La oposición retomó este sábado las movilizaciones en todo el país contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en medio de un creciente clima de tensión y pedidos de países vecinos de acciones urgentes para contener la situación de violencia en Venezuela.
La coalición opositora convocó este sábado a una «marcha del silencio» en Caracas y otras ciudades del interior para protestar contra la «represión» de los cuerpos de seguridad y la veintena de muertos que han dejado las manifestaciones de las últimas tres semanas.
Los opositores esperan marchar desde 20 puntos de la capital hacia la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana, en el oeste de la ciudad.
Decenas de policías y guardias nacionales tomaron desde el amanecer varias vías del centro y oeste de la capital y la sede de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, las autoridades cerraron once estaciones del metro capitalino por medidas de seguridad.
El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, ratificó las noche del viernes que la oposición mantendrá las acciones de calle hasta que el gobierno acceda a permitir la realización de elecciones, se abra un canal humanitario para alimentos y medicinas, se liberen a los presos políticos, y se respete al Congreso.
«En Venezuela hoy no hay Constitución», afirmó Borges en una entrevista con la cadena de noticias CNN en Español al acusar a Maduro de dar un «golpe de estado» contra la Asamblea Nacional, que controla la oposición desde el 2016 luego de pasar 17 años en manos del oficialismo.
Ante las cámaras el dirigente opositor lanzó un reto a Maduro a que presente «un plan mejor que el voto» para salir de la crisis que enfrenta Venezuela, que está agobiada por una inflación que según estimaciones del Fondo Monetario Internacional podría alcanzar este año los cuatro dígitos; severos problemas de escasez de alimentos y medicinas, y una fuerte recesión económica.
Las tensiones políticas se intensificaron esta semana luego de las multitudinarias marchas que hizo la oposición entre el miércoles y el jueves en Caracas y otras ciudades del interior, y los saqueos de decenas de comercios que se registraron el jueves en el oeste de la capital donde perecieron once personas.
La crisis venezolana y la muerte de manifestantes ha generado preocupación entre diversos países de la región, y organizaciones como la ONU y la OEA que urgieron a Caracas a tomar acciones para reducir la polarización y crear condiciones para enfrentar la situación.
Algunas organizaciones humanitarias y opositores han cuestionado la actuación de los cuerpos de seguridad a los que señalan de excederse en la contención de las protestas. Las autoridades han desestimado las críticas y sostienen que actúan apegados a las leyes.
Las protestas de las últimas tres semanas han dejado 20 fallecidos, más de un centenar de heridos y detenidos. La crisis política se intensificó a raíz de dos sentencias que emitió a finales de marzo el Tribunal Supremo de Justicia, que es señalado de estar controlado por el gobierno, contra la Asamblea Nacional. Aunque los dictámenes fueron revertidos a inicios de mes las protestas no han cesado. (Emol)
