A medida que los incendios comienzan a bajar de intensidad, se realizan balances más finos de los daños que ha dejado la oleada de siniestros, los que ya superan los US$ 700 millones, entre efectos en sectores económicos, así como los gastos en que ha incurrido el gobierno.
En ese contexto, fue la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) la que lamentó los daños ocasionados por los incendios forestales de las últimas semanas.
El presidente del gremio, Patricio Crespo, ha manifestado que “estamos ante una tragedia social, que ha implicado graves consecuencias para las comunidades, que con estos incendios han perdido sus medios de subsistencia y ven amenazadas su capacidad de trabajo autónomo”.
Según la SNA, los daños llegan a los US$ 400 millones en este sector, la que aún puede ir al alza.
Este monto incluye daños en 400 hectáreas de olivos y 100 hectáreas de viñedos completamente quemadas, que significan US$ 5 millones en pérdidas. Misma cifra equivale a las pérdidas por concepto de bodegas y packing dañados.
Agregaron que el fuego arrasó, también, con el forraje para alimentar a los animales, cuyo costo se estima entre US$ 50 millones y US$ 80 millones.
En tanto, los daños a los cercos de los predios provocaron una merma que fluctúa entre US$ 10 millones y US$ 15 millones.
A todo esto, se suman las estimaciones que ya había realizado Corma, la que anunció pérdidas en bosques por US$ 350 millones.
Crespo dijo que “los efectos de la emergencia sobre el sector agropecuario son cuantiosos” y que si se hubieran destinado oportunamente los recursos al fortalecimiento institucional, “nos habrían permitido establecer capacidades de anticipación, mitigación y control de este tipo de emergencias sin los enormes traumas que hoy lamentamos”.
Por otro lado, expresó que se verán impactos en el empleo los próximos años y un aumento en la migración campo-ciudad.
Esto se suma a lo anunciado por el gobierno el viernes, cuando el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, entregó la primera estimación preliminar sobre los costos fiscales que demandará la emergencia, que llega a $ 233 mil millones (US$ 333 millones).
Parte de esa cifra, unos $ 95 mil millones serán para reconstrucción de viviendas.
BAJA INTENSIDAD DE SINIESTROS
Los episodios parecen ir en franca retirada, aunque restan cerca de dos meses de actividad fuerte en los que podrían concretarse nuevos episodios, ya que éstos podrían darse hasta abril.
Sin embargo, según el último reporte de Conaf, ya se bajó de los 100 siniestros activos. Ayer había 56 focos, de los cuales 44 estaban controlados, 6 en combate y 6 extinguidos.
Uno de los últimos focos fue el incendio en el cerro Miltil de San Antonio, el que ayer se encontraba contenido y sin mayor actividad, informaron en Conaf.
Respecto de los aviones especiales que llegaron para superar la emergencia, el SuperTanker se centró en los focos de Santo Domingo.
INDEMNIZACIONES CIVILES
Emiliano Arias, fiscal de la Región de O’Higgins, y quien ha tenido un activo rol en la búsqueda de responsables, dijo que las víctimas de siniestros podrían ser indemnizadas.
“Les pedí información sobre los daños, porque el Ministerio Público debe asegurar las indemnizaciones civiles de las víctimas, que hasta ahora son 216. Vamos a ir formando un catastro y los montos los va a ver un perito”, explicó Arias a La Segunda.
SINDICATOS: DISCUSIÓN SE HA IDEOLOGIZADO
La Federación Nacional de Sindicatos del Transporte Forestal y Afines (Fenasitranfor), mediante una declaración pública, señaló que tras la crisis que enfrenta el sector forestal por la seguidilla de incendios y de los cuales se ha señalado a la industria como la culpable, el gremio, que no pertenece a ningún partido político, quiere denunciar que se ha ideologizado la discusión en torno a los incendios. Aseguran que les preocupan las decisiones que se puedan tomar «porque cuando hay un cierto sesgo político, no se toman buenas decisiones». En ese contexto, piden a las autoridades «no adoptar medidas en base a termómetro».
SERGIO GALILEA DEFINE PLAZOS Y PRIORIDADES
Los incendios que vienen afectado a la zona centro sur del país hace tres semanas tienen a cerca de ocho mil familias afectadas y cerca de 1.640 viviendas dañadas. Así lo confirmó el subsecretario de Obras Públicas y coordinador de la reconstrucción, Sergio Galilea, quien ya definió los primeros pasos y plazos de este proceso, que lo mantendrá ocupado por lo que resta de gobierno.
