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Proyecto de Ley antiterrorista propone nuevas restricciones a la prensa

Solo 24 horas después de que el martes pasado la Sala del Senado aprobara el polémico artículo, en el marco de la agenda corta antidelincuencia, que endurece las penas para los intervinientes que vulneren el secreto de una investigación, los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobaron la idea de legislar una norma aún más restrictiva. En el marco de la moción parlamentaria que apunta a fortalecer la indagación de delitos terroristas y aquellos que afecten la seguridad del Estado en casos de especial gravedad, se plantea incluso la pena de cárcel para los directores de medios de comunicación que filtren información.

Con votos tanto del oficialismo como de Chile Vamos, el miércoles 6 de abril se aprobó en general –en la instancia legislativa ad hoc– la referida moción impulsada por parlamentarios de la oposición y que había ingresado el 17 de diciembre pasado. El voto en contra del diputado comunista Hugo Gutiérrez –quien reemplazó en la Comisión a la titular Karol Cariola– no fue suficiente para impedir que, entre otros puntos, se aprobara la idea de discutir sobre el duro artículo 3.

“Las diligencias de la investigación tendrán carácter reservado y sólo podrán tener acceso a ellas, con omisión de la identidad de quienes las practiquen, los intervinientes una vez que la misma se formalice. La infracción del deber de reserva de esta u otra disposición de la presente ley, será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, tratándose de quien proporcionare la información. En caso de que la información fuere difundida por algún medio de comunicación social, se impondrá a su director, además, una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales”, señala el apartado del texto que fue patrocinado por los diputados de RN Gonzalo Fuenzalida, Germán Becker, René Manuel García, Jorge Rathgeb y Marcela Sabat, además de la diputada Claudia Nogueira (UDI).

El proyecto apunta directamente a los medios de comunicación, por lo que es aún más incisivo que la enmienda de la agenda corta que finalmente fue modificada y terminó dirigiendo la ofensiva hacia las fuentes de la información.

Asimismo, esta iniciativa legal tiene penas mayores que la iniciativa despachada por la Cámara Alta –que apuntó a funcionarios públicos que participen en la investigación, personas que accedan a la investigación en virtud de una diligencia ordenada por la Fiscalía o por una orden del tribunal, y los intervinientes del proceso penal– a quienes violen el secreto, ya que establece el presidio menor en su grado mínimo para estos.

JUSTIFICACIÓN

Varios de los parlamentarios que votaron la idea de legislar el proyecto explicaron aEl Mostrador por qué respaldaron la iniciativa legal. Sin embargo, algunos apuntaron al desconocimiento del detalle de la iniciativa o al hecho de que en la votación en particular podrían rechazar alguno de los artículos que pudieran generar controversia.

El actual presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Daniel Farkas (PPD), manifestó la necesidad de ciertas atribuciones especiales en los casos de terrorismo, no obstante lo cual sostuvo que buscará modificar el artículo 3°.

“Aprobar la idea de legislar en ningún caso es una carta blanca para que cada uno de los artículos que están estipulados en dicho proyecto sean aprobados. Es más, pueden ser modificados radicalmente. En particular, el artículo 3° yo creo que tenemos que mirarlo con cuidado y que (respecto de) la redacción no me cabe ninguna duda que vamos a buscar una que sea diferente, que recoja lo que están pidiendo los fiscales, pero que equilibre y que en ningún caso tenga ese tipo de sanciones. Creo que hay que entregarles facultades a los fiscales para este tipo de delitos y garantizar la reserva, pero ver cómo compatibilizarlo con otros valores importantes que también están expuestos”, dijo Farcas.

El diputado Arturo Squella (UDI) señaló que cree que el artículo 3° merece revisión, pero que votó a favor del proyecto pensando que “hoy día es importante que los fiscales y quienes estén investigando puedan tener la posibilidad excepcionalmente de mantener la investigación en reserva por un tiempo, cuando lo amerita, y la puedan resguardar”.Por su parte, el diputado Leonardo Soto (PS) aseguró que durante la votación del miércoles él no se encontraba en la Comisión, ya que tenía a esa hora agendada una reunión con organizaciones sociales, por lo que no tuvo opción para rechazar la moción. “Ese articulado sufrió reparos por las propias policías, por el Ministerio Público, y todos entendíamos que era una norma más vulneratoria de las libertades de información y de prensa que la misma indicación que se le ha denominado ‘mordaza’ o ‘filtraciones’ de Ley Antidelincuencia, establece incluso penas más altas y específicas hacia los que dirigen medios de prensa, por lo tanto, es un retroceso gigantesco respecto de todo el debate que ha existido en el último tiempo y, sin duda, es una indicación que no debiera ser aprobada”.

