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Ministro Monckeberg a la CUT: «Sueldo mínimo de $420 mil es inviable»

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, se refirió este domingo al debate por el reajuste al salario mínimo, afirmando que si bien le encantaría que alcanzara cifras como la propuesta por la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa de $420 mil, aquello «no es viable».

En entrevista en el programa Estado Nacional de TVN, Monckeberg indicó que esta discusión debería «más técnica y responsable», pues «lo más importante es que el salario mínimo que fijemos incentive el empleo, pero el verdadero desafío es que cada día menos chilenos ganen ese sueldo, más que seguir subiendo el mínimo».

Consultado por la propuesta de la líder de la CUT, el ministro explicó que «lo que dice Bárabra Figueroa es que esa es la línea de pobreza y estableciendo un salario mínimo en eso estaríamos todos sobre la línea de pobreza. Me encantaría que fuera así eso, porque significaría que con cuatro años pagando ese sueldo se acabaría la pobreza en Chile, pero todos sabemos que eso no es viable».

«Eso significaría un reajuste en términos nominales de casi el 20% en primer año, 15% el segundo y 12% el tercero. Créame que nadie podría estar en contra de eso, pero es absolutamente inviable, no se ha hecho nunca», precisó.

Con ello, recordó que «si uno ve los reajustes del año 90 hasta la fecha lo más alto que ha habido ni siquiera superna los dos dígitos, los más altos históricos que causó muchos problemas todo mundo se acuerdo el año 99 (…) con todo el problema de desempleo que causó», en medio de la crisis Asiática.

Y si bien Monckeberg recalcó que «con esto no quiero ser el agua fiesta, al revés quiero hacer un llamado, todos quisiéramos que estuviera mucho más alto el salario mínimo, pero como uno no puede fijarlo como uno quiere, sino que tiene que hacerlo responsablemente, creo que es muy importante en esto que el diálogo sea fecundo».

«Lo más importante es que sea un salario mínimo que permita crecer, que no afecte el empleo y que nos ponga una perspectiva que cuando al país le va bien, siempre al trabajador tiene que irle mejor», remató, proyectando que unas 650 mil personas ganarían el sueldo mínimo. (Emol TVN)

Corea del Norte sigue en la carrera atómica, según la CIA

El régimen norcoreano que encabeza Kim Jong-un sigue enriqueciendo uranio de modo secreto, lo que demuestra que pretende fabricar armas nucleares, denunciaron los servicios de inteligencia estadounidenses.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos, entre ellas la CIA, tienen suficientes datos como para creer que Corea del Norte sigue en la carrera atómica, pues ha aumentado su producción de los combustibles utilizados para fabricar armas nucleares en varias localizaciones secretas del país en los últimos meses. Un reporte de inteligencia sostiene que se trata de un claro intento de esconder esos hechos en plenas negociaciones con EE.UU. sobre una posible desnuclearización completa de la península coreana.

De acuerdo con la cadena de noticias de Estados Unidos NBC, el último informe proporcionado por los servicios de Inteligencia del gobierno estadounidense parece expresar lo contrario que el Presidente, Donald Trump. El mandatario había asegurado, tras reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, que Corea del Norte “ya no suponía ninguna amenaza nuclear”.

La NBC mencionó a cinco funcionarios de alto rango del Pentágono, según los cuales Corea del Norte habría aumentado su producción de uranio enriquecido para producir armas nucleares. Todo eso en contraposición a una mejora de sus relaciones diplomáticas con EE.UU. y las promesas alcanzadas entre ambos líderes e incluso con el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. De acuerdo con las fuentes de la cadena, Corea del Norte contaría con más de una instalación de producción de armas nucleares además de la conocida en Yongbyon. “Hay pruebas inequívocas de que están intentando engañar a EE.UU.”, dijo uno de los informantes de la NBC.

PROPÓSITO DE EEUU

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo este domingo que creía que la mayor parte de los programas de armas de Corea del Norte podría desmantelarse en un año, aunque algunos expertos dicen que el proceso completo podría llevar mucho más tiempo.

Bolton dijo al programa “Face the Nation” de CBS que Washington diseñó un programa para desmantelar los programas de armas de destrucción masiva de Corea del Norte -químicas, biológicas y nucleares- y de misiles balísticos en un año, si Pyongyang coopera plenamente.

“Si tienen la decisión estratégica ya tomada para hacer eso y cooperan, podemos avanzar muy rápido”, dijo. “Físicamente, podríamos desmantelar la abrumadora mayoría de sus programas en un año”.

Asimismo indicó que el Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, pronto discutirá esa propuesta con los norcoreanos.

El diario Financial Times informó que Pompeo debía visitar Corea del Norte esta semana, pero el Departamento de Estado no ha confirmado ningún plan de viaje.

Siegfried Hecker, científico nuclear y profesor de la Universidad de Stanford, visitó el corazón del programa nuclear de Corea del Norte en Yongbyon en 2010. Predijo que tomaría alrededor de 10 años desmontar y limpiar una parte sustancial de ese sitio.

Los medios de comunicación surcoreanos informaron que el enviado estadounidense Sung Kim, el embajador estadounidense en Filipinas, se reunió con funcionarios norcoreanos en la frontera el domingo para coordinar una agenda para la próxima visita de Pompeo a Corea del Norte.

La inteligencia de Estados Unidos no sabe con certeza cuántas ojivas nucleares posee Corea del Norte.

La Agencia de Inteligencia de la Defensa está en el extremo superior con un estimado de 50, pero todas las agencias creen que Pyongyang está ocultando un número desconocido, especialmente unas más pequeñas, en cuevas y otras instalaciones subterráneas en todo el país. (La Tercera ANSA Reuters)

Reglamento de aborto: ChV dividido por eventual objeción UDI ante el TC

Chile Vamos sigue dividida ante posibilidad de que la UDI acuda al Tribunal Constitucional para objetar el nuevo protocolo del aborto en tres causales, pues plantea retirar fondos públicos a instituciones de salud privadas que se declaren como objetoras de conciencia.

Ante esto la Unión Demócrata Independiente anunció que en caso de ser aceptado el documento acudirán al Tribunal Constitucional debido a que consideran que vulneraría el derecho de las instituciones privadas a declararse objetoras de conciencia.

Juan Antonio Coloma, vicepresidente de la UDI, afirmó que al considerar el dictamen de la Contraloría como errado tienen plena libertad para presentarlo ante el Tribunal Constitucional.

Desde Renovación Nacional, el vicepresidente Felipe Guevara afirmó que existió una reflexión por parte del Gobierno que hizo que modificaran el protocolo anterior, pero aún así si un partido perteneciente a la coalición de Gobierno no está de acuerdo, tiene la libertad de acudir al TC.

El vicepresidente de Evópoli, Francisco Undurraga, afirmó que su partido pertenece a un gobierno que acata las decisiones de la Contraloría, de modo que no se sumarían a la iniciativa de la UDI.

Desde el Frente Amplio, la diputada Claudia Mix, afirmó que a la UDI no le gusta la democracia ni el debate y los llamó a prepararse ya que ahora se movilizarán por un aborto legal y seguro.

