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Un detenido por receptación tras robo de espada del monumento al Gral. Baquedano

El prefecto Jorge Sánchez, jefe nacional contra robos y focos criminales de la PDI, entregó detalles del los hechos registrados en una nueva jornada de manifestaciones durante ayer viernes en el centro de Santiago, donde se produjo el robo de la espada del monumento al General Manuel Baquedano.

El hecho dejó un detenido a eso de las 20:50 horas de ayer, quien tenía la función de «recibir este elemento, ocultarle la bandera y trasladarla a otro lugar, el cual también estaba siendo investigado con anterioridad», pues según indicó Sánchez, existen lugares habilitados con «pequeñas carpas artesanales pertenecientes a distintos grupos antisistémicos, y en ese contexto fue detenida esta persona con la especie en su poder».

Según la policía civil, diversos registros permitieron determinar que un grupo de personas actuó de manera «orquestada en seguridad, otro equipo que hace la destrucción y otro equipo que recibe esta especie y lo resguarda indirectamente para ocultar la evidencia. Es un trabajo muy orquestado que no viene de ahora, y en ese sentido, son blanco de interés».

Desde la PDI indicaron que el detenido, con residencia en Lampa, mantiene antecedentes policiales por robo, y durante esta tarde será formalizado por los delitos de receptación e infracción a la Ley de Monumentos Nacionales.

Por su parte, Erwin Brevis, secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales, enfatizó que el hecho es un delito y «lo que prosigue es hacer una querella, para lo que vamos a establecer todos los procesos de evidencia para poder respaldar al Consejo de Defensa del Estado que nos representa».

Asimismo, destacó que esta mañana registraron el monumento que presenta otros daños, por lo tanto, «lo que sigue ahora es actuar con mayor velocidad para poder proteger estas partes que lo necesitan».

QUERELLA

Desde el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) destacaron la labor ejercida por la PDI y anunciaron que recabarán todos los antecedentes necesarios para presentar acciones legales contra quienes resulten responsables del robo.

La querella será por daño a monumento nacional, lo cual es un delito tipificado en la Ley de Monumentos Nacionales, sancionado con un pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 50 a 200 Unidades Tributarias Mensuales.

Esta acción se sumaría a la querella anunciada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio por el caso específico de Baquedano, y a otras acciones legales que ya están siendo emprendidas en coordinación con otras entidades, como el Ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado, para acciones de daño a monumentos nacionales.

«Lo que sigue ahora es seguir trabajando con la Policía de Investigaciones, con el Centro Nacional de Conservación y Restauración y con la Municipalidad de Providencia, para poder recibir esta parte del monumento público, desarrollar las primeras acciones de conservación y protección de la pieza y definir lo que sigue en adelante en relación al monumento a Baquedano. Ya estamos desarrollando las coordinaciones para conseguir las nuevas fijaciones y los refuerzos necesarios para proteger el bien«, señaló Erwin Brevis, secretario técnico del CMN.(Emol)

Aós asume Arzobispado de Santiago en misa interrumpida por manifestantes

Este sábado -pasada las 10:00- comenzó la misa de toma de posesión de Celestino Aós como arzobispo de Santiago en la Catedral Metropolitana. La ceremonia fue interrumpida por un grupo de manifestantes que ingresaron al recinto y, en medio de la comunión, uno de ellos arrojó una bolsa con restos de bombas lacrimógenas hacia el altar.

No hubo lesionados por este hecho y el grupo de personas salieron del lugar. La persona que lanzó los restos, fue sacada por Carabineros. La ceremonia, posteriormente, continuó de forma normal.

El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, se refirió al hecho y afirmó que “vi una persona que derramó unos tarros, parece que eran envases de bombas lacrimógenas que quedaron en el suelo. Es lamentable que las personas no sepan que la libertad que tenemos dentro de la iglesia requiere respeto, requiere un comportamiento básico, decente y ético. Si no lo logran hacer, habrá que sacarlos de la iglesia (Catedral Metropolitana)”.

Otros manifestantes, en tanto, reclamaron por la presencia de Ricardo Ezzati en la toma de posesión de Aós.

A la instancia también se presentaron diversas autoridades, entre ellas, el recién asumido presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva. Además de representantes de las Fuerzas Armadas. 

En su discurso, el ahora arzobispo de Santiago se refirió a la situación del país -desde el inicio del estallido social, el pasado 18 de octubre- “la división, la injusticia, la violencia, son contrarias a nuestra condición cristiana. Ningún cristiano puede quedarse de observador, menos aún de censor o de condenador”.

Iglesia de Santiago@Iglesiastgo

AHORA: Inicia la Eucaristía en la que mons. Celestino Aós toma posesión del cargo de Arzobispo de Santiago por mandato del Papa Francisco.

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NOMBRAMIENTO DE AOS

Cabe recordar que fueron poco más de nueve meses los que Celestino Aós asumió como administrador apostólico de la arquidiócesis de Santiago. Esto tras la renuncia del cardenal Ricardo Ezzati, investigado por el Ministerio Público por presunto encubrimiento de abuso sexual de menores de parte de miembros de la iglesia.

Sin embargo, la oficialización del monseñor de la orden Capuchina como sucesor de Ezzati no se concretó hasta el pasado 27 de diciembre, cuando se dio a conocer que el Papa Francisco nombró a Aós como arzobispo titular de Santiago.

 

Luego del anuncio del Pontífice, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, celebró la designación de Aós. A través de su cuenta de Twitter señaló “que el Señor haga de Monseñor Celestino Aós una imagen viva del Buen Pastor”. (La Tercera)

Boicot a la PSU: Gbno. se querella contra 35 jóvenes por diversos delitos

Fueron 147 las sedes habilitadas para rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU) que entre 6 y 7 de enero pasado paralizaron el proceso. La razón, según el gobierno, fueron las violentas manifestaciones que tuvieron como objetivo impedir el normal desarrollo del test. Estas protestas, según la denuncia del Ejecutivo al Ministerio Público, fueron realizadas o instigadas por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces). Las acciones incluyeron desórdenes, riñas, interrupciones del tránsito y tomas de colegios.

La presentación del Ministerio del Interior acusó a la Aces de concretar un boicot a la PSU “subversivamente eficiente”, al lograr su cometido de suspender la prueba en el país tras la filtración del test de Historia.

En paralelo a esta acción legal, el Ejecutivo presentó 16 querellas en los tribunales de garantía. En los documentos acusa a 35 jóvenes con nombre y apellido, de realizar desórdenes públicos, maltrato de obra a Carabineros e incluso por infringir la Ley de Armas.

Por este último delito fueron formalizados Fabiana Muñoz (18), David Asencio (20), Michelle Peña (19) y Tamara Quiñones (18), quienes “el 6 de enero a las 5.30 fueron sorprendidos al interior del establecimiento educacional Colegio Fernando de Aragón, ubicado en Puente Alto, destinado como local para la rendición de la PSU”, dice la querella.

Al ser detenidos por Carabineros, señala el escrito, les encontraron dos alicates, dos candados, una linterna, una llave de perno, cuatro antiparras, cinco pañuelos, un martillo, una botella de 750 ml con líquido acelerante y una máscara de gas.

El Juzgado de Garantía de Puente Alto decretó para todos los imputados arraigo nacional y prohibición de acercarse al colegio.

El mismo día, a las 9.00, fueron detenidos dos jóvenes, entre ellos un alumno del Instituto Nacional de iniciales J. S. L. (17). De acuerdo a la querella, 15 encapuchados entraron al liceo Isaura Dinator de Guzmán, ubicado en Av. Matucana, que era sede para rendir la PSU.

“En ese lugar los querellados, junto a otros sujetos ingresaron y cerraron las puertas de entrada con una cadena de bicicleta, realizando destrozos del inmobiliario del instituto y de las pruebas”, dice el escrito.

Otro querellado, de iniciales E. N. C., lanzó “objetos contundentes en contra de personal de Carabinero” y J. S. L. tiró una piedra que golpeó “el rostro de la cabo segundo Carolina Leiva”. El menor trató de escapar, pero fue atrapado por Carabineros en Av. Matucana.

El documento que incluye a más querellados -un total de 10- fue por desórdenes públicos en el establecimiento educacional San Ramón, en La Pintana.

El escrito es contra de Rocío Basáez (18), Melanie Riquelme (18), Mario Muñoz (18) Janis Negrón (18), Guillermo Sepúlveda (18), Germán Astudillo (18), Carlos Olave (18), Anaís Nahuel (18), A. F. A. (17) y K. C. C. (17). Este último registra antecedentes policiales por desórdenes el 29 de noviembre de 2018, en Providencia.

Según Interior, el 7 de enero a las 09.30, cerca de 120 personas, entre ellas estos jóvenes, se manifestaban contra la PSU cerca de la sede de rendición y empezaron a tirar “objetos contundentes al personal policial y universitario”. Señala que luego se dirigieron al sur por Av. San Francisco, donde dificultaron el tránsito de vehículos que se desplazaban por el sector en la intersección de Av. Santa Elena con San Francisco, en El Bosque. Después, se subieron a un bus y uno de ellos tomó el extintor contra incendios. “Carabineros dispersó a la multitud, quienes comenzaron a huir, para finalmente detenerlos”, indica la querella.

En este caso, el 11° Juzgado de Garantía declaró ilegal la detención de los jóvenes y no acogió las dos solicitudes de la fiscalía: la medida intrusiva de interceptación de teléfonos de los imputados por falta de antecedentes, ni las medidas cautelares.

El gobierno también se querelló por desórdenes contra P. D. T. (17), quien fue detenido en las inmediaciones del Liceo Juan Gómez Milla. Y a Luis Ignacio Herrera Fica (19) lo acusan de maltrato a Carabineros en el colegio August D’Halmaer, en Ñuñoa. (La Tercera)

PSU, punto de inflexión

Mientras el Cruch, el Demre y el gobierno se culpan por las dificultades que tuvieron los alumnos que debían rendir la PSU, una cosa quedó clara para las familias chilenas: a los jóvenes que interrumpieron violentamente el proceso para lograr sus espurios propósitos de causar desórdenes en el país les importó un bledo que 297.000 estudiantes rindieran la prueba bajo condiciones de máximo estrés o derechamente no pudieran hacerlo. Así, la izquierda, una vez más, se transformó en un implacable adversario de los chilenos. Operó para frustrar la ilusión de decenas de miles de familias de tener a uno de los suyos por primera vez estudiando en una universidad; puso en peligro el sueño meritocrático de muchos miles de jóvenes que ven en la educación el vehículo para mejorar su calidad de vida y recibir una formación que les permita mirar el futuro con más esperanza y menos precariedad.

El rector Valle señaló públicamente 24 horas antes de rendirse la PSU que no consideraba necesario tomar ninguna medida especial, y ahora culpa al gobierno. El gobierno no fue capaz de resguardar el orden público oponiendo la fuerza policial a los violentistas. Pero lo que quedará grabado con más fuerza en el corazón de esas familias es que los jóvenes que atacaron a sus hijos, aquellos que se jactan de pertenecer a la “primera línea” y reciben la atención cómplice de algunos medios de comunicación y de gran parte de la izquierda, son los enemigos de sus sueños.

Los partidos de Chile Vamos deben recordar a los chilenos esta miserable acción de los violentistas de la ACES y otras organizaciones que persiguen la insurrección a costa del bienestar del resto de los chilenos. El hecho de haber tenido a todas esas familias juntas sufriendo por sus hijos, capaz que haga reflexionar a muchos acerca del drama que han vivido otros desde el estallido de la violencia: comerciantes que lo han perdido todo por saqueos, incendios y otros actos vandálicos; hombres y mujeres de distintas condiciones a lo largo del país que han perdido sus trabajos por la destrucción de las fuentes productivas y lo seguirán sufriendo.

No es primera vez que la izquierda cae en este error al mostrar su desprecio por los sentimientos y opciones de los chilenos más modestos. En el gobierno de la Nueva Mayoría, las autoridades se ensañaron contra los apoderados de colegios particulares subvencionados, acusándolos de arribismo, de clasismo y de miopía por la opción que nada menos que el 50% de los chilenos había elegido para educar a sus hijos. La centroderecha debiera tomar nota de esta oportunidad, dejar de lado sus diferencias, volver a sacar sus banderas y defender el derecho a elegir, valorar el esfuerzo meritocrático y dejar al desnudo a una izquierda identitaria que se mueve por intereses de grupo y se ha olvidado de la gente. (La Tercera)

Luis Larraín

Capitalismo heroico

El estallido social fue acompañado de una brutal destrucción de servicios en muchas comunas pobres de Chile. Supermercados, farmacias y bancos fueron arrasados y saqueados. Así, el número de chilenos que no cuenta con un acceso fácil a estas instituciones creció exponencialmente.

Ante esto, en un afán castigador, muchos han señalado que lo mejor es que no se repongan esos servicios. Que la gente vea lo que le pasa por destruir o dejar destruir su entorno. Pero el problema ético involucrado en esa decisión es evidente: se hace pagar a justos por pecadores, se deja sin acceso a bienes fundamentales a la población más vulnerable (especialmente ancianos), y se les entrega más poder aún a los narcotraficantes, que pasan a ser la fuente única de acceso al trabajo y al consumo en esos espacios. Además, se pierde la oportunidad de estudiar con detenimiento qué razones llevaron a una conducta en apariencia tan irracional.

¿Existe una alternativa a esta respuesta tipo estrategia de “tierra quemada”?

La fundación “Mi parque” ha mostrado de forma sistemática que la creación y el mantenimiento de áreas verdes en comunas donde ni el Estado ni el mercado habían logrado crear espacios como ésos sin que fueran destruidos, pasa por trabajar con las comunidades locales. Una plaza, así como un supermercado, un banco o una farmacia, no existe sólo en una dimensión material, sino también en una social. Y asegurar su permanencia en el tiempo demanda crear condiciones para su apropiación local. Nadie destruye lo que siente propio.

¿Es posible imaginar una reconstrucción de los servicios destruidos a partir de un método distinto, centrado en la participación local y atendiendo a las necesidades de las personas que habitan los sectores más vulnerables? Algunos pueden pensar que es mucho esfuerzo para poco retorno. Pero eso depende, en buena medida, de cómo las empresas se entiendan a sí mismas. Si se ven como meras máquinas de rentabilidad, efectivamente estos esfuerzos pueden parecer inútiles. Pero si entienden y ponen por delante su rol social, entonces pensarán sus objetivos y prácticas de manera distinta.