El único voto en contra fue el de Hugo Gutiérrez, quien tuvo duras palabras para los objetivos que busca la moción. “Aquí lo central debió haber sido la defensa del principio de publicidad, más allá de la libertad de prensa. En la actuación de todos los órganos del Estado la publicidad debe ser la regla; y el secreto, la excepción. La élite política desea blindar su posición de falsa pulcritud, lesionando este principio fundamental”, señaló Gutiérrez, al tiempo que lanzó más dardos al proyecto: “¿Cuántas veces han salido en televisión los nombres, rostros e información de involucrados e ilícitos que provienen de comunas vulnerables? ¿En esos casos nadie se acuerda del principio de inocencia y protección a la honra?”, se preguntó.

PROYECTO PARALELO

El proyecto al que se le da el visto bueno para ser discutido en particular, fue además aprobado el mismo día en que el ministro del Interior, Jorge Burgos, anunció en La Tercera que el Ejecutivo pondría urgencia a la iniciativa legal que modifica la Ley Antiterrorista, texto que ingresó al Congreso en 2014 y que se encuentra alojado en el Senado.

Varios parlamentarios explicaron que parte del espíritu de la propuesta de ley impulsada por los diputados de la oposición apuntaba a instalar una presión sobre La Moneda para que apurara la iniciativa legal sobre la temática que había quedada dormida en el Congreso, sin las aplicaciones de las urgencias necesarias. Sin embargo, algunos cuestionan el hecho de que no tenía ningún sentido “duplicar el trabajo legislativo”, más aún cuando en el Senado se expresaron las posiciones de la Comisión Antiterrorista que ya había trabajado en la Cámara Baja.

El 9 de marzo pasado, en una de las sesiones dedicadas a discutir sobre el proyecto, participó la asesora en temas de Seguridad y Terrorismo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Nelly Salvo, quien indicó –según consignan las actas de la instancia– que la voluntad de Jorge Burgos era tramitar con celeridad la Ley Antiterrorista, considerando las demás iniciativas que puedan servir de complemento o aporte.

Además, indicó entonces que la demora en presentar indicaciones se debe a que la prioridad ha estado centrada en la tramitación de la denominada “Ley de Agenda Corta”, tras lo cual se espera avanzar en la “Ley Antiterrorista”, teniendo en cuenta las indicaciones tanto del Ejecutivo como aquellas emanadas de los parlamentarios.

En la sesión del miércoles 6 de abril de la Comisión de Seguridad expusieron sobre el proyecto el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, y el director general de la PDI, Héctor Espinosa, entre otros, quienes plantearon sus reparos por ciertos aspectos de la iniciativa, la que finalmente igual fue aprobada casi por unanimidad.

Cuando el proyecto fue ingresado, los parlamentarios presentaron, entre sus argumentos, la necesidad de dotar al Ministerio Público de herramientas investigativas y probatorias, en pos de una institucionalidad que permita hacer frente al fenómeno.

En ese contexto, otro de los artículos que podría generar controversia dice relación con la opción de que el persecutor pueda autorizar a funcionarios policiales para que se desempeñen como agentes encubiertos o para que determinados informantes de dichos servicios actúen como tales.

Específicamente, el artículo 4° del proyecto aprobado en general señala al respecto: «Para llevar a cabo su cometido, el Fiscal designado podrá hacer uso de todos los mecanismos investigativos y medios de prueba que disponga el Código Procesal Penal y las leyes 18.314 y 12.927, independiente del cuerpo legal por el cual se formalice en definitiva a quienes resulten imputados. Asimismo, podrá autorizar a funcionarios policiales para que se desempeñen como agentes encubiertos, y a propuesta de dichos funcionarios, para que determinados informantes de esos Servicios actúen en tal calidad”.

POSICIÓN DEL GOBIERNO

La Moneda salió al paso de la nueva Ley que se pretendía impulsar, donde se establecen fuertes sanciones e incluso la cárcel para los medios de comunicación que filtren información referente a investigaciones de casos “terroristas”.

El ministro del Interior, Jorge Burgos, dejó en claro que “esa es una moción de los parlamentarios que no cuenta ni con el patrocinio ni con el beneplácito del Ejecutivo”.“Parece que esa moción tiene también alguna norma que podría ser considerada por algunos como conculcatoria de la libertad de prensa. Nuestro proyecto no tiene ninguna norma sobre eso”, precisó. (El Mostrador-El Dínamo)

Ossandón por Espina: "Aún no demuestra qué diferencia tiene con Piñera"

El senador por Santiago Oriente, Manuel José Ossandón, se refirió a las declaraciones de su par, Alberto Espina, quien dijo estar disponible para una primaria presidencial y que puede «hacer un mejor gobierno que Sebastián Piñera».

En entrevista con ADN Radio, el parlamentario sostuvo que «el senador Espina aún no demuestra qué diferencia tiene con el candidato Piñera».

Consultado por las reformas que impulsa el gobierno de la Presidenta, Michelle Bachelet, el senador declaró que si bien éstas «son necesarias, deben hacerse bien», agregando que «lo que se ha vivido en el Senado es una masacre legislativa».

