Durante los últimos días, tanto el Colegio de Profesores como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, han manifestado su intención de congelar su participación en la Central Unitaria de Trabajadores de forma indefinida. En el caso de los docentes, sus reparos dicen relación con la falta de rendición de cuentas de la CUT y con el sistema de votación que se utiliza para elegir a las autoridades de la Central. Los segundos, por su parte, cuestionan sólo este último punto, señalando la improcedencia del mecanismo de elección. De esta forma, la CUT lentamente ha ido perdiendo credibilidad y, por tanto, legitimidad como una contra parte representativa de los trabajadores chilenos.
¿Cómo se llegó a este punto? Las últimas elecciones de la Central fueron “la gota que rebalsó el vaso”. Cuestionamientos al abultado padrón electoral de la Central (el que sólo alcanzaría una tercera parte de lo presentado en la última elección), la sobre representatividad de ciertos sindicatos, surgimiento de organizaciones sindicales fantasmas y una dudosa transparencia del proceso, fueron la mezcla perfecta para hacer de ésta una elección decepcionante para miles de trabajadores. Decepcionante no sólo por los resultados (que mañosamente daban el triunfo a la Presidenta en ejercicio), sino que también porque veían cómo esta institución terminaba cediendo al manejo político de algunos partidos. Así, lo que debía ser una agrupación preocupada única y exclusivamente del bienestar de los trabajadores pasó a ser una institución manejada por partidos políticos, perdiendo así su autonomía.
Lo más preocupante de esta situación no es sólo el quién y cómo ganó la presidencia de la CUT, sino que cuáles serán las garantías que la institucionalidad chilena le ofrecerá a los miles de trabajadores para evitar que este tipo de situaciones se repita. La respuesta: ninguna. Ninguna, porque, como dirían algunos, “no hubo voluntad política” para hacerlo. Durante la discusión de Reforma Laboral promulgada el año pasado, se insistió en la necesidad de no sólo entregar derechos a las organizaciones sindicales, sino que también deberes. Deberes como una mayor transparencia en su actuar, cumplimiento de los requisitos de constitución, entre otros, fueron rechazados por un grupo de parlamentarios que veían estas condiciones como una intervención en contra de la autonomía de estas organizaciones. Es cierto, que la legislación debe procurar defender la libertad de estas organizaciones para organizarse como sus afiliados lo deseen, sin embargo, la institucionalidad también debe ocuparse de que estas organizaciones representen a sus afiliados y al objeto de su creación; ese debe ser el foco de toda organización sindical, no el responder a partidos políticos que buscan una nueva cuota de poder a costa de los trabajadores.
Los últimos cuestionamientos que ha sufrido la CUT serán muy difíciles de subsanar. Los arreglos políticos para conformar su directiva actual sólo han generado mayor duda en los trabajadores sobre la legitimidad de esta institución. Resulta lamentable que una organización que contó con el reconocimiento de todos los actores del sistema de relaciones laborales nacional se haya transformado en una caja negra donde sólo los pilotos conocen su contenido. Pilotos manejados por partidos políticos que, al parecer, se han olvidado del por qué manejan ese avión. (La Tercera)
Felipe Rössler