El reglamento que fue presentado por el Gobierno ante la Contraloría deberá ser revisado durante los próximo días y en caso de ser aprobado dejaría sin aportes públicos a las áreas ginecoobtétrica de las instituciones de salud privadas que se declaren objetoras de conciencia respecto al aborto. (Bio Bio)

Las propuestas de ex Ministro Rodrigo Valdés al debate previsional

El gobierno se comprometió a ingresar el proyecto de ley que busca reformular el sistema de pensiones en septiembre. Mientras eso sigue su curso, un actor que ha estado presente en el debate público ha sido el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés. Su participación no solo ha estado en la Comisión del Adulto Mayor y Pensiones que formó la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), sino que también en diversos seminarios. Ahora, para seguir incidiendo en el debate escribió un paper junto a la economista y excoordinadora de Políticas Sociales de Hacienda Paula Benavides, que lleva por título “Pensiones en Chile: antecedentes y contornos para una reforma urgente”.
Este documento tiene dos objetivos principales. Primero, presenta y analiza una serie de antecedentes que ayudan a afinar el diagnóstico y, segundo, discute una serie de elementos y soluciones alternativas que sirven de insumo para una reforma. No obstante, y más allá del análisis técnico, no deja de lado el factor político, ya que asegura que “cualquier cambio relevante requiere un nivel de consenso lo más amplio posible.
Fase de diagnóstico: suficiencia de las pensiones y pobreza
Uno de los planteamientos que hacen Valdés y Benavides apunta al problema de suficiencia de las pensiones. “Las tasas de reemplazo efectivas para personas que se pensionaron entre 2007 y 2014, calculadas por sexo y quintiles de ingreso, señalan que es solo de 20% si se considera la porción autofinanciada, número muy bajo en comparación a cualquier estándar. Con la acción del pilar solidario, la tasa de reemplazo se duplica a 40%”.
Asimismo, indican que tan importante como el promedio es que exista una heterogeneidad significativa. “La tasa de reemplazo autofinanciada de las mujeres es aproximadamente un tercio de la de los hombres. Esto es reflejo de diferencias de densidades de cotización (especialmente en edades medias), una edad de retiro menor y expectativas de vida mayores que se reflejan en las tablas de mortalidad para el cálculo de las pensiones”.
De acuerdo al estudio, la situación por niveles de ingreso es también muy distinta. “Es así como los dos quintiles más pobres terminan con tasas de reemplazo significativamente más altas que el 60% más rico”. Si bien mencionan que se puede asumir que el quintil más rico, probablemente, tiene otros ingresos después del retiro, no hay evidencia de que este sea el caso para la clase media.
En suma, subraya el documento, la clase media y las mujeres enfrentan tasas de reemplazo muy insuficientes y bastante menores que otros segmentos. “Esto es importante, porque, habitualmente, se considera que el problema de las pensiones estaría en los bajos ingresos, porque en términos absolutos sus pensiones son bajas. Pero esto no es así si se consideran las tasas de reemplazo. Sin perjuicio de aumentar los beneficios focalizados del pilar solidario, el desafío más importante y difícil es cómo mejorar las pensiones que reciben el tercer y cuarto quintil. Por ejemplo, un trabajador que al jubilar tiene un sueldo mensual de $ 900 mil, pero recibe una pensión de $ 250 mil”.

COBERTURA, TASA DE COTIZACIÓN Y MERCADO LABORAL

En el texto se afirma que un elemento determinante del nivel de las pensiones en un sistema de contribución definida es cuánto se ahorra en la etapa activa. “Dos de sus determinantes fundamentales son la participación en el sistema y la tasa de cotización. En ambos, hay problemas en la actualidad”, dice. La baja densidad de cotizaciones es un problema central. “La distribución de las densidades muestra, además, que un número importante de afiliados cotiza muy poco. En torno al 30% de los nuevos pensionados del periodo 2007-2014 cotizó por cinco o menos años y solo cerca del 23% lo hizo por más de 25 años”, precisa el documento.
Expectativas de vida, envejecimiento y edad de retiro
Otro factor central del monto de las pensiones -asegura el informe- es el número de años que es necesario financiar durante la etapa de retiro. Un período más largo disminuye el monto de las pensiones si se considera un monto de financiamiento acumulado fijo. Este período depende tanto de la expectativa de vida como de la edad de retiro. “Prácticamente en todo el mundo las expectativas de vida han aumentado y se proyecta que lo seguirán haciendo de manera significativa. En Chile, desde el inicio de los años 80, la expectativa de sobrevida a los 65 ha aumentado aproximadamente 4,5 años para los hombres y casi cinco años para las mujeres, equivalente a más de 30%. Ello implica una disminución relevante de las pensiones, manteniendo todo lo demás constante. Hacia adelante, las expectativas de vida seguirán aumentando a un ritmo algo inferior, pero de todas maneras relevante”, puntualiza el paper.

CAMBIOS PARAMÉTRICOS

A partir de simular el efecto de distintos cambios, Valdés y Benavides explican que “es crucial aumentar la tasa de cotización, la edad de jubilación y proteger la política de inversiones de manera que, dado un nivel de riesgo, la rentabilidad sea lo más alta posible. Estos parámetros pueden ser directamente afectados por la autoridad y son los más incidentes en las pensiones en el largo plazo”.

El caso de la tasa de cotización se menciona que es evidente y parece ser aceptado por todos los actores relevantes, al punto que es hoy una política de consenso. Así, sugieren que un aumento de cinco puntos porcentuales es del orden correcto, situando a Chile en torno al promedio de las tasas de cotización obligatorias para pensiones en los países Ocde. Sin embargo, se debe considerar que en muchas de esas naciones en forma adicional existe una alta cobertura de los sistemas de ahorro voluntario privados (individuales u ocupacionales). “Considerando las dificultades políticas que tiene un nuevo cambio futuro, se podría también pensar en un aumento mínimo de cinco puntos porcentuales y que este continúe más allá de este número hasta que los cálculos de tasas de reemplazo esperadas, dada cierta densidad, lleguen a un nivel deseado”, recomiendan.

EDAD DE JUBILACIÓN

Esta propuesta de aumentar la edad de retiro, de acuerdo a lo señalado en el estudio, es una medida técnicamente evidente, pero políticamente muy compleja. “Las encuestas de opinión revelan que existe un 90% de rechazo a una medida así, lo que sugiere que debe desarrollarse un proceso de maduración de esta política y que no deben abandonarse los esfuerzos por explicar los impactos significativos que puede tener una baja edad legal de jubilación, cuando existe evidencia de que esta actúa como punto focal en decisiones que pueden no ser óptimas”. A la vez, se menciona que para ser viable, este proceso debe acompañarse con el desarrollo de medidas complementarias respecto del mercado laboral, que se debe considerar una mayor equidad de género en el sistema y que, ante un aumento en la edad legal, se debe analizar un mayor grado de flexibilización del retiro anticipado.

DESAFÍO DE CORTO PLAZO 

Para las generaciones jubiladas o que están pronto a jubilar, el estudio indica que los cambios paramétricos que se pueden legislar son insuficientes para aumentar las pensiones de las generaciones retiradas y próximas a hacerlo. Parece necesario considerar algún sistema de transferencias y/o seguros. En ese sentido, se hacen al menos cuatro preguntas relacionadas entre sí: ¿Cuántos recursos transferir? ¿Quiénes deben ser los beneficiarios? ¿Debe ser un esquema transitorio o permanente? ¿Cómo deben financiarse estas transferencias?

De la sección de diagnóstico, el estudio deja en claro que los problemas de insuficiencia (medidos como tasa de reemplazo) están más concentrados en la clase media que en los quintiles más vulnerables. “Eso implica que los beneficios deberían estar más concentrados en aquellos que cotizaron. Y si se quieren resguardar incentivos, ellos deben estar de alguna manera relacionados a los esfuerzos de cotización. Por cierto, no focalizar en los más vulnerables es políticamente contraintuitivo, difícil de explicar, pero central en el diseño de un sistema de seguridad social contributivo”.