Sobre el proceso de cambio de Constitución, Ossandón indicó: «Nadie entiende por qué se va a cambiar la constitución (…) no sé qué es lo que quieren cambiar y por qué lo quieren cambiar. Hay que construir sobre lo logrado y no demoler lo hecho». (El Mostrador-ADN)

Detectan 5 propiedades más a nombre de Cema Chile en el Biobío

Bienes Nacionales informó que en la región del Bío Bío hay otras cinco propiedades registradas a nombre de la fundación Cema Chile, las que fueron traspasadas a la entidad que potenció la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, durante el régimen militar.

“Encontramos otras 5 propiedades de manera increíble, dos nuevas propiedades en la ciudad de Concepción, dos propiedades en la comuna de Penco y una propiedad en la comuna de Contulmo”, señaló a radio Biobío el seremi de Bienes Nacionales, Eric Aedo.

De esta forma, según la revisión del primer catastro realizado por la secretaría regional ministerial, aumentaron a 10 los inmuebles que estuvieron en poder de la institución cuya presidencia asumió la esposa del dictador tras el golpe militar, algunos de los cuales en estos años fueron vendidos a privados.

Además de entregar estos nuevos antecedentes, el seremi de la cartera indicó que la información será entregada al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para lograr saber si recursos por la venta de estos inmuebles llegaron a la familia Pinochet Hiriart.

“Lo que estamos buscando es cuántas de estas viviendas o inmuebles fueron vendidos, y si esos recursos terminaron en los fondos de Cema Chile o derechamente terminaron en las cuentas de la familia Pinochet”, detalló Aedo.

Cabe recordar que una de las propiedades encontradas en Concepción como propiedad de Cema Chile, se ubica en el número 1568 de calle Freire, donde funcionaría un estacionamiento de la Universidad del Desarrollo.

ACLARACIÓN DE LA UDD

A través de una declaración pública, la UDD aclaró que dicha propiedad hace años que ya no pertenece a CEMA Chile, por lo tanto, ese plantel no tiene ningún vínculo con dicha fundación, sino que arrienda el terreno a su actual dueño: la sociedad Inmobiliaria Nabatieh S.A.

De acuerdo a lo que señala la universidad, el terreno, que originalmente perteneció a CEMA Chile, ha pasado por tres dueños distintos: Primero, fue vendido por esa fundación a la Asociación Odontológica Femenina de Concepción, en el año 1990. Luego, en el año 2000, el terreno lo compró Hosain Sabag, quien finalmente, en 2004, traspasó la propiedad a la sociedad Inmobiliaria Nabatieh S.A., su actual dueña.

Tras conocerse la utilización actual de dicho terreno, diversas organizaciones de esa ciudad reaccionaron con indignación, y anunciaron que iniciarán una campaña para recuperar los inmuebles que se traspasaron gratuitamente a CEMA Chile durante la dictadura. (La Nación-Emol)

    Giorgio Jackson el político mejor evaluado, Hernán Larraín el peor

    El diputado de Revolución Democrática (RD), Giorgio Jackson, apareció este lunes liderando la lista de las figuras políticas mejor evaluadas, según la más reciente encuesta semanal de Plaza Pública-Cadem.

    El joven parlamentario tiene una imagen positiva de 57% y una desaprobación de 34%, que también es la más baja de las 25 personalidades mencionadas. A Jackson le siguen:

    – Isabel Allende (47%)
    – Sebastián Piñera (45%)
    – José Miguel Insulza (43%)
    – Manuel José Ossandón (43%)
    – Claudio Orrego (43%) (cuya ubicación la determina su 46% de desaprobación, 2% más que Insulza y Ossandón)

    LOS PEORES EVALUADOS

    En el otro lado de la moneda, con la peor imagen ante los ciudadanos se encuentra el senador y presidente de la UDI, Hernán Larraín, con sólo el 17% de aprobación, la menor de la lista, y un rechazo que llega al 72%, el mayor de todos los políticos.

    A Larraín le siguen, los senadores Alejandro Navarro (MAS) con un 22% de aprobación y Guido Girardi (PPD) que alcanza un 23%.

    La lista sigue con la diputada del Partido Comunista (PC), Camila Vallejo, con un 25% de aprobación y 64% de rechazo; el líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami (25%) y la diputada RN, Marcela Sabat (27%)

    LISTA COMPLETA

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      Caso Basura: Sabat pidió otro computador antes de dejar alcaldía

      El ex alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, sigue en el ojo de la Fiscalía por el caso Basura y este lunes salió a la luz que utilizó dos computadores poco antes de dejar la alcaldía,dejando sólo uno al momento de abandonar su oficina para dar paso a Andrés Zarhi.

      Según un informe enviado por Guido Ovando Rivera, funcionario del Departamento de Informática, al Ministerio Público, “el año 2015, alrededor de una o dos semanas antes de finalizar su mandato, el señor Pedro Sabat me solicitó un computador. Este fue entregado (sólo CPU) y dejado en su oficina”.

