Las negociaciones del reajuste al sector público y el presupuesto 2017 terminaron de distanciar a La Moneda de lo que había sido, hasta ahora, su núcleo incondicional. Así, los senadores Jaime Quintana (PPD) y Carlos Montes (PS) llegaron a ser en las últimas semanas los insólitos exponentes de una confianza fracturada; encarnaciones de la ruptura final entre un gobierno ya sin fuerzas para mantener en alto sus principales convicciones, y una coalición huérfana de conducción política.
La decisión del Ejecutivo de no ceder en el reajuste al sector público ni aún frente a una prologada paralización, a lo que se agregó después su voluntad de asegurar la glosa presupuestaria de Educación aceptando las condiciones impuestas por la oposición, terminaron desmoronando el último bastión de la Nueva Mayoría. En rigor, ante la demanda de los empleados fiscales el ministro Valdés decidió privilegiar la responsabilidad presupuestaria, y para impedir que la glosa de la gratuidad universitaria cayera otra vez en manos del Tribunal Constitucional, se aceptó agregar recursos públicos para financiar becas en universidades privadas; es decir, la autoridad se resignó al final a una doble derrota estratégica, concediendo los puntos exigidos por el mercado, en el primer caso, y por la oposición política, en el segundo.
En este escenario, el senador Quintana afirmó que su lealtad con el gobierno había tocado techo y el senador Montes fue aun más lejos: renunció a la jefatura de su bancada y a su rol en la comisión de Hacienda de la Cámara Alta. Ambos gestos, señales indesmentibles de su pérdida de confianza y de respaldo a la forma cómo el Ejecutivo está llevando adelante su agenda. En un hecho inédito, la bancada socialista decidió acompañar el desasosiego del senador Montes, declarándose en un todavía incierto ‘estado de reflexión’.
Todo el torrente de malestar que hoy cruza a los otrora incondicionales es exponente de un elemento bien de fondo: su negativa a aceptar la inevitable capitulación del gobierno; su dificultad para resignarse a que el grado de debilidad y descrédito del Ejecutivo es de tal magnitud, que la única opción de no terminar con una gestión desfondada en el año que resta, es haciendo concesiones sustantivas a la oposición. En los hechos, más allá de las expresiones de lealtad al programa que todavía subsisten en el oficialismo, es evidente que La Moneda no tiene ya capital político que poner sobre la mesa para impedir la parálisis legislativa. Los sectores de gobierno que ahora critican los acuerdos con la derecha simplemente no asumen que poseen las mayorías para sacar adelante su agenda, pero que si hoy día no están los votos, es sólo por el efecto de los disensos internos.
La desafección surgida en el corazón de la Nueva Mayoría ha repuesto también las críticas a la conducción política del Ejecutivo, un aspecto que debió quedar zanjado en el último cambio de gabinete, luego que la Mandataria notificara que, en su opinión, el equipo de La Moneda ‘funcionaba extraordinariamente bien’ A estas alturas, seguir insistiendo en los problemas de coordinación resulta del todo inoficioso; Quintana, Montes y compañía debieran de una vez aceptar que el gobierno no está en condiciones de hacer nada distinto, y que la única posibilidad de suplir los desacuerdos profundos que hoy recorren al oficialismo, es buscando acercamientos con la derecha.
Sin duda, es toda una ironía que una coalición mayoritaria, nacida precisamente para implementar un programa de transformaciones, deba abocarse en su último año a desplegar acuerdos con la oposición para impedir el fracaso en sus reformas más emblemáticas. Entre otras cosas, hoy el gobierno tiene claro que la reforma a la educación superior y la desmunicipalización de las escuelas públicas, simplemente no verán la luz, salvo en aquellos puntos donde la autoridad esté dispuesta a hacer grandes y dolorosas concesiones a sus adversarios. (La Tercera)