En este aspecto, Valdés y Benavides indican que se podría establecer un sistema de cargo fiscal paralelo al pilar solidario. Así, mencionan que el programa del Presidente Piñera considera, por ejemplo, complementar con cargo fiscal las pensiones de vejez de la clase media en el sistema de ahorro individual, para aquellos que hayan cotizado más de 20 años (con reglas especiales para beneficiar a las mujeres). Este complemento subiría cuando se postergue la edad de jubilación por encima del promedio actual y favorecería a los adultos mayores con pensiones autofinanciadas inferiores a $ 800 mil, a partir de los 65 años. “Si el diseño buscado es premiar a los que cotizaron se puede pensar en otorgar beneficios según la pensión autofinanciada con algún tope como lo propuso la reforma de 2017 o a través de premiar los años de cotización con un monto fijo por año, por ejemplo. En ambos casos se logra cautelar los efectos adversos en los incentivos a cotizar para los que se pensionen en los próximos años y en el costo. Si se entrega a los ya pensionados un monto independiente al esfuerzo previo, es un precedente peligroso para el resto”, afirman.

¿Cómo se financian? De acuerdo al informe, en un extremo se puede pensar en rentas generales de la nación de hoy o futuras. En el otro, está la posibilidad de usar parte de la cotización obligatoria, pero por un tiempo. “Se argumenta, con razón, que usar impuestos generales sería mejor desde el punto de vista de la eficiencia, porque la cotización constituiría un impuesto al trabajo”. Esto, de acuerdo al documento, es un argumento que no debe exagerarse, ya que los impuestos que financian las rentas generales también distorsionan. Basta ver, agrega el informe, la discusión de estos años respecto de tributos corporativos y su efecto en la inversión. Asimismo, indica que la tasa de impuestos al trabajo en los segmentos medios y medio-altos es particularmente baja en Chile cuando se compara con otros países de similar o mayor ingreso. “Una persona que gana 1,8 veces el sueldo promedio en Chile paga un impuesto menor a 8% (que incluye el 7% de salud, y subiría a 18% si se considera la cotización de AFP como un impuesto). El promedio de la Ocde es 39%.

Por otro lado, plantean que hay dos argumentos de economía política que hacen que financiar estas transferencias con rentas generales sea un camino riesgoso. Primero, señalan que es difícil pensar que recurriendo a rentas generales se logre la focalización necesaria de estas transferencias para el problema en cuestión y, segundo, que si se financia parte de las pensiones de la clase media que contribuyó con impuestos generales se crea un sistema muy parecido a uno de reparto, pero desfinanciado desde el comienzo. Sumando y restando, consideran que será necesario algún sistema de transferencias transitorio, que premie el esfuerzo contributivo en la etapa activa y que se financie de manera pragmática.

AFP

Finalmente, el trabajo analiza alternativas para una mayor eficiencia y fortalecimiento de la competencia entre las AFP y eventuales nuevos actores, así como los costos y beneficios de administradores alternativos, incluido uno para las nuevas cotizaciones administrado de manera segregada, el cual los autores tienden a preferir. Plantean que hay diferentes modelos posibles para tener un mejor sistema en términos de su sostenibilidad, diversificación de riesgos, aprovechamiento de las ventajas comparativas y del aporte de los diferentes actores.

Por razones políticas y de legitimidad señalan que parece necesario establecer un sistema complementario a las AFP privadas para administrar las cotizaciones adicionales. Añaden que el sistema de pensiones se beneficiaría, a largo plazo, al tener mecanismos para compartir mejor los riesgos entre los ciudadanos, donde exista una mayor solidaridad y se logre más adhesión. Un sistema basado exclusivamente en el ahorro obligatorio individual manejado por el sector privado y el pilar solidario para alivio de la pobreza parece insuficiente. (Pulso)

Penta: CDE se opondrá a juicio abreviado pactado por Fiscalía y defensas

El próximo martes 3, en el Centro de Justicia de Santiago se sellará el principal acuerdo que busca poner fin al denominado caso Penta, una de las investigaciones emblemáticas por el financiamiento ilegal de campañas políticas descubierto en Chile.

La audiencia -sin embargo- tendrá un protagonista inesperado, ya que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió esta semana oponerse al acuerdo firmado por el fiscal regional Manuel Guerra y los abogados de los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y del exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, y que suprime los delitos de cohecho y soborno en la causa.

LA DISCUSIÓN

El debate fue intenso la tarde del martes 26 en el primer piso del edificio de calle Agustinas N°1687, donde sesiona el pleno del CDE. Como siempre sucede, hubo análisis diversos, pero al finalizar ya había una decisión de consenso: los consejeros acordaron que el organismo se opondrá al procedimiento abreviado que la fiscalía pretende sellar con los principales imputados del caso Penta. ¿Su convicción? La gravedad y relevancia del caso no estaba compensada en el acuerdo impulsado por el Ministerio Público.

Fue en enero de 2015 que el CDE, encargado de defender los intereses del Fisco y de perseguir penalmente a funcionarios que cometan delitos como cohecho, decidió querellarse y hacerse parte en esta investigación. Los consejeros en esa oportunidad hicieron un estudio de los antecedentes recopilados por la fiscalía, tras lo cual emprendieron la acción criminal contra los dueños del holding por soborno. Dos meses antes lo habían hecho contra Wagner por cohecho.

En una entrevista a Reportajes en abril de este año, el expresidente del CDE Juan Ignacio Piña -quien encabezó la discusión que originó la querella del organismo- no quiso referirse a la decisión del Ministerio Público de renunciar al cargo de cohecho, pues en ese minuto no estaba oficializado, aunque intentó explicar que el interés de los inculpados por acordar esta salida tenía que ver con que “todos los imputados quieren escapar de ser condenados por cohecho, que es el delito de corrupción por antonomasia, y eso tiene una pena muy baja, pero un contenido simbólico muy alto”.

Piña recordó, además, que cuando el CDE en 2015 decidió querellarse, “estábamos absolutamente convencidos de que los hechos ameritaban la calificación de cohecho, eso está absolutamente claro”.

La postura del expresidente de la institución resonó en las paredes del Consejo esta semana. Y algunos de los integrantes del CDE, incluso aquellos considerados como defensores de posturas más conservadoras, argumentaron que debían oponerse justamente respetando el estudio de antecedentes que el organismo hizo en esa época y que no ha cambiado durante la tramitación del caso. Fuentes que conocen el tema sostienen que también existe molestia al interior del CDE con “la poca deferencia” con que actuó la fiscalía en el caso Penta, donde no se les advirtió del acuerdo al que había llegado con las defensas, rompiendo una tradición que incluso -recuerdan fuentes del caso- respetó el jefe del equipo que investiga el caso SQM, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, con quien también el CDE tuvo diferencias.

LA BATALLA

El 26 de enero de este año, el CDE comenzó a librar su primera batalla, oponiéndose a la postura de la fiscalía en los llamados casos de “platas políticas”. En ese primer intento, sin embargo, el representante del Fisco perdió.

La dupla compuesta por la consejera y miembro del Comité Penal, María Inés Horvitz, junto a la jefa de litigación del CDE, Luppy Aguirre, se opusieron ante el Octavo Juzgado de Garantía a la salida alternativa que el Ministerio Público ofreció a la empresa SQM. En una de sus intervenciones, Horvitz hizo una pregunta retórica ante el Octavo Juzgado de Garantía que fue muy comentada, en días posteriores, al interior del Ministerio Público: “¿Qué mensaje está comunicando la fiscalía? (…) Que se puede cooptar a toda la clase política mediante pagos ilegales y sobornos (…) y salir indemne?”.

El juez Luis Avilés, no obstante, terminó por dar curso a la suspensión condicional respecto de la responsabilidad jurídica de la empresa, cuya responsabilidad se investigaba por los supuestos sobornos que se le imputan al exgerente general de la minera no metálica realizados al exsenador UDI Pablo Longueira en el marco de la tramitación del royalty minero.