      “Desde ese momento, no supe más hasta que fui nuevamente a Alcaldía, una vez asumido el nuevo alcalde Andrés Zarhi, porque se estaba revisando esa oficina, se estaba retirando cámaras y otros equipamientos y sólo pude ver el computador que había llevado en la ocasión anterior”, agrega el documento publicado por Emol.

      Recodar que la semana pasada la Fiscalía Oriente no pudo incautar el computador que Pedro Sabat usó hasta que dejo la alcaldía de dicha comuna en septiembre del año pasado.

      Esto en el marco de las  denuncias por supuestas anomalías en la adjudicación del retiro de la basura de la comuna a la empresa KDM, la misma que también está siendo investigada en situaciones similares en las comunas de Maipú y Cerro Navia, y que fue realizada por el concejal Pablo Vergara. (La Nación)

        El giro

        La primera señal pública la dio hace un par de semanas el ministro Marcelo Díaz, al abrirse finalmente a reconocer que las reformas impulsadas por el gobierno contribuyeron a generar desconfianza e incertidumbre, dos de los elementos que explican la fuerte caída de la inversión en el último tiempo.

        La confirmación del giro vino después de la mano del ministro Nicolás Eyzaguirre, cuando señaló a los empresarios reunidos en Icare que la ‘obra gruesa’ de la actual administración estaba terminada, es decir, que lo previamente reconocido por el vocero de gobierno como un factor incidente en el cuadro de deterioro de las expectativas, había llegado a su fin. De manera explícita, Eyzaguirre notificó que, a partir de ahora, ‘nos vamos a concentrar en consolidar, mejorar la gestión y redinamizar (sic) la economía.”

        En síntesis: el gobierno decidió poner un pie en el freno de las reformas ante la evidencia ya indesmentible de que no hay ni habrá reactivación económica en los dos últimos años de gestión. Así, un gobierno que durante la primera mitad de su mandato se negó sistemáticamente a aceptar que la implementación de su programa estaba afectando la actividad productiva, ahora busca reactivarla notificando del término de la obra gruesa y cerrando la puerta a nuevas transformaciones.

        El problema para la autoridad es que la actual incertidumbre no se debe sólo ni principalmente a la discusión de los proyectos de ley, sino a las expectativas de mediano y largo plazo generadas por la implementación de las reformas aprobadas. En rigor, será muy difícil reactivar la inversión cuando las modificaciones a la estructura tributaria se encuentran recién en sus inicios, y la reforma laboral deberá pasar muchos meses luego de su aprobación antes de empezar a implementarse. En paralelo, una de las principales fuentes de inquietud -el proceso constituyente- apenas está comenzando, sin un cronograma claro, sin haber todavía resuelto su mecanismo de concreción, y sin poner a la fecha una sola propuesta de cambio sobre la mesa.

        Así las cosas, intentar fortalecer la economía convenciendo al país de que la obra gruesa está terminada no sólo choca con todas las evidencias, sino que implica haber validado el deterioro de confianzas que el conjunto de las reformas generó desde el comienzo.

        Ahora el gobierno acepta que la debilidad económica no depende solo de China y de la baja en el precio del cobre. Ahora decide por tanto notificar de un inverosímil término de las reformas cuando es obvio que algunas tan relevantes como la de educación superior y el cambio constitucional ni siquiera empiezan a discutirse; y ahora, finalmente, se reconoce que no habrá reactivación económica sin un cambio sustantivo en las expectativas internas, una realidad que terminó de alertar al gobierno ya que puede convertirse en un factor decisivo en el ciclo electoral que se inicia.

        La verdad, ante este inviable y poco verosímil giro retórico, quizá hubiera tenido más sentido político seguir culpando del deterioro económico al escenario externo, mantener en alto el espíritu transformador y no terminar aceptando el principal argumento de quienes, desde el inicio, se han opuesto a las reformas todavía en curso. (La Tercera)

        Perú: Keiko Fujimori mantiene distancia con 66% de votos escrutados

        Esta mañana la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) dio a conocer un nuevo cómputo en el que se mantiene la diferencia de 15 puntos porcentuales entre los dos candidatos con las dos primeras preferencias.

        Con el 66,82% de las mesas escrutadas, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se enfrentará en una segunda vuelta el próximo 5 de junio tras alcanzar el 39,46% de los votos. Pedro Pablo Kuczynski obtiene hasta ahora el 23,73% de las preferencias.

        En un tercer lugar quedó Verónika Mendoza con el 17,12%.

        El partido de la candidata más votada el domingo, Fuerza Popular,  prácticamente ha duplicado también su presencia en el Congreso unicameral,  pasando de 34 a unos 65 escaños, la mitad de la cámara, frente a los 28 de Perú  por el Kambio de Kuzcynski.

        Sin embargo, la victoria de Fujimori en la segunda vuelta no está  garantizada, alertan los analistas.

