Este lunes, el Juzgado de Garantía de Rancagua resolvió acoger a trámite la querella por violación de secreto y negociación incompatible que presentó Renovación Nacional en contra de Sebastián Dávalos Bachelet. Todo en el contexto del negocio inmobiliario protagonizado por Caval, la empresa de su esposa Natalia Compagnon, que compró en $6.50o millones tres terrenos en Machalí con la ayuda de un crédito del Banco de Chile, que se le otorgó después de una reunión entre el hijo de la Presidenta, y el vicepresidente y propietario del banco Andrónico Luksic.
Pero específicamente en la querella se incluye, además de Dávalos, la solicitud de investigar los posibles delitos asociados a las gestiones del Seremi de Vivienda, Wilfredo Valdés, la arquitecta de la Dirección de Obras de Machalí, Cinthia Ross, y Jorge Silva, funcionario de la municipalidad.
Los supuestos delitos están incluidos en el artículo 240 bis del Código Penal que sanciona la negociación incompatible. “Este vínculo de funcionarios públicos con particulares puede implicar una vulneración del deber de todo funcionario público de guardar silencio, sobre todo frente a quien tiene un interés económico en la información que posea ese funcionario público”, afirma el texto consignado por Emol.
Con esta resolución, RN a través de los abogados que lo representan tendrá acceso a la investigación que lleva adelante el fiscal Luis Toledo. Algo similar a lo que ocurre con el Partido Socialista, que es interviniente en el caso Penta.
RN
Los diputados (RN) José Manuel Edwards y Nicolás Monckeberg, pidieron este martes al Gobierno dejar que la justicia investigue el caso Caval, esto sostener una reunión con el fiscal regional, Luis Toledo, quien conduce la indagatoria. Tras la cita con el fiscal Toledo, el diputado Edwards indicó que «le pedimos a los abogados de Caval y al gobierno en general es que permitan que se pueda investigar. La Fiscalía ha tomado una posición de seriedad, se han hecho las diligencias incluso sin que se conozcan hasta varios días después con toda seriedad y todo respeto de la presunción de inocencia. Pero si hay delito o no, no está en las manos del gobierno determinarlo. Le pedimos que deje que se investigue al Gobierno para que Chile sepa si hubo acá violación o no de secreto, uso de información privilegiada y trafico de influencias». «Por eso le pedimos al gobierno que deje que se investigue y que no haga o nos entregue más oscuridad como lo hizo cuando rechazó en dos oportunidades que Chile conociera la declaración de intereses del señor Dávalos», enfatizó Edwards.
En la misma línea, el diputado Monckeberg comentó que «el Gobierno lo primero que tiene hacer es un mea culpa, valía la pena que la Fiscalía conociera esto. Y en segundo lugar, colaborar un poco más activamente en esta investigación, porque todo lo que se ha sabido de este caso no ha sido, porque el gobierno ha entregado la información sino que ha sido por la labor de la Fiscalía».
Con ello, Monckeberg detalló que «quisimos comenzar como parte interviniente reuniéndonos con el fiscal para tomar conocimiento de los aspectos centrales de la investigación. Le venimos a expresar con claridad y convicción, lo que a nosotros nos mueve es una sola cosa; es que queremos que se esclarezca toda la verdad de este caso».
«Nosotros querremos colaborar con la investigación, no queremos entorpecerla, queremos que cuanto antes se aclare y confiamos plenamente en la investigación que esta haciendo la Fiscalía. Si aquí hay delitos que se apliquen las sanciones y los procedimientos con todo el rigor de la ley, y si no los hay que con la misma claridad se establezca, por qué el país necesita que estos casos se sepan en cada una de sus dimensiones», sostuvo. (El Mostrador-Emol)