En caso de haberse comprobado la existencia de un ilícito, la empresa SQM podría haber enfrentado penas que van desde multas y restricciones para suscribir contratos con el Estado hasta, en el caso extremo, su disolución. Pero la derrota del CDE en este caso luego fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Es probable que este martes 3, la dupla Horvitz-Aguirre pueda repetirse esta vez en el marco del caso Penta.

LA ESTRATEGIA

Para arribar al acuerdo de cierre del caso Penta, el fiscal Guerra decidió eliminar el cargo de cohecho que imputó el exfiscal nacional Sabas Chahuán en marzo de 2015 a Pablo Wagner y los actos de sobornos por lo que se ha investigado a Délano y Lavín.

Para concretar el pacto, el Ministerio Público debe reformalizar al exsubsecretario de Minería Pablo Wagner y, en el relato de hechos ante el juez, no mencionar los correos incautados durante la investigación. Estos, según se formalizó, dan cuenta de supuestos actos que la exautoridad habría realizado a favor de los controladores (reuniones con el yerno de Délano por el proyecto Dominga y supuestas gestiones para proponer a Lavín al directorio de Codelco) y enmarcar que los 14 pagos bimensuales por $ 42 millones que recibió del holding -entre marzo de 2010 y octubre de 2012- configuran un delito de enriquecimiento ilícito y no pagos a cambio de actos de corrupción.

Pero el CDE -y también el representante del Partido Socialista- buscará calificar los hechos en otro tipo penal y presentará una acusación particular igualmente por el delito de cohecho. El problema es que el querellante no puede sumar hechos distintos a los relatados por la fiscalía al momento de formalizar y acusar.

Hace unos días, Guerra sostuvo una disputa con la Fiscalía Nacional luego de que esta le sugiriera llevar el caso como acordó con las defensas por el tipo penal de enriquecimiento ilícito, pero que no dejara fuera de su relato los correos entre Wagner y los controladores de Penta, para que así fuera el juez y no la fiscalía quien determine cuál es el delito que se indagó. La sugerencia generó la molestia del titular de la Zona Oriente, quien terminó pidiéndole la venia al fiscal nacional, Jorge Abbott, quien lo apoyó, aunque también le recordó que está inhabilitado de conocer detalles del caso.

Reportajes intentó sin éxito ubicar a la defensa de Penta.

El relato de los hechos en la audiencia del martes 3 será el principal escollo que deberá librar el CDE, cuyos consejeros -en todo caso- acordaron un pacto de silencio para no adelantar la estrategia judicial de una batalla que no quieren volver a perder. (La Tercera)

Caso Uber-Carabinero: Chofer y uniformado, víctimas e imputados a la vez

El fiscal a cargo de la causa de disparos de un carabinero a un conductor de Uber, Eduardo Baeza, comunicará en la audiencia del lunes 9 de julio la agrupación de las dos investigaciones respecto de los involucrados: el cabo Blas Villarroel y Rodolfo Muñoz.

El persecutor explicó a El Mercurio que en una sola indagatoria el conductor del Uber y el carabinero tendrán condición de víctima y también de imputado, ya que los dos se acusan mutuamente de un homicidio frustrado.

«Respecto de la acción del carabinero, el delito a investigar sería homicidio frustrado y también eventualmente lesiones. El homicidio frustrado tiene una pena que parte en los 5 años y un día hacia arriba, y el delito de lesiones tiene una pena inferior, pero todo eso en el marco de determinar si lo hizo justificado en la legítima defensa», dijo Baeza.

Mientras en el caso de Muñoz lo que se está viendo es un atentado en contra de la autoridad y también lesiones leves a funcionario de Carabineros «en que las penas son sensiblemente más bajas», agregó.

Eduardo Baeza además solicitó las cámaras de seguridad del recinto y las obtenidas por testigos en el lugar. Así como requirió a la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco) las grabaciones de la información de los reportes y solicitudes hechas por los policías que permanecían en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez al momento del incidente. (Emol-El Mercurio)

I. Sánchez y reglamento de objeción: «Fondos públicos no están al arbitrio del Estado»

“Yo atribuyo esto a que el gobierno quiere estar completamente en la línea de las pautas que dictó Contraloría, pero no hay una convicción detrás. Esa de decir que están bien los lineamientos de Contraloría, pero que el reglamento tiene que tener aspectos que un gobierno considera importante para las personas y su bien”. Así explicó a La Tercera el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, la sensación que le dejó el reglamento presentado el viernes por La Moneda a Contraloría, respecto de la objeción de conciencia ante la Ley que Despenaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales. El documento en cuestión restablece una restricción en relación a la objeción institucional, en el área de obstetricia y ginecología, para las entidades de salud privadas que reciben fondos públicos.

El documento ingresado al ente contralor dice que “los establecimientos privados de salud que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley N° 36, de 1980, del Ministerio de Salud, podrán ser objetores de conciencia siempre y cuando los referidos convenios no contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología”.

Para Sánchez, quien fue uno de los artífices y defensores del concepto de la objeción de conciencia institucional, aún quedan instancias para modificar el reglamento. Y no descarta recurrir a instancias judiciales.

A partir de la información publicada, ¿qué le parece el reglamento?

Aun no hay oficialización de que sea ese el documento, pero nos parece que la objeción institucional está puesta en la ley diciendo que la institución podrá, de acuerdo a su ideario propio, ser objetora de conciencia, con todo un mecanismo al respecto. Los fondos públicos no pueden estar al arbitrio de las iniciativas estatales. Ellos son generados por todos los chilenos y tienen que estar orientados a los proyectos de bien público. Algunos, realizados por instituciones estatales, y otros por no estatales. En el proyecto de ley no aparecen restricciones y nos parece que no es el espíritu de la ley que un reglamento comience a ponerle restricciones a un derecho. Es inconstitucional negar un derecho fundamental a través de un reglamento. El derecho fundamental que la ley promueve es la objeción por instituciones, y este reglamento está acotando y negando ese derecho, poniéndole condiciones. Eso es inconstitucional.

En ese escenario, ¿podrían ustedes recurrir al Tribunal Constitucional?

Está todo abierto. Las instituciones pueden ir bajo las razones que mencioné, pero también pueden hacerlo los parlamentarios. Es un flanco abierto que podría esgrimirse para acudir al Tribunal Constitucional.

¿E interponer un recurso de protección…?

Como esto se conoció ayer (el viernes), es muy encima para hacer un análisis completo. La alternativa que tienen instituciones como la nuestra es, por supuesto, acudir a los tribunales de justicia o al TC. Tenemos que estar atentos para saber si parlamentarios de distintos partidos pueden acudir o no por la interpretación errónea que, a nuestro juicio, se está haciendo de la ley, y a partir de eso ver también qué sucederá con los convenios. De darse todo esto, la universidad tendrá que interponer una instancia legal, porque no nos parece aceptable el reglamento que ha trascendido.

¿A qué responde, a su juicio, esta decisión del gobierno?

El gobierno no está haciendo un reglamento que se ajuste al bienestar de las personas, y me parece grave que no tenga esa mirada de bien común, sino solo la de evitarse problemas con la Contraloría.

¿Qué sucederá con los convenios que tienen ustedes con el Estado?