        Es que sobre Keiko Fujimori, que a los 19 años actuó de primera dama tras  la separación de sus padres, pesa todavía la herencia de su padre, que cumple  condena por crímenes de lesa humanidad y corrupción en sus diez años de  gobierno (1990-2000).

        «Kuzcynski recibirá muchos votos antifujimoristas», asegura el director de  la agencia de sondeos Vox Populi, Luis Benavente.

         RESULTADOS
        Tal como vaticinaban las encuestas, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se impuso en las elecciones presidenciales de ayer en Perú con 39,18% de los votos y será acompañada por el aspirante de Peruanos por el Kambio, Pedro Pablo Kuczynski (conocido como PPK), que consiguió 24,25%, de acuerdo al los datos entregados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), con el 40,3% de los sufragios escrutados. Así la derecha populista de la primera se enfrentará a la derecha neoliberal del segundo en el balotaje del 5 de junio próximo. Por su parte, la aspirante de izquierda Verónika Mendoza, que durante los últimos días le pisaba los talones a PPK, sólo conseguía el 16,57%.
        Según el conteo rápido al 100% de Ipsos, Keiko pasaba a la segunda vuelta con 39,6% y será acompañada en la papeleta por PPK, que conseguía 21,5%. Mientras que Verónika Mendoza se quedaba más abajo con 18,7% de las preferencias.
        La jornada electoral estuvo marcada por el calor y las largas filas en las mesas de votación, producto que los padrones en muchas de ellas se doblaran, es decir, donde votaban 200 ayer habían 400. Esto provocó que muchos de los votantes decidieran no sufragar, por lo que según la Onpe, hubo una participación del 84%.
        “Quiero expresar mi profunda gratitud a los millones de peruanos que confiaron en Fuerza Popular. Estos millones de peruanos obviamente están pidiendo un cambio. Este nuevo mapa político nos ha mostrado que Perú quiere la reconciliación”, dijo Keiko ayer tras conocer los primeros resultados, en una conferencia  de prensa en el Hotel Meliá, ubicado en el sector de San Isidro.
        Keiko, que durante la campaña manifestó su preferencia de enfrentarse en segunda vuelta con Verónika Mendoza, llegó así casi al 40% de los votos. En la primera vuelta de las elecciones de 2011 sacó 23,5% con 3,4 millones de votos que aumentaron a 7,4 millones en la segunda vuelta, cuando perdió frente a Ollanta Humala.
        “No se hace gobierno sin equipo. Lo importante es que aquí, en los próximo 5, 10, 15 años, el Perú surja, queremos un país centrado unido y en concordia con sí mismo; no queremos estar peleados, hostiles, queremos armonía”, dijo, por su parte, PPK desde la sede de su campaña conocida como “la PPKasa”.
        Para los analistas, en este escenario en que las dos derechas se enfrentan, el fujimorismo tiene una ventaja. “Esto es porque es fuerte en el interior del país. Keiko tendría que hacer un giro más que político, sería un giro ideológico hacia la centroizquierda y lo puede hacer si es que tiene presencia territorial en el interior del país. Como el fujimorismo, no es de izquierda o derecha, sino que populista, bien puede moverse ligeramente hacia la izquierda para ganar los votos que le hacen falta”, explicó a La Tercera, el analista peruano y profesor de la Universidad Diego Portales, Carlos Meléndez.
        A nivel parlamentario, el sondeo a boca de urna realizado por Ipsos señaló que la agrupación de Keiko Fujimori, Fuerza Popular conseguía el 50% de los votos, lo que significa que contaría con 65 escaños en el Congreso, para el periodo legislativo 2016-2021. Según los analistas, esto pone a Keiko en una situación de fortaleza, incluso si no gana las elecciones, porque su partido será la mayor fuerza parlamentaria.
        Asimismo, el sondeo reveló que Peruanos por el Kambio de PPK obtenía el 17,69%. Es decir, ingresaría 23 congresistas al Parlamento.
        Mientras que la revelación de estas elecciones, el Frente Amplio, ocuparía 21 escaños, todo un triunfo para una agrupación que sólo aspiraba a tres cuando comenzó la carrera electoral.
        Por su parte, la Alianza Para el Progreso, el partido del candidato descalificado César Acuña, obtendría 11 escaños.
        Es por eso que una muy sonriente Mendoza fue la primera en dar declaraciones apenas conoció los resultados desde un balcón en la sede del Frente Amplio en Cusco. “Hemos demostrado que en esta campaña no tiene que imponerse el poder del dinero. Sí se puede hacer política de otra manera, se puede hacer una campaña austera”, señaló.
        Por su parte, Acción Popular (de Alfredo Barnechea) y Alianza Popular (de Alan García) tendrían cinco representantes cada uno. (La Tercera)

        Bachelet promulga ley sobre financiamiento de campañas

        Hasta el Museo Histórico Nacional en la Plaza de Armas llegó la Presidenta Michelle Bachelet para promulgar dos de los proyectos claves de la agenda de probidad: la Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia y la que Fortalece el Carácter Público y Democrático de los Partidos Políticos y Facilita su Modernización.

