El allanamiento del gobierno a la demanda de los comuneros en huelga de hambre de poner fin a su prisión preventiva, constituye un grave precedente que las presiones indebidas son rentables. Y demuestra que el estado de derecho es débil y está sujeto a las consideraciones políticas.
Así, es necesario terminar de una vez con el ejercicio de la acción penal por parte de gobierno y órganos del Estado, en casos que no son parte afectada. Porque es injusto e inconstitucional. Es injusto, porque el imputado es atacado desde varios frentes por el aparato público, lo que atenta contra la igualdad de las partes en el proceso penal. Por lo mismo, en muchos países no se permite. Aquí es frecuente -aparte del Ministerio Público (MP), que cumple su deber-, que se querelle el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Ministerio del Interior, los alcaldes y hasta parlamentarios, debiendo el imputado defenderse de diversos persecutores con poder y que usan de fondos públicos para tal fin. Una duplicidad que involucra un dispendio de los recursos de todos.
Es específicamente inconstitucional, cuando la Carta Fundamental solo contempla un órgano especializado del Estado, el MP, como encargado de ejercer la acción penal. Agrega la Constitución, que “el ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal”, de lo que fluye que su ejercicio es restrictivo y que se requiere de ley expresa para que un órgano público pueda hacerlo. Hay pocas leyes que se han aprobado para este efecto, pero se abusa de normas dictadas bajo el antiguo sistema para querellarse. El Estado solo puede hacerlo cuando es víctima, como sucede con un fraude al Fisco; y en tal caso, le corresponde actuar únicamente al CDE. Pero resguardar el interés público en el proceso penal, es el cometido propio del MP.
Además, es inconstitucional porque se afecta la autonomía de este último, la que se consagró precisamente para evitar la politización de la investigación y de la persecución penal. Pero el hecho es que los gobiernos han ejercido la acción penal siempre por motivos políticos, como para demostrar que están haciendo algo frente a la delincuencia. Aún más grave, han usado las querellas interpuestas para quitarle el piso al MP, como sucedió en el gobierno de Sebastián Piñera, cuando recalificó delitos terroristas por presión de una huelga de hambre, y con el actual gobierno, en más de una oportunidad, al plegarse a solicitudes de los querellados de revocar su prisión preventiva, cediendo también a huelgas de hambre. En estos casos hay adicionalmente envuelta una presión indebida al tribunal que debe decidir la revocación de la medida, lo que atenta contra la independencia del Poder Judicial, consagrada en la Constitución.
Como el tribunal mantuvo la presión preventiva, el gobierno contraataca recalificando los delitos. Como ha dicho la Presidenta: “Cada día puede ser peor”. (La Tercera)
Axel Buchheister
