La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) descartó que los aportes legales de empresas a políticos sean una violación a la Ley de Sociedades Anónimas, dictamen que alivió a un total de 90 de los directores y ejecutivos más poderosos de Chile.
Ante denuncia formal de accionista de CGE en Antofagasta, el regulador respondió que los aportes tampoco vulneran interés de empresas y accionistas.
Un querella contra presentada por los abogados Óscar Gajardo y Bárbara Salinas contra directores y ejecutivos de Copec, Banco de Chile, Cencosud, Enersis, SQM, AntarChile, Lan, Falabella y Quiñenco, fue acogida por tribunales la semana pasada.
Esa decisión de un Juzgado de Garantía de Santiago habría despertado preocupación en el sector privado y se lo habría hecho saber al gobierno, de acuerdo a una nota de El Mercurio.
Entre los que deberán responder ante la justicia se encuentran miembros de los grupos Angelini, Von Appen, Luksic, Matte, Solari, Paulmann y Cueto.
La decisión de la SVS fija un marco y descarta las donaciones a campañas habrían causado daño patrimonial a las empresas.
«De los antecedentes incluidos en su presentación, no se desprenden elementos que configuren un incumplimiento de la normativa aplicable a las Sociedades Anónimas (Ley 18.046 y su Reglamento), por cuanto la actuación de la administración de la compañía (…) no estaría vulnerando el interés social al aprobar gastos cumpliendo con las formalidades vigentes del citado cuerpo legal», señala la respuesta de la SVS y que cita El Mercurio.
Los abogados Salinas y Gajardo afirman que los querellados arriesgan una pena de presidio menor en grado máximo, que va de 3 años a 5 años y 1 día.