Tenemos un convenio amplio con el sistema público de salud, por más de 15 años, en nuestros consultorios de salud en La Pintana y Puente Alto. Atendemos a cerca de 65 mil personas, con todas las prestaciones, incluyendo ginecología y obstetricia. Son consultorios de atención familiar, por lo tanto, es de una gran complejidad separar las prestaciones. Alguien podría decir: “Bueno, por qué la universidad no se queda solamente con las prestaciones que no incluyen ginecología y obstetricia”, pero no es una opción tan fácil de tomar cuando lo que uno quiere es servir a la población. Lo que más llama la atención de este reglamento, bajo la lógica de los lineamientos de Contraloría, es que no se pone en el lugar de las personas. Se pone en el lugar de la asignación de recursos públicos.

En términos económicos, ¿cuánto dejaría de recibir la UC de parte del Estado por estos convenios?

No es que dejemos de recibir. Es al revés. Nosotros ponemos recursos. La Universidad Católica dejaría de invertir $ 400 millones todos los años, así que no hay ningún detrimento económico, todo lo contrario. Ese es el mejor indicador de cuál es la motivación nuestra: estamos por hacer las cosas bien, pensando en las personas, poniendo recursos extra. Nunca hemos tenido un interés económico.

Visto de la óptica del usuario, el hecho hipotético de que ustedes, como objetores, salieran de los convenios, ¿cómo afectaría a la gente?

El 100% de las personas que se atienden en estos consultorios son beneficiarios de Fonasa, nosotros no atendemos de manera particular en estos consultorios. Todas las personas tienen un pago per cápita por parte del Ministerio de Salud, una atención gratuita. Por lo tanto, si tuviéramos que cortar parte del convenio, ninguna mujer se podría atender en estos consultorios. Tendrían que ir a otra instancia. Si usted piensa que, en cifras entregadas por el ministro de Salud, son 350 pacientes en algo menos de la mitad de un año (las que han invocado la ley de aborto), podríamos llegar a tener 600 o 700 en todo un año. El 40% de ellas estaría distribuido en la Región Metropolitana. Estamos hablando de un número de pacientes bastante pequeño, que perfectamente pueden tener una derivación segura y oportuna, según los convenios que hemos hecho, tanto con el sector público y privado. Y en vez de solucionarse ese tema acotado, lo que se busca aquí es amplificarlo a un número muchísimo mayor de pacientes. Porque ya no sería una decena, sino que pasarían a ser miles las mujeres que eventualmente tendrían que sufrir las consecuencias de modificar el convenio existente. (La Tercera)

Fase de prueba: logran bajar los brazos del Puente Cau Cau

“¡Gran noticia para Valdivia!”, así informó a través de su cuenta del titular el titular del ministerio de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, que las pruebas para bajar los brazos del Puente Cau Cauconcluyeron de manera exitosa y fue posible que ambas extremidades pudieran unirse.

“Seguiremos trabajando para poder pronto utilizar el puente de manera provisoria. Felicitaciones”, concluyó en la red social.

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El titular de MOP viajó hasta las región de Los Lagos, junto al presidente Sebastián Piñera para inaugurar una serie de obras en la zona, entre ellas la inauguración de la doble vía que conecta a Puerto Montt con el inicio de la Carretera Austral, en el balneario de Pelluco.

 

Durante la jornada de ayer iniciaron los trabajos para poder abrir, de manera provisoria, la mediática obra pública, cuyo plazo se cumple el próximo 25 de agosto. El secretario de Estado había detallado anteriormente que su apertura será para vehículos livianos en horario restringido, tal como se acordó con la Dirección de Viabilidad del MOP. (La Tercera)


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Piñera: «La sequía legislativa es un invento del PS»

“Ahora estamos preparados”, dice el Presidente Sebastián Piñera, quien esta semana salió a enfrentar a esa oposición que -según señala- “está con la política de negar la sal y el agua”. El mensaje tiene un objetivo: anunciar que en las próximas semanas va a poner en marcha el programa de gobierno y enviará al Congreso una batería de proyectos, entre los que él mismo destaca las reformas al sistema de pensiones y de isapres, la salacuna universal y la modernización del sistema tributario, entre otros.

Se podría haber pensado que la preparación de su segundo mandato estaba muy avanzada. Sin embargo, ha sido una queja recurrente de la oposición la llamada sequía legislativa…

Algunos creen que los países avanzan solo con leyes. Las leyes son importantes, pero también es importante la actitud, la voluntad, la calidad de gestión del gobierno, de los poderes del Estado y de la sociedad civil. Esto de la sequía legislativa es un invento del Partido Socialista.

¿Del Partido Socialista?

Sí, ellos son los que han establecido este criterio de la sequía legislativa. Antes se hablaba del frenesí legislativo, ahora se habla de la sequía legislativa. Le quiero decir que durante estos primeros tres meses hemos presentado 21 iniciativas legislativas, 17 proyectos de ley y hemos establecido 45 urgencias legislativas. También le digo que hemos tenido una dificultad con el Congreso, porque las urgencias que el gobierno pone para que estos proyectos se tramiten en el Congreso no están siendo debidamente respetadas.

¿Cómo ve al conjunto de la oposición?

Quiero ser muy justo: creo que hay distintos sectores de la oposición. Hay una parte de la oposición que optó por un camino de mucha dureza. No sé si va a cambiar o no, pero hasta el momento lo que están haciendo es negar la sal y el agua. Están frenando la agenda legislativa, abusando de instrumentos como las interpelaciones y las acusaciones constitucionales, llevando todo lo que pueden llevar a la Contraloría, con o sin razón. Ese no es el camino de colaboración. Es un camino más bien de obstrucción. Pero hay otra parte de la oposición, que creo que está con una genuina y auténtica voluntad de colaborar desde sus propios puntos de vista, como es natural. Y yo eso lo aprecio y lo agradezco mucho.

¿Por qué razones los proyectos no estaban listos al momento de empezar el gobierno?

Una de las cosas que uno aprende como Presidente es que antes de enviar un proyecto de ley usted tiene que conversarlo, discutirlo, recibir opiniones, visiones distintas, para no cometer errores en la legislación. Por ejemplo, recuerdo que el gobierno anterior envió muy pronto la reforma tributaria del ministro Alberto Arenas, que era una reforma que estaba tan mal pensada que tuvo que ser rectificada dos veces por el propio gobierno. A los gobiernos no se les debe juzgar por cuántas leyes mandan, sino por mejorar la calidad de vida de sus compatriotas. Estoy seguro que Chile está mucho mejor hoy que el 11 de marzo de este año. Creo que tomarse tres meses para analizar en profundidad, recogiendo toda la información que estaba en el gobierno, a la cual nosotros no teníamos acceso desde la oposición, escuchar a los nuevos ministros, a los nuevos subsecretarios, escuchar a muchas partes es absolutamente prudente y necesario. Ahora estamos preparados.

¿Y cuáles son esos proyectos?

Le voy a mencionar los más importantes para no aburrirla: la modernización de Carabineros, indispensable para poder combatir con eficacia la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Vamos a privilegiar el trabajo preventivo en la calle. En estos primeros 90 días, 2.600 carabineros que estaban cumpliendo labores administrativas ya están en la calle protegiendo y cuidando a los chilenos. Además, les vamos a entregar herramientas e instrumentos como el sistema táctico de operación policial y el banco único de datos compartidos por todas las organizaciones que combaten la delincuencia. A eso se suma la ley que combate las conductas antisociales. Esto supone dos cosas: tipificar como delito conductas que antes eran consideradas faltas, pero que provocaban graves problemas, como -por ejemplo- el consumo de alcohol en la calle, los rayados, los grafitis, la destrucción de inmobiliario o equipamiento en las plazas o parques públicos, etc. Le anticipo también que vamos a enviar el proyecto que establece la salacuna y la educación preescolar universal y gratuita para todos los niños de Chile; el proyecto de ley que crea el Ministerio de Familia y de Desarrollo Social; el proyecto que permite el trabajo a distancia; el proyecto que mejora las pensiones de los chilenos, pero con prioridad y preocupación especial por las mujeres, los más pobres y la clase media. Vamos a enviar el proyecto que moderniza el sistema de isapres, terminando con las preexistencias y estableciendo una forma más equitativa de distribuir el costo de la maternidad y de la tercera edad; el proyecto de modernización tributaria, que implica simplificar el sistema para que sea entendible para los seres humanos comunes y corrientes, y terminar con la arbitrariedad y discrecionalidad del Servicio de Impuestos Internos. Ahí tiene usted proyectos de ley que van a ir al Congreso en los próximos días y semanas.

