El acuerdo político sobre un plebiscito constitucional ha generado controversias y resquemores. La derecha teme que una nueva Carta Fundamental vaya a resultar en un desastre económico, en una situación como la de Venezuela, en un colapso de la producción y el empleo, en hiperinflación y migraciones masivas de familias que buscan escapar del dolor y la miseria.
Pero Venezuela no es la única nación latinoamericana que aprobó una nueva Constitución en las últimas décadas. Ocho países implementaron nuevas cartas fundamentales en los últimos 30 años: Bolivia (2009), Brasil (1988), Colombia (1991), República Dominicana (2015), Ecuador (2008), Paraguay (1992), Perú (1993) y Venezuela (1999).
Cada uno de estos países representa un caso especial. Siguieron procesos disímiles, en momentos históricos diferentes. Pero a pesar de esa unicidad, estas experiencias tienen aspectos en común. Todas son constituciones extensas, aspiracionales y maximalistas, y varias fueron impulsadas por líderes populistas.
Un análisis de la performance económica antes y después de estas nuevas constituciones es útil para entender qué podría pasar en Chile. Este tipo de análisis es, precisamente, el objetivo de un proyecto de investigación que Luis Cabezas y yo estamos llevando a cabo en UCLA.
Para poner las cosas en simple: en solo uno de los ocho países los años posteriores a la nueva Constitución fueron un desastre: Venezuela. En las otras siete naciones, años después de haber aprobado las nuevas constituciones, la situación económica era razonable.
Nuestro análisis compara la situación en los 10 años anteriores a la nueva Constitución, con los 10 años posteriores. Se ajustaron los resultados por la situación económica regional y los precios de las exportaciones.
Un resumen del análisis es el siguiente: En solo dos de los ocho países —Brasil y Venezuela— hubo un aumento de la inflación en los años posteriores. También son dos países aquellos con menor crecimiento después de las nuevas constituciones: Ecuador y Venezuela. En términos de desempleo, no hubo mayor variación pre y post procesos constituyentes.
Lo que sí sucedió en todos los países es que el gasto del gobierno aumentó fuertemente, reflejando el mayor rol que las nuevas constituciones le asignan al Estado en materias económicas y sociales. El promedio del gasto de gobierno durante los 10 años anteriores a la nueva Constitución era de 19,3% del PIB, mientras que en el período posterior se empinaba al 28,4% del PIB. Este mayor gasto fiscal se financió tanto a través de una mayor recaudación tributaria —en promedio pasó del 18% al 26,4% del PIB— como a través de mayor deuda. El déficit público aumentó en promedio (excluyendo a Venezuela) del 0,9% al 1,6% del PIB.
¿Qué pasó con la desigualdad? Cuatro de los ocho países con nuevas constituciones están entre los que más han reducido la desigualdad desde el año 2000 en América Latina —Bolivia, Brasil, Ecuador y Paraguay—. En estas naciones la desigualdad cayó más que en el promedio de la región. Sin embargo —y esto es muy importante—, la desigualdad en esas naciones continúa siendo más alta que en Chile.
Si bien (con la excepción de Venezuela) las nuevas constituciones no produjeron una calamidad, ellas tampoco llevaron a un boom. Ninguno de los países en esta lista se ha destacado por su prosperidad. En algunos de ellos —Ecuador y Colombia—, las políticas fiscales permisivas de los últimos años generaron estructuras económicas frágiles que eventualmente requirieron de ajustes abruptos, con los consiguientes problemas políticos evidenciados recientemente.
Este análisis sugiere que, a pesar de la importancia de las constituciones en la vida de las naciones, los cambios constitucionales no tienen necesariamente grandes efectos en el crecimiento, la inflación y la distribución del ingreso. Ni para bien ni para mal.
No hay razón para entrar en pánico por que en Chile se vaya a aprobar una nueva Constitución. Pero, al mismo tiempo, tampoco hay que esperar mucho de ella. Una nueva Carta Fundamental no es una panacea que solucionará en forma automática las falencias de Chile. Al final, lo importante son las leyes que se promulgan en concordancia con la Constitución. Es por ello que al mirar hacia adelante debemos asegurarnos de que el próximo Congreso sea razonable y representativo, bien inspirado y respetado. Un Congreso que tenga como objetivo la construcción de un país más próspero e inclusivo, más igualitario y más seguro, un país más tolerante y digno. Un Congreso que no tenga la disfuncionalidad del Congreso actual. (El Mercuio)
Sebastián Edwards