        «Estamos fijando nuevas reglas para nuestra democracia, estamos haciendo lo necesario para que la democracia sea un espacio del juego limpio. No queremos para Chile una política que se hace a espaldas de la gente o que pueda verse contaminada  por el dinero», dijo la Presidenta.

        «Chile merece una política que se hace de frente, que no tiene nada que esconder, que se somete al escrutinio público, a la sana competencia y la transparencia. Una política que se construye en base de ideas y no de slogans, que sabe dialogar, que reconoce la diversidad y crea bien común», añadió.

        La Mandataria manifestó que «lo que estamos haciendo es cerrar la puerta a las malas prácticas que se habían arraigado en nuestra actividad política (…) con estas nuevas leyes las reglas del juego der la política chilena cambiaron, son más exigentes, más transparentes, con prohibiciones claras y perdidas de escaño pata quienes cometan delito. con estas nuevas reglas del juego la política se prestigia».

        Sobre la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones, Bachelet sostuvo que «recuperar la confianza será un proceso complejo y de largo aliento, pero lo enfrentamos con la mayor decisión».

        «Estamos dejando el poder del dinero fuera de la política, abriendo las puertas de los partidos al escrutinio público y estamos consagrando sanciones administrativas y penales como nunca natantes había habido. Estamos poniéndonos todos exigencias mayores que nos deben guiar en todo momento», finalizó.

        PRINCIPALES PUNTOS DE LAS LEYES

        La primera iniciativa tiene como objetivo regular el financiamiento de las campañas políticas. La nueva ley fija un financiamiento estatal para los partidos políticos, prohíbe los aportes de personas jurídicas o empresas y rebaja el límite del gasto electoral.

        Sin embargo mantiene los aportes anónimos bajo la denominación de “aportes menores sin publicidad”. Adicionalmente, se fijan nuevas restricciones para la propaganda electoral y se consagra que podrán perder su escaño quienes cometan infracciones graves a la ley electoral.

        En cuanto a la Ley de Partidos, la norma busca que las colectividades se conviertan en entidades jurídicas de derecho público, encargadas de promover la participación ciudadana, en especial de mujeres, y jóvenes.

        Entre las principales medidas se plantea que el Servel actuará como ministro de fe en las elecciones internas de los partidos, y que las directivas de las colectividades se elegirán por sus militantes o por órganos intermedios. En este último caso, dicho organismo deberá elegirse mediante el mecanismo de “un militante, un voto”.

        Por otro lado, la ley fija una cuota de género, decretando que los órganos colegiados de cada partido tendrán que contar necesariamente con al menos un 40% de representantes de un determinado género. Adicionalmente, la norma contempla  los deberes de probidad, transparencia y rendición de cuentas de los partidos, haciendo efectivo el derecho de acceso a la información para los afiliados y la ciudadanía en general. (La Tercera)

        Comité político ampliado aborda etapas del proceso constituyente

        En un comité político ampliado el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz,explicará esta mañana a los parlamentarios, timoneles y jefes de bancada de la Nueva Mayoría las nuevas etapas que vendrán en el proceso constituyente.

        Esto, luego de que ayer culminara el proceso de capacitación de tres días que en la Facultad de Derecho de la Universidad  de Chile se entregó a los 216 monitores que estarán a cargo de los próximos  cabildos ciudadanos, especialmente los comunales que comienzan el próximo 23 de abril.

        Según publicó La Tercera, para promover la participación de la ciudadanía en los cabildos el gobierno lanzará una nueva etapa de la campaña comunicacional: su fase “motivacional”. En ella, los ministros se desplegarán por todo Chile para difundir los detalles del proceso y contará además con la distribución de volantes, mensajes en redes sociales y avisaje en medios escritos, además de un spot para televisión.

        También se incluyó una “Guía para el diálogo”, documento de 24 páginas en la que se explica el proceso participativo, los requisitos y formas de inscripción; las tres etapas de diálogo (comunales, provinciales y regionales) y se agrega el “Constitucionario”, que corresponde a la lista de conceptos que buscan familiarizar a la ciudadanía con la Carta Fundamental. (La Tercera)

        CAROLINA GOIC

        Justo antes de ingresar a la reunión convocada por el Gobierno en el Palacio de La Moneda para dar a conocer a los presidentes de partidos y jefes de bancada de la Nueva Mayoría el curso del itinerario del proceso constituyente, la líder de la DC, Carolina Goic, reivindicó el rol de las colectividades en la iniciativa.

        Al respecto, la timonel demócrata cristiana sostuvo que «es muy importante que cada uno cumpla su rol», coincidiendo de este modo con sus pares del bloque oficialista, quienes adelantaron que en la cita pedirán al Ejecutivo que se les otorgue un papel «institucional» en el proceso que conducirá a una nueva Carta Fundamental.