La oposición se queja de la sequía legislativa y en su sector hay incomodidad con algunas de sus decisiones, como el hecho de abrir la puerta a la adopción homoparental o no haber bajado los impuestos a las empresas como lo había anunciado su ministro de Hacienda…

Se estaba estudiando. Pero como la situación de política fiscal era mucho peor de lo que el gobierno anterior había reconocido, pienso que era prudente y responsable no insistir en la rebaja de impuestos a las empresas, pero sí insistir en simplificar el sistema tributario, en integrarlo y crear incentivos a la inversión, a la innovación, al emprendimiento, a la creación de riquezas y de empleos, que es lo que va a estar contenido en nuestro proyecto de modernización tributaria. Y respecto del tema de adopción, este tema está totalmente tergiversado por los intereses de minorías. El objetivo de la ley de adopción que ya enviamos al Congreso y que el Parlamento todavía no quiere discutir, primero es reducir a un tercio los plazos de adopción; segundo, establecer criterios para que el interés superior del niño esté por encima de cualquier otro interés, y que esté, en la medida de lo posible, el rol del padre y el rol de la madre. Y tercero, que tengan estabilidad, para que lo que están prometiendo dure no un día o un mes, sino que acompañe al niño a lo largo de toda su vida. Eso es lo importante. Sin embargo, la discusión se centra en solo una cosa, si las parejas homosexuales tienen o no derecho a adoptar. Vamos a proteger el interés del niño, pero no vamos a discriminar a ninguna pareja. Los que cumplan mejor los criterios que fija la ley van a ser los que van a adoptar a los niños.

¿Sean o no homosexuales?

Pero cumpliendo esos criterios. No queremos discriminar a nadie, lo que queremos es defender el interés del niño. Yo pienso que al niño hay que tratar de devolverle lo que perdió. Y qué perdió el niño: una familia, y esa familia tenía padre y madre.

El punto es que usted está disponible para avanzar en ciertos temas, en proyectos en los que no necesariamente todo su sector está de acuerdo. ¿Eso es correcto?

Chile Vamos no es un regimiento o un convento en que todos pensamos igual, pero como Presidente de todos los chilenos tengo que pensar en lo que es mejor para Chile y para todos los chilenos, ese es mi norte, y no me voy a desviar de ese criterio porque haya ruidos, críticas o posiciones divergentes.

¿Cuán importante para usted es entregarle la banda a alguien de su sector?

Muy importante, por una razón muy simple. Este cambio que estamos proponiendo, de transformar a Chile en un país desarrollado y sin pobreza, no se va a lograr en cuatro años, requiere una mayor proyección en el tiempo. Pero en último término, en una democracia, los que resuelven eso son los ciudadanos.

¿Consideraría una derrota personal si no logra hacerlo en cuatro años más?

Por supuesto. Lo que un Presidente tiene que hacer, en primer lugar, es gobernar para todos los chilenos y con políticas públicas que mejoren la calidad de vida de todos los chilenos. Esa es mi prioridad. Por supuesto, tiene que buscar proyectar su obra en el tiempo y por eso es muy importante que el próximo Presidente continúe con las políticas que estamos implementando.

¿A usted le parece que defiende el ideario de la centroderecha?

Le voy a decir en qué creo. Creo en la libertad de todos, en la justicia, la igualdad de oportunidades, la derrota de la pobreza. Creo en la democracia y el respeto a los derechos humanos, en la protección del medioambiente y la naturaleza. Creo en una sociedad solidaria que se preocupa no solo de lo que le pasa a cada persona y a su entorno, sino que se preocupa de su comunidad. Creo en el desarrollo económico. Esas son las cosas en las cuales creo, además de que creo en Dios y creo en la familia, esas son mis creencias y mis principios, y esas creencias y principios por supuesto que orientan la acción, mi acción como Presidente de todos los chilenos.

Y ese es el relato que algunos dicen que le ha sido tan esquivo en su gobierno…

Las prioridades de nuestro gobierno son las prioridades y las preocupaciones de los chilenos, y por eso es que hemos estado tan comprometidos con temas que para los chilenos son muy importantes, aunque no sean importantes para los columnistas, los académicos o para los opinólogos. Ahí está nuestro relato. El iniciar un nuevo trato con nuestros niños, con nuestros adultos mayores y nuestra clase media.

¿Es parte de su interés que su coalición se amplíe hacia sectores nuevos?

Uno busca ir ampliando la base de apoyo al gobierno y, por tanto, todos los que compartan esta visión, estos principios y esta misión a cumplir, es cierto, son bienvenidos en nuestro gobierno y en nuestra coalición

¿Sigue mirando a la DC?

La DC está en busca de su destino. Lo han dicho ellos mismos. Saben lo que no quieren: formar parte otra vez de una Nueva Mayoría que condujo al país por el mal camino y que generó tanta frustración, estancamiento y sufrimiento a los chilenos. Pero no saben todavía hacia dónde quieren ir. Y, por tanto, yo espero que logren resolver esa disyuntiva lo antes posible.

¿Sabía usted que el exministro Jorge Burgos iba a tomar la defensa del ministro Santelices en la acusación constitucional?

Lo supe cuando se le propuso y cuando él aceptó.

¿Y no le parece que eso era contraproducente en la relación de su gobierno con la DC?

Me parece que esa incomodidad no tiene ningún fundamento. Porque que dos personas, abogados, tomen la defensa de un caso que ellos creían que era un caso justo, y por tanto están defendiendo no solo al ministro Santelices, sino que están defendiendo la correcta aplicación de nuestras leyes y nuestra institucionalidad, es perfectamente legítimo. Eso nunca pretendió cooptar a nadie. A mí lo que me parece sorprendente es que algunos sectores de la DC que habían dicho que iban a rechazar la acusación solamente porque los abogados defensores eran militantes de su partido, insinuaron que iban a cambiar su posición, eso no es coherente.

Había un efecto político, este no era un juicio cualquiera en tribunales…

Por supuesto. Pero no todo en la vida se tiene que juzgar con el criterio político estrecho. Lo que dijo el propio Burgos, el propio Correa, fue que ellos lo tomaron porque creían que la causa era justa, y porque querían defender el buen funcionamiento de la democracia y el estado de derecho

¿Y a usted no le parecería incómodo que un exministro suyo después tomara la defensa de un ministro de otra coalición?

Si cree que la causa es justa, que se está abusando de la institucionalidad a través de una acusación constitucional sin fundamento, me parecería perfectamente legítimo

¿Usted ve en este tipo de situaciones un paso en falso en su acercamientos con la DC?

La decisión de contratar a estas dos personas no tenía por intención cooptar a la DC. Se pensó que eran dos personas muy competentes, con mucha experiencia y que creían en la justicia de la causa y en la falta de fundamentos de la acusación.

«HE APRENDIDO DE MIS ERRORES»

Presidente, ¿cómo ha cambiado su rutina en este segundo mandato?