La magnitud de estos desastres en las regiones del Maule y O’Higgins «no es menor. El efecto es principalmente costero, que afecta a la población más pobre y más requerida de auxilio público», dijo el subsecretario.
El plan que trae Galilea, quien coordinará a otros ministerios y autoridades regionales, contempla en primera instancia que las viviendas de emergencia estén instaladas en un plazo no superior a tres meses.
«Lo que estamos buscando son soluciones en la perspectiva de la solución definitiva. Y si será mediagua, será la mediagua más sofisticada posible. Que sea algo con servicio sanitario, eso ya no es mediagua. Es algo que manejará (el Ministerio de) Vivienda en detalle», explicó.
Respecto a los plazos, el coordinador dijo que se realizarán balances en los meses de mayo, septiembre y por último, a fin de año. Estos balances se traducirán primero en la entrega de un programa de vivienda, «una suerte de propuesta de reconstrucción», el que será dado a conocer antes de la cuenta pública del 21 de mayo.
En Santa Olga, debido a que existen muchas casas y terrenos que no cuentan con la regulación necesaria o que están en transición por concepto de herencia, Galilea dijo que se va a partir por las 200 primeras casas que tienen todo regularizado. A su vez, espera que a fin de año se esté entregando un porcentaje importante de viviendas definitivas en esa localidad. En tanto, no se refirió al tiempo que podrá tomar la reconstrucción completa de estas regiones del país.
TurismoGalilea también tuvo tiempo para abordar efectos colaterales de la emergencia, especialmente en el turismo, ya que se ha visto un alza de las cancelaciones de reservas por los incendios, siniestros que ya están en franca recuperación, ayudados por factores climáticos.
«En el Lago Vichuquén tenemos hoy día un grado de ocupación hotelera de no más del 15 a 20 por ciento», alertó el subsecretario.
En ese contexto, hizo un llamado a las personas, para que vayan a los lugares, ya que «el reforzamiento de la actividad productiva va a generar ingresos para mucha gente que está siendo muy perjudicada, que son muchos más que los damnificados, y esa gente requiere una esperanza y esa esperanza no es sólo la donación, es también el compromiso que nosotros creemos en estas zonas», dijo el coordinador.
Respecto por su rol en un proceso similar llevado adelante tras el volcán Chaitén en 2008, donde se detectaron irregularidades administrativas, dijo que «no siento ningún tipo de responsabilidad de las que en algún minuto se dijo. Todo eso quedó totalmente aclarado por Contraloría, en el sentido de que se actuó con eficiencia y con muchísima buena fe, si después hay una sanción administrativa de carácter menor, creo que es porque podríamos haber hecho las cosas mejor», dijo a Cooperativa.
PRECIOS DE ARRIENDOS EN ZONAS AFECTADAS AUMENTAN UN 50%
Miles de personas han sufrido la pérdida de sus viviendas debido a los incendios que afectan a la zona centro sur del país, lo que está provocando un alza en los valores de los arriendos de viviendas en algunas ciudades, situación que ya advirtió el gobierno, el que ha llamado a no especular con los precios.
Un estudio de la consultora Arenas & Cayo reveló que hay un aumento del 50% en el valor de los arriendos en las zonas afectadas y sus alrededores.
Por ejemplo, en Constitución el valor de la renta aumentó de $ 200 mil a más de $ 300 mil en dos semanas, dice Cristián Gutiérrez, gerente general de la empresa.
En Concepción, la variación de los arriendos ha sido de un 77% respecto al primer trimestre del 2016.
Como referencia, en otras zonas más alejadas donde los incendios no han llegado, como Puerto Montt y Puerto Varas, se ha visto un aumento en los precios de los arriendos del orden de 32% y 40%, respectivamente.
Este fenómeno se debe a la presión que generan los subsidios que entrega el Estado para los damnificados, dicen en la consultora. A su vez, la alta demanda de arriendos y la baja oferta aumentan la presión sobre el mercado.
De forma contraria, en algunos balnearios del sur del país, más cercanos a los focos, pero que no fueron afectados directamente, como Pucón o Villarrica, han sufrido una baja en la demanda de febrero, lo que ha movido los precios en el mismo sentido.
En Arenas & Cayo dicen que la única forma teórica de solucionar el alza en los precios sería retirando los estímulos o incorporando mayor oferta. (DF-ADN)