        En esa línea, Goic indicó que «yo soy amiga de la participación, y creo que además es fundamental en un país que ha cambiado, que tiene que tener una Constitución adecuada a estos tiempos, el que se fortalezcan todas las instancias de participación ciudadana y con los recursos adecuados para ello».

        «Es fundamental el aporte de los partidos y creo que eso es parte de la discusión que vamos a tener hoy día, además el aporte de todos los partidos en un debate donde lo que estamos construyendo es la casa de todos, como lo hemos llamado desde la DC», subrayó.

        Finalmente, la senadora recalcó además que «los partidos sin duda tienen un rol, más todavía hoy día que marcamos un hito, un antes y un después, con la ley de fortalecimiento de la democracia y con partidos que van a ser muy distintos hasta como los hemos conocido». (Emol)

        El revival de Eyzaguirre

        Todos los lunes hay un almuerzo rutinario en La Moneda. La cita es convocada por el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Nicolás Eyzaguirre, y asisten los jefes de bancada de la Nueva Mayoría del Senado y la Cámara. El objetivo del encuentro es ordenar la agenda legislativa de la semana. Este lunes, asistieron sorpresivamente dos autoridades que nunca antes habían asistido: los presidentes del Senado y la Cámara, Ricardo Lagos Weber (PPD) y Osvaldo Andrade (PS), respectivamente. Una visita que causó cierto interés en la Segpres, pues no se acostumbraba a que las máximas autoridades del Congreso asistieran, al menos hasta ahora.

        Esta cita se podría convertir en una práctica habitual en la búsqueda de la consolidación de un triunvirato político conformado por Eyzaguirre, Lagos Weber y Andrade, con miras a ordenar la agenda legislativa y así cumplir con el mandato presidencial de terminar los detalles de la llamada “obra gruesa” que, a juicio del gobierno, ya está finalizada. Y ante esa tarea Eyzaguirre cumplirá un rol clave, un rol de moderador, según afirman varias fuentes en Palacio.

        El concepto de “obra gruesa” pretendió ser la idea fuerza del discurso que dio la presidenta Michelle Bachelet el 12 de marzo pasado en una ceremonia en Antofagasta, donde recordó que hace 10 años iniciaba su primer paso por La Moneda.

        Sin embargo, la idea pasó algo inadvertida, pues no logró erguirse como la impronta de esta nueva etapa de gobierno. Había entonces que volver a insistir. Y el escenario elegido fue el encuentro de empresarios de Icare del 31 de marzo pasado. A dicho foro acostumbra asistir la presidenta, o en su efecto el ministro de Interior. Sin embargo, en esta ocasión el elegido para reemplazar a la mandataria, — quien se encontraba de viaje en Estados Unidos — fue el ministro Nicolás Eyzaguirre. En La Moneda hay diferentes versiones sobre este cambio en el equipo.

        Algunos sostienen que fue Burgos quien pidió el relevo, pues ese día a la misma hora tenía una importante reunión de balance policial en La Moneda; mientras, otros sostienen que fue Bachelet quien prefirió la asistencia del titular de la Segpres. Esta segunda versión se funda en la idea de que la mandataria quería que se volviera a insistir en el mensaje de que el ciclo reformista llegaba a su fin.

        Y así fue, pero esta vez con mayor repercusión. El mensaje surtió efecto en voz de Eyzaguirre. Se transformó en un hecho político.

        Dicha intervención fue leída por muchos en la Nueva Mayoría como una señal de que la presidenta quería empoderar a su ministro PPD, uno de los más cercanos y en los que más confía, tomando en consideración la zigzagueante relación que mantiene con su ministro de Interior. Algo que a esta altura ya nadie se preocupa mucho de esconder. Incluso el mismo Burgos intentó bajarle el perfil a la performance de su colega al expresar poco después, ese mismo día, que “lo que dijo el ministro Eyzaguirre en Icare es lo mismo que yo dije en la Sofofa el día antes, lo que tuvo menos repercusión, pero es lo mismo”, sin ahondar en la esencia del concepto que Bachelet quería marcar como un hito para su última etapa de gobierno.

        EL TRIUNVIRATO

        En la Segpres comentan que el ministro Eyzaguirre sigue haciendo su trabajo como siempre, pero lo cierto es que algo ha cambiado. Explican que se despojó de una pesada mochila que traía consigo: la ambiciosa y numerosa agenda de probidad que lo mantuvo durante el 2015 e inicios de este año, casi a tiempo completo dedicado a su ejecución. Tras la aprobación de gran parte del paquete de estas reformas —consideradas en su momento prioritarias —, al ministro le dio tiempo para comenzar a desplegarse con mayor espacio y soltura sobre otros temas. Así, por ejemplo, se le vio muy activo apoyando a la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, en la última parte de la discusión de la reforma laboral. En la Moneda lo ven como algo normal, evitando dar segundas lecturas a este activo rol. Sin embargo, hay más elementos que encajan en este puzzle y es la renovada relación que establecerá con el Congreso, a través de las nuevas autoridades.