No soy el mismo: he aprendido de la experiencia y también de los errores. No hay mejor escuela para ser Presidente que La Moneda, no hay mejor experiencia para ser un buen Presidente que haber sido Presidente. Porque uno aprende: no solo de los aciertos, sino que también de los errores. Estos primeros tres meses han sido trabajar y dormir. Me despierto muy temprano, llamo a los ministros no tan temprano como antes, pero los llamo. Porque todo lo que he acumulado en pensamiento durante la noche, se los transmito con sugerencias e instrucciones. Tipo 8 de la mañana tomo desayuno con mi mujer y me vengo a La Moneda. Me quedo hasta muy, muy tarde. Afortunadamente, mi mujer también está trabajando mucho. Así que, a veces, cruzamos estos pasillos secretos de La Moneda y nos juntamos durante el día. Porque nos vemos más en La Moneda que en la casa.

¿Qué tipo de errores usted no volvería a cometer tomando en cuenta la experiencia del gobierno pasado?

He aprendido a apreciar más el valor de la unidad, del diálogo, de escuchar, de la colaboración, de los acuerdos. Al fin y al cabo, un Presidente, más que imponer, tiene que convencer, liderar, motivar y entusiasmar.

Uno de sus cambios es que tiene exposición mediática. ¿Por qué eso es así?

Porque uno en la vida tiene que escoger sus batallas: no pelearlas todas. Especialmente cuando se es Presidente. Por eso, lo que he tratado de hacer es, en primer lugar, darles más espacios a los ministros, y en segundo lugar, concentrar las batallas en que me involucro personalmente, en aquellas que son las más importantes para Chile y los chilenos.

¿Volvería a protagonizar un episodio como el de Barrancones?

Presidentes intervienen muchas veces, pidiéndoles a los empresarios, a los trabajadores, a los funcionarios públicos, ciertas conductas, por ejemplo, recuerdo que durante el terremoto del año 2010 les pedí a los empresarios que cuidaran el empleo, que no recurrieran a los despidos como mecanismos de ajuste, y también en el caso particular de Barrancones, no interferí con la institucionalidad ambiental, lo que hice fue plantearle a la empresa lo que pensaba era un camino mejor, que en lugar de construir esa planta en ese lugar tan emblemático, lo construyera en un lugar menos vulnerable, y la empresa estuvo de acuerdo con la petición.

No se arrepiente, entonces, Presidente.

Mire, sí creo que hay que, si uno aprende a respetar más la institucionalidad, actuar más a través de las instituciones, y eso es algo que he aprendido durante mi primer periodo como Presidente.

Queda muy claro que usted les está dando más protagonismo a sus ministros y que esa es una decisión deliberada. ¿Cuáles han sido, a su juicio, errores no forzados de su gabinete?

Ha habido declaraciones imprudentes, innecesarias, que han generado mucho ruido de parte de algunos ministros y también de parte de algunos parlamentarios, pero dejando de lado el mundanal ruido, lo que Lagos llama las hojarascas, y viendo el cuadro general, creo que el gabinete está cumpliendo una gran labor. Los errores, imprudencias, los hablo con los ministros directamente y creo que ellos tienen una gran voluntad, capacidad e inteligencia, y creo que aprendieron de sus propios errores. También es cierto que ha habido otros ruidos, críticas de algunos parlamentarios, pero sumando y restando, quiero decir que aprecio, agradezco y valoro el apoyo leal, generoso y permanente que Chile Vamos le está entregando al gobierno. Algunos parlamentarios se quejan, son situaciones excepcionales, pero a mí lo que me preocupa es la naturaleza de la queja, porque la queja está básicamente asociada a que los cargos designados por el Presidente no eran exactamente lo que los parlamentarios querían, y les quiero decir que los criterios que seguimos para nombrar a los funcionarios públicos son cuatro: vocación de servicio público; capacidad y experiencia; compromiso con el programa de gobierno, y equilibrios entre los distintos sectores y partidos de Chile Vamos, pero dejando un espacio importante para los independientes. No vamos a caer en el cuoteo político, en poner a personas sin que tengan las capacidades, solamente por mérito partidario, porque eso lo hemos criticado siempre y le causa un tremendo daño a nuestro país.

«QUERÍA MÁS MUJERES EN EL GABINETE: ALGUNAS DIJERON QUE NO»

¿Qué le parece que un senador oficialista diga que a una ministra suya haya que echarla a patadas?

Me provocó mucha indignación

¿Se lo hizo saber al senador? ¿Tomó contacto con él?

Dejémoslo en el ámbito privado.

Siempre hay imponderables en las agendas de los gobiernos. A usted se le apareció la ola feminista. ¿Cuál es su compromiso con las demandas que ellas han planteado? ¿Hasta dónde está disponible para avanzar?

En nuestro programa hay un firme compromiso con avanzar con decisión y velocidad hacia una sociedad en que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, la misma dignidad y, por esa razón, hemos avanzado en proyectos de ley como, por ejemplo, para compatibilizar mejor el mundo de la familia con el mundo del trabajo para hombres y mujeres en tolerancia cero frente a todo tipo de violencia, abuso, acoso, en facilitar también el acceso de la mujer en el mundo del trabajo, que puedan tener las mismas oportunidades de encontrar trabajo, y si están desarrollando el mismo trabajo, tengan la misma remuneración. Ese es el compromiso que está en nuestro programa de gobierno y que ha coincidido con algunas de las demandas del movimiento de las mujeres en Chile. Y yo creo que es una causa justa, que cuenta con nuestro total respaldo y que la vamos a impulsar con mucha decisión y voluntad.

Se arrepintió de su impasse con la presidenta de la Cámara o hubo exceso de seriedad al cuestionarlo…

No es ninguna ofensa para una mujer decirle que es bonita y también creo que cuando me refería a su dureza era porque ella se negó a integrar las comisiones de trabajo, de unidad a la cual fue invitada, y no ha colaborado con la agenda legislativa como presidenta de la Cámara, pero no hubo ninguna ofensa y hubo una afirmación respetuosa y franca.

¿No le parece que la paridad es un tema necesario en su gobierno?

Por supuesto que sí. En el pasado, en la antigüedad, la fuerza física era determinante y por eso el hombre tenía una situación de predominancia. Hoy día lo que importa es la fuerza de la voluntad, de la inteligencia, de la imaginación, de la creatividad, y en eso las mujeres tienen las mismas cualidades y talentos que los hombres, si no más. Y, por lo tanto, es una aspiración buscar una mayor integración de la mujer al mundo de lo público, al mundo del trabajo, la política, los cargos directivos, al mundo académico, pero también queremos una mayor integración del hombre al mundo de la familia. La corresponsabilidad parental en la crianza, en el cuidado de los niños. Son dos mundos en que tenemos que tener igualdad de participación, de derechos, de deberes y de dignidad. Y cuando lo logremos, y estamos avanzando hacia ello, vamos a salir favorecidos las mujeres y los hombres.

¿Por qué su gobierno no es paritario? ¿No encontró mujeres capaces?

No, el problema no es la capacidad de la mujer, definitivamente las mujeres son tan capaces como los hombres, de eso no tengo ninguna duda. Pero tal vez las mujeres muchas veces no están dispuestas, porque tienen otros proyectos de vida, otras prioridades, están en distintas etapas de sus vidas, a asumir cargos tan intensos, pero eso está cambiando, y por eso tenemos siete mujeres en el gabinete y yo espero que vayan aumentando.

¿Quería tener más mujeres y algunas le dijeron que no?

Sí, algunas no pudieron asumir la responsabilidad del cargo.

Hay cosas que no cambia en su estilo. Fue poco ortodoxo ver al Presidente de la República en un operativo de Carabineros. ¿Qué señal quiso dar?

