El general de División Werther Araya Menghini declaró ayer en calidad de inculpado ante la ministra Romy Rutherford, quien investiga el millonario fraude en el Ejército con fondos relacionados con la Ley Reservada del Cobre.
El general estuvo cerca de ochos horas prestando declaración ante la magistrada, que investiga el delito de fraude al fisco por el mal uso de dinero público por parte de oficiales destinados a comisiones de servicio, principalmente a Estados Unidos y países de Europa, quienes abultaban pasajes aéreos o viajaban a otros destinos con sus familias. Esta es una de las 21 aristas que tiene esta causa.
La jueza está investigando una serie de comisiones de servicio desde 2008, cuando Araya fue designado como agregado militar en el Reino Unido, y fue a Holanda, Portugal, y Croacia (ver perfil en recuadro).
También indaga viajes realizados en su calidad de presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa en Washington EE.UU., donde estuvo entre 2012 a junio de 2015, como el primer militar chileno en ocupar este cargo.
En su caso, solo existen «devolución de excedentes» por abultamiento de pasajes y no por ir a otros destinos con familiares.
El modus operandi se repite, al igual que en otras resoluciones: la agencia cotiza un pasaje dentro de la misma clase turista, la tarifa más alta, y viajan con una más baja. Luego, el pasajero pedía que con el valor que se había cotizado -y que había sido autorizado por el Ejército y que constaba en la factura- se compraran otros pasajes por distinto valor y distinta ruta, incluyendo a otras personas y otros servicios. El saldo que quedaba se le entregaba al mismo pasajero como «devolución de excedente».
«NO SABÍA QUE SE TRATABA DE UN FRAUDE»
Quienes conocieron la diligencia, aseguran que el general Araya desconoció ayer en la diligencia algunos pagos ante la magistrada y aseguró «que no fueron percibidos por él». El oficial sostiene que a él se le asignó un presupuesto, de acuerdo a la calidad en la que viajaba y a su cargo, y que luego se le hizo una devolución. Ante la jueza, sostuvo que desconocía que se trataba de un fraude; por lo mismo, antes de esta diligencia, devolvió al Ejército alrededor de $20 millones.
La ministra investiga una suma superior que él desconoció durante el interrogatorio. Araya alzó ayer el secreto bancario para que se revisen sus transacciones.
El nombre del general figura como uno de los posibles nuevos procesados en esta arista de la investigación, pues Rutherford está evaluando esta posibilidad.
En tanto, ayer el ex jefe del Estado Mayor y segunda antigüedad del Ejército, el general (r) John Griffiths, quedó en libertad. Esto, tras ser procesado el martes por delitos reiterados de fraude al fisco (cinco) por un monto total de 929,1 UTM, que en la actualidad corresponden a un perjuicio fiscal de $44.606.864, en esta misma arista.
La decisión fue adoptada por los ministros de la Corte Marcial, Hernán Crisosto, Jorge Zepeda, Ricardo Coronado (Ejército) y Juan Hargous (FACh). El voto de minoría fue del representante de Carabineros, Juan Gutiérrez.
Griffiths, que se encontraba detenido desde el martes en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, alzó su secreto bancario. El miércoles, además, fue careado con el coronel Juan Cornejo (actual jefe de la Sección Pasajes y Fletes del Comando de Personal) y con el coronel Fredis Jara, quien antes estuvo en este cargo; todos en calidad de inculpados. (El Mercurio)