        Según comentó a Qué Pasa el diputado Osvaldo Andrade, existe algo más allá: un acuerdo de La Moneda con los partidos de que a partir de ahora el Congreso se entenderá con un solo interlocutor, para viabilizar la agenda.

        “Nosotros lo pedimos así, necesitamos una sola voz del gobierno en el Congreso. Tenemos un acuerdo formal de hacernos cargo de una agenda acotada que garantice prioridades y la implementación de la obra de este gobierno. Una vocería única, un espacio en el que el Parlamento se entienda con una sola autoridad y esa es el ministro de la Segpres”, planteó Andrade.

        La frase del ex presidente del PS es una muestra de este nuevo escenario que se verá en el Congreso.

        “Tenemos un acuerdo formal de hacernos cargo de una agenda acotada que garantice la implementación de la obra de este gobierno. Un espacio en el que el Parlamento se entienda con una sola autoridad y esa es el ministro de la Segpres”, dice Osvaldo Andrade.

        La sintonía entre la dupla Lagos Weber-Andrade es diametralmente diferente a la que tenía Eyzaguirre con sus antecesores Patricio Walker (DC) y Marco Antonio Nuñez (PPD) en el Senado y Cámara, respectivamente. En La Moneda comentan que, si bien la anterior relación no era mala, sólo se limitaba a un trato formal. Mientras que ahora hay más que eso: se observa fluidez y confianza. El ministro de la Segpres ha sostenido diversos encuentros con ambos.

        El viernes pasado, por ejemplo, almorzó con Lagos Weber, para después por la tarde ir hacia las dependencias del ex Congreso para entrevistarse con Andrade.

        “Con Eyzaguirre y con Osvaldo Andrade somos tres personas que tenemos un fuerte compromiso con el programa de gobierno y venimos desde el 2013 trabajando estas materias. Queremos mejorar la sintonía fina en materia legislativa y de coordinación, y para ello es vital ocupar todo el año en ir despejando proyectos importantes para evitar que se concentren en la etapa final”, dijo Lagos Weber.

        Así, ahora se espera que existan tres grandes hitos a lo largo del año: el 21 de mayo, el 18 de septiembre y el cierre del año legislativo del 31 de enero de 2017. Pero para el éxito de esta tarea es necesario —enfatiza el jefe del Senado— que exista una lista acotada de temas y que de parte del gobierno se concrete un mejor trabajo pre legislativo con la Nueva Mayoría. Algo que hasta ahora, muchos han criticado. Es decir, Lagos Weber plantea que el camino debe ser que antes de presentar los proyectos al Congreso se establezca un diálogo con los partidos y no después de que están ingresados en el Parlamento.

        EL MEDIADOR

        Ante ese escenario, en el oficialismo creen que ahora Eyzaguirre se sentirá más cómodo y más empoderado para cumplir lo que algunos denominan como rol de “mediador” o articulador de acuerdos en el Congreso, ante una Nueva Mayoría siempre compleja de dominar. El problema se produce en la interlocución con el ministro Burgos, cuyos pasos han tensionado inevitablemente los ánimos en el bloque. Como ocurrió por ejemplo cuando sinceró que no comparte ciento por ciento el proyecto de aborto en tres causales, justo cuando la misión del comité político era conseguir los votos para su aprobación en el Senado.

        Esta semana se sumó un nuevo capítulo de tensiones al interior del comité político: el ministro del Interior empujó el despacho del Senado de la agenda antidelincuencia. En la Nueva Mayoría no existe consenso sobre el control preventivo de identidad y Burgos no consiguió alinear posturas, lo que se reflejó en los votos en contra que tuvo este articulado por parte de senadores oficialistas: la mayoría en el PPD y todo el PS se opusieron.

        Quien tampoco se vio cómodo ante esta situación fue el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, quien en su habitual encuentro con la prensa de este miércoles esbozó la posibilidad de revisar el proyecto, cuestión que Burgos ha venido defendiendo reiteradamente. “Las leyes no se entienden resueltas hasta que no hayan sido despachadas”, fueron sus palabras.

        Estas diferencias no fueron las únicas. La última fue el anuncio que hizo Burgos, a través del diario La Tercera, de que reactivaría la tramitación de las modificaciones a la Ley Antiterrorista. Si bien existe consenso de que se trata de una iniciativa necesaria, en el oficialismo hay quienes consideran que esta agenda es propia de Burgos y que desordena más el cuadro político. “Nos sorprendió que el ministro del Interior anunciara este proyecto, pues no estaba entre las prioridades conversadas en el cónclave del lunes pasado”, dijo Andrade, en alusión a la cita que dirigió la presidenta Bachelet el lunes 28 de marzo pasado. (Qué Pasa- Por Víctor Hugo Moreno y David Muñoz)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

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