La tarde de este miércoles, pasadas las 14.00 horas, en el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte se realizó la audiencia donde se entregó la sentencia del juicio abreviado que enfrentaron el día de ayer los nueve bolivianos detenidos el 19 de marzo en la I Región.
Según precisa el fallo de 46 páginas que leyó la magistrada Isabel Peña, los nueve individuos fueron condenados por los delitos de robo con violencia y contrabando. Además, dos de ellos por porte ilegal de armas.
De esta forma, Alex Carvajal, Carlos Calle, Arsenio Choque, Casimiro Tórrez, David Quenallata, Karl Luis Guachalla, Bryan Quenallata, Edilberto Raúl Flores y Diego Guzmán fueron condenados a y al pago de una multa de poco más de 32 millones de pesos, por el delito de contrabando. Así, Carvajal y Calle fueron condenados a tres años y un día más, por el delito de porte ilegal de armas.
Dichas penas de privación de libertad, eso sí, serán sustituidas por su expulsión del país, la cual deberá materializarse dentro de los próximos 30 días. Se determinó, para el primer grupo de condenados, que no podrán ingresar al país en al menos 10 años, mientras que el segundo en al menos 20.
Como se comunicó durante la diligencia, el actuar de los imputados no fue motivado por la persecución de un delito, pues se han logrado acreditar los elementos propios del delito de robo con violencia. No se considera como una atenuante para su condena, los presuntos delitos que pudieran haber estado cometiendo las víctimas de los hechos que perpetraron y por los cuales fueron formalizados.
Se estableció, también, que no parece lógico ni coherente que profesionales altamente calificados no portaran un sistema georeferencial que le permita tener certeza de dónde se encontraban, sobre todo, cuando ellos mismos reconocieron que en dicha zona no se puede saber a simple vista si se está en Chile o en Bolivia. Por ello, se estableció que los nueve sujetos sabían en todo momento que estaban en territorio chileno.
La jueza comunicó que su calidad de funcionarios públicos de Bolivia, no le resta validez a los delitos que se dieron por acreditados. No cuentan con inmunidad diplomática, por lo cual les es aplicable la legislación penal nacional.
Hay que recordar que los nueve individuos permanecieron poco menos de tres meses en prisión preventiva, desde el 22 de marzo, día en que fueron formalizados.
El Ministerio Público había solicitado que los bolivianos sean declarados culpables en los tres delitos y multados con el pago de $32.176.272, mientras que la defensa, pedía que en el caso que fueran declarados culpables, la pena se sustituya con la expulsión del país.
GOBIERNO BOLIVIANO
Luego de que la justicia chilena condenara y decretara la expulsión de los siete funcionarios aduaneros y dos militares de Bolivia detenidos en marzo pasado por contrabando en la zona fronteriza, el Gobierno del país vecino criticó el fallo, asegurando que esto confirma la dependencia del Poder Judicial a La Moneda.
«No es sorpresa, era algo que se preveía. Confirma que finalmente el Órgano Judicial de Chile no podía desmentir a su Jefe de Estado. La Presidenta, antes de la presentación incluso a la audiencia cautelar de los nueve detenidos, calificó los delitos y era muy difícil que una jueza vaya con una sentencia a desvirtuar la acusación hecha por la Presidenta Michelle Bachelet», indicó el ministro de Defensa altiplánico, Reymi Ferreira, a la radio estatal Red Patria Nueva.
«Lamentablemente no fue la decisión que se esperaba y lo positivo, si hay algo positivo en esto, es que los vamos a tener (a los detenidos) en unos días más porque se les ha conmutado la privación de la libertad por la expulsión», agregó el secretario de Estado.
Asimismo, Ferreira enfatizó que ahora su Gobierno continuará con la campaña internacional que ha sostenido para denunciar presuntas torturas a las que fueron sometidos los nueve detenidos al momento de su detención, el 19 de marzo, por parte de las autoridades chilenas, lo que ya fue expuesto la semana pasada ante la OEA. Esto, considerando además que, a su juicio, la jueza Isabel Peña no tomó en cuenta las denuncias de tortura hecha por los reclusos durante la audiencia del martes.
«Como Gobierno habíamos anunciado que vamos a interponer una acción a nivel del Pacto de Bogotá, porque da pena y es lamentable que la jueza no haya tomado en cuenta, aunque lo hicieron de propia voz los procesados, la denuncia de tortura de la que fueron víctimas», sostuvo.
Ferreira agregó que estos «son delitos que no sólo son sancionados en la ley penal chilena, sino que son delitos que son penados por diferentes acuerdos internacionales e instrumentos de derechos humanos, y por eso se hará la representación».
Este miércoles, la jueza Isabel Peña, del Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, dio por acreditados los delitos de robo con violencia y contrabando para los siete funcionarios de la Aduana del país vecino, y el de porte ilegal de armas para los dos militares que los acompañaban.
De este modo, los empleados aduaneros deberán pagar una multa de cerca de 32 millones de pesos y no podrán ingresar al país en los próximos 10 años, mientras que los dos militares no podrán entrar a territorio nacional en dos décadas. La expulsión debe materializarse dentro de los próximos 30 días, según estableció el tribunal.
EVO MORALES: REPRESALIA POR LA HAYA
El Presidente de Bolivia, Evo Morales, usó su cuenta de Twitter para hacer declaraciones sobre la decisión del Juzgado de Garantía de Pozo Almonte de condenar y expulsar a los nueve funcionarios del país altiplánico.
El Mandatario indicó que esto fue un fallo político y que los detenidos eran inocentes. «Quedó demostrado que 9 bolivianos luchaban contra el contrabando. El fallo es una represalia porque demandamos a Chile ante La Haya», publicó.
Morales agregó que «Por revancha, hace tres meses, Heraldo Muñoz ordenó que 9 bolivianos vayan presos. Hoy la justicia de Chile acata esa instrucción».
La jueza Isabel Peña dio por acreditados los delitos de robo con violencia y contrabando que pesaban sobre siete funcionarios, y el de porte ilegal de armas contra los dos militares que los acompañaban.
La expulsión, que deberá ser dentro de los próximos 30 días, significa que los trabajadores de Aduanas David Quenallata Laurel, Carl Guachalla Rada, Juan José Tórrez Gonzáles, Ediberto Flores Mamani, Arsenio Choque Gonzáles, Brian Quenallata Mendez y Diego Guzmán no podrán ingresar a Chile en los próximos diez años.
También deberán pagar una multa de 32 millones de pesos. El capitán Carlos Calle Soliz y al suboficial Alex Carvajal Uchani del Ejército boliviano, no podrán entrar al país en veinte años.(La Tercera-Emol)
