucional).

Una Constitución no parte de cero. La nueva será heredera de la rica tradición constitucional de nuestro país de los siglos XIX y XX, por lo que es lógico que ella contenga en su texto como elementos de continuidad, disposiciones que han sido muy positivas en el desarrollo de nuestra democracia.

Es un hecho, Perú promulgó la ley que creó el distrito La Yarada-Los Palos de la Provincia de Tacna, a pretexto de dar prioridad “al desarrollo en la zona fronteriza y espacios históricamente dejados de lado”, y “gozar de mayor representatividad democrática al poder elegir a sus autoridades”. Incluye el que denomina “triángulo terrestre”, que se formaría desde el punto “Concordia” o 266, en que aducen comenzaría la frontera terrestre con Chile, y no en el Hito número 1, de los 80 existentes, donde se inicia el límite marítimo por el Paralelo 18º, 21´, 03´´ de latitud sur, tal y como lo determinó la Corte en su fallo de 27 de enero de 2014. Es decir, Perú insiste en reivindicar un pequeño territorio de 323 metros Oeste-Este desde el mar al inicio del paralelo; 264 metros en arco curvo desde el Hito 1 al punto que llaman Concordia; y unos 260 metros costeros Norte-Sur desde el paralelo, cuyo mar pertenece a Chile por la sentencia. La que no se pronunció al respecto por ser un tema terrestre y no marítimo.

Está claro que esos pocos metros cuadrados reclamados, en nada inciden en la “mayor representatividad democrática para elegir” autoridades peruanas, si siempre han estado bajo dominio exclusivo chileno. Dicha argumentación ya fue alegada por Perú en su demanda marítima, como punto de inicio de dicha frontera, al sur del Hito 1 (Punto 266 o Concordia), y desde el cual solicitó a la Corte se prolongara en bisectriz hacia la alta mar, doscientas millas de mar jurisdiccional, contada desde la más baja marea. La Corte determinó que “la frontera marítima entre las partes empieza en el punto de intersección entre el paralelo delatitud que pasa por el hito fronterizo Nº 1 y la línea de bajamar” (Párrafo 196 de la Conclusión del fallo). Entonces, el objetivo peruano actual, es crear una nueva controversia sobre dicha porción terrestre.

Cada paso para construirla ha sido inmediatamente respondido por notas de protesta de nuestra Cancillería, reafirmando nuestra posición y lamentando que se pongan en riesgo múltiples campos de la relación bilateral. El resultado ha sido nulo y Perú prosigue en su intento, con  hechos consumados, como mensajes al parlamento, promulgación de la ley respectiva, declaraciones de sus autoridades y otros, que no han concluido, y podrían incrementarse. Además, se acompañan con actos provocadores como la presencia de militares armados justo en el Hito 1, o que toman fotografías, agravados por haber sido oficialmente negados por su Ministra de Relaciones Exteriores y en violación de los acuerdos de mutuo aviso previo de las Normas de Comportamiento vigentes.También hay declaraciones de molestia por nuestros ejercicios militares, oportunamente comunicados y efectuados como rutina.

Las consecuencias no se han hecho esperar, al retrasarse o suspenderse encuentros bilaterales como las Consultas de Coordinación Política, y otras como el Comité de Seguridad y Defensa, Cooperación contra el Narcotráfico, Desminado Humanitario, Desarrollo Fronterizo, Control Integrado, Integración Social, y mejoras a los 200 mil peruanos residentes en Chile. Todas en beneficio de una zona cuyo enorme tráfico fronterizo parece no importarles, demostrando que el intento de una nueva controversia es prioritario. Las razones pueden ser internas, frente al escaso apoyo del Gobierno de Humala, o el dejar un legado, si bien irresponsable, pero que ciertamente marcará la acción exterior de los candidatos a sucederle, aunque quisieran no escalar en las provocaciones contra Chile.

Resulta evidente que nuestras acciones diplomáticas enmarcadas en notas de protesta que sólo dejan la constancia necesaria, o la mantención en sus países de ambos Embajadores, no desalientan estas acciones, porque así lo han decidido como política de mediano o largo plazo. Se deberá pensar en otras contramedidas más eficaces y de acción internacional más amplia al más alto nivel. Hay que salir al paso a esta nueva disputa con Perú, que se ha especializado en encontrar presuntas debilidades en nuestros límites. Primero en los marítimos que las encontró y obtuvo de la Corte importantes porciones de nuestra Zona Económica Exclusiva o de la Alta Mar. Y ahora en el terrestre, pese a las demarcaciones de la Comisión Mixta de 1930, los Acuerdos de 1968 y 1969, la anterior ley de Tacna de 2001 que reconoció el Hito 1, mas la práctica inalterable hasta ahora. El Punto Concordia o 266 que daría base al pequeño territorio reclamado, no figura en instrumento alguno acordado bilateralmente, ni se encuentra demarcado por ningún Hito. Por lo que debemos actuar sin dilaciones y contrarrestar eficazmente este triángulo de la discordia de consecuencias impredecibles.