El ministerio de Justicia y DD.HH. presentará durante el primer semestre de este año un proyecto de ley que regule el derecho a reunión, justo en medio del debate abierto por el uso extensivo que se ha realizado del sector de Plaza Italia por parte de miles de manifestantes desde que se inició la crisis social.
«Es un tema complejo, que ahora no queremos que se confunda con situaciones concretas que están pasando», dijo el titular de la cartera, Hernán Larraín, al referirse a la iniciativa.
Los presidentes de los partidos de la oposición manifestaron su rechazo hacia la idea tras conocer el anuncio realizado por el ministro de Justicia, quien destacó la necesidad de hacer reformas en esa línea para hacer compatible ese derecho con otros, como la libertad de circulación, los líderes emplazaron al Ejecutivo a dirigir su agenda más a la agenda social que al orden público, según comentaron a Emol.
A juicio del presidente del PR, Carlos Maldonado, «pensar que los problemas de orden público se resuelven con normas legales es una ilusión, acá el problema es de legitimidad social del sistema. Cuando aquello se resquebraja, las reglas, las autoridades y las instituciones a cargo de la seguridad también pierden legitimidad para actuar, son sobrepasadas, y eso no lo va a resolver una norma».
«Lo que se requiere -y lo hemos dicho desde el día uno- es que el Gobierno se abra a construir con la oposición un verdadero pacto social que aborde las demandas que plantea la ciudadanía y por cual parte de ella aún está y seguirá en las calles», añadió el líder radical.
Según Maldonado, «sólo cuando se haya reconstruido legitimidad del sistema, mediante reformas reales en tributos, pensiones, salud y educación, se podrá restablecer la paz social, y desde ahí se podrá controlar el orden público, mediante la acción legítima de los órganos del Estado».
En tanto, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, lamentó que «el Gobierno, con el pretexto de regular el derecho de reunión, quiere establecer restricciones adicionales a la libre expresión de la ciudadanía y no entiende que las manifestaciones no se evitan con regulaciones antidemocráticas, sino dando respuestas a las demandas ciudadanas».
La misma visión planteó su par del PPD, Heraldo Muñoz, quien comentó que «el proyecto de regular el derecho a reunión que anuncia el ministro Larraín, me suena mucho a limitar este derecho consagrado en la Constitución, en tanto ocurra pacíficamente y sin armas».
Además, el ex canciller sostuvo que «el Gobierno se equivoca no sólo cuando no se discute una agenda social profunda, sino que también cuando el derecho a reunión ha sido materia de controversia en acusaciones constitucionales».
Mientras, el timonel de la DC, Fuad Chahín, expresó que «la verdad es que cuesta entender a qué se refieren, porque lo que en Chile existe es libertad de reunión y lo que no puede ocurrir entonces es restringir esa libertad. Eso es propio de los estados de excepción o de los régimenes autoritarios, pero no de una democracia que funciona con normalidad».
«Creo que parece bastante incomprensible el objetivo del proyecto, toda vez que cuando se trata de bienes nacionales de uso público existe un procedimiento que está establecido. Eso es distinto a pretender regular la libertad de reunión, que a nosotros nos parece que es un camino absolutamente peligroso», recalcó.
El presidente del Partido Liberal, Luis Felipe Ramos, comentó que «es importante tener una actualización legislativa completa del orden público, no sólo del derecho de reunión, sino que especialmente de refundar carabineros, de manera que todas las leyes cumplan con los estándares internacionales de DDHH. Especialmente urgente es dejar de meter en un mismo saco a quienes se manifiestan de manera pacífica y violenta, intentando reprimir y criminalizar a todos por igual. No veo esa urgencia en el Gobierno».
Desde el Frente Amplio, la presidenta de RD, Catalina Pérez, recordó que «hasta en nuestra Constitución de bajos estándares democráticos se asegura el derecho a reunión sin permiso previo. Si el gobierno busca restringir las pocas garantías que tienen quienes se manifiestan, no estaremos disponibles».
En la misma línea, la líder de Comunes, Javiera Toro, sostuvo que «cualquier regulación del derecho de reunión debe hacerse por ley, pero esta en ningún caso puede exigir una autorización previa que restrinja el derecho constitucional. Si el Gobierno insiste en exigir autorización previa, sólo va a continuar la restricción de derechos fundamentales que ya ha sido cuestionada por organismos internacionales».
OPINIONES CRUZADAS EN COMISIONES
También consultados por el anuncio del ministro Larraín, los parlamentarios que forman parte de las comisiones de Constitución de ambas cámaras y de Seguridad Pública del Senado se mostraron divididos en cuanto a la posible ley.
Así, el senador Felipe Harboe (PPD), presidente de la comisión de Seguridad Pública y miembro de la de Constitución, dijo que el envío de un proyecto de ley que regule el derecho a reunión le «parece bien» dado que «es importante establecer una regulación».
«Vamos a ver cuáles van a ser los criterios que va a utilizar el Gobierno para esa regulación y eso será lo importante. Será un interesante debate, pero lo importante es que se garantice el derecho a la manifestación, a la reunión pacífica como establece la Constitución y que eso no signifique, obviamente, sentirse con la libertad para afectar la seguridad y la libertad de otras personas», dijo el senador.
Por su parte, el también miembro de la comisión de Constitución de la Cámara Alta, Alfonso de Urresti (PS), señaló que «desconozco lo que vaya a presentar el ministro, pero tiene que tener claro que cualquier cosa que restrinja el derecho a reunión o que vaya en ese sentido, no va a ser respaldado por mi parte y como futuro presidente de la comisión de Constitución tampoco».
De todas formas, agregó: «No quiero aventurar algo, no conozco el proyecto y no soy de los que converso sobre teorías, pero sí le puedo asegurar que el derecho a reunión, a manifestarse es un derecho fundamental que no puede ser restringido y yo le pediría al ministro que pusiera énfasis en cómo ordenan las fuerzas de orden y de seguridad, especialmente los protocolos de Carabineros y no en estar planteando estas iniciativas».
El numeral 13 del Artículo 19 de la Constitución establece que la Carta Magna asegura a todas las personas «el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de policía»
Desde la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el presidente de la instancia, Matías Walker (DC), valoró el anuncio y sostuvo: «Me parece necesario en la medida que no restrinja un derecho constitucional como el derecho a reunión de manera absoluta».
«Me parece bien, no tenemos ningún problema en ponerlo en tabla y sumarlo a otras mociones parlamentarias que hay sobre la materia en la medida que el objetivo sea regular esto por ley en vez de hacerlo por decreto o reglamento», dijo haciendo hincapié en que lo anterior es factible «mientras no se afecte este derecho de manera absoluta y cumpla con el objetivo de poder ejercer el derecho a reunión establecido en la Constitución y los tratados internacionales de DD.HH. suscritos por Chile y no se pretenda restringir lo que establece la Carta Magna sobre la materia».
El diputado Jorge Alessandri (UDI) -también de la comisión de Constitución-, manifestó que «sin tener detalles del proyecto, me parece que va en la línea correcta, en el sentido de ir manteniendo y resguardando las garantías y los derechos fundamentales de todo ciudadano en Chile, pero también definiendo cómo actuar cuando hay colisión de derechos».
En ese sentido, abordó la «colisión de derechos» que existe cuando se hace una marcha en una calle importante como la Alameda, donde el derecho a reunión choca contra el de libre movimiento. «Evidentemente en los últimos meses no se han respetado esta colisión de derechos, entonces si el ministro de Justicia, a través de un proyecto, pretende dejar más en claro qué hace el Estado cuando hay colisión de derechos, yo creo que puede ser útil para casos extremos como este», opinó.
Por último, el diputado René Saffirio (PR-Indep.) se mostró en contra de la idea del proyecto de ley y recalcó que, como el derecho a reunión ya está establecido en la Constitución, «no hay nada que regular, sólo respetarlo». «Me llama profundamente la atención que se anuncie un proyecto que sólo puede buscar restringir el derecho de reunión. Este anuncio no es más que la reiteración de una política que ya se está aplicando que es de represión de garantías constitucionales», criticó sostuvo: «Es una ley que el Gobierno necesita porque perdió el control de la tranquilidad y la paz social en el país, pero el país no la necesita». (Emol)