La señal de que el Presidente está personalmente comprometido con la lucha contra la delincuencia. Creo que en el gobierno anterior no se notaba ese compromiso personal de la Presidenta, ni siquiera del ministro del Interior. Usted ve que ahora el ministro del Interior y el Presidente estamos personalmente involucrados, comprometidos y dirigiendo la lucha contra la delincuencia. Y espero que pronto dé frutos, que se note, que signifique mayor tranquilidad, mayor paz, mayor seguridad para las familias chilenas.

Es una batalla que en su mandato anterior quedó al debe…

En el mandato anterior hicimos una promesa que era imposible de cumplir y me arrepiento de eso, y aprendí de eso, pero veamos las cifras. Cuando llegamos al gobierno el índice de victimización -que es algo muy simple-, qué porcentaje de los hogares fue víctima de un delito el año anterior, era 30%. Cuando dejamos el gobierno lo habíamos bajado a un 22%. ¿Eso qué significa? Un millón de chilenas y chilenos se libraron de ser víctimas de la delincuencia gracias a esa labor más eficaz. El gobierno anterior lo hizo subir del 22% al 28%, es decir, retrocedió todo lo que habíamos avanzado. Y eso significó que cientos de miles de chilenos volvieron a ser víctimas de la delincuencia y, por tanto, los resultados objetivos fueron positivos, pero menos de lo que necesitamos, de lo que queremos. Y por eso la lucha contra la delincuencia y contra el narcotráfico va a ser sin tregua, sin cuartel, con toda la fuerza de la voluntad, con todo el rigor de la ley, sin ninguna debilidad, sin ninguna ambigüedad, y eso es lo que quisimos simbolizar cuando con el ministro del Interior asistimos al cuarto operativo preventivo de Carabineros, que se inició desde La Pintana, pero que se extendió a todas las regiones del país. (La Tercera)

Masivo pacto público-privado para reinsertar 50% de población penal

Sin haber cometido delito alguno, más de 20 mil personas pasaron por la cárcel en los últimos tres meses.

No fue en la temida ex Penitenciaría de Santiago ni en alguno de los ocho penales concesionados del país. Ocurrió en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de la Quinta Normal, donde el artista alemán Louis von Adelsheim y la poetisa chilena Andrea Brandes presentaron la muestra «Los muros de Chile».

Con ayuda de 85 proyectores, exhibieron videos y entrevistas grabadas, además de elementos propios de algunos de los 96 recintos penales del país. Así recrearon el ambiente en que viven las 40.630 personas privadas de libertad en Chile, condenadas por haber cometido un delito (64,2%) o imputadas mientras se les investiga (35,7%).

En paralelo, el Ministerio de Justicia había convocado a las carteras de Desarrollo Social y del Trabajo, a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), a la Sofofa y al Sename, entre otras instituciones, para buscar fórmulas que permitieran potenciar la reinserción social de los internos y de quienes ya cumplieron sus condenas, algo que un puñado de fundaciones hace hoy de manera casi heroica.

El puente entre ambas iniciativas fue el programa «3xi» (Inspiramos, Incluimos, Innovamos), impulsado por la CPC, la Asociación de Emprendedores de Chile, Empresas B, la Comunidad de Organizaciones Solidarias y el Centro de Innovación de la U. Católica.

Reunidos el 21 de junio en el mismo MAC de la Quinta Normal, para el epílogo de «Los muros de Chile», todos pactaron una inédita alianza público-privada para potenciar la rehabilitación y la reinserción de los reos. «Sería un éxito rotundo si amplificando nuestras capacidades y nuestras experiencias pudiéramos llegar a intervenir casi la mitad de la población penal», plantea Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y representante de la CPC en la instancia.

HASTA CINCO AÑOS PARA «LIMPIAR» ANTECEDENTES

Los participantes coinciden: hay que transformar las cárceles de escuelas del delito -el 50% de quienes salen de ellas reincide en el primer año, y el 70% al cabo de tres años- en centros de rehabilitación, lo que requiere esfuerzos de todo tipo, desde legales hasta de mentalidad. Y en que hay que comenzar con los más jóvenes: cerca del 40% de los reos pasó antes por el Sename.

Se trata no solo de los 40.630 privados de libertad. También, de las 61.093 personas que cumplen medidas alternativas o penas sustitutivas en libertad. Y del menos conocido número de quienes ya cumplieron condena: 28.528. El 95% de estos últimos está en proceso de limpiar sus antecedentes, algo que demora dos años para los primerizos y cinco para los reincidentes.

Con tal certificado «manchado», obtener empleo es casi imposible. En el sector público está prohibido por ley, y en el privado -salvo excepciones- opera como una barrera de hecho.

«Es la tragedia que enfrentamos. Si no rompemos este círculo vicioso desde la raíz, el Sename, en los propios recintos penitenciarios y en los mecanismos alternativos de cumplimiento de penas, estamos condenando a quienes cumplen sus penas a no tener otro camino que volver a delinquir», reconoce el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

«No tienen otra salida», coincide Alejandra Pizarro, directora ejecutiva de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. «Ellos salen de la cárcel y van a situación de calle. ¿Qué opción les queda? Volver a delinquir. ¡Si tienen que comer!», agrega.

Con tres pilares (Estado, sector privado y organizaciones civiles), el acuerdo público-privado tomó cuerpo en «Chile 1×1», un programa que compromete a una empresa o a un grupo de ellas a acoger a una persona que haya estado privada de libertad o a un recinto penitenciario en particular.

No se trata solo de dar empleo, coinciden todos, sino también de acompañar al interno o a quienes ya cumplieron sus condenas para que se reinserten personal, familiar, social y laboralmente. «La cárcel deshumaniza, hace a las personas discapacitadas de por vida (…). Han sido vulneradas en sus derechos, maltratadas y muchas veces torturadas», advierte el padre Nicolás Vial, presidente y fundador de la Fundación Paternitas, que trabaja en rehabilitación carcelaria hace casi tres décadas.

«La meta final es darle a toda persona que está presa el derecho a rehabilitarse y a reinsertarse. Esto es fundamental para quien ingresa a la cárcel, para cumplir su condena como corresponde, pero también para la sociedad, para romper el círculo vicioso de la reincidencia», afirma el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.

¿OTRA CUOTA DE INCLUSIÓN?

Desde el punto de vista legal, el titular de Justicia se muestra abierto a todo tipo de cambios: adaptar los contratos de trabajo a la realidad carcelaria, crear incentivos tributarios para las empresas que se instalen en las cárceles, modificar el Estatuto Administrativo que impide contratar a condenados en el sector público, establecer beneficios intrapenitenciarios para los reos que se capaciten e incluso fijar cuotas que obliguen a las compañías a tener un porcentaje de ex reclusos en su personal, tal como la Ley de Inclusión lo acaba de hacer fijando un 1% de cupos para personas con capacidades diferentes.

También hay amplio acuerdo en la necesidad de transformar a Gendarmería, históricamente enfocada en custodiar a los internos en lugar de ser el primer agente de reinserción.

Torretti destaca su buena disposición: «Si Gendarmería no nos abre los candados, no tenemos nada que hacer». Añade que la nueva directora, Claudia Bendeck, «nos está abriendo los candados», y que ya han identificado 25 recintos donde físicamente es posible instalar algún tipo de actividad económica.

Larraín adelanta que el próximo año comienzan a regir cambios curriculares en la Escuela de Gendarmería que reforzarán el trabajo de rehabilitación: para ser suboficial habrá que estudiar dos años en vez de uno, y para ser oficial, cuatro en lugar de dos.

Torretti y Larraín coinciden: la meta estará cumplida si en los próximos años se abre un debate sobre cómo cerrar cárceles o cómo convertirlas en centros culturales o lugares de encuentro. (El Mercurio)