Hacer económicamente sustentable llevar medicamentos, abarrotes y servicios financieros a todos los rincones del país es un objetivo prodigioso ante el cual todos nos sacamos el sombrero. Forrarse a punta de directorios que ponen metas abstractas a los ejecutivos y ni siquiera les importa cómo se consiguen no despierta, en cambio, el entusiasmo de nadie.

Chile necesita, hoy más que nunca, un capitalismo heroico. Empresas que persigan ideales humanos en vez de sólo ganancias. Proyectos que convoquen voluntades y admiraciones, de los que sea un orgullo formar parte. Lo necesitan los consumidores de nuestro país, pero también las mismas corporaciones: colusiones, abusos y corrupciones surgen justamente en las empresas que han perdido su misión y su norte. Nadie quiere trabajar más ni más duro para hacer más ricos a sus jefes. La planilla Excel no conquista las lealtades ni corazones. Nadie cuida bien lo que siente ajeno. (DF)

Pablo Ortúzar

Delitos penales empresariales: invento de políticos populistas-Eleonora Urrutia

El ex CEO de Nissan, Carlos Ghosn, se ha convertido en un fugitivo internacional al huir audazmente de Japón hace unos días antes de su esperado juicio por acusaciones de irregularidades financieras. Hubiera sido mejor limpiar su nombre en una corte, pero no es seguro que hubiera recibido un juicio justo, después de meses de malos tratos y anomalías en su privación de libertad. Agasajado durante años por salvar a la compañía a partir de la asunción en el cargo en 1999, fue arrestado para su sorpresa en noviembre de 2018 cuando se embarcó en Tokio en lo que pensó era un viaje de negocios. La prensa japonesa había sido alertada del arresto en el aeropuerto y así el mundo disfrutó del espectáculo.

El miércoles pasado tuvo oportunidad de revancha desde su nuevo refugio en El Líbano. Repudió a los antiguos colegas de Nissan que se volvieron contra él una vez que salvó a la empresa de la quiebra, a los fiscales que lo interrogaron durante semanas sin presencia de un abogado, al sistema legal japonés que presume que los acusados son culpables y a la prensa mundial que lo condenó incluso antes que los japoneses sin considerar si existía algún tipo de daño o afectado. Las teorías conspirativas suelen ser aburridas por lo predecible, pero la explicación del Sr. Ghosn de que los ejecutivos de Nissan -molestos con el creciente poder de Renault como salvadora en la alianza que había armado- y los funcionarios japoneses trabajaron juntos contra él, parece plausible dado el sistema judicial de aquel país. Su arma fue la ley japonesa de gobierno corporativo, que se define por su opacidad y que convierte en crimen lo que debería resolverse en una sala de directorio, incluyendo los aspectos de fijación de límites salariales y divulgación de las condiciones de contratación, los que se encuentran en el centro de la controversia que rodea a Ghosn.

El caso es un buen ejemplo del creciente fenómeno mundial, impulsado por el actual estado de ánimo anticapitalista del público y de los medios, que busca criminalizar conductas que en nada afectan a terceros ni ponen en riesgo la supervivencia de una sociedad. Si alguna vez el derecho penal fue entendido como una declaración indiscutible de normas socialmente compartidas que castigaban conductas disvaliosas, estamos en camino a que se trate de un compendio disperso de acciones sujetas a reprobación por el capricho político que busca encontrar culpables para los problemas que su misma intervención provoca. Chile se encuentra entre los países que lideran esta ola de condena de “crímenes de cuello y corbata”: se trata de delitos inventados, mal tipificados, con presión de la prensa para lograr una condena expiatoria, con adversarios de los negocios avivando el show, sin que exista obligación de demostrar daño ni evaluarlo, etc.

Y sin embargo, uno de los factores que explica el tremendo progreso que ha vivido la humanidad en los últimos 250 años es la creación de un gobierno con capacidad para actuar, pero limitado en sus facultades a través de una serie de principios taxativos de la justicia penal que garantizan nuestra seguridad. Forman parte del ideario penal occidental y moderno contra quien detenta el monopolio de la fuerza principios como que ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido como no sea en los casos determinados por la ley y con arreglo a las formas que ésta ha prescrito; que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable; que el derecho penal debe tener carácter de ultima ratio para la protección sólo de los bienes jurídicos más importantes; y que debe cumplir el fin de reducción de la violencia y revestir máxima taxatividad legal e interpretativa, lo que exige de los legisladores precisión de redacción.

