Una audiencia con el titular del Senado, Ricardo Lagos Weber, solicitó el martes pasado Sebastián Sichel, presidente ejecutivo de Plural, centro de estudios ligado al ex candidato presidencial, Andrés Velasco.
El objetivo de la cita es entregar formalmente una propuesta para evitar y sancionar actos de corrupción en el Parlamento, documento que incorpora un conjunto de iniciativas que ya se han desarrollado en distintos países.
Entre las principales iniciativas, se propone la creación de “agencias independientes del poder político” que tienen la tarea de fiscalizar y sancionar delitos de corrupción, las que cuentan con un “marco legal donde se establecen sus funciones”.
El texto pone como ejemplo el caso de Reino Unido y la creación de “comités normativos”, integrados por miembros electos e independientes “que realizan un seguimiento del funcionamiento de las autoridades locales”.
De igual forma, la propuesta destaca la presencia de organismos similares en Hong Kong, Canadá y Australia.
Sichel afirmó que una institucionalidad así perfectamente podría regular el Parlamento chileno. En este sentido, advirtió la necesidad de regular de forma externa la utilización de los recursos fiscales por parte de los legisladores, en medio de las polémicas que se han generado, por ejemplo, a raíz del uso de pasajes aéreos de libre disposición.
“Hay uso y abuso de los privilegios de los parlamentarios (…) No hay ninguna razón especial para que un parlamentario de la Región Metropolitana o una región respectiva, tenga pasajes para trasladarse a otras regiones, salvo que sea la misma institución la que determine que cumplirá una acción propia”, comentó Sichel. Esto, aludiendo a la controversia por los viajes que realizó el diputado Giorgio Jackson a algunas regiones donde, además de realizar actividades parlamentarias, aprovechó de participar en actos de recolección de firmas para transformar a su movimiento en partido político.
En este sentido, el representante de Plural planteó: “Quién determina cuándo y cómo se gastan recursos públicos para fines legislativos no puede ser el parlamentario, sino, por lo menos, un comité del Congreso. Hoy solo queda a creerle al propio legislador”.
DECLARACIONES DE PATRIMONIO
Otra de las propuestas planteadas por Plural se relaciona con las declaraciones de patrimonio e intereses de las autoridades públicas, en especial, respecto de las sociedades anónimas.
“En 2015, el Estado danés propone fijar un registro de los beneficiarios reales de cada empresa para acabar con el flujo de dinero ilegal, propuesta que dejaría al descubierto los flujos monetarios y a quienes benefician, permitiendo contar con información crucial a la hora de perseguir posibles delitos de corrupción”, se explica.
De Suiza, en tanto, el documento incluye una propuesta de “incorporación de tecnologías de información para la transparencia y la función pública”.
“Se diseñó una plataforma web para la contratación de empleados fiscales, se implementó un sistema de compras públicas y recientemente se creó una plataforma en línea para facilitar las denuncias de actos de corrupción. Al ser un proceso completamente anónimo, la ciudadanía tiene los incentivos suficientes para hacer la denuncia sin el riesgo de sufrir represalias por este acto”, relata el documento.
El texto, además, destaca el ejemplo de Uruguay en la creación de una “red de funcionarios públicos especializados en normativa anticorrupción”, con un programa de capacitación que comenzó con la administración central y terminó replicándose en municipios.
“Casi todos los casos de corrupción que se han tratado en Chile se han conocido por la prensa o denuncias individuales, pero no por políticas que alerten estos casos y eso es preocupante. Las alertas deben surgir de las mismas instituciones”, afirmó Sichel. (La Tercera)
