Ha concluido, ahora sí, un ciclo político que vio la luz en 1990 con la recuperación de la democracia, prolongándose durante un buen tercio de siglo, mucho más de lo que nadie imaginó. Se inició con el gobierno de Patricio Aylwin, uno de los mejores que se recuerde en la historia nacional, y concluyó tristemente con un violento estallido social en 2019, cuyas secuelas se dejarán sentir por largo tiempo. Por momentos pareció que la democracia no resistiría el embate de la revuelta, pero el gobierno de Piñera resistió estoicamente concluyendo en un impecable cambio de mando el viernes pasado, en lo que será posiblemente su principal legado.
Sin embargo, la continuidad institucional se alcanzó sacrificando la Constitución vigente –que de todas formas parecía destinada a una revisión mayor desde hace ya un tiempo–. Su reemplazo por un nuevo artefacto constitucional fue el alto precio que hubo de pagar el sistema político para salvar la casa que con no poco esmero una brillante generación de políticos logró construir y consolidar en el Chile de la transición, pero que no supo apuntalar cuando las primeras grietas asomaron visiblemente en el tinglado institucional.
Aunque el estallido social acabó con el ciclo de la transición, su conclusión formal tuvo lugar con el cambio de mando el pasado 11 de marzo. El contraste generacional es apabullante: el último presidente del ciclo que ha terminado dobla en edad al joven que encabeza el que comienza. Increíblemente, el promedio de edad de los habitantes de Palacio es de apenas 35 años, edad en que muchos de sus congéneres recién se inician en los rigores de la vida laboral. De hecho, la juventud, más que la participación paritaria, es el sello del período político en el que el país comenzó a aventurarse desde la elección de la Convención Constituyente, y con ello la inexperiencia que es consustancial a esa etapa de la vida. Jóvenes educados, pero inexperimentados, han desplazado a políticos de larga trayectoria y gobiernan ahora sin mayor contrapeso.
La vieja guardia concertacionista y la derecha llegan notablemente disminuidas -maltrechas, sería mejor decir- al mayor desafío político que haya enfrentado el país desde la recuperación de la democracia: ni más ni menos que el de la gobernabilidad democrática. En esta materia no hay razones para confiar en una supuesta excepcionalidad chilena, eso de que “aquí no pasan esas cosas”. La grave revuelta de octubre, una de las mayores en épocas recientes, la echó por tierra trágicamente. El octubrismo no se ha apagado del todo y su encaminamiento hacia el cauce constitucional no garantiza el fin de la crisis política. Los altibajos de la Convención Constitucional y el creciente riesgo de un rechazo a su propuesta constitucional nos ponen ahora ante la duda. Por cierto, el agotamiento de la democracia representativa y la deriva iliberal no es un fenómeno ajeno a los chilenos, sino que ya se observan sus síntomas entre nosotros.
Pero los jóvenes que debutan en el gobierno, y quienes le dan su entusiasta apoyo, no parecen darse por enterados del riesgo que asoma en el horizonte próximo del nuevo ciclo. Solo que como reza el dicho “el peligro que no se teme, más presto viene”. (El Líbero)
Claudio Hohmann
