El horroroso asesinato de tres carabineros en Cañete no es un crimen más, frente al cual bastaría con que las fuerzas policiales concentraran sus esfuerzos en encontrar a los culpables para que sean juzgados. Se podría afirmar, incluso, que no es un caso propiamente policial. Se trata de una señal definitiva de que en la macrozona sur creció un tumor maligno que los últimos gobiernos no vieron o prefirieron no ver. Hoy, el terrorismo político/delictual desafía directamente al Estado en el plano de la fuerza.
El país está pagando los costos de la prolongada visión distorsionada respecto de la naturaleza de las convulsiones en el sur, determinada por el relato propagandístico sobre la supuesta “causa mapuche”. El camuflaje de la reivindicación étnica sirvió para tapar robos, extorsión, narcotráfico, quema de vehículos, maquinaria agrícola, bodegas, viviendas e iglesias. Y crímenes tan abominables como el de los esposos Luchsinger.
El indigenismo separatista, inspirado en realidad en el guerrillerismo guevarista del siglo pasado, transmutó en bandidaje, siguiendo la matriz de las FARC, la narcoguerrilla colombiana. El relato que describía a un pueblo oprimido que se alzaba contra el Estado permitió que los cabecillas recaudaran amplia ayuda internacional.
En años recientes, la narración revolucionaria se traducía, por ejemplo, en el hecho de que Héctor Llaitul, líder de la CAM, fuera invitado frecuentemente a la Universidad de la Frontera, en Temuco, donde recibía trato de prócer, o en los llamados de varios parlamentarios socialistas a “desmilitarizar La Araucanía”, o en la visita del diputado Boric a lo que él denominaba “el territorio liberado de Temucuicui”.
En el marco del proceso a Llaitul, la Fiscalía de Alta Complejidad aportó evidencias obtenidas de su teléfono celular que se relacionaban con el ingreso de armas desde Argentina y Cuba. Resulta, pues, increíble que, por tantos años, la CAM y las demás organizaciones delictuales hayan sembrado impunemente el terror en la macrozona sur. No es extraño que mucha gente que vive allí haya caído en la desesperanza al constatar que el Estado se volvió impotente.
Ya no es posible ignorar el carácter del reto planteado en el sur. Ello exige admitir que los diagnósticos equivocados derivaron en remedios equivocados: por ejemplo, la creencia de que la paz llegaría si se repartían nuevas tierras. El proyecto de Constitución refundacional iba más lejos, y proponía crear “autonomías territoriales indígenas”. Podemos imaginar lo que habría sido eso. Es casi milagroso que Chile haya resistido tanto delirio.
No es posible apagar un incendio de a poco, y eso ha sido la aplicación del estado de emergencia a medias, sin real voluntad de ir a la raíz del problema. Las inhibiciones, los temores y el cálculo político han bloqueado la posibilidad de que el Estado responda como hace falta, o sea, con una ofensiva de las fuerzas policiales y militares que permita asegurar el control del territorio y desarticular a los grupos armados.
Lo que vimos en Cañete fue la acción de criminales despiadados. En tal contexto, es lógico que mucha gente se pregunte si los agentes del Estado tendrán que esperar indefinidamente que el Gobierno y el Congreso definan cuándo y cómo pueden usar la fuerza. El sentido común dice que no se pueden dar ventajas a los agresores. Será mejor, entonces, si la adecuación de las herramientas legales, como la aprobación de una nueva ley antiterrorista o las precisiones sobre las reglas del uso de la fuerza, no obstaculiza la respuesta contundente que corresponde dar ahora mismo.
No puede haber confusiones sobre lo que está en juego en este momento. La convivencia en libertad no será posible si el Estado no cumple con su razón de ser. Su obligación ineludible es proteger a la población, garantizar la seguridad e imponer la ley en todo el territorio. Ello supone, por supuesto, el recurso de la fuerza. No hay orden legal sin fuerza.
El gobierno del Presidente Boric será juzgado en primer lugar por el coraje con que cumpla sus deberes constitucionales frente al desafío planteado. Todas las otras tareas están supeditadas a la posibilidad de que encabece el esfuerzo nacional para derrotar al terrorismo y el crimen organizado. No hay exigencia mayor que esa para la estabilidad y la gobernabilidad y, consiguientemente, para el futuro del régimen democrático.
La mayoría del país está cansada de declaraciones y gestos que se lleva el viento. Lo que pide hoy es una respuesta enérgica, con perfecta conciencia de que ello implica, indispensablemente, la acción conjunta de las fuerzas policiales y las FF.AA. (El Mercurio)
Sergio Muñoz Riveros
