Testimonios de 64 personas contenidos en 2.300 páginas, que dicen relación con abusos de poder y sexual perpetrados por miembros de la Iglesia Católica en Chile, es la información que el Ministerio Público pretende solicitar a la Santa Sede.
Se trata del informe confeccionado por los enviados especiales del Papa Francisco en el país: El arzobispo de Malta, Charles Scicluna y el sacerdote español monseñor Jordi Bertomeu.
Ambos presbíteros arribaron dos veces este año a Chile para recopilar antecedentes respecto a presuntos vejámenes perpetrados por sacerdotes, hechos que han gatillado la crisis que hoy enfrenta el clero nacional.
Así, considerando las indagatorias penales contra prelados que está llevando a cabo la fiscalía, como la reciente formalización del ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz, lo que se busca desde el organismo persecutor es determinar si en el contenido de dicho informe existen antecedentes adicionales referentes a abusos u otras víctimas que no han denunciado sus casos ante la justicia civil.
Para esto, el fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán -a cargo del caso Maristas-, sostuvo que «vamos a preparar un requerimiento internacional a fin de que se nos remita el informe».
GARANTÍA DE CONFIDENCIALIDAD
La pretensión de la fiscalía, a juicio de abogados expertos en derecho canónico y teólogos, no será fácil de conseguir. Y es que el denominado informa Scicluna se encuentra amparado por el secreto pontificio, el cual solo puede ser levantado bajo órdenes del Papa.
Dicho secreto es una facultad que se ofrece en investigaciones canónicas, las cuales se rigen por las normas legales de la jurisdicción del Vaticano, y busca garantizar confidencialidad para los denunciantes, protegiendo así documentos y archivos que hayan derivado en indagaciones bajo las leyes eclesiales, lo que enreda las aspiraciones de la fiscalía.
En ese sentido, el abogado canonista y vocero de la fundación Voces Católicas, Alejandro Álvarez, explicó que «el contexto de la misión Scicluna fue la sentida necesidad del Papa de escuchar a las víctimas». Y para ello, continuó, «se les aseguró a todas las víctimas confidencialidad, lo que hace muy difícil que la Santa Sede falte a ese deber por respeto a las víctimas».
En consecuencia, para Álvarez, revelar la información contenida en el informe Scicluna no está en manos de la Santa Sede, sino en las de las mimas víctimas, «que son quienes pueden hacerlo público o entregarlo a la justicia penal chilena si así lo requieren»
«El principio es el respeto a la voluntad de las víctimas que pidieron confidencialidad, por lo que veo muy difícil la entrega del informe Scicluna (…). La recomendación de la Iglesia a las víctimas es que siempre en paralelo denuncien al Ministerio Público», añadió.
INFORME RESUMIDO
Para el teólogo y doctor en filosofía de la Universidad de Chile, Álvaro Ramis, existe la posibilidad de que Francisco pueda levantar el secreto pontificio en este caso. «Pero sería un precedente nuevo y que se entiende que el informe Scicluna es una investigación que contiene denuncias extrajudiciales (…). Se trata de denuncias que buscan sanción canónica», comentó.
«La denuncia normalmente queda en secreto, a menos que explícitamente la persona denunciante haga pública su declaración», recalcó Ramis.
Por lo que el teólogo no ve factible que el informe sea entregado de forma íntegra -como pretende conseguirlo la fiscalía-, pero sí ve posible que el Sumo Pontífice apruebe que «se publique una edición con conclusiones pastorales y disciplinares, con la finalidad de establecer los hechos más relevantes y proponer conclusiones y recomendaciones. Pero el nombre de los denunciantes no creo que se publique.».
Finalmente, concluyó Ramis, la forma más viable de hacer entrega, al menos, de una versión editada del informe Scicluna es haciendo pública la información «on line, desde Roma. Sería lo más fácil y fortalecería la imagen de la iglesia», ya que «se complejiza» la situación, aseguró, si es que la fiscalía pretende conseguir los antecedentes vía requerimiento internacional.
FISCAL GUZMÁN
El fiscal regional Sur, Raúl Guzmán, entregó esta jornada mayores antecedentes de lo que será la solicitud que harán al Vaticano para que se les envíe de forma íntegra el informe de 2.300 páginas elaborado por el arzobispo de Malta, Charles Sicluna, y el sacerdote español. Jordi Bertomeu durante su visita a Chile a principios de año.
“Hay distintos mecanismos a través del derecho internacional para efectuar estos requerimientos. En esta primera etapa, a través de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público nos vamos a coordinar con la Cancillería para requerir estos antecedentes”, indicó el persecutor, quien añadió que “solicitaremos que la respuesta sea a la brevedad posible”.
Guzmán se mostró confiado con que dicha documentación les sea entregada por la Santa Sede. “Debemos recordar lo que nos señalaron los propios representantes vaticanos en su oportunidad, cuando vinieron hace un mes atrás a Chile, estos son monseñor Scicluna y monseñor Jordi Bertomeu, quienes señalaron que la Iglesia está llana a entregar todos los antecedentes a la justicia civil para que se investiguen estos hechos y sean sancionados”.
El persecutor complementó que “eso también lo ha reiterado en su oportunidad el nuncio apostólico, Ivo Scapolo. Y sin duda se ha visto refrendado, por lo que ha señalado el propio obispo de Concepción, Fernando Chomalí, quien llamó, no solamente a denunciar estos hechos en las iglesias, sino que también denunciarlos al Ministerio Público. Y en ese contexto, el compromiso que ha asumido con la fiscalía es con el establecimiento de la verdad y para ello si se hace necesario contar con estos antecedentes, y teniendo presente el compromiso asumido por los representantes del vaticano acá en Chile, sin duda, entendemos que habrá una entrega de esta información”. (Emol-La Tercera)