Pero hoy, en cambio, vivimos en una época en que los verdaderos delitos llamados comunes o de base que deben proscribirse para constituir una sociedad justa -como asesinato, violación, robo e incendio- están siendo despenalizados o justificados bajo ideas de tolerancia que no guardan ningún sentido comúna la par que aquellos delitos inventados, que sólo atañen a cuestiones privadas que no afectan derechos de terceros -el cohecho sin contraprestación, la corrupción entre privados, la administración desleal (para lo que ya existía la estafa) y los delitos penales de personas jurídicas- son perseguidos y castigados con las máximas penas y sin respetar aquellos principios que permitieron una razonable marco de seguridad frente al poder de imperio de los gobiernos.

Sin dudas, el ámbito que más se ha visto afectado por esta tendencia, liderada por Estados Unidos y de la que Chile no parece escapar, es la penalización de los negocios, no sólo en la persona del empresario, comerciante o gerente sino en el de la empresa como tal. Así la sanción penal se ha visto extendida en los últimos tiempos -con más fuerza a partir del caso Enron- a los “delitos regulatorios” producto de contravenir las innumerables regulaciones administrativas inventadas por el poder de turno a la actividad empresarial en general. Y si bien es cierto que las sociedades evolucionan y puede ser necesario castigar conductas asociadas a tal crecimiento, muchas de estas infracciones reglamentarias nuevas, como presentar un informe levemente inexacto de acuerdo con algún reglamento medioambiental, estar en una posición de responsabilidad respecto de un empleado que viola alguna regulación bursátil del día o el famoso lavado de activos que se aplica cuando no se puede castigar por ningún otro delito base, coloca a gente honesta ante un peligro real. Como lo señaló el profesor de derecho de Berkeley Sanford Kadish, algunos delitos económicos, “antes que delitos, se asemejan más a un comportamiento de negocios hasta ahora considerado agresivo pero aceptable”.

Diversos motivos explican este deseo del legislador de penalizar todo. Los legisladores tienen todas las razones para añadir nuevos delitos y castigos que alimentan sus campañas y ninguna para disminuir las acciones incluidas en los códigos penales, ya que los beneficios de la criminalización se concentran en la clase política a la par que los costos son difusos aunque muy reales, concentrados en minorías a las que el relato político suele atacar como culpables de todos los males, por ejemplo, empresarios exitosos. Por otra parte, mientras mayor el castigo para un crimen determinado, mayor es el poder que adquieren otros miembros del estado como fiscales y jueces. Es el gobierno -los políticos que lo integran– quienes salen favorecidos, sumando más poder al que hasta ahora detentan. Sólo desde el populismo más exacerbado, conducente a engendrar un odio transversal que sirva como plataforma para tomar el poder, pueden equipararse conductas empresariales quizás éticamente cuestionables con el uso deliberado, organizado e intimidatorio de la violencia contra la vida y la propiedad de las personas, pretendiendo criminalizar unas y despenalizar otras.

Cuando uno se pregunta cómo es posible un país llegue a la situación en la que se encuentra Venezuela por ejemplo, la respuesta pasa por considerar que se trata de una sociedad que de a poco, quizás imperceptiblemente, fue levantando los límites al poder del gobierno y por eso mismo se fue quedando sin defensas ante su actuar. Limitar el poder de los gobiernos, que tienen el monopolio para privar de libertad a las personas, no es un capricho ideológico sino una necesidad validada históricamente. El costo que se paga por pretender que el gobierno nos dé todo es que también puede sacarnos todo, empezando por la libertad. (El Líbero)

Eleonora Urrutia

Forma y fondo

Lo ocurrido con la Prueba de Selección Universitaria en estos días no tiene parangón en nuestra historia reciente, no sólo se deberán repetir los exámenes de matemáticas, lenguaje y ciencias a fin de mes, sino que la prueba de historia debió ser suspendida tras la filtración del examen. El balance es, a todas luces, una triste noticia. Sólo en cuatro de las quince regiones no se registraron problemas, en las demás fueron miles de jóvenes los que se vieron imposibilitados de rendir la prueba porque en muchos establecimientos del país se produjeron manifestaciones que hicieron imposible llevar adelante el proceso. Lo ocurrido plantea un dilema relevante de forma y fondo, que no está ausente en general de la manifestación social y de su legítima aspiración a querer cambiar las cosas. Mal que mal, ha sido la propia protesta la que ha logrado visibilizar la profunda fractura que tenía nuestro país y que hoy permite pensar en una agenda de transformación importante. No obstante, la forma y el fondo van siempre unidos o, dicho de otro modo, no es posible separar los fines, por más legítimos que sean, de los medios que se utilizan para conseguirlos.

