Muchas cosas nos unen como país. Una de ellas es la capacidad de resilencia para enfrentar y superar un largo historial de desastres naturales, como terremotos, tsunamis, inundaciones, erupciones volcánicas y ahora último incendios voraces que han ocasionado víctimas fatales, viviendas destrozadas y casi 600 mil hectáreas afectadas.
Así como en la campaña electoral entre Clinton y Bush, se popularizó la frase “Es la economía, estúpido”, hoy podemos utilizar la estructura de la misma para destacar la relevancia de las instituciones para enfrentar no solo los desastres naturales sino que otros múltiples desafíos de carácter público.
En efecto, no solo hemos constatado las deficiencias presentes en la Conaf en su rol de prevención y combate de los incendios forestales sino también en los múltiples desafíos que enfrenta la Onemi y el Poder Ejecutivo en su capacidad para articular los esfuerzos de los servicios públicos, la sociedad civil, y las Fuerzas Armadas para superar los embates de la naturaleza.
En los últimos años se han consolidado profundos cambios en nuestra sociedad, que ha transitado desde una ciudadanía más bien reactiva, hacia una más exigente, organizada e informada. En este contexto ser más eficientes y atender las demandas de la ciudadanía ha implicado múltiples desafíos para el Estado.
En efecto, lograr un mejor desempeño frente a este escenario requiere una evolución del sector público desde una estructura y organización tradicional hacia una más flexible y proactiva, y apoyando instancias que permitan una activa participación ciudadana. En la experiencia internacional, el transitar desde un modelo de modernización del Estado a uno de innovación en el sector público requiere una fuerte voluntad política, confianza en los funcionarios públicos y superar el enfoque tradicional.
Hasta ahora las diferentes iniciativas han buscado modernizar el Estado con el fin de aumentar su eficiencia, reducir la corrupción y las arbitrariedades en la toma de decisiones. Un ejemplo de aquello han sido las múltiples reformas del Sistema de Alta Dirección Pública.
Sin embargo, aunque este enfoque ha sido valioso, en muchas ocasiones los gobiernos no han cumplido su misión y objetivos. Esto se tradujo en una falta de orientación al usuario y la baja o nula participación de la sociedad civil en el proceso de diseño de las políticas públicas. Así por ejemplo, la incapacidad para responder de manera eficiente y eficaz a los recientes incendios forestales da cuenta que la modernización de las instituciones no solo requiere la aprobación del proyecto de ley que reforma la Conaf, sino también implica cambiar el enfoque e incorporar activamente a otros actores en el diseño y ejecución de la política de prevención y combate de las emergencias y desastres naturales.
Con todo, nuestro bienestar de largo plazo dependerá en parte importante de cómo se organicen las diferentes instituciones. En fin, son las instituciones, estúpido. (La Tercera)
Rodrigo Castro
