La jueza América Rojas, titular del Juzgado de Garantía de Pichilemu, decretó el sobreseimiento definitivo de otros cuatro sacerdotes investigados por presuntos abusos sexuales y conductas impropias en el caso denominado «La Cofradía», previo acuerdo con el Ministerio Público. Los antecedentes reunidos por la fiscalía con respecto a los imputados no permitieron establecer la existencia de delitos o que algunos hayan tenido participación en los mismos.
De esta manera, los sacerdotes Róbinson Piña (Chimbarongo), Héctor Pulgar (Rancagua), Hugo Yáñez (Rancagua) y Ernesto Castro (Coinco) fueron sobreseídos en la investigación.
«Lo más importante de todo esto es que de aquellas graves acusaciones que se formularon en un momento, y que fueron objeto de escándalo nacional, se ha ido demostrando que son absolutamente falsas», afirmó el jefe de Estudios de la Defensoría Penal Pública de O’Higgins, Víctor Providel.
En tanto, se rechazó el sobreseimiento de Miguel Ángel Riveros, párroco de la Iglesia de San Enrique de Chimbarongo, por existir diligencias pendientes, ya que se le imputa haber traído a la zona a un joven colombiano sin su consentimiento, situación que, según la Defensoría Penal Pública de O’Higgins, habría quedado desestimada por versiones de la propia supuesta «víctima», pero que, sin embargo, a juicio del Ministerio Público, se debe ratificar.
Con la decisión del tribunal, y tras ocho meses de indagatoria, ya son siete los sacerdotes sobreseídos en la causa desformalizada, del total de 14 investigados, ya que anteriormente, en septiembre del 2017, fueron sobreseídos y reintegrados a sus funciones eclesiásticas, Gino Bonomo (Pumanque), Aquiles Correa (Graneros) y Fernando Armijo (San Vicente), quien falleció esperando la resolución de la investigación canónica.
Además, están los casos de Héctor Fuentes (Peumo) y Freddy Gorigoitía (El Manzano), quienes renunciaron a la Iglesia Católica, las que fueron aceptadas por el Papa Francisco la semana pasada. Estos continúan en el proceso.
Providel, junto con recalcar que en el caso de los sacerdotes sobreseídos no se acreditó la existencia de delitos, reiteró que la investigación descartó absolutamente la supuesta existencia de una asociación ilícita para cometer delitos de carácter sexual en la región, según denunció inicialmente una excolaboradora de la Iglesia Católica, lo que originó la apertura por oficio de la investigación por parte de la fiscalía, en mayo de 2017. Sin embargo, hasta la fecha no hay víctimas identificadas y no se ha formalizado a ningún clérigo.
El defensor precisó que «el tribunal comprobó que no existió ningún elemento que los vinculara a algún tipo de abuso sexual u otro delito». Aclaró que en el caso del «padre Riveros, se determinó que existían diligencias pendientes. No se ha demostrado ni su culpabilidad ni su participación en algún hecho, sino que hay algunas diligencias que el tribunal estimó necesario complementarlas».
Insistió en que «de los 14 sacerdotes vinculados al caso ‘Cofradía’, siete han sido sobreseídos y lo más importante es que se ha desvirtuado, o se ha desmentido, la existencia de esta ‘Cofradía'», concluyó.
El Ministerio Público de O’Higgins no hizo comentarios sobre este tema. (El Mercurio)
