Luego de las polémicas que se han generado a raíz de un decreto ingresado por el gobierno a la Contraloría General de la República para modificar el reglamento con que se obtiene información de los teléfonos móviles durante investigaciones criminales, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, detalló que el documento no genera problemas con las leyes actuales y que no vulnera la privacidad de las personas.
Uno de los aspectos que propone este documento es ampliar el plazo en que las compañías telefónicas mantienen almacenados los datos de los clientes de un año, según el artículo 222 del Código Penal, a un total de dos años.
Asimismo se establece la ampliación de los datos a no sólo las direcciones IP, sino también la ubicación de la llamada.
«Se les pidió a las compañías es que tuvieran la información de localizaciones de, en este caso, los teléfonos celulares», comentó este miércoles el subsecretario y agregó que «ha habido empresas que se han demorado 462 días en tener información que la Fiscalía ha pedido«.
Respecto a los temores sobre la posibilidad de acceder a estos datos sin la necesidad de una orden judicial, Aleuy fue enfático en asegurar que «nadie puede pedir información salvo que esté autorizado por el juez, a petición de un fiscal».
«Aquí ningún juez va a pedir el contenido de una llamada porque eso no está en el decreto, ni el contenido del texto de mensajes, eso no va a estar en la información. El decreto no dice eso«, puntualizó el subsecretario.
Además se refirió a las críticas que ha tenido el decreto y comentó que «si alguien estima que para dar otro tipo de garantía hay que hacer un arreglo, lo podemos discutir». (Emol)