En efecto, respecto al fondo, no cabe duda que la denuncia que realizan los manifestantes respecto al sistema de selección para las universidades tiene todo el sentido del mundo. Chile tiene un sistema educacional segregado que genera una serie de brechas (sociales, de género, territoriales, etc.), que se expresan en toda su crueldad en los resultados de esta prueba. Para muestra, un par de datos de la PSU 2018. De los 209 puntajes nacionales, 153 fueron de colegios particulares pagados y sólo 22 municipales; de este total, 127 colegios correspondieron a la Región Metropolitana. A ello se suma que mientras los colegios municipales concentraron el 42,6% de los puntajes menores a 450 puntos, los particulares pagados obtuvieron la mayor parte de los puntajes sobre 650 puntos (32,9%), mientras que los municipales apenas el 3,8%. Para qué decir de las brechas de género que se expresan en esta prueba y la segregación territorial asociada a las comunas más ricas y más pobres.

Por eso no es de extrañar que, en el marco de un estallido social que ha puesto en el centro de la discusión el debate por la desigualdad y la justicia social, la PSU haya aparecido como el reducto de muchos de estos males de nuestra sociedad. El punto es si la manera de manifestarse, que ha perjudicado a los propios estudiantes y las esperanzas de miles de familias, no tiende finalmente a perder el foco de la magnitud de la demanda y puede terminar siendo funcional para los propios sectores refractarios a la construcción de un pacto social por vía institucional, que creo, es la única vía posible para lograr consolidar una transformación política, económica y social viable en el tiempo.

En efecto, vale la pena preguntarse ¿quién gana y quién pierde con esta protesta en el contexto en que estamos? A la luz de lo que ha sucedido en los días posteriores, se siembra un manto de duda respecto a si el objetivo buscado por las organizaciones estudiantiles finalmente llegó a puerto. Porque mientras el Ministerio de Educación anuncia querellas y pone el foco en el tema de la violencia, ha habido sectores que han acusado “falta de garantías y ausencia de paz” para llevar adelante el proceso constituyente y qué decir de la ausencia absoluta de una discusión sustantiva de los temas de fondo planteados en esta manifestación. Este discurso olvida, por cierto, que los garantes del Estado de derecho y el orden público son las autoridades, no los civiles y menos los jóvenes movilizados.

Así las cosas, en momentos tan particularmente delicados como este, el peligro de volver a fojas cero en el camino para la construcción de un pacto social, vuelve a estar a la vuelta de la esquina y arriesga a que el horizonte de llegada, con una agenda sólida tanto en lo social como en lo constitucional, finalmente desaparezca del camino. El problema no es sólo táctico, es de horizonte estratégico y de sentido común, porque con esto sólo ganan la polarización y los extremos que, por distintos motivos, no creen en la vía institucional.

Nadie sabe para quién trabaja. (La Tercera)

Gloria de la Fuente

Tres hojas en blanco

Al iniciar el año, solemos mirar el calendario como si fuera una hoja en blanco. Hacemos planes de cambiar, nos deseamos suerte y felicidades. Si recordáramos los propósitos que hicimos al comienzo del año que termina, es muy probable que caeríamos en la triste cuenta, contra nuestros deseos, que seguimos teniendo los mismos malos hábitos de siempre: que volvimos a la vida sedentaria de siempre y a tratar mal a algunos semejantes, como lo venimos haciendo desde el comienzo.

Con la política sucede algo parecido. Los ciclos no son el año calendario, sino los períodos presidenciales. Las campañas son como la tarde de Año Nuevo. Los candidatos/as prometen modificar la PSU; terminar con la delincuencia y los abusos; proteger a los más vulnerables y a la clase media; intervenir las poblaciones tomadas por el narcotráfico; proteger a la infancia dañada; igualar las oportunidades por medio de una educación pública de calidad; terminar con las colas en los hospitales y descentralizar. La noche del triunfo y hasta que el o la Presidenta electa asume el mando, es como la noche de Año Nuevo: fuegos artificiales y abrazos entre adversarios. No solo deseamos, sino que creemos que un nuevo período presidencial será como una hoja en blanco, en la que será posible realizar los buenos deseos y hasta cumplir con el programa.

Tanta promesa incumplida y tanta frustración acumulada terminaron por provocar el estallido social. Se protestó contra el Presidente, pero también contra cada una de las fuerzas políticas que han ejercido el poder. Dos alternancias de gobierno, cuatro veces las promesas de Bachelet y de Piñera: A ambos el pueblo les dio la confianza por segunda vez, luego que le prometieron que esta segunda no les fallaban. Al cabo de los años, la delincuencia y los abusos siguen más o menos igual; el precio de los medicamentos continúa subiendo; las empresas que administran servicios básicos mantienen ganancias inexplicables para una economía competitiva; la educación pública está cada vez peor y los hospitales más colapsados. Agregue a eso un par de escándalos por semestre y llegará a comprender algún grado de violencia.

Pero la justificada protesta social devino en violencia y amenazas. La autoridad titubea o renuncia a ejercer sus deberes para mantener el orden público. Si lo hace, la acusan constitucionalmente. Los violentos y funadores inhiben el ejercicio de la autoridad a parlamentarios y a Carabineros.

