Con el comienzo de las clases, seguramente aparecerán en los medios de comunicación –al igual que en la página web del Ministerio de Educación- casos de estudiantes de educación superior que este 2017 se beneficiarán con la gratuidad. Sin duda serán experiencias gratificantes, que algunos desde el Gobierno aprovecharán para justificar su intención de seguir extendiendo dicho mecanismo hacia los alumnos de mayores ingresos del país.
Sin embargo, el alivio inmediato del no pago no debiera encandilarnos a la hora de evaluar la conveniencia de seguir avanzando en esta política pública. Pues ésta traerá consecuencias de mediano y largo plazo que no se pueden pasar por alto. Se requiere entonces tener una mirada integral y juzgar la gratuidad por su contribución a los verdaderos objetivos de una política de financiamiento estudiantil, esto es, la mejora en el acceso a educación superior de quienes se ven impedidos por falta de recursos. Y además, por los efectos de segundo orden que ésta podría llegar a tener.
A falta de mayor información, lo que tenemos por ahora es lo siguiente. El año 2015 se contaron aproximadamente 35 mil alumnos de primer año pertenecientes a los 5 primeros deciles que recibieron alguna ayuda financiera del Estado en alguna de las 25 universidades del CRUCh. En 2016, cuando se implementó por primera vez la gratuidad, se contaron en estas mismas universidades del orden de 37 mil beneficiarios en primer año. Y este 2017, de igual forma, el Ministerio de Educación informó preliminarmente de 30 mil estudiantes de primer año con gratuidad en las universidades del CRUCh, una vez más, en línea con los estudiantes pertenecientes a los 5 primeros deciles que venían accediendo cada año.
De esta forma, los primeros datos disponibles permiten sospechar que la gratuidad, en lugar de mejorar la cobertura universitaria en sectores de bajos recursos, estaría simplemente sustituyendo un mecanismo de financiamiento (becas y crédito) por otro más costoso para el país, favoreciendo así a quienes de todas formas iban a ingresar a la universidad, y no a quienes se estaban viendo impedidos de hacerlo. Se seguirá postergando a quienes ni siquiera logran llegar a la educación superior e incluso a quienes ni siquiera logran finalizar su enseñanza media.
Pero eso no es todo. La posibilidad de seguir extendiendo la gratuidad puede terminar atentando contra las oportunidades de los más desaventajados, en tanto conlleva limitar el crecimiento y progreso del sistema de educación superior de acuerdo a la capacidad financiera del Estado. Lamentablemente, la experiencia del año 2016 dejó en evidencia las dificultades económicas que tuvieron que sortear las universidades que adscribieron a ella, en tanto los recursos entregados fueron inferiores a lo requerido. Lo anterior es un problema inevitable de la gratuidad: para que el Estado entregue los recursos, es necesario que fije los montos a repartir, lo que significa decidir hasta dónde puede crecer y progresar el sistema.
Dado lo anterior, –y por otras razones de justicia que no he mencionado acá- pareciera más conveniente acotar la gratuidad como un reconocimiento excepcional para alumnos meritorios de sectores más desaventajados, pero establecer un sistema de financiamiento general que nos evite el estancamiento del sistema. Tal como han sugerido la OECD y el Banco Mundial, existen otros mecanismos de financiamiento, como los créditos contingentes al ingreso, que permiten cumplir de mejor forma los objetivos de equidad, sin descuidar la sostenibilidad del sistema de educación superior. Así lo hacen países como Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y recientemente Holanda, entre otros. De esta forma se apoyaría a los jóvenes durante sus estudios, postergando su responsabilidad de pago hasta el momento en que perciban un ingreso y estén en condiciones de asumirlo, pero sin que esto signifique distraer recursos públicos de otras materias prioritarias en un país como Chile. (La Tercera)
