En los últimos días se ha debatido en este espacio sobre la utilidad de que el Gobierno presente querellas por delitos de alta connotación pública. El asunto tiene luces y sombras.
En lo que respecta al fenómeno de violencia en la macrozona sur, un informe del Observatorio Judicial determinó que un 55% de las 659 causas analizadas, provistas por el Ministerio Público, comenzaron por una querella del Ejecutivo.
En cuanto a los resultados, seis de las nueve condenas se obtuvieron en causas que se iniciaron por esta vía. Es decir, comoquiera que se inicien los procesos, el resultado final es la impunidad. Sin embargo, el grueso de estas querellas corresponde a ataques incendiarios.
Si el Ministerio del Interior decidiera no querellarse —como parece ser la determinación del nuevo gobierno—, ninguno de estos hechos de violencia se habría judicializado.
Es decir que, sin las querellas del Ejecutivo, los datos del Poder Judicial arrojarían que las carreteras de La Araucanía son tan pacíficas como las del resto del país. (El Mercurio Cartas)
José Miguel Aldunate
Director de Estudios Observatorio Judicial