A eso se agrega un clima de mentiras. Antes que haya siquiera un informe de Bomberos, las redes sociales arden acusando a los Carabineros de haber provocado el incendio; mentirosos anónimos inventan ser testigos de hechos que no ocurrieron; se viralizan videos de policías golpeando a manifestantes, que luego se descubre ocurrieron en otros países o durante la dictadura. Ni la verdad ni la dignidad importan ya a los violentos.

La promesa de la Constitución es otra hoja en blanco. Tenemos una oportunidad única para reemplazar la mala Constitución que tenemos: Es poco democrática y restringe severa e injustificadamente la capacidad del Estado de intervenir en la economía para defender la libre competencia, la transparencia y a los consumidores. Si logramos escribir bien la hoja en blanco, podremos tener mejores condiciones para un Estado que regule y controle bien la economía y capaz hasta de asegurar la educación y la salud sean iguales para ricos y pobres.

¿Lo lograremos? Quién sabe. Todo depende de que antes de elegir a los y las constituyentes, nos hayamos atrevido a enfrentar la mentira, la amenaza y la violencia.

Cierta derecha, dando por establecido que no seremos capaces de cambiar el clima de mentiras, violencia y amenazas que ya campea, ha encontrado la excusa perfecta para llamar a votar que no a una nueva Constitución.

La oposición, en cambio, se compromete con la Constitución de la esperanza. Yo me sumo entusiasta, pero advierto que si no tenemos el coraje de llamar mentira a la mentira, de condenar sin medias tintas la violencia como método de protesta, reivindicación o amenaza, y si no somos capaces de alentar a las autoridades a que sigan velando por el orden público, con pleno respeto a los derechos humanos, entonces esa nueva Constitución será probablemente peor que la que tenemos.

Si los partidarios de una nueva Constitución esperamos a que desaparezca el clima de violencia, mentiras y amenazas como quien espera, inactivo y bajo techo, a que se despeje una tormenta, entonces perderemos el derecho a lamentarnos luego si la ciudadanía, mayoritariamente, opta por el mal menor de mantener la mala Constitución que tenemos para evitar así encaminarse a un país sin gobierno. (El Mercurio)

Jorge Correa Sutil

Me rebelo-Natalia González

Llevamos meses de disrupción de la normalidad. La falta de predictibilidad y de seguridad ha llenado todos los espacios. Desde el 18 de octubre de 2019, los grados de confianza y certeza, que por cierto nunca son absolutos, se han desplomado. En ocasiones la incertidumbre afecta nuestro quehacer diario y en otras se proyecta hacia el mediano plazo.

Dadas las condiciones en las que se encuentra el país, muchos se preguntan hoy, con más frecuencia que ayer, si será posible conservar el empleo, seguir manteniendo o financiando los emprendimientos, si convendrá endeudarse o si podrán los hijos asistir a clases con relativa normalidad en marzo, o nos veremos enfrentados a establecimientos educativos tomados o siendo objeto de masivas funas y actos de violencia que impedirán que se ejerza el derecho a la educación (tal y como en forma descarada, brutal, insensible y a vista y paciencia de todos, unos pocos se lo impidieron a los alumnos que iban a rendir la PSU). Por supuesto, la incertidumbre y el inmovilismo que ella genera provocan efectos en cadena, lo que contribuye a mermar aún más nuestras alicaídas expectativas.

Por cierto, la intensidad de la incertidumbre que sentimos es diversa, acorde al clima de violencia y de ingobernabilidad (por parte de todas las instituciones del Estado), pero ella no desaparece. Más triste aún, percibo que hemos empezado a adaptarnos y que hemos dejado de sorprendernos. Como la violencia actual no es la del fatídico 12 de noviembre pasado, muchos estiman que se puede convivir con esta nueva violencia “más espaciada”. Algunos han llegado al punto de agradecer que sea solo un (y no más) atentado incendiario a la semana. De más está decir que otros avalan y justifican la violencia. Muy triste para Chile.

Frente a esto digo ¡Basta! Me rebelo ante esta tendencia, casi de sobrevivencia, que estamos mostrando por adaptarnos a la anomia para no morir de desesperanza. No tenemos por qué acostumbrarnos, ni menos seguir tolerando la vejación de lo público, el desolador panorama que enfrentan habitantes de diversas comunas del país, ni a que varios líderes de movimientos y políticos, con responsabilidades de Estado, sean irrespetuosos con la mayoría de los chilenos y con la institucionalidad. ¡No! Porque desde el momento en que comencemos a acostumbrarnos perjudicaremos a quienes tienen legítimas necesidades y demandas sociales, ya que terminarán más vulnerables o empobrecidos si no ponemos freno a la fórmula radicalizada imperante. Asimismo, no podemos acostumbramos, ya que si lo hacemos terminaremos por correr la cerca de lo tolerable hasta acabar en la total anarquía. Lo ocurrido con la PSU no puede ser considerado una más de las anormalidades sucedidas en el país y a las que nos hemos habituado. ¡No! No podemos volver a pasar rápida revista a este suceso, como lo hicimos con los atentados al metro, para plegarnos, de manera apresurada y torpe, al diagnóstico ideológico que cierta parte de la oposición nos impone, con datos alejados de la realidad. Si así lo hacemos, seremos uno más de los hipócritas que contextualizan y avalan la violencia en el marco de la demanda social. Debemos exigir que las autoridades, de pe a pa, estén a la altura.

Parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista han tildado al Gobierno de represor y altivo por querellarse contra quienes impidieron que una generación de jóvenes rindiera la PSU. Nos dicen que apaga el fuego con bencina y que no se hace cargo de las demandas de fondo. En hora buena, el Ejecutivo está dando muestras de que no caerá en esta retórica otra vez y que hará valer el imperio de la ley por el bien común. Al mismo tiempo, se comienzan a dar señales, desde el oficialismo, de que será más difícil para la izquierda extrema imponer por la fuerza su agenda ideológica que, a estas alturas, solo parece afirmarse en la violencia que respaldan.

La política no está para entregarse al infantilismo imperante, impaciente y atrevido con el marco jurídico. El Chile que hemos construido en los últimos 30 años, entre correligionarios y adversarios, no puede llevárselos la violencia, la intolerancia o el egoísmo y oportunismo de unos pocos, así como tampoco la falta de coraje de la política chilena que tiene, nada más ni nada menos, la tremenda responsabilidad de conducir al país. Quienes forman parte del espectro moderado de la izquierda no pueden seguir actuando al compás de quienes buscan la desestabilización total, y quienes fueron elegidos para representar determinadas convicciones no pueden abandonarlas por temor a contradecir el “buenismo” reinante. contradecir el “buenismo” reinante. (El Mercurio)

Natalia González

Una confusión cotidiana

Es penoso que se haya anunciado el término de la Prueba nacional de Selección Universitaria de este modo y como una reacción ante las anomalías que se verificaron durante la rendición de su última versión. Hace poco tiempo, una ley trasladó desde el Demre (el organismo técnico, altamente calificado, que diseña las pruebas, dependiente de la Universidad de Chile) y el Consejo de Rectores al Ministerio de Educación el diseño y aplicación de la prueba, pero no señaló que será una “nueva prueba”.

El Consejo de Rectores se despide mal de este proceso: fue incapaz de proceder a una reforma profunda de ese instrumento o su reemplazo de manera oportuna, y manejó esta crisis con lentitud y cautela excesivas como para pasar raspando el examen nada más.

Las críticas han sido estudiadas desde hace más de una década y espero que esta sea la oportunidad de empezar un cambio sustantivo en la educación, ya que, “así como evalúas, así enseñas”. La PSU no solo replica las iniquidades sociales, sino que, sobre todo, marca los contenidos y la metodología de la educación media, al menos, la cual se alinea orientada hacia ella. Por lo mismo, es una herramienta que, por su capacidad de influir en nuestra cultura, debería ser discutida con amplia participación institucionalizada.

Entre las noticias que produjo la turbulenta PSU 2019 me atrajo el titular de un diario que daba cuenta del malestar de algunos alumnos que rindieron la prueba de Lenguaje, por la complicación de las preguntas. A la prueba de Lenguaje, lo confieso, le tengo especial ojeriza, porque corona espléndidamente la pésima enseñanza de la literatura en nuestras escuelas y acaso sea, como dije, una de sus causas. La noticia confirma casi cómicamente este juicio.

El último capítulo de la prueba mide habilidades que suelen llamarse de “comprensión de lectura”, para lo cual se interroga a los alumnos sobre ciertos textos. Uno de los seleccionados para este año es un brevísimo cuento de Franz Kafka, titulado “Una confusión cotidiana”. Se trata de una selección exquisita y acertada. No lo había leído y lo recomiendo a todos ustedes, lectores. Es simplemente genial. Toda su obra está implícita allí y buena parte de la literatura contemporánea. Simpatizo con la perplejidad de los alumnos.

Las preguntas formuladas, además, saltan como desmesuradamente inapropiadas, como si las hubiese diseñado un loco chistoso o un imbécil ilustrado. Es perentorio que cesen estas necedades que dañan, porque esta errada forma de evaluar (que involucra un largo extravío) subraya como importantes aspectos del texto que no lo son; plantean el “análisis” y “cierto tipo de análisis” como única relación posible de un lector y una obra, y, lo peor, oscurecen, quizás de modo irreversible, la maravilla que es el encuentro auténtico del alma con una gran obra literaria. (El Mercurio)

Pedro Gandolfo