Comparto con Francisco Vidal su llamado a “debatir frente a la ciudadanía los contenidos esenciales” de la eventual futura Constitución y no seguir enmarañados en discusiones procedimentales sobre cómo y cuándo se aprobaría.
En su columna del sábado 29 de febrero aboga por la incorporación de una serie de materias para configurar “un Estado social de derechos” en dicho instrumento. Gran parte de su enumeración está ya incluida en el artículo de la actual Constitución. ¿Qué propone cambiar de dicho artículo, sin perjuicio de enriquecer su cobertura?
¿Cómo el derecho a la salud, educación, previsión, vivienda digna y trabajo decente y muchos otros derechos o demandas que los futuros convencionales propondrían ser incluidos en la nueva Carta Fundamental pueden ser garantizados por su sola inclusión en el texto constitucional?
¿No son las políticas públicas impulsadas por el Ejecutivo y por leyes, cuando corresponda, las que deben implementar dichos objetivos?
Su sola enumeración aspiracional da pie para que jueces como el supremo Sergio Muñoz en su “activismo judicial” dicte insólitos fallos, u otros ministros en el futuro, a través de la judicialización de las demandas, terminen siendo los verdaderos gobernantes del país. ¿Estamos dispuestos a adoptar los resguardos constitucionales al respecto, citados por el abogado Gonzalo Jiménez en su columna del pasado domingo?
Creo importante perfeccionar los derechos que el Estado debe proteger, pero deben ser las leyes y las políticas públicas las que los implementen. Entregar dicha responsabilidad al Poder Judicial es una falla del Estado de Derecho y un fracaso de la política. (El Mercurio Cartas)
Jaime Ravinet de la Fuente